Gerardo Antonio Toledo Coutiño

Expediente 990/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
990/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
10/10/2019

Partes del expediente

  • Gerardo Antonio Toledo Coutiño
  • Coordinador General de Política Fiscal del Departamento de Fiscalización Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Taro Takeuchi Antonio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diez de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término otorgado a todas las partes a efecto de que señalaran las constancias que consideran necesarias para la resolución del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), y 101 de la Ley de Amparo y en vía de informe se hace saber al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en vía de informe que es cierto que este órgano de control constitucional emitió el proveído de veinticinco de septiembre del año que transcurre, en el que se desechó la prueba ofrecida por la parte quejosa (fojas 81 a 83). En consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado en cita, el informe sobre la materia de la queja, original y copia del escrito de agravios, así como copia certificada de las constancias que se consideren necesarias para la resolución del referido recurso. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ocho de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la comunicación signada por la autoridad responsable Coordinador General de Política Fiscal del departamento de Fiscalización Municipal, del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con residencia en esta ciudad, por el cual desahoga la vista ordenada en auto de dos de octubre del año en curso (fojas 92 y 93); por lo que una vez transcurrido el término indicado en el aludido auto, remítase al Tribunal Colegiado correspondiente, las copias fotostáticas certificadas de las constancias que refiere la autoridad responsable, así como las que este Juzgador estime pertinente, para resolver el recurso de queja interpuesto en autos. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dos de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el ocurso signado por ***, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual interpone RECURSO DE QUEJA contra el auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 81 a 83). En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, con copia del escrito precisado en líneas previas, notifíquese a las partes para que en el plazo de tres días señalen las constancias que deban remitirse con el recurso de queja, apercibidas que de no hacerlo, se remitirá con las que este juzgador estime pertinentes junto con el informe respectivo. Apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior y transcurrido el plazo antes citado, se enviarán el escrito original y copia del mismo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, así como copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del recurso interpuesto, lo anterior en virtud de que dichas constancias fueron las señaladas por los recurrentes. Con fundamento en el artículo 102 de la Ley de la materia, SE SUSPENDE EL PROCEDIMIENTO EN ESTE JUICIO, en tanto se resuelva el recurso de queja interpuesto. Tiene aplicación a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 4/2012, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el libro IX, junio de 2012, Décima época, materia común, que versa: "QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. LA SUSPENSIÓN DERIVADA DE SU ADMISIÓN IMPLICA LA PARALIZACIÓN TOTAL DEL JUICIO DE AMPARO. La suspensión derivada de la admisión del indicado recurso, en los supuestos establecidos en los artículos 53 y 101 de la Ley de Amparo, tiene como fin conservar la litis constitucional desde la interposición del referido medio de defensa hasta su resolución, con el objeto de que se detenga el trámite del juicio de amparo para que no se afecten los derechos del promovente y subsista la materia del reclamo, para cuyo efecto el juzgador debe analizar que efectivamente se colmen los requisitos previstos en el precepto citado en último lugar. Para que esta protección sea efectiva, la suspensión debe ser total y no parcial, en virtud de que sería muy difícil discernir qué tipo de actuación no resulta o resultaría vinculada con la materia de la queja y sus efectos. Por tanto, la suspensión a que hace referencia el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo debe ser total, tanto de la celebración de la audiencia constitucional y, por consiguiente, del dictado de la sentencia correspondiente, como del trámite de amparo en su conjunto, por lo que no ha lugar a un seguimiento parcial del procedimiento del juicio; lo anterior, en el entendido de que dicha suspensión no involucra al incidente de suspensión ni a los recursos pendientes de resolución en otra instancia". Ahora bien, tomando en consideración que en párrafos precedentes se suspendió el procedimiento, en consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo en que se actúa, reservándose señalar fecha y hora para su celebración, hasta en tanto sea resuelto el recurso de referencia. Notifíquese; personalmente al agente del ministerio público adscrito y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el ocurso de ****, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita a este operador jurídico requiera al Director Estatal de Control, Comando, Comunicación , Cómputo e Inteligencia C-4, residente en esta ciudad, a efecto de que remita la videograbación a que hace referencia, en atención a su contenido dígase al promovente que no ha lugar acordar favorable su petición, toda vez que dicha probanza se encuentran fuera del plazo de cinco días hábiles que establece el precepto 119, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Lo anterior, tomando en consideración que fue la parte quejosa realizó su petición a la mediante escritos de tres y cuatro de septiembre del año en curso (fojas 73-74) y la primera fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional fue el veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Por tanto, resulta extemporánea, pues no mediaron los cinco días a que se refiere el ordenamiento legal invocado, ni se actualiza el caso de excepción a que alude el párrafo cuarto del numeral en comento. Aunado a lo anterior, para tener por admitida la prueba en comento, se deben tomar en cuenta dos principios básicos, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionada prueba no se ofrece con la anticipación exigida por el dispositivo 119 de la Ley de Amparo, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y el respeto al derecho de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer la prueba aludida, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de autos. Por tanto, si la multicitada probanza fue solicitada por la parte quejosa hasta el tres y cuatro de septiembre del año en curso(fojas 73-74), es incuestionable que dicho plazo ha fenecido, mismo que no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el computo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento, de conformidad con el artículo 119, cuarto párrafo, de la ley de la materia. Se reafirma lo anterior, en razón de que la parte oferente tenía conocimiento del hecho cuya certeza pretende probar desde el escrito de presentación de demanda, ya que señaló como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: La desposesión, aseguramiento, decomiso o cualquier acto privativo de propiedad y posesión de los módulos (caseta de periódico ****), ubicados en Libramiento Norte, afuera de la Clínica de la Unidad Médica **** IMSS; en ****"; y, ****", todos en esta ciudad. Cualquier acto encaminado a impedirme ejercer mi derecho a la libertad de prensa y libertad de expresión, los cuales no pueden ser limitas ni vedadas en forma alguna y en general cualquier acto encaminado a violar en mi perjuicio los artículos 5,6 y 7 Constitucionales y que de cualquier manera impliquen restricción o afectación a la libertad de expresión, prensa y a la difusión a través de distribución y venta al público del periódico **** sin que las responsables puedan limitar de alguna forma la libre expresión de ideas que se hace a través de referido medio de comunicación escrito y su distribución al público en general" En esa tesitura, la negativa de la autoridad responsable en su informe justificado, no pude ser considerado como un hecho novedoso o del que no tuviere conocimiento con anterioridad a la presentación de la demanda, pues aunado a lo anterior, el promovente solicita video grabaciones de fechas catorce y quince de julio del año en curso, es decir, anterior a la presentación de la demanda. Por ese motivo, considerar que las partes cuentan con una nueva oportunidad para ofrecer las pruebas, cuando la audiencia no tiene lugar en la fecha inicialmente fijada, se contravendrían los principios de economía procesal, concentración y expedites en el procedimiento. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 7/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo III, febrero de 1996, página 53, con registro electrónico 200200, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCION JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUES DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA. Este Pleno modifica la jurisprudencia que en la compilación de 1988, Segunda Parte, página 2435, aparece con el número 1533 y que establece "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA.- Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petición de las partes"; y, asimismo, se aparta del criterio contenido en la última tesis relacionada con dicha jurisprudencia, que establece, esencialmente, que es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan ofrecer dichas pruebas para la audiencia diferida, agregando que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia, no pueden ofrecerse para la segunda, porque ya se perdió el derecho. Partiendo de la hipótesis de que las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial no fueron ofrecidas antes de la audiencia inicial, que ésta se difirió y que en el nuevo periodo sí se ofrecieron con la anticipación requerida por el artículo 151 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha de la segunda audiencia, el nuevo criterio sostenido por este Pleno se apoya en dos principios básicos: En primer lugar, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y en segundo, el cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Así, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo 151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el período posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono; en cambio, si el oferente no conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de él con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces sí pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 151, sólo que tomando como indicador la segunda fecha, ejemplos que pueden multiplicarse teniendo en común, todos ellos, que desde el punto de vista jurídico el oferente no debe quedar indefenso en la materia probatoria examinada, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Conforme a este criterio, por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petición de parte, debiendo atenderse a los principios expuestos, cuya aplicación permite dar a cada parte el trato que amerita su propia situación procesal". Así también, es aplicable al caso la jurisprudencia 78/2018, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial dela Federación, Décima época, libro 57, agosto de 2018, tomo I, pagina 1198, de contenido siguiente: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. A LA SOLICITUD DE COPIAS O DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO, LE SON APLICABLES LAS REGLAS DEL DIVERSO 119, TERCER Y CUARTO PÁRRAFOS, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PARA SU OFRECIMIENTO. De la interpretación de los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo, se advierten las reglas de los párrafos tercero y cuarto del numeral citado en primer término, que indican que las pruebas que ameritan un desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, y que este plazo no podrá ampliarse con motivo de su diferimiento, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos novedosos; de ahí que, son aplicables a la petición formulada a la autoridad jurisdiccional de requerir la expedición de copias o documentos que obren en poder de un servidor público al que se hubieren solicitado previamente, contenida en el numeral 121 aludido, pues en este caso, el desahogo de la prueba documental requiere preparación, ya que el juzgador deberá emplear los medios que tenga a su alcance para que se exhiban tales probanzas y se incorporen materialmente al juicio de amparo. Ello, porque considerar que cuando la audiencia no tiene lugar en la fecha inicialmente fijada, las partes cuentan con una nueva oportunidad para ofrecer documentales que no tienen a su disposición, contravendría los principios de economía procesal, concentración y expeditez del procedimiento, que delinean el carácter sumario del juicio de amparo indirecto. Por tanto, la solicitud de las partes al Juez de Distrito en términos del artículo 121 mencionado, para que requiera a algún servidor público una prueba documental que, pese a haberla solicitado no han obtenido, debe realizarse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional primigenia, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia". Por las consideraciones expuestas con anterioridad, este juzgado estima procedente desechar la prueba ofrecida por la parte quejosa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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