Gerardo Antonio Torres Mena
Expediente 586/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 586/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/06/2019
Partes del expediente
- Gerardo Antonio Torres Mena
Actuaciones
- Principal
MESA II. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, por el cual devuelve diligenciado el exhorto 166/2019-II, de este índice. Atento a ello, téngase por debidamente notificado al quejoso del auto de veintiocho de mayo último, y dése de baja la comunicación oficial de mérito, previas las anotaciones correspondientes. Ahora bien, toda vez que en la constancia de notificación del aludido proveído, el quejoso solicitó copia de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 278 de la referida codificación procesal, se autoriza su reproducción de forma simple, misma que le será entregada al ser notificado de la presente determinación. Dado que el quejoso **, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con apoyo en lo establecido en los artículos 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 28/2016, que confirma, adiciona y deroga el similar 3/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, envíese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, inclusive en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el artículo 21 de la ley de la materia, ordene a quien corresponda, se constituya en el Centro de reclusión del quejoso, y le notifique la presente determinación, corriéndole traslado con copia autorizada de la misma y le entregue la reproducción simple del libelo constitucional que solicitó, cuya recepción deberá asentarse en el acta respectiva. Por lo que en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, se hace la indicación que la comunicación oficial de mérito, así como sus anexos, deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Sin que se solicite acuse de recibo, dado que dicho Sistema lo genera en automático; empero, se solicita al Juzgado que deba conocer del mismo, que una vez que sea diligenciado, o tenga algún motivo de imposibilidad para ello, devuelva las constancias que lo acrediten por esa vía. Notifíquese, y mediante exhorto al quejoso.
- Principal
MESA II Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, por el cual devuelve diligenciado el exhorto 144/2019-II, de este índice. Atento a ello, téngase por debidamente notificado al quejoso del auto de diez de los cursantes. Dése de baja la comunicación oficial y acúsese el recibo de estilo. Al no haber nada más por acordar en el presente asunto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente 1. Este asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, fracción I, primero y segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto referido). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Dado que el quejoso **, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con apoyo en lo establecido en los artículos 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 28/2016, que confirma, adiciona y deroga el similar 3/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, envíese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, inclusive en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el artículo 21 de la ley de la materia, ordene a quien corresponda, se constituya en el Centro de reclusión del quejoso, y le notifique la presente determinación, corriéndole traslado con copia autorizada de la misma. Por lo que en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, se hace la indicación que la comunicación oficial de mérito, así como sus anexos, deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E. Sin que se solicite acuse de recibo, dado que dicho Sistema lo genera en automático; empero, se solicita al Juzgado que deba conocer del mismo, que una vez que sea diligenciado, o tenga algún motivo de imposibilidad para ello, devuelva las constancias que lo acrediten por esa vía. Notifíquese, y mediante exhorto al quejoso.
- Principal
MESA II Demanda. Por recibida la demanda de amparo promovida por ** contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 586/2019-II. Precisión del acto reclamado. En ese sentido, es pertinente precisar que el acto materia de este asunto, esencialmente se hace consistir en La falta de atención médica. Suspensión de plano. En el caso concreto, se estima improcedente conceder la medida suspensional de plano y de oficio, toda vez que de la narrativa realizada por el quejoso en su demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, no se evidencia que sus padecimientos sean su riesgo para su vida, de ahí que no se actualicen las hipótesis previstas en los artículos 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo. Incompetencia. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. En ese contexto, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan a) La primera, contenida en el primer párrafo, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda consiste en que la competencia del Juez de Distrito, se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo; y, c) La tercera deriva del último párrafo del precepto legal en estudio, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues el acto reclamado en esta instancia consistente en la falta de atención médica, no conlleva ejecución en la jurisdicción de este juzgado, pues atendiendo a la naturaleza de éste, sus efectos se trasladan directamente al lugar de reclusión del quejoso y es ahí donde tendrán su principal impacto y repercusión, es decir, en la jurisdicción de un Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, por ser éste quien la ejerce en el territorio donde está ubicado el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", en Villa de Aldama, Veracruz, acorde al criterio plasmado en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. En efecto, se afirma que este juzgado carece de competencia para conocer del presente asunto en razón a que aún y cuando el acto que la parte quejosa reclama no contenga una ejecución material propiamente, lo cierto es acarrea efectos positivos en su esfera jurídica, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, ante la alteración o agravamiento de su estado de salud, por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente. Así las cosas, se afirma que en el caso se actualiza la primera hipótesis contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, de ahí que se reitere que este órgano jurisdiccional, carece de competencia legal para conocer del presente asunto, en razón de que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", en Villa de Aldama, Veracruz, y su conocimiento compete al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, en turno. Es aplicable la jurisprudencia PC.XVI.P. J/3 P (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, página 2124, Décima Época, con registro 2019492, que dice "COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR AL QUE CORRESPONDA EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS. De lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.), de título "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD.", se advierte que para que la inactividad de la autoridad constituya, en el ámbito jurídico, una omisión, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Por otra parte, los artículos 34 y 72 a 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal imponen a las autoridades penitenciarias la obligación de garantizar atención médica a los internos bajo su resguardo, en tutela al derecho humano a la salud. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la ejecución material de un acto reclamado no atiende solamente a su contenido -en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición de llevar a cabo algo-, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Así, la omisión de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica a los internos bajo su resguardo constituye un acto negativo con efectos positivos, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, ante la alteración o agravamiento de su estado de salud, por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente. Con base en lo anterior, se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa, a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado el acto reclamado, es decir, en el domicilio del establecimiento penitenciario." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde produce sus efectos el acto reclamado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Dado que el solicitante del amparo se encuentra privado de su libertad, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, téngase como domicilio procesal el lugar de su reclusión. Motivo por el cual, con apoyo en lo establecido en los artículos 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 28/2016, que confirma, adiciona y deroga el similar 3/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, envíese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, inclusive en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el artículo 21 de la ley de la materia, ordene a quien corresponda, se constituya en el Centro de reclusión del quejoso, y le notifique la presente determinación, corriéndole traslado con copia autorizada de la misma. Por lo que en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, se hace la indicación que la comunicación oficial de mérito, así como sus anexos, deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Sin que se solicite acuse de recibo, dado que dicho Sistema lo genera en automático; empero, se solicita al Juzgado que deba conocer del mismo, que una vez que sea diligenciado, o tenga algún motivo de imposibilidad para ello, devuelva las constancias que lo acrediten por esa vía. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a la parte quejosa para que exprese su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibido que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorga su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, mediante exhorto.
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