Gerardo Antonio Ramos García

Expediente 582/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
582/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
29/08/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Antonio Ramos García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    AVISO JUDICIAL NOTIFICACIÓN CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por **********, por las razones y motivos expuestos en el considerando cuarto de esta ejecutoria. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, en contra de los actos reclamados y autoridad referida en el resultando primero, por las razones y fundamentos precisados en el considerando correspondiente de la presente resolución. TERCERO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 582/2022-9, promovido por **********, contra actos de la Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 19, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el dieciocho de abril de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada el veinte de abril de ese mismo año, en la Oficina de Correspondencia Común y turnados a este juzgado de distrito, en esa misma fecha, **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad que a continuación se detallan: AUTORIDAD RESPONSABLE 1. JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL NUEVE DE CENTRO, TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. ACTOS RECLAMADOS El auto de vinculación a proceso emitido por la juez responsable en contra del quejoso el veintinueve de marzo de dos mil veintidós dentro de la causa penal 178/2022 por el delito de daños. La medida cautelar emitida por la juez responsable en contra del quejoso consistente en la prohibición de concurrir o acercarse al domicilio de la denunciante, la prohibición de concurrir y acercarse a ella en cualquier lugar, inclusive en medios electrónicos. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, quedando registrada con el expediente 582/2022-9; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DEL FISCAL TERCERO INTERESADO. Asimismo, en proveído de veintisiete de abril de dos mil veintidós, con fundamento en los artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, se ordenó emplazar a los licenciados Gustavo Alonso Cortes Parra y Juan Pablo Peralta Acosta, Fiscales del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía de Robo Casa Habitación y Comercio, con sede en esta ciudad, por lo cual se enviaron los oficios 15347/2022 y 15348/2022, los cuales fueron recepcionados respectivamente el veintinueve de abril y nueve de mayo de la presente anualidad. Asimismo, se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada Marta del Carmen García Montejo, por lo que se ordenó su emplazamiento, el cual fue realizado por el actuario adscrito a este juzgado el tres de mayo de la presente anualidad. CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Al respecto, la audiencia constitucional tuvo verificativo el dos de junio de dos mil veintidós. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Tabasco, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que el acto que se reclama a la autoridad responsable pudiera tener ejecución dentro de la circunscripción territorial en que se ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: El auto de vinculación a proceso emitido por la juez responsable en contra del quejoso el veintinueve de marzo de dos mil veintidós dentro de la causa penal 178/2022 por el delito de daños. La medida cautelar emitida por la juez responsable en contra del quejoso consistente en la prohibición de concurrir o acercarse al domicilio de la denunciante, la prohibición de concurrir y acercarse a ella en cualquier lugar, inclusive en medios electrónicos. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. La Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, admitió la existencia de los actos reclamados. Lo que se corrobora con las constancias que anexó a su informe justificado consistente en copia certificada de las actas mínimas de la audiencia inicial por citación, formulación de imputación, ampliación del plazo constitucional y medida cautelar, y continuación de audiencia inicial en su fase de vinculación a proceso y plazo de cierre de investigación de veintitrés y veintinueve de marzo ambas de dos mil veintidós emitidas en la causa penal 178/2022, en el que se vinculó a proceso al quejoso **********, las cuales obran glosadas en autos, y un disco versátil digital DVD, el cual contiene registro de audio y video de las referidas audiencias, y a las que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridad en el ejercicio de su encargo, sin que además, hayan sido objetadas en su autenticidad. Con relación a la justipreciación de las videograbaciones indicadas, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia del texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. En el caso, respecto al acto reclamado a la Juez de Oralidad de la Región Nueve de Centro, Tabasco consistente en la resolución dictada en la audiencia inicial de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, relativa a la causa penal 178/2022 de su índice, en la que impuso al quejoso las medidas cautelares previstas en el artículo 155, fracciones VII y VIII del Código Nacional de Procedimiento Penales, consistentes en la prohibición de concurrir o acercarse al domicilio de la denunciante y la prohibición de concurrir y acercarse a la ofendida en cualquier lugar, inclusive en medios electrónicos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra refiere: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Como puede advertirse claramente, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el impetrante de amparo, previo a acudir a la instancia constitucional, no agote los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar o modificar los actos que estime lesivos. Lo anterior es así, toda vez que la finalidad del juicio de amparo es tutelar y salvaguardar los derechos públicos subjetivos de los gobernados contenidos en la Ley Suprema del país, pero en ningún caso dicha defensa debe utilizarse de modo tal que supla el ejercicio de otros medios jurídico-procesales existentes en el marco jurídico nacional; dado que no se puede desconocerse la estructura normativa del Estado mexicano, ni la naturaleza del juicio de amparo. Apoya lo anterior, por su contenido y alcance, la tesis II.2º.P.70 P, instada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible a página 1023, Tomo XVIII, julio de 2003, Novena Época, materias Penal y Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: AMPARO, JUICIO DE. NO PUEDE SER UTILIZADO DE MANERA QUE SUPLA CAPRICHOSAMENTE EL EJERCICIO DE LOS DIVERSOS MEDIOS JURÍDICO-PROCESALES QUE PREVÉ EL MARCO NORMATIVO NACIONAL, NI SER SUSTITUIDO POR OTRAS INSTANCIAS SUPRANACIONALES, NO VINCULANTES EN LA TUTELA DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL CONTEXTO DE NUESTRO DERECHO CONSTITUCIONAL. La finalidad del juicio de amparo, como un mecanismo de control de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la de tutelar y salvaguardar los derechos públicos subjetivos de los gobernados contenidos en esa Ley Suprema del país, pero de ninguna manera puede constituir un mecanismo de defensa que sea utilizado de modo tan amplio que con él se pretende suplir el ejercicio, en su caso, de los diversos medios jurídico-procesales existentes en el marco jurídico nacional, tendentes a dirimir cuestiones como las de responsabilidad o de reclamación de indemnizaciones, por ejemplo. El juicio de amparo mexicano es una institución ampliamente reconocida, incluso en el extranjero, destacada como medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad que afecten o atenten contra los derechos fundamentales de los gobernados y así se ha caracterizado desde el siglo XIX; por tanto, la ulterior tendencia al reconocimiento por parte de la comunidad internacional respecto del carácter positivo de la voluntad de generalizar ese reconocimiento, creando incluso organismos facultados para emitir recomendaciones a los Estados suscriptores de los tratados correspondientes, no implica de ningún modo que dichas instancias se sustituyan en la tutela de los derechos fundamentales reconocidos y garantizados en el contexto del propio derecho constitucional de la nación, y en el procedimiento que, en su caso, debe ejercerse de acuerdo con el medio de control de constitucionalidad que en la propia Constitución se prevé, el juicio de amparo. Por lo que es menester para lograr su procedencia el que se cumpla previamente con todos y cada uno de los presupuestos establecidos en la propia ley de la materia de donde emane el acto reclamado, así como los de la Ley de Amparo, puesto que no puede desconocerse la estructura normativa del Estado mexicano, ni la naturaleza misma del juicio de garantías. En ese orden de ideas, para que se actualice tal causal de improcedencia, es menester que se cumplan los siguientes requisitos: a) Que se trate de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. c) Que el juicio de amparo que se promueva, no haya sido instado por persona extraña al procedimiento natural; y d) Que el acto reclamado no importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; o bien, sea de los privativos de la libertad personal. e) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el caso, la parte quejosa reclama a la autoridad responsable la resolución emitida en la audiencia inicial de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, relativa a la causa penal 178/2022 de su índice, en la que impuso al quejoso las medidas cautelares previstas en el artículo 155, fracciones VII y VIII del Código Nacional de Procedimiento Penales, consistentes en la prohibición de concurrir o acercarse al domicilio de la denunciante y la prohibición de concurrir y acercarse a la ofendida en cualquier lugar, inclusive en medios electrónicos. Así, como se apuntó, en este asunto opera la causa invocada que establece la improcedencia del juicio de amparo tratándose de actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso, o medio de defensa legal por virtud de cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En efecto, como se puede advertir de los antecedentes relatados, el acto en estudio constituye la determinación emitida en la audiencia inicial de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, relativa a la causa penal 178/2022 de su índice, en la que impuso al quejoso las medidas cautelares previstas en el artículo 155, fracciones VII y VIII del Código Nacional de Procedimiento Penales, consistentes en la prohibición de concurrir o acercarse al domicilio de la denunciante y la prohibición de concurrir y acercarse a la ofendida en cualquier lugar, inclusive en medios electrónicos. Determinación que debió ser atacada para obtener su modificación, revocación o nulificación, mediante un medio ordinario de defensa, pues en contra de dicha determinación es procedente, previo al ejercicio de la acción constitucional, el recurso de apelación, establecido en el artículo 160 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por las razones que a continuación se exponen. Para mayor comprensión se cita el artículo 160 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de contenido literal siguiente: Artículo 160. Impugnación de las decisiones judiciales. Todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares reguladas por éste Código son apelables. Artículo 467. Resoluciones del juez de control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el juez de control: . V Las que se pronuncien sobre las providencia precautorias o medidas cautelares; . Artículo 471. Trámite de la apelación. El recurso de apelación contra las resoluciones del juez de control se interpondrá por escrito ante el mismo Juez que dictó la resolución, dentro de los tres días contados a partir de aquel en el que surta efectos la notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia y de cinco días si se tratare de sentencia definitiva. . De dichos preceptos, se advierte de forma clara que en contra de las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares son apelables, de lo que se colige, que si el juez de control emitió el acuerdo del que se duele el quejoso, en el que impuso al quejoso las medidas cautelares previstas en el artículo 155, fracciones VII y VIII del Código Nacional de Procedimiento Penales, consistentes en la prohibición de concurrir o acercarse al domicilio de la denunciante y la prohibición de concurrir y acercarse a la ofendida en cualquier lugar, inclusive en medios electrónicos; es inconcuso que en contra de tal determinación procede el recurso de apelación. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 35/2020 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, página 2760, Tomo III, Libro 77, Agosto de 2020, registro digital 2022001, del rubro y texto siguiente: RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN SIN SUSTANCIACIÓN, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones sin sustanciación son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico. De ahí que se estime que la parte quejosa contó con un medio de defensa específico que debió agotar antes de promover el presente juicio, pues previamente tuvo la oportunidad de exponer sus argumentos o violaciones ocasionados por la determinación que cita, lo cual hubiese sido estudiado por parte de la juez responsable para que ésta hubiese resuelto en dejar o no sin efectos el acto de controversia, modificándolo o revocándolo. Por tanto, al quedar evidenciado que antes de acudir al juicio de amparo la parte quejosa tuvo que haber interpuesto en contra del auto reclamado (las medidas cautelares previstas en el artículo 155, fracciones VII y VIII del Código Nacional de Procedimiento Penales, consistentes en la prohibición de concurrir o acercarse al domicilio de la denunciante y la prohibición de concurrir y acercarse a la ofendida en cualquier lugar, inclusive en medios electrónicos, impuestas al quejoso en la audiencia inicial de veintitrés de marzo de dos mil veintidós), el recurso de apelación previsto en el artículo 467 fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que es un medio de defensa destinado a combatir las determinaciones relativas a las medidas cautelares, el cual, tiene como objeto que el juez pueda enmendar la actuación, en caso de así evidenciarse en vía de agravios. Es indiscutible que la parte peticionaria de amparo no respetó el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, ya que la esencia de la precitada causal de improcedencia, consiste en concebir al juicio de amparo como un medio de impugnación extraordinario, esto es, que sólo en casos excepcionales se acuda a él, una vez que se agoten ante la propia autoridad responsable los recursos o medios de impugnación, para que ésta remedie la irregularidad existente y sólo en el supuesto de que no fuera así, promover el juicio de amparo, cuando el acto reclamado afectara los derechos fundamentales del gobernado. Se cita como apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012, consultable en la página 729, del Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, registro 2001155, con el epígrafe, y contenido que expresan: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. Asimismo, es aplicable por sus consideraciones juri´dicas la Jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, que obra a foja 8, del Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federacio´n, De´cima E´poca, Registro 2017117, Materia Comu´n, siguiente: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATA´NDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIO´N SEA DE IMPOSIBLE REPARACIO´N. De acuerdo con el arti´culo 107, fraccio´n III, inciso b), de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y auto´nomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecucio´n irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera juri´dica del quejoso, por la afectacio´n que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promocio´n del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnacio´n que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparacio´n, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepcio´n que preve´ el arti´culo 61 de la Ley de Amparo. Así´ como la tesis de jurisprudencia número 986, sostenida por el entonces Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible a foja 678, Tomo VI, parte TCC, Séptima Época, del Apéndice de 1995, materia Común, registro 394942, que textualmente dice: RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y o agoto´ ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garanti´as, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el arti´culo 73, fraccio´n XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los arti´culos 103 y 107 de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado a ello, es de decir que el acto reclamado no es de los que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, ni es de aquellos previstos en el precepto 22 constitucional, tampoco el ahora quejoso tiene carácter de tercero extraño al juicio de origen, pues es la parte imputada en la causa penal 178/2022, tampoco la procedencia del recurso de apelación está sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente; por lo que no se está en ninguno de los supuestos de excepción a que se refieren los incisos a), b) y c) de la fracción y numeral invocados. El acto impugnado tampoco afecta la libertad del aquí quejoso, por lo cual, no se actualiza la excepción para agotar el citado recurso. Consecuentemente, y toda vez que el quejoso inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, se actualiza la hipótesis prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente; por lo que, lo procedente es sobreseer en el presente asunto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley invocada. Circunstancia que además, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualizó, en acatamiento a la tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335, del tomo VI, Materia Común, de la Compilación de Ejecutorias correspondiente a los años de 1917-1995, con el rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO CONSITENTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. A) AUDIENCIA INICIAL DE FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN. De la reproducción de la videograbación proporcionada por la responsable, se desprende que el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, a las trece horas con seis minutos, la Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco llevó a cabo la audiencia de referencia en la causa penal 178/2022. De ella se obtiene que: Fueron identificadas las partes comparecientes (fiscal, asesor público, víctima, imputado y defensor particular); El inculpado fue informado sobre sus derechos; quien designó al defensor particular, el cual aceptó y protestó el cargo conferido; El imputado solicitó se mantuvieran bajo reserva sus datos personales; Acto seguido (trece horas con doce minutos y siguientes), previa solicitud, el fiscal formuló imputación en contra del ahora quejoso por los hechos que la ley señala como delito de robo calificado en lugar cerrado, habitado o destinado para la habitación, previsto y sancionado por el artículo 175 fracción III, 179 fracción I y 71 del Código Penal para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de Martha del Carmen García Montejo. Al respecto, de lo verbalizado por el Ministerio Público se advierte que hizo del conocimiento de la inculpado de la existencia de la aludida carpeta de investigación en la que obran datos de prueba de los que se desprende que siendo aproximadamente las dieciséis horas con treinta minutos del día catorce de agosto de dos mil veintiuno, los atestes de nombres Matilde Herrera Torres y Faustino García Hernández, pasaron caminando sobre la calle Prolongación Juan VIII, de Villa Parrilla, Km 11, municipio de Centro, Tabasco, siendo que al pasar frente al domicilio marcado con el número 28, vieron dentro del citado inmueble al ahora imputado quien se encontraba enrollando cable de electricidad junto con otras personas de sexo masculino; luego el diecisiete de agosto del mismo año, la ofendida acudió al referido domicilio en compañía de su hijo Mario Humberto Paz y se percató del robo del cableado de electricidad y de la tubería de agua en tres departamentos y una construcción en obra negra que existen en ese domicilio, focos, botes de pintura, tijera para podar, una batería marca Vasconia, daños en la ventana de herrería de la ventana lateral izquierda y protección de herrería de la puerta principal. Aunado a ello, el fiscal le hizo saber que los hechos que se le imputan están previstos y sancionados como delito de robo calificado en lugar cerrado, habitado o destinado para la habitación, previsto y sancionado por el artículo 175 fracción III, 179 fracción I y 71 del Código Penal para el Estado de Tabasco; que en cuanto a su participación, se le considera como coautor material directo, que su conducta es dolosa porque quiso y aceptó su realización, y respecto del grado de ejecución consideró que era de consumación instantánea, en términos de los numerales 8, fracción I, 9, 10 y 13 bis del Código Penal para el Estado de Tabasco, respectivamente. También hizo de su conocimiento que depusieron en su contra Matilde Herrera Torres, Faustino García Hernández y Martha del Carmen García Montejo. Hecho lo anterior, la juez preguntó al inculpado si deseaba declarar y le hizo saber los derechos que al respecto tiene (trece horas con dieciocho minutos), siendo que el imputado manifestó su deseo de rendir su declaración. En seguida previo exhorto de la juez a conducirse con verdad el investigado rindió su declaración y al efecto manifestó ser inocente ya que el día de los hechos el catorce de agosto de dos mil veintiuno aproximadamente a las cuatro de la tarde del él se encontraba en su domicilio ubicado en Paseo Usumacinta 604-A, con Rodolfo Hernández Ortiz y con su madre Rosa Aurora García Montejo, que la denunciante quien es su tía anteriormente la denunció por el delito de despojo del anterior domicilio donde vivía del cual salió a principio de ese año y él la denuncio por el delito de amenazas en la carpeta de investigación 5284/2021, El Ministerio Público solicitó se vinculara a proceso a la ahora quejosa (trece horas con veintidós minutos), para lo cual, previa explicación que el juez realizó al respecto para conocimiento de la imputada verbalizó los siguientes datos de prueba: Entrevista de la víctima Martha del Carmen García Montejo, de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno; Comparecencia de la víctima Martha del Carmen García Montejo, de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno; Inspección realizada por el comandante Mario Humberto Torres Cardoza, de ocho de octubre de dos mil veintiuno; Comparecencia de la denunciante Martha del Carmen García Montejo, de once de noviembre de dos mil veintiuno; Comparecencia de la denunciante Martha del Carmen García Montejo, de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno; exhibe: a) Cotización de instalación eléctrica y tubería de agua de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno expedida por Multiservicios Ramón Galmiche respecto del domicilio de la ofendida. b) Cotización de material de electricidad y tuberías del baño expedida en favor de la ofendida por Vaqueiros Ferreteros de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Comparecencia de la testigo Matilde Herrera Torres, de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en la que ratificó su informe policial homologado; Comparecencia de la testigo Faustino García Hernández de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en la que ratificó su informe policial homologado; Comparecencia del testigo de preexistencia Mario Humberto Paz García de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno; Comparecencia del testigo de preexistencia Mario Paz Ramírez de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno; Oficio 2434 de veinte de agosto de dos mil veintiuno, que contiene el Avalúo de daños realizados por el perito Rafael Castellanos Hernández, en el domicilio de la ofendida; Informe policial de investigación del comandante Henry Gómez de la Cruz, expuso que el veinte de agosto de dos mil veinte realizó la inspección del domicilio y tomo cuatro fijaciones fotográficas y un croquis de localización; Oficio 600 de once de octubre de dos mil veintiuno, que contiene inspección del lugar de los hechos realizado por el comandante Mario Humberto Torres Cardoza, el ocho del mismo mes y año; Oficio 650 mediante el cual el comandante Mario Humberto Torres Cardoza, agrega a la carpeta de investigación las entrevistas verbalizadas de los testigos presenciales de los hechos Matilde Herrera Torres y Faustino García Hernández; de veinticinco y veintiséis de octubre de dos mil veintiuno; Oficio 1009, de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, emitida por la perito de Bianca del Carmen Barrera Cornelio, que contiene avalúo intrínseco de objetos; Oficio 24951 de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, relativo al avaluó de daños en ingeniería civil emitido por Ismael Hernández Morales, perito de los Servicios periciales de la Fiscalía General del Estado; Oficio 16, de quince de enero de dos mil veintidós relativo al avaluó intrínseco emitido por la perito Laura Jazmín García González respecto de un ventilador de techo y un clima de ventana; Comparecencia realizada el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, por la denunciante Martha del Carmen García Montejo, mediante el cual exhibió copia fotostática del recibo de luz a su nombre relativo al domicilio donde ocurrieron los hechos. Hecho lo anterior, a pregunta de la juez, el inculpado solicitó que se resolviera su situación jurídica dentro del término de ciento cuarenta y cuatro horas (catorce horas con diez minutos), por lo que la autoridad responsable señaló las nueve horas con treinta minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintiuno para la continuación de la audiencia relativa. Luego el Fiscal solicitó se impusiera al investigado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al tratarse de los delitos de robo de casa habitación. La juez responsable generó el debate de la medida en la que la defensa del imputado se opuso a la imposición de la medida solicitada por violarse el principio de presunción de inocencia y hecho lo anterior la juez expuso que el fiscal al verbalizar imputación en diversas ocasiones hizo alusión de la existencia del delito de robo a casa habitación y en otras refirió que los hechos investigados constituyen el delito robo en lugar cerrado, siendo que en el citado domicilio existen tres departamentos de los cuales unos son usados como bodega y una construcción en obra negra; además, la ofendido refirió que acuden a ese domicilio en forma esporádica pero no es el domicilio donde habita incluso éste se encontraba cerrado en el momento en que ocurrió el hecho denunciado, por lo que consideró que los hechos son probablemente constitutivos del delito de robo en lugar cerrado; por lo tanto, no imponía la medida cautelar solicitada por el fiscal y considerando que se debía privilegiar es la protección hacia la ofendida para que el imputado no se acerque a su domicilio ni a su persona por lo que consideró que la medida adecuada para privilegiar la protección de la víctima era la establecida en el artículo 155 fracciones VII y VIII del Código Nacional de Procedimiento Penales consistentes en la prohibición de concurrir o acercarse al domicilio de la ofendida y prohibición de concurrir o cercarse o comunicarse con esta en cualquier donde ella se encuentre incluso por medios electrónicos. B) AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO. De la videograbación de la audiencia de mérito, se advierte que en la fecha y hora precitada, se llevó a cabo la audiencia referida, en la que se desprende que, previa identificación de las partes comparecientes, la juez preguntó a la defensa de la indiciada si tenía pruebas que aportar; sin embargo, el defensor particular de la indiciado manifestó que no tenía medios de prueba para ofrecer. A continuación, la juez concedió el uso de la voz a la defensa para que formulara sus alegatos; por lo que la defensa hizo uso de ese derecho solicitando que no se vinculara a proceso al indiciado. Al respecto, el Fiscal acusador realizó replica respecto a las manifestaciones vertidas por la defensa de la indiciada y el asesor jurídico solicitó que se resolviera conforme a derecho. Luego, la juez responsable consideró que no era necesario conocer el derecho de réplica a la defensa; sin embargo, a fin de resolver conforme a derecho solicito a ambas partes realizaran diversas aclaraciones. (nueve horas con treinta y nueve minutos). A continuación, la juez responsable expuso parcialmente se encuentran acreditados las pretensiones de la fiscalía en virtud de que no se encontraba acreditada la existencia del delito de robo en lugar cerrado en pandilla; sin embargo, en la formulación de imputación hizo referencia a la existencia del delito de daños; por lo que atendiendo al principio de taxatividad y exacta aplicación de la ley de conformidad con lo establecido en el artículo 316, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el artículo 16 Constitucional en su párrafo segundo, consideró que hasta esa etapa procesal sólo quedó acreditado que probablemente se causaron daños en el inmueble propiedad de la ofendida Martha del Carmen García Montejo, los cuales ascienden a la cantidad de $2,035.00 (dos mil treinta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) acorde al avaluó que se encuentra en la carpeta de investigación y quien probablemente ejecutó ese hecho fue el ahora quejoso. Por tanto, dictó auto de vinculación a proceso en contra de **********, por los hechos que la ley señala como delito de daños, previsto y sancionado por el artículo 200 en relación con el 175, fracción II ambos del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio de Martha del Carmen García Montejo (diez horas con doce minutos). Lo anterior por considerar que se encontraban satisfechos los requisitos de los artículos 19 constitucional, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al haber formulado imputación el fiscal; porque el inculpado tuvo oportunidad de declarar, lo cual así lo hizo; y obran datos de prueba que establecen que se han cometidos unos hechos que la ley señala como delitos y que existe la probabilidad de que el imputado los cometió o participó en su realización. Para ello, se apoyó en los datos de prueba verbalizados por la representación social, a los cuales les concedió valor probatorio en términos de los numerales 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, la responsable estimó que los datos de prueba verbalizados por el fiscal eran suficientes para establecer que el inculpado fue quien probablemente cometió los hechos que se le atribuyen, esto es, que es autor material directo de los mismos, consistente en que siendo aproximadamente las dieciséis horas con treinta minutos del día catorce de agosto de dos mil veintiuno, el ahora imputado causó daños en la puerta lateral izquierda y herrería de la puerta principal del inmueble propiedad de la ofendida Martha del Carmen García Montejo, ubicado en la calle Prolongación Juan VIII, número 28, de Villa Parrilla, Km 11, municipio de Centro, Tabasco, los cuales ascienden a la cantidad de $2,035.00 (dos mil treinta y cinco pesos 00/100 moneda nacional). En relación a los argumentos del imputado en su declaración respecto a la imputación expuso que consideraba que la referida acusación derivaba de los diversos procedimientos anteriores existentes en los que la ofendida con anterioridad lo denunció por el delito de despojo y a su vez el denunció a la ahora tercero interesada por el delito de amenazas; sin embargo, su dicho no se encontraba corroborado con algún dato de prueba que hubiera anexado a la carpeta de investigación. En cuanto a su participación, el juez consideró a la inculpada como autor material directo, que su conducta es dolosa porque quiso y aceptó su realización y respecto del grado de ejecución consideró que era de consumación instantánea, en términos de los numerales 8, fracción I, 9, 10 y 13 bis del Código Penal del Estado de Tabasco, respectivamente. Finalmente, previa petición del fiscal, el juez estableció como plazo de cierre de la investigación un mes quince días (diez horas con catorce minutos). SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, mismos que se tienen por reproducidos en este apartado, por no ser necesaria su transcripción, atento a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Amparo. Al respecto, se cita la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de dos mil diez, Novena Época, de rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. En ese tenor, la impetrante de amparo aduce que el acto reclamado viola los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. a) Al respecto sustancialmente refiere que el juez de oralidad viola en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, revirtiéndole carga de la prueba, obligándolo a ofrecer datos de prueba para que acredite su inocencia. b) Considera que el acto reclamado viola en su contra sus garantías de seguridad jurídica y debido proceso. c) Se duele de la forma de la valoración de los datos de pruebas. d) Que para la emisión del acto reclamado no se observaron no quedaron acreditadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar. e) Que no existe dato de prueba alguna que acredite su probable responsabilidad en los hechos que se le imputan. Dichos argumentos resultan infundados por las razones que más adelante se exponen. A fin de justificar la anterior postura, cabe señalar que el caso que nos ocupa, se atendieron las formalidades esenciales del procedimiento, salvaguardando con ello el derecho fundamental de debido proceso tutelado en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que instituye: Artículo 14 [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, analizó los numerales 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que introducen el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, el cual se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. La oralidad en el nuevo sistema penal acusatorio, se constituye en un instrumento de relevancia primordial puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios que se enlistan a continuación: Publicidad: Es el derecho que tiene el procesado a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal; éste sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. Contradicción: Consagra el derecho del procesado a que se le informe desde su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, de los hechos que se le imputan y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa; que se le reciban los testigos y demás datos pertinentes que ofrezca en su favor y a impugnar u objetar los datos existentes en la carpeta de investigación y los que sean ofrecidos en su contra. Permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal, estarán sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener la imputación o la defensa, respectivamente. Concentración: Tiene como finalidad lograr el debate procesal en pocas audiencias con el fin de llevar a cabo el mayor número de cuestiones en un menor número de actuaciones. Continuidad: Se refiere a limitar las interrupciones del proceso. Inmediación: Implica que todas las audiencias se desarrollarán en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. Además de que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. Al respecto, el artículo 20 de la Constitución Política Federal, estable lo siguiente: Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Como se dijo, la suscrita considera que en el caso se encuentran satisfechas las formalidades esenciales del procedimiento del que deriva el acto reclamado. Así es; de la reproducción de la videograbación remitida por el juez de control, se advierte que las audiencias de veintitrés y veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se desarrollaron de manera oral. Asimismo, se desprende que las aludidas audiencias fueron públicas y que en todo momento se salvaguardó el derecho de contradicción del imputado, al ser informado de los hechos que se le atribuyen y los datos de prueba propuestos por el Ministerio Público, teniendo la oportunidad de objetarlos y aportar los propios. También se observa que el debate procesal se realizó en dos audiencias, en atención a que el inculpado solicitó que su situación jurídica se resolviera en el término de ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que se cumplió con el principio de concentración. De igual forma, se atendió al principio de continuidad, aun cuando en la audiencia de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se decretó un receso, pues éste está permitido por el segundo párrafo del artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De la misma manera, las audiencias se realizaron conforme al principio de inmediación, ya que la juez que estuvo a cargo fue la misma en ambas. En igual tenor, de las referidas audiencias se advierte que se observaron los lineamientos establecidos por los artículos 307 al 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es: Concurrieron a la misma el Ministerio Público, el asesor jurídico, la víctima, el imputado y su defensor particular; Se informó al inculpado y víctima sus derechos constitucionales y legales; Se hizo saber al imputado que no podía negarse a proporcionar su completa identidad, debiendo responder las preguntas que se le dirigieran con respecto a ésta y se le exhortó para que se condujeran con verdad; Se le preguntó al inculpado si era su deseo proporcionar sus datos en voz alta o si preferían que éstos fueran anotados por separado y preservados en reserva, optando por lo primero; Se formuló la imputación en la que el Ministerio Público expuso al imputada el hecho que le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de su intervención, así como el nombre de su acusador; Se dio oportunidad de declarar al inculpado, derecho al cual se abstuvo de ejercer; Al realizar la representante social la solicitud de vinculación a proceso del imputado, se le explicó en qué consistía esta, así como los momentos en los cuales podía resolverse la misma; Se otorgó la oportunidad a la defensa para que contestara la aludida solicitud; Se cuestionó al imputado si deseaba que se resolviera sobre su vinculación a proceso en esa audiencia, dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicitaba la ampliación de dicho plazo; Al respecto, el inculpado, asesorado de su defensor particular, solicitó se resolviera sobre su situación jurídica en el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, lo cual se hizo así; Después se dictó el auto de vinculación a proceso; y, Se definió el plazo para el cierre de la investigación. De ahí que se colija por esta juzgadora que en el caso se cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento. Por otra parte, se considera que los actos reclamados se encuentran suficientemente fundados y motivados. En efecto, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]. El precepto trascrito contiene el derecho fundamental a la legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, página 166, de rubro y texto: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Consideraciones similares informan la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de dichos presupuestos constitucionales es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca el precepto legal, empero resulta inaplicable al caso, mientras que la indebida motivación se actualiza cuando la autoridad expresa razones para emitir su acto, pero éstas no se adecuan a la hipótesis normativa, o bien, ésta se interpreta en forma errónea. Ahora bien, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso que los objetivos del Sistema Penal Acusatorio son: Determinar la verdad real, histórica o procesal; Determinar la existencia de un hecho típico; Identificar a su autor; Lograr el esclarecimiento de los hechos; Resolver el conflicto suscitado entre las partes, protegiendo al inocente y procurando que el culpable no quede impugne; Lograr efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; Aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales; Dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos; y, Facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. En la ejecutoria de mérito también se precisa que en el sistema acusatoria adversarial se modifican los estándares probatorios en términos del tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A del 20 del Pacto Federal, para quedar en los términos siguientes. Se determina la no formalización de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Se impide al juzgador del proceso oral revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria no formalizada con el fin de evitar que se prejuzgue, y mantener la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el Agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Bajo las reglas del sistema en cita, al emitir una orden de aprehensión o resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el juez de control a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Por ende, el Máximo Tribunal del país sostuvo que el estándar probatorio cambió, aduciendo que en la etapa preliminar o de investigación sólo se requiere que el ministerio público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. Aunado a ello, conforme a lo dispuesto por la fracción III del apartado A del reformado artículo 20 constitucional, en la etapa de investigación tales datos de prueba no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. En ese contexto, la suscrita considera que la resolución reclamada se encuentra suficientemente fundada y motivada. En efecto, el juez de control se apoyó en los numerales 19 de nuestra Carta Magna, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y expuso las razones por las que estimó se reunían los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso en contra de la aquí quejosa. Para ello refirió que los datos de prueba verbalizados por el Ministerio Público, le permitían establecer que se había cometido unos hechos que la ley señala como delitos (el cual previa reclasificación identificó como daños, previsto y sancionado por el numeral 200 en relación con el 175, fracción II ambos del Código Penal del Estado de Tabasco). Asimismo, consideró que los datos de prueba eran suficientes para establecer que el imputado realizó los hechos que se le atribuyen o participó en su ejecución. Ahora bien, el primer párrafo del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.[.]. Del referido precepto constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a los últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su realización. El aludido texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos precitados, de las expresiones comprobar por establecer y cuerpo del delito por hecho que la ley señala como delito, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. Acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado cuerpo del delito, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de su descripción típica, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si aquél quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Las anteriores consideraciones fueron sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 24/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, de rubro AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En consonancia con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. Los anteriores requisitos y presupuestos se consideran satisfechos en el presente asunto, como se evidenciará enseguida. El primer requisito previsto por el numeral 316 del código precitado, se considera colmado porque en la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación contra de **********, por su probable intervención en la comisión de unos hechos reclasificados por la juez responsable como delito de daños, previsto y sancionado por el artículo 200 en relación con el 175, fracción II ambos del Código Penal para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de Martha del Carmen García Montejo. En la audiencia se observa que la representación social hizo referencia a los hechos atribuidos, esto es, que aproximadamente a las dieciséis horas con treinta minutos del día catorce de agosto de dos mil veintiuno, los atestes de nombres Matilde Herrera Torres y Faustino García Hernández, pasaron caminando sobre la calle Prolongación Juan VIII, de Villa Parrilla, Km 11, municipio de Centro, Tabasco, y que al pasar frente al domicilio marcado con el número 28, vieron dentro del citado inmueble al ahora imputado quien se encontraba enrollando cable de electricidad junto con otras personas de sexo masculino; luego el diecisiete de agosto del mismo año, la ofendida acudió al referido domicilio en compañía de su hijo Mario Humberto Paz y se percató del robo del cableado de electricidad y de la tubería de agua en tres departamentos y una construcción en obra negra que existen en ese domicilio, focos, botes de pintura, tijera para podar, una batería marca Vasconia, daños en la ventana de herrería de la ventana lateral izquierda y protección de herrería de la puerta principal. De igual forma, se desprende de la audiencia en cuestión, que el fiscal hizo saber al inculpado que los hechos que se le imputan están previstos y sancionados como daños, previsto y sancionado por el artículo 200 en relación con el 175, fracción II ambos del Código Penal para el Estado de Tabasco; que en cuanto a su participación, se le considera como autor material directo, que sus conductas son dolosas porque quiso y aceptó su realización, y respecto del grado de ejecución consideró que era de consumación instantánea, en términos de los numerales 8, fracción I, 9, 10 y 13 bis del Código Penal para el Estado de Tabasco, respectivamente. También, les hizo de su conocimiento que depusieron en su contra Matilde Herrera Torres, Faustino García Hernández, y la victima Martha del Carmen García Montejo. El segundo requisito (que se hubiere otorgado la oportunidad al imputado de declarar), también fue observado por la responsable, ya que se aprecia que la juez responsable le hizo de su conocimiento al imputado sobre el derecho que tenía a declarar y se les informó de las consecuencias de hacerlo o de guardar silencio. El tercer requisito (se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que la imputada lo cometió o participó en su comisión), se considera cumplido. En efecto, en la audiencia se advierte que el juez de control expuso que con los datos de prueba verbalizados, se establecía los hechos referidos por el Ministerio Público (que el catorce de agosto de dos mil veintiuno, aproximadamente a las dieciséis horas con treinta minutos, el inculpado causó daños a una ventana lateral izquierda y herrería de la puerta principal del domicilio propiedad de la ofendida Martha del Carmen García Montejo, ubicado en la calle Prolongación Juan VIII, número 28, de Villa Parrilla, Km 11, municipio de Centro, Tabasco, los cuales ascienden a la cantidad de $2,035.00 (dos mil treinta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), mismos que la ley señala como delitos de daños, previsto y sancionado por el numeral 200 en relación con el 175, fracción II ambos del Código Penal para el Estado de Tabasco. En ese tenor, se estima que existen datos de prueba suficientes con los que se puede razonablemente establecer la probable participación del imputado, aquí quejosa, en la comisión de los hechos en cuestión, particularmente con: Entrevista de la víctima Martha del Carmen García Montejo, quien declaró que el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno; acudió al domicilio de su propiedad ubicado en la calle Prolongación Juan VIII, número 28, de Villa Parrilla, Km 11, municipio de Centro, Tabasco, en compañía de su hijo Mario Humberto Paz; donde se percató de los daños en la ventana de herrería de la ventana lateral izquierda y protección de herrería de la puerta principal del citado domicilio. Comparecencia de la testigo Matilde Herrera Torres, de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en la que ratificó su informe policial homologado; Comparecencia de la testigo Faustino García Hernández de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en la que ratificó su informe policial homologado; Oficio 2434 de veinte de agosto de dos mil veintiuno, que contiene el Avaluó de daños realizados por el perito Rafael Castellanos Hernández, en el domicilio de la ofendidas respecto de una reparación de ventana de herrería lateral izquierda del observador de las casas con medida 55 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto con un costo de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), un cristal claro de 53 centímetros de ancho por 18 centímetros alto de la ventana lateral izquierda del observado por un monto de $43.00 (cuarenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), cuatro placas de aluminio con apagador y contacto cada uno con un costo de $40.00 (cuarenta pesos 00/100 moneda nacional) haciendo un total de $660.00 (seiscientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional), un cristal claro de 48 centímetros de ancho por 54 centímetros de alto de la puerta principal acceso del interior del inmueble con un costo de $116.00 (ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), reparación de la ventana lateral izquierda del observador tiene un costo de $800.00 (ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), asimismo, determinó que el cristal claro de 14 centímetros por 60 centímetros de una de las ventanas laterales posterior del lado izquierdo del observador tiene un costo de 66 pesos y mano de instalación de los cristales y el silicón tiene un costo de $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), los cuales hacen un total de $2,035.00 (dos mil treinta y cimco pesos 00/100 moneda nacional). Informe policial de investigación del comandante Henry Gómez de la Cruz, expuso que el veinte de agosto de dos mil veinte realizó la inspección del domicilio y tomo cuatro fijaciones fotográficas y un croquis de localización; quien refiere que existen daños en las paredes y herrería del inmueble de la denunciante; Comparecencia realizada el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, por la denunciante Martha del Carmen García Montejo, acreditó la posesión del inmueble con la copia fotostática del recibo de luz a su nombre relativo al domicilio donde ocurrieron los hechos. Datos de prueba de los que se obtiene que **********, fue identificado como la persona que probablemente el catorce de agosto aproximadamente a las dieciséis horas con treinta minutos, causó daños a una ventana lateral izquierda y herrería de la puerta principal del domicilio propiedad de la ofendida Martha del Carmen García Montejo, ubicado en la calle Prolongación Juan VIII, número 28, de Villa Parrilla, Km 11, municipio de Centro, Tabasco. También se considera jurídicamente correcta la apreciación de la juez responsable en cuanto a la probable intervención del imputado en la comisión de los hechos considerados como delitos. Ello porque los antecedentes de la investigación propuestos por el Ministerio Público, arrojan datos de prueba que establecen que existe la probabilidad de que el imputado realizó los hechos señalados por la ley como delito de daños, previsto y sancionado por el numeral 200 en relación con el 175, fracción II ambos del Código Penal del Estado de Tabasco. En efecto, la juez de control ponderó los datos de prueba aportados por la representación social al formular la imputación y solicitar la vinculación a proceso, pues de los mismos se obtiene que el inculpado ejecutó los hecho delictivo en contra de la victima Martha del Carmen García Montejo. Sobre el particular, conviene reiterar que tratándose de un auto de vinculación a proceso, el estándar probatorio es menor y basta que exista la probabilidad de que el imputado haya participado en la comisión de los hechos que se le atribuyen, esto es, no se requiere que se demuestre plenamente, ya que esto sólo es exigible al dictarse sentencia. Por lo que en esta fase del proceso penal en cuestión, se considera que los medios de investigación propuestos resultan idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió. De ahí que se pueda colegir razonablemente que la inculpada, aquí quejosa, probablemente realizó de manera directa los hechos que se le imputan, mismos que son considerados instantáneos porque su consumación se agotó en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos. Conducta que es dolosa, pues sabía que es contrario a la ley causar daños en propiedad ajena así como intimidar a otro con causarle daño en su persona, sin que se alegara por las partes alguna excluyente de incriminación o una causa de extinción de la acción penal. De igual forma, respecto del cuarto requisito, la responsable señaló que de lo expuesto en la audiencia no se advertía que se actualizara alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. De lo anterior se puede colegir que fue jurídicamente correcto el proceder de la juez de control, pues se advierte que su análisis no contraviene las reglas de la sana crítica y la lógica, en virtud de que los datos de prueba proporcionan indicios razonables y suficientes,-al menos hasta ese estadio procesal-, para informar sobre la existencia de los hechos que la ley señala como delito de daños, previsto y sancionado por el numeral 200 en relación con el 175, fracción II ambos del Código Penal para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de Martha del Carmen García Montejo. Datos de prueba de los que se puede establecer que el catorce de agosto de dos mil veintiuno, aproximadamente a las dieciséis horas con treinta minutos, el inculpado causó daños a una ventana lateral izquierda y herrería de la puerta principal del domicilio propiedad de la ofendida Martha del Carmen García Montejo, ubicado en la calle Prolongación Juan VIII, número 28, de Villa Parrilla, Km 11, municipio de Centro, Tabasco, los cuales ascienden a la cantidad de $2,035.00 (dos mil treinta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) (según los datos de prueba verbalizados por la fiscal, consistente en la entrevista de la victima Martha del Carmen García Montejo y los testigos Matilde Herrera Torres y Faustino García Hernández). Se estima lo anterior, porque como ya quedó precisado con anterioridad, a la quejosa le fue garantizado debidamente su derecho de defensa en virtud de que en la audiencia inicial fue asistido por su defensor particular, quien se impuso con oportunidad de la carpeta de investigación y realizó manifestaciones a favor de su representado en contestación a la solicitud de auto de vinculación a proceso formulada por el Fiscal, además de que la defensa solicitó auto de no vinculación a proceso a favor de su defendido, siendo además, notificado de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso y de cierre de investigación, de ahí que se evidencia que no se violó su derecho de defensa adecuada. Asimismo, son infundados los agravios del quejoso identificado en los incisos a), b), c), d) y e), analizados en su conjunto por estar vinculados unos de otros, y como ya quedó analizado el acto reclamado sí se encuentra debidamente fundado y motivado, en virtud de que contrariamente a lo argumentado por el impetrante los datos de prueba sí acreditan para el dictado del auto de vinculación a proceso, la autoría del quejosa en la comisión de los hechos que se les imputan; en razón de que como ya se expuso con anterioridad, la juez responsable estimó que los datos verbalizados por el fiscal responsable eran suficientes para establecer que el aquí quejosa fue quien probablemente cometió los hechos por los que se querelló la ofendida Martha del Carmen García Montejo; y por tanto, resulta ser el autor material del hecho ilícito anteriormente especificado. Lo anterior es así, en virtud de que la juez consideró que con los datos de prueba los cuales valoró en forma libre, lógica, integral y armónica le permitió concluir que la ahora quejosa fue la persona que probablemente cometió el hecho delictivo tipificado por la norma penal como daños, cometido en contra de la ahora ofendida Martha del Carmen García Montejo; además, estimó que las pruebas anteriormente descritas, se advertía que el ahora quejoso fue la persona quien el catorce de agosto de dos mil veintiuno aproximadamente a las dieciséis horas con treinta minutos causó daños a una ventana lateral izquierda y herrería de la puerta principal del domicilio propiedad de la ofendida Martha del Carmen García Montejo, ubicado en la calle Prolongación Juan VIII, número 28, de Villa Parrilla, Km 11, municipio de Centro, Tabasco, los cuales ascienden a la cantidad de $2,035.00 (dos mil treinta y cinco pesos 00/100 moneda nacional). Sin que obste a lo anterior, que el imputado al rendir su declaración expuso que consideraba que la referida acusación derivaba de los diversos procedimientos anteriores existentes en los que la ofendida con anterioridad lo denuncio por el delito de despojo y a su vez el denunció a la ahora tercero interesada por el delito de amenazas; sin embargo, la juez determinó que lo anterior no era de tomarse en consideración en virtud de que lo declarado no se encontraba corroborado con algún dato de prueba que el impetrante y su defensa hubieran anexado a la carpeta de investigación. Finalmente, resulta infundado el agravio en el que la parte quejosa alega que le causa agravio que el juez responsable haya omitido resolver bajo el principio pro persona y consecuencia haya realizado el control de convencionalidad en su favor. Sin embargo, contrariamente a lo alegado por el quejoso, la juez responsable en la audiencia inicial fue representado por un defensor particular quien acreditó contar con cedula profesional quedando con ello garantizada la defensa adecuada a favor del impetrante, quien realizó alegatos de defensa en su favor solicitando la no vinculación a proceso, se le dio oportunidad de defensa; no obstante ello el investigado y su defensa no ofrecieron prueba alguna; se analizaron los datos de prueba verbalizados por el fiscal, los cuales fueron valorados en forma libre, lógica, integral y armónica por la juez de la causa, lo cual le permitió concluir que el ahora quejoso fue la persona quien probablemente cometió el hecho que se le imputan donde quedaron establecidos el tiempo y circunstancias de su ejecución, aunado a que como ya quedó analizado con anterioridad, al quejoso el acto reclamado está debidamente fundado y motivado, por lo que se encuentra apegado a los principios de legalidad y debido proceso, al habérsele garantizado su derecho de audiencia y de defensa y de alegar conforme a su interés legal conviniere, de ahí que lo determinado no es contrario a los principio pro persona, ya que dicho principio no implica que el juzgador deba resolver conforme a los intereses del quejoso. En efecto, la observancia del precepto 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación de las autoridades consistente, en que en el ámbito de su competencia, interpretarán las normas relativas a los derechos humanos favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, lo que se ha denominado internacionalmente como principio pro homine o pro personae. Principio acogido por nuestra Carta Magna, cuyo objetivo reside en esencia, que dentro de todo sistema jurídico, siempre se identifique, interprete y aplique la disposición que mejor proteja la esfera de derechos humanos de las personas. El fin del principio indicado, de conformidad con lo establecido por la Primera Sala de Nuestro Máximo Tribunal del País, opera como un criterio que rige la selección entre: 1. Dos o más normas de derechos humanos que, siendo aplicables, tengan contenidos que sea imposible armonizar y que, por tanto, exija una elección; o, 2. Dos o más posibles interpretaciones admisibles de una norma, de modo que se acoja aquella que adopte el contenido más amplio o la limitación menos restrictiva del derecho. Lo anterior se apoya en el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 271/2016, en el cual concluyó con la tesis siguiente: PRINCIPIO PRO PERSONA. SÓLO PUEDE UTILIZARSE EN SU VERTIENTE DE CRITERIO DE SELECCIÓN DE INTERPRETACIONES CUANDO ÉSTAS RESULTAN PLAUSIBLES. De acuerdo con lo previsto en el artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas de derechos humanos se interpretarán y aplicarán favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, ello implica que el principio pro persona opera como un criterio que rige la selección entre: (i) dos o más normas de derechos humanos que, siendo aplicables, tengan contenidos que sea imposible armonizar y que, por tanto, exijan una elección; o (ii) dos o más posibles interpretaciones admisibles de una norma, de modo que se acoja aquella que adopte el contenido más amplio o la limitación menos restrictiva del derecho. Así, es importante que tanto las normas entre las que se elige como las interpretaciones que se pretendan comparar sean aplicables en el primer caso y plausibles en el segundo, por ser el resultado de técnicas válidas de interpretación normativa. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 1a./J. 104/2013 (10a.) y 1a./J. 10/2014 (10a.), sostuvo que el principio pro persona no puede entenderse como una exigencia para que se resuelva de conformidad con las pretensiones de la parte que lo invoque, ni como un permiso para soslayar el cumplimiento a los requisitos de admisibilidad o procedencia de recursos y medios de impugnación, aunque sí exige que su interpretación se realice en los términos más favorables a las personas. Lo anterior, refleja que el principio pro persona debe beneficiar a quienes participen dentro de un procedimiento jurisdiccional, ya que opera como criterio para determinar el fundamento, alcances, regulación y límites de los derechos humanos de cada una, según se encuentren en juego en un asunto, mientras que su falta de utilización puede ser reclamada en juicio por el efecto potencialmente perjudicial que podría tener para la tutela de un derecho humano. Sin que esto signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, para no generar un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función, y las restricciones constitucionales deben aplicarse lisa y llanamente en contra de las disposiciones secundarias que las contradigan. Apoya lo antepuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, Materia Constitucional, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, Página: 772, Registro: 2006485, de rubro y texto siguiente: PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Por tanto, si bien en atención al principio hermenéutico del que se habla, todo juzgador está constreñido a interpretar la normatividad que recojan derechos humanos de la manera que más beneficie al individuo, o bien, de entre dos normas aplicables, adopte el contenido más amplio o la limitación menos restrictiva del derecho, éste no puede llegar al supuesto de integrar normatividad no aplicable al caso concreto, para que se resuelva de conformidad con las pretensiones de la parte que lo invoque. De ahí que no les asista la razón al impetrante de amparo. Por tanto, el acto que se analiza cumple los requisitos de fundamentación y motivación; además, se encuentra dictada conforme a legalidad. Por las anteriores consideraciones y fundamentos, se niega al quejoso el amparo y protección de la justicia federal. Apoya lo anterior, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, con número de registro 231142, localizable en la página 186, tomo I, segunda parte-1, enero-junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INFUNDADOS. Los conceptos de violación son infundados cuando con los argumentos de carácter jurídico que se invocan en ellos, no se demuestra que los fundamentos del acto reclamado sean violatorios de garantías individuales. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por **********, por las razones y motivos expuestos en el considerando cuarto de esta ejecutoria. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, en contra de los actos reclamados y autoridad referida en el resultando primero, por las razones y fundamentos precisados en el considerando correspondiente de la presente resolución. TERCERO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

  3. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 582/2022-9; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO: Por escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil veintidós, Gerardo Antonio Ramos García, solicitó la suspensión definitiva de los actos reclamados a la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, los cuales hizo consistir en: ACTO RECLAMADO La medida cautelar impuesta al quejoso en la causa penal 178/2022, del índice de la responsable. El auto de vinculación a proceso dictado el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, en la causa penal 178/2022, por el delito de daños. AUTORIDAD RESPONSABLE Sentido del Informe previo 1 Jueza de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco. Aceptó el acto reclamado SEGUNDO. En proveído de veintiuno de abril de dos mil veintidós, este Juzgado ordenó tramitar el presente incidente de suspensión, se pidió informe previo a la autoridad responsable, se proveyó lo relativo a la suspensión provisional de los actos reclamados y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente incidente de suspensión, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 125, 128, 140, 144 y 146 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Jueza de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, al rendir su informe previo aceptó la existencia del acto reclamado. TERCERO. NEGATIVA DE LA SUSPENSION DEFINITIVA. En el caso, se niega a la parte quejosa la suspensión definitiva del acto reclamado consistente en la medida cautelar impuesta al quejoso en la causa penal 178/2022, del índice de la responsable, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues resulta improcedente conceder la medida suspensional solicitada, ya que la medida cautelar que solicita el quejoso Gerardo Antonio Ramos García, no es susceptible de ser suspendida, ya que es una prohibición expresa del numeral 128 de la ley de la materia. Resulta conveniente citar la tesis I.5o.C.17 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2389, Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA PROHIBICIÓN PARA DECRETARLA, PREVISTA EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ REFERIDA A DETERMINACIONES EMITIDAS EN PROCESOS VINCULADOS CON LA MATERIA PENAL (INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA). El precepto citado establece los requisitos que deben cubrir los quejosos cuando pretendan obtener la suspensión de los actos reclamados y la manera en que se tramitará la medida. En ese contexto, mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, se adicionó el penúltimo párrafo al artículo referido, señalando expresamente que no puede concederse la suspensión contra las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. El origen de la adición a esa porción normativa, se relaciona con una reforma realizada dentro del contexto de la instauración del nuevo sistema en materia de justicia penal en México, lo que se corrobora con la exposición de motivos de la iniciativa de ley respectiva, de la que se advierte que la finalidad principal que se buscó fue reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de lograr su mejor operación, lo cual también implicaba -a nivel federal- la adecuación de diversos ordenamientos orgánicos y sustantivos que coadyuvaran a la mejor operación y funcionamiento del sistema penal acusatorio. Por tanto, el penúltimo párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, es una porción normativa que rige y aplica para una materia distinta a la civil y/o mercantil, pues su origen se relaciona con el mejoramiento y la adecuada operación del sistema penal acusatorio de reciente instauración en el país; de ahí que resulte lógico y entendible que la prohibición para decretar la suspensión en el amparo contenida en la norma invocada, se refiera a determinaciones emitidas en procesos vinculados con la materia penal -en los que generalmente se dictan resoluciones que buscan proteger, investigar, preservar y/o resguardar a las personas o cosas involucradas en un evento ilícito-, máxime que en el proceso legislativo que culminó con la aprobación de la reforma legal mencionada, no se hizo precisión alguna en el sentido de que la adición citada se aplicaría a otras materias como la civil -lato sensu-." Por otra parte, se niega a la parte quejosa la suspensión definitiva del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, en la causa penal 178/2022, por el delito de daños; considerando que dicho acto ya se emitió y por ende, se trata de un acto consumado, no susceptible de suspenderse, pues determinar lo contrario implicaría darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia que se dicte en el juicio del que deriva este incidente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 910, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1029, del Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte SCJN Novena Sección- Suspensión del acto reclamado Subsección 1 - Reglas generales, Materia Común, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." CUARTO. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Del informe rendido por la Jueza de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, se desprende que el ilícito por el que se le instruye la causa penal 178/2022, al aquí quejoso es el de daños, previsto y sancionado por el artículo 200 párrafo primero, en relación con el diversos 175 fracción II, del Código Penal del Estado de Tabasco, el cual no se considera como delito grave, de conformidad con lo previsto en el numeral 150, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ni amerita prisión preventiva oficiosa de conformidad con el numeral 167 del citado ordenamiento legal. En ese sentido, con fundamento en el artículo 128 y 166, fracción II, se concede la suspensión definitiva al quejoso de mérito, para que no sea privado de su libertad personal y quede a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal se refiere, lo anterior, hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable el acuerdo mediante el cual se declare ejecutoriada la sentencia que se dicte en el juicio del que deriva este incidente. Estando obligado el amparista a comparecer ante el Juez de la causa, cuantas veces sea requerido para la continuación del proceso penal de origen, que por ser de orden público no puede detenerse, pero que deberá ser suspendido una vez concluida la etapa intermedia, esto es, con el dictado del auto de apertura a juicio oral, como lo establece el párrafo tercero del artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, apercibido que en caso de no hacerlo, la medida cautelar aquí decretada quedará sin efecto alguno, con la sola comunicación de la autoridad responsable. Sin que deba confundirse el término auto de apertura a juicio oral, con el de apertura de la audiencia de juicio oral, ya que ésta se verifica en la etapa de juicio, la que una vez iniciada, de conformidad con los artículos 8, 391, 397, 400 y 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales, bajo el principio de concentración, recae en una sentencia, la cual ocasionaría un perjuicio irreparable a la parte quejosa. Apoya lo anterior, la tesis I.1o.P.62 P (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 1987, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, Materias Común, Penal, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AUNQUE LAS ETAPAS COMPLEMENTARIA E INTERMEDIA NO SON SUSCEPTIBLES DE SUSPENDER, EN CASO DE QUE SE LLEGUE A ESTA ÚLTIMA, DEBE CONCEDERSE DICHA MEDIDA CAUTELAR PARA EL EFECTO DE QUE EL JUEZ DE CONTROL, UNA VEZ CONCLUIDA ÉSTA, NO ORDENE LA APERTURA A LA ETAPA DE JUICIO, HASTA EN TANTO NO SE RESUELVA EL JUICIO BIINSTANCIAL EN LO PRINCIPAL. En materia penal sólo puede suspenderse el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia (que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio), como puede advertirse del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; por ende, dicha etapa no puede paralizarse. En el mismo sentido resulta la petición que haga el quejoso en cuanto a que se paralice la etapa complementaria (que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación), pues el artículo 150 de la misma ley, en su primera parte, dispone: "En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él;..."; de ahí que dichas etapas del sistema penal acusatorio no son susceptibles de suspenderse. No obstante, este último precepto, en su parte final, establece que si la continuación del procedimiento puede dejar irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso, la suspensión podrá concederse para el efecto de paralizar el procedimiento y evitar dicha circunstancia; máxime que el primer párrafo del artículo 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que interesa, señala: "El tribunal de enjuiciamiento no podrá declarar la nulidad de actos realizados en las etapas previas al juicio, salvo las excepciones previstas en este código.", por lo que, a efecto de evitar un daño o perjuicio de manera irreparable al quejoso en etapas previas al juicio, debe concederse la medida cautelar para el efecto de que, en caso de que se llegue a la etapa intermedia, el Juez de control, una vez concluida ésta, no ordene la apertura a la etapa de juicio, hasta en tanto no se resuelva el juicio biinstancial en lo principal." Lo anterior se estima así, toda vez que se dejarían irreparablemente consumadas las violaciones alegadas, siendo que el objetivo primordial del incidente de suspensión es precisamente la conservación de la materia del amparo; lo anterior, de conformidad con la parte in fine, del párrafo primero del artículo 139 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.2o.P.283 P (9a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro IV, enero de 2012, tomo 5, página 4299, materia común, con número de registro 160453, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ES SUSCEPTIBLE DE PRODUCIR, POR SÍ MISMO, UN ESTADO DE PERTURBACIÓN FORMAL E INDIRECTA A LA LIBERTAD PERSONAL DEL IMPUTADO QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA EFECTOS DEL AMPARO (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). El artículo 292 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, que se refiere a los efectos de la formulación de la imputación, señala: 'La formulación de la imputación producirá los siguientes efectos: I. Suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal; II. Comenzará a correr el plazo para el cierre de la investigación; y III. El Ministerio Público perderá la facultad de archivar provisionalmente la investigación. Por su parte, el artículo 294 del mismo ordenamiento prevé que de no reunirse alguno de los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso, se dictará auto de 'no vinculación' y 'se dejará sin efecto las medidas cautelares personales y reales que hubiere decretado', de donde se sigue que los efectos de la imputación con las eventuales medidas cautelares se formalizan y convalidan para la continuidad de la siguiente etapa de investigación formalizada, precisamente como consecuencia del auto de vinculación, lo que significa, entre otras cosas, la formalización y continuidad de la suspensión del curso de la prescripción de la acción penal y la confirmación de la pérdida de la facultad de archivo provisional de la investigación por parte del Ministerio Público. Como se ve, el auto de vinculación a proceso genera la determinación o fijación obligada del plazo para el cierre de la investigación formal, lo que significa el establecimiento o precisión de un lapso durante el cual el inculpado queda constreñido a los efectos y fines de dicha investigación, con todas las consecuencias que pueda acarrear incluso de tipo social y mediático. Ahora bien, del análisis integral e interrelacionado de los mencionados preceptos 292, 294 y 298 del citado código se revela que el auto de 'no vinculación a proceso' implica dar a la fiscalía la posibilidad de volver a formular imputación (o de no hacerlo), así como establecer un plazo o límite para ello (seis meses). También se advierte de manera implícita el efecto de reanudación del curso de la prescripción posible de la acción penal, todo lo cual, sin duda, incide en un posible beneficio de la situación jurídica del imputado; así, por razones obvias, el dictado de 'vinculación a proceso' repercute negativamente en dichos aspectos que se traducen, en tal caso, en la producción de un estado de perturbación formal e indirecta a la libertad del imputado que debe tomarse en cuenta para efectos del amparo". SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Se hace del conocimiento del A quo responsable, que con fundamento en el segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, una vez concluida la etapa intermedia deberá suspender el correspondiente procedimiento penal hasta que sea notificado de la resolución ejecutoriada que en su caso recaiga en el juicio de amparo del que deriva este incidente; sin perjuicio de que la autoridad judicial en uso de las facultades que le confiere la Ley, pueda conceder alguna forma de solución alterna del procedimiento o de terminación anticipada del proceso que se contemplan en el Código Nacional de Procedimientos Penales. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. A fin de que la medida cautelar que se concede continúe surtiendo sus efectos, de manera provisional y discrecionalmente, en virtud de que de la lectura de la demanda de amparo y del informe previo del juez responsable, no se advierten elementos de prueba que permitan tomar como base los mismos, se fija como garantía, la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional), que deberá exhibir dentro de los cinco días siguientes al de su notificación respecto de este proveído, apercibido que de no cumplir con la obligación impuesta dejará de surtir efectos la suspensión concedida, ello en concordancia con lo establecido por el artículo 136 de la Ley de Amparo. La garantía podrá presentarse en póliza de fianza o billete de depósito, o en cualquiera de las formas permitidas por la ley, a falta de éstos. Si se opta por la primera, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este juzgado; en el entendido que su vigencia deberá ser además por todo el tiempo que dure la tramitación del juicio constitucional del que deriva este incidente, por seis meses a partir del día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio, por lo que si la vigencia vence antes de la conclusión de éste, la suspensión dejará de surtir efectos, sin necesidad de previo acuerdo. En el supuesto de que elija exhibirla en billete de depósito, deberá figurar el nombre del quejoso como depositante, y de igual forma, en el rubro relativo al "concepto" se habrá de especificar que tiene como objeto que continúe surtiendo sus efectos la suspensión definitiva en autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 582/2022-9, formado con la demanda promovida por Gerardo Antonio Ramos García, además deberá contener la firma, clave (número) y sello de la institución emisora del billete, pues de no satisfacer esos requisitos, no se le tendrá por constituida. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia que no se opone a la Ley de Amparo, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUZGADOR NO DEBE DETERMINAR LA NATURALEZA DE LA GARANTÍA QUE EL QUEJOSO HABRÁ DE EXHIBIR PARA QUE AQUÉLLA SURTA EFECTOS, SALVO LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO". En la inteligencia que en caso de exhibir la garantía en billete de depósito, su devolución, se hará directamente al quejoso o por conducto de su apoderado con cláusula especial para tal fin, o en su defecto con autorización expresa de la parte impetrante. Tiene aplicación la jurisprudencia 66/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 434, tomo XIV, septiembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, CUANDO SE RECLAMAN ÓRDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AUN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUELLA." Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además en los artículos 139, 144 y 146 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se NIEGA a Gerardo Antonio Ramos García, la suspensión definitiva que solicitó del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable en términos del considerando tercero de la presente interlocutoria. SEGUNDO. Se CONCEDE a Gerardo Antonio Ramos García, la suspensión definitiva que solicitó del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable en términos del considerando cuarto de la presente interlocutoria. Notifíquese.

  4. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por la Jueza de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe previo; por lo tanto, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. Notifíquese.

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