Gerardo Antonio García Avilez
Expediente 1034/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1034/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 22/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Gerardo Antonio García Avilez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad de México, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Del estado de autos se advierte que mediante auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia al haberse actualizado la causal de improcedencia previsto en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, en relación con el 107, de la Ley de Amparo. En consecuencia, conforme lo establecen los artículos 81, 86 y 89 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no cumple con los lineamientos expresados en el último párrafo del artículo 20 del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, para ser considerado de relevancia documental. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción c), del citado Acuerdo General, al haberse negado la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse en un término de treinta días posterior al plazo de seis meses, que establece el artículo antes referido. Notifíquese. Lo proveyó y firma Felipe Camacho Silva, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de seis de diciembre de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/4780/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo mencionado realizado en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, asistido de Jorge Alberto González Sosa, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de quince días, otorgado a la parte quejosa, para que desahogara el requerimiento formulado en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, a efecto de que manifestara si era su interés ampliar la demanda y señalar como acto reclamado el Acuerdo de radicación de seis de agosto de dos mil veintiuno, atribuyendo su emisión al Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"; sin que lo haya hecho. En ese sentido, al no haber desahogado dicho requerimiento, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de referencia y, por tanto, se ordena continuar con el trámite del presente asunto únicamente por los actos y autoridades señalados hasta este momento procesal. En razón de lo anterior, resulta necesario precisar que en el presente juicio la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, "la omisión de iniciar trámite y otorgar medidas de protección con motivo de la denuncia con folio 56801/2021/PPC/HGM/DE328 presentada por el suscrito el día cinco de agosto de dos mil veintiuno (.)" Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, particularmente se advierte el Acuerdo de radicación de seis de agosto de dos mil veintiuno, a través de cual, el Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigación del Órgano Interno de Control en el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" dio trámite a la denuncia formulada por la parte quejosa; acuerdo que le fue notificado al quejoso mediante oficio 12/197/32197/2021 de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, el veintisiete siguiente. Documental con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, resulta procedente analizar la actualización de alguna causa de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, además de que las mismas deben ser examinadas de oficio en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, que refiere lo siguiente: "62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sobre el particular, este Juzgado Federal de oficio advierte que se ha actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, el numeral y fracción en comento refieren lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La fracción citada establece la improcedencia del juicio de amparo, debido a que los actos que se reclaman han surtido sus efectos, es decir, han cesado en forma total. La hipótesis en cuestión ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquélla que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, tal y como si se hubiera otorgado el amparo solicitado; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna. A pesar de la definición mencionada, se destaca que al invocar dicha causa de improcedencia debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado. Ello, puesto que en un juicio como el que acontece en la especie, la cesación de efectos o bien la destrucción de ellos, en la mayoría de los casos opera por sustitución procesal, debido a que un procedimiento judicial se conforma de una serie de actos procesales concatenados y vinculados entre sí, de tal manera que la existencia de uno constituye la base y sustento para la emisión de otro posterior; sobre esa perspectiva, cada nuevo acto que se sustenta en el anterior, lo sustituye en sus efectos jurídicos. Por tanto, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que lo revoca o sustituye, sino únicamente determinar los efectos que genera, ya que de efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, que llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio por el acto motivo de la revocación o sustitución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Así, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos de los actos reclamados. Se afirma lo anterior, pues con la emisión del Acuerdo de radicación de seis de agosto de dos mil veintiuno, a través de cual, se dio trámite a la denuncia formulada por la parte quejosa; así como la notificación de veintisiete de agosto del año en curso, se demuestra que ha cesado la omisión, situación que hace patente la actualización de la causa de improcedencia precisamente porque la omisión cesó, sin que los actos citados puedan ser analizados al no ser parte de la litis. Ante tal situación, es claro que el presente juicio de amparo deviene improcedente, al haber cesado los efectos del acto reclamado en cuestión, de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Cabe mencionar que no es obstáculo para decretar el sobreseimiento, que se haga fuera de la audiencia constitucional, pues es de tal manera clara y evidente la causa de improcedencia que conduce al resultado apuntado, pues aun dictando sentencia definitiva, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 constitucional, carece de objeto celebrar la audiencia constitucional y dictar sentencia en este juicio de amparo, pues el sentido de la misma indefectiblemente sería el mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, en relación con el 107, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. En virtud de lo anterior, se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, así como todas las providencias decretadas en el presente asunto. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintidós de septiembre del año en curso, se agregó el informe justificado de la autoridad responsable, y se le requirió a la parte quejosa para que, dentro del plazo de quince días, manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo por el acto ahí precisado, sin que haya transcurrido el plazo otorgado; por tal motivo y a efecto de no violar las normas esenciales del procedimiento, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y se fijan en su lugar las TRECE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, de la Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"(en su denominación correcta), por el que rinde su informe justificado, señala domicilio, designa delegados y ofrece pruebas. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado y con su contenido y anexos correspondientes se da vista a las partes, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En términos de lo dispuesto en el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados a las personas que menciona; y, con apoyo en el artículo 28, fracción I, de la citada ley, como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas como pruebas de la autoridad, las documentales que exhibe, presuncional en su doble aspecto legal y humana, así como la instrumental de actuaciones, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte la existencia de diverso acto que pudiera guardar relación directa e inmediata con el acto reclamado en el presente sumario constitucional, mismo que aún no ha sido señalado como reclamado por la parte quejosa en el mismo. En ese contexto, con el fin de no irrogar perjuicio al solicitante de amparo, con fundamento en los numerales 108, 110, 111 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro de término de quince días, manifieste si es o no su voluntad señalar como acto reclamado el siguiente: 1.- Acuerdo de radicación de seis de agosto de dos mil veintiuno, atribuyendo su emisión al Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga". En el entendido que de ser así, en el plazo concedido deberá ajustar su escrito a lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Amparo; asimismo, deberá acompañar copias de dicho escrito, a efecto de emplazar a la autoridad y/o autoridades a quién o quiénes atribuya el acto mencionado y correr traslado a las demás partes. Solamente en caso de señalar nuevas autoridades como responsables, deberá exhibir copias suficientes de la demanda por cada una de ellas, para su debido emplazamiento a juicio; lo anterior, con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo. Acude en apoyo de lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia P./J.36/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, página 79, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Hágase del conocimiento del promovente de amparo que, salvo los casos expresamente señalados en la ley, sólo la parte quejosa o su representante legal se encuentran facultados para desahogar la prevención que ahora se formula, sin que dicha facultad pueda ser depositada a sus autorizados, aun aquellos señalados en términos amplios del artículo 24 de la Ley de Amparo, pues éstos únicamente se encuentran facultados para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías, su aclaración, o, en su caso ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyan en la configuración de la litis constitucional, al sujetarse dicho desahogo al señalamiento de nuevas autoridades responsables, actos reclamados y en su caso, formulación de conceptos de violación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./37/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo XXXIII, junio de dos mil once, pagina 68; de rubro siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a lo ordenado, se continuará con el trámite del presente asunto únicamente por los actos y autoridades por los cuales se admitió a trámite el presente juicio de amparo. Hágase del conocimiento de la parte quejosa, que la ampliación de demanda no prejuzga sobre la procedencia del juicio de amparo respecto de los actos que se reclamen, puesto que tal aspecto deberá ser analizado en el momento procesal oportuno. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
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