Gerardo Antonio Cristerna Dominguez
Expediente 862/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 862/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Gerardo Antonio Cristerna Dominguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Juicio de Amparo 862/2023-IV-A En cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, el secretario da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos. Conste.Torreón, Coahuila de Zaragoza; cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. El presente asunto carece relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración documental. Este expediente es conservable, por lo que, una vez cumplidos tres años de que se emite el presente acuerdo, deberá ser transferido al depósito documental dependiente del área coordinadora de archivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se aperturó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que la secretaria de la adscripción certificó que todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de control y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
En la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las once horas con diez minutos del cuatro de agosto de dos mil veintitrés, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión de la licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, Secretaria que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, la Secretaria da cuenta al Juez con las constancias existentes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que se trata. Se abre el periodo probatorio. El secretario da cuenta al Juez con las pruebas existentes en este juicio, esto es, las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa y las autoridades responsables, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana que ofrece el fiscal federal. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegatos de su intención en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular al no expresar alegatos de su intención. Con lo anterior, se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual, lo conducente, ahora, es dictar el fallo relativo. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el uno de junio de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, ******************** solicitó el amparo protección de la justicia federal en contra las autoridades Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, y otras, de las cuales reclamó los actos que al efecto precisó. En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de cinco de junio de dos mil veintitrés, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 862/2023-IV, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitaron los informes justificados correspondientes y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Torreón, Coahuila de Zaragoza, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto fracción VIII del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al reclamarse una legislación estatal, con motivo de un acto de aplicación, en el que se aduce tuvo lugar dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 146/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, enero de 2003, página 324, de rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE". SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que ésta exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255). Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa, son los siguientes: Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo. i. La aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de los artículos 1, 54, fracciones I y II, incisos 1) y 6), 56, fracciones II y VI, 58, 59, fracciones V y X, 60 fracciones I y II, inciso 1), 63, 64, 65, 166, 167, 168, 169 y 170 y Tercero Transitorio, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondiente al ejercicio fiscal de 2023. Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad. ii. La aplicación de las normas reclamadas, mediante el cobro y recepción de pago de los derechos por concepto de inscripción de documentos, contenidos en los recibos con números de folio ********************y********************de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, a nombre de la parte quejosa. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio, y en su caso, abordar el fondo del asunto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. En lo que respecta a los actos de aplicación atribuidos a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, debe destacarse que para los efectos de este juicio de amparo, no existen. Es así, pues los actos de ejecución que se le reclaman, no pueden ser imputados a esa autoridad, ya que la parte quejosa acreditó haberse autoaplicado el precepto legal que reclama. Consecuentemente, el cumplimiento de la norma no puede ser atribuido a esa autoridad. De esta forma, sin prueba en contrario, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo respecto de esa autoridad responsable. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XXVI, agosto de 2007, página 367, de rubro siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno, y Director del Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, pues así se advierte del contenido de sus respectivos informes justificados. La certeza de los actos que en el ámbito de su competencia se atribuyen a las autoridades antes señaladas, se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del decreto que contiene la norma reclamada, pues forman parte de un ordenamiento jurídico general, abstracto e impersonal; de modo que constituyen presupuesto y materia propia del conocimiento del juzgador. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, página 260, de rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". Máxime, que las normas impugnadas se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, de cuya divulgación se desprende su existencia; lo que constituye un hecho notorio, y como tal, no se encuentra sujeto a prueba, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo XV, febrero de 1995, página 205, de rubro siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA". Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte quejosa, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, así como el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados alegaron que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, ya que las pruebas ofrecidas por la parte quejosa no son idóneas para acreditar el acto de aplicación de la norma reclamada, al constituir formatos de pago y no comprobantes de liquidación en institución bancaria. Debe desestimarse la actualización de esa causal de improcedencia. En efecto, contrariamente a lo aducido por las autoridades responsables, la parte quejosa sí exhibió documentos idóneos para justificar el acto de aplicación, pues en el caso, ofreció como pruebas los recibos electrónicos con números de referencia ********************y********************de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, expedidos por la Administración General de Recaudación, los cuales cuentan con la clave de autorización estatal que garantiza la procedencia de los mencionados recibos digitales, como si se trataran de los documentos con firmas autógrafas, según lo dispone el artículo 16 del Código Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Por tanto, los recibos de pago en cuestión tienen plena validez para acreditar el pago de las contribuciones reclamadas, y gozan de valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 43/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, mayo de 2000, página 112, de rubro siguiente: "LEYES TRIBUTARIAS. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE SUS HIPÓTESIS NORMATIVAS Y LA CONSECUENTE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO, SE PUEDE ACREDITAR CON LA RESPECTIVA DECLARACIÓN DE PAGO, SI LOS RESULTADOS PLASMADOS EN ELLA SE SUSTENTAN INDEFECTIBLEMENTE EN LO PREVISTO EN AQUÉLLAS". Por otro lado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no demostró el acto de aplicación de los artículos 1, 54, fracciones I y II, inciso 6), 56, fracciones II y VI, 58, 59, fracciones V y X, 60 fracciones I y II, inciso 1), 63, 64, 65, 166, 167, 168, 169 y 170 y Tercero Transitorio, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondiente al ejercicio fiscal de 2022, ya que dichos preceptos se refieren a diversos supuestos cuyas contribuciones no aparecen en los recibos de pago. Es así, pues de los recibos electrónicos con números de folio ********************y********************de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, sólo se advierte que la parte quejosa realizó el pago de derechos por inscripciones operaciones trasmisión y modificación de crédito. Por consiguiente, la parte quejosa no acreditó, en el caso concreto, que se hubieren aplicado en su perjuicio las disposiciones normativas antes citadas, y por ende, su interés jurídico; por lo que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el presente juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 4/99, sustentada por la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, febrero de 1999, página 103, de rubro siguiente: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO". Por otra parte, respecto de los actos reclamados al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, consistentes en el refrendo y publicación de la legislación impugnada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, éste último, interpretado en sentido contrario. Ello, ya que a éstas no les corresponde el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo, dado que los actos que se les reclaman no fueron impugnados por vicios propios en su intervención en el procedimiento legislativo de la norma tildada de inconstitucional. Efectivamente, en términos del artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio de la norma general reclamada, deben ser señaladas como responsables, únicamente cuando se impugnen sus actos por vicios propios; es decir, que en la demanda de amparo se formulen conceptos de violación tendentes a desvirtuar por ilegal el procedimiento mismo del refrendo y publicación de la normativa señalada como inconstitucional. En el caso, de la lectura integral de la demanda no se advierte que la parte quejosa hubiere formulado concepto de violación alguno tendente a combatir de ilegal el procedimiento de refrendo y publicación de la norma reclamada en el que tienen participación las autoridades responsables. Por tanto, al no combatirse vicios propios de su actuación en el proceso legislativo del Decreto reclamado, no les corresponde el carácter de autoridad responsable para efectos de esta instancia, y procede sobreseer en el juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 23, octubre de 2015, tomo III, página 2248, de rubro siguiente: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS". Luego, al no advertirse otra causal de improcedencia, resulta procedente analizar los conceptos de violación que formula la parte quejosa. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU RANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Decisión judicial. Son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa en su escrito de demanda. La parte quejosa sostiene, en esencia, que los artículos 54, fracción II, incisos 1) y 60, fracción II, inciso 3) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en el año dos mil veintitrés, transgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, previstos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal. Es así, debido a que los derechos por inscripción o registro de documentos que fueron motivo de los cobros reclamados no representa el costo real que representa para el Estado, pues esos cobros no deberían tener como referencia la naturaleza que los originó, ya que el verdadero costo que representa para el Estado la inscripción de documentos es de $308.00 pesos, sosteniendo análogamente que se debe tomar en consideración el costo que representa la inscripción de documentos, la cual establece una cuota mínima para el caso de que la inscripción sea negativa. Del mismo argumenta que el costo por el pago de derechos de inscripción materia de impugnación se han venido modificando sin justificación alguna año con año, reflejándose en incrementos ajenos a la función registral. Afirma que no existe una equivalencia moderada o razonable entre el costo del servicio y la cantidad que cubrirá el contribuyente por la inscripción de documento de traslado de propiedad de bienes inmuebles o créditos hipotecarios recaídos en él, ya que el costo del servicio prestado por el Estado no justifica la cuantificación de ese pago en razón del servicio prestado; asimismo el principio de proporcionalidad, veda la posibilidad de que el cobro de un derecho persiga ganancia alguna, inclusive superior al valor del mercado, de ahí que si el cobro del servicio busca preponderadamente un lucro. Establecido lo anterior, corresponde ahora señalar que por razón de método, los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa se analizaran de manera conjunta, dada la simetría de su contenido, y en un orden distinto al que fueron planteados. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia VI.2o.C. J/304, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXIX, febrero de 2009, página 1677, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO". De inicio, debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". De la anterior trascripción, se colige que en materia tributaria las leyes y los actos realizados con apoyo en éstas, deben atender entre otros, a los principios de proporcionalidad y equidad, además de que toda contribución, debe cumplir con los requisitos de legalidad, que significa que debe estar prevista en la ley, ser equitativa y proporcional y destinarse a sufragar los gastos públicos; tratándose de derechos fiscales, éstos principios de proporcionalidad y equidad están regidos por un sistema distinto al de los impuestos, dada la naturaleza de este tipo de contribuciones. La contribución en análisis es un derecho, definido en el artículo 3º del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, como las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Entonces, los derechos por servicios, son una especie del género de las contribuciones, que tiene su causa en la recepción de lo que propiamente se conoce como actividad de la administración, individualizada, concreta y determinada, con motivo de la cual se establece una relación singularizada entre la administración y el usuario, que justifica el pago del tributo. Así, la causa generadora de los derechos es la prestación de un servicio, característica que los distingue de las demás contribuciones, y para que cumplan con los principios de equidad y proporcionalidad establecidos el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciban igual servicio, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el estado tenga la ejecución del servicio. Pues bien, los artículos 54 y 60 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente para el ejercicio fiscal 2023, establecen lo siguiente: "(ANTERIORMENTE ARTÍCULO 79, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADO, P.O. 16 DE DICIEMBRE DE 2016) ARTÍCULO 54. Los servicios prestados por el Registro Público, relativos a la propiedad, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA (REFORMADO, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2022) (REFORMADA, P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2021) (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) I. El examen de todo documento público o privado que se presente para su inscripción, cuando se rehúse esta por no ser procedente o cuando se devuelva sin inscribir a petición del interesado o por resolución judicial, se pagará $308.00 (TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.). (REFORMADO, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2022) (REFORMADA, P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2021) (REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2020) (REFORMADA PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) II. Se pagará una cuota de $23,089.00 (VEINTITRÉS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: 1). Por la inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado. 2). Por la inscripción de la escritura constitutiva de sociedades civiles y asociaciones de carácter civil, así como cualquier modificación a la escritura constitutiva. 3). Los contratos mercantiles en que medie condición suspensiva, resolutoria, reserva de dominio o cualquier otra modalidad que dé lugar a una inscripción complementaria para su perfeccionamiento. 4). La inscripción de gravámenes sobre bienes inmuebles, sea por contrato, por resolución judicial o por disposición testamentaria; la de los títulos por virtud de los cuales se adquieran, transmitan, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles, distintos del dominio; los que limiten el dominio del vendedor, del embargo, así como de cédulas hipotecarias, de servidumbres y de fianzas. 5). (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADO, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2022) (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 6). Las inscripciones que deriven de la inscripción de actos jurídicos por los que se deban pagar los derechos establecidos en el artículo 60 fracción II, de la Sección de Comercio. 7). La inscripción de títulos de propiedad, de bienes o derechos que modifiquen, aclaren o disminuyan el capital y sólo sean consecuencia legal de contratos que se otorguen por las mismas partes que figuran en la primera escritura, sin aumentar el capital ni transferir derechos. 8). La inscripción del título o contrato cuando se aumente el capital o se transfiera algún derecho. (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) Además de los servicios por la inscripción de los actos jurídicos que conforme a esta fracción y al Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza deban registrarse, se incluyen los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición para su consulta de los asientos registrales digitalizados, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y todo aquello que se requiere para una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan. (ANTERIORMENTE ARTÍCULO 82, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADO, P.O. 16 DE DICIEMBRE DE 2016) . ARTÍCULO 60. Los servicios prestados por el Registro Público, relativos al comercio, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA (REFORMADA, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2022) (REFORMADA, P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2021) (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) I. El examen de todo documento público o privado que se presente para su inscripción, cuando se rehúse esta por no ser procedente o cuando se devuelva sin inscribir a petición del interesado o por resolución judicial deniegue por causas insubsanables, o cuando no se cumpla con los requisitos exigidos en la suspensión, se pagará $308.00 (TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.). (REFORMADA, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2022) (REFORMADA, P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2021) (REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2020) (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) (REFORMADA, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017); II. Se pagará una cuota de $23,089.00 (VEINTITRÉS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: 1). La inscripción de la escritura constitutiva de sociedades mercantiles o de las relativas a aumentos de su capital social. (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) 2). Tratándose de sociedades mercantiles de capital fijo, por los aumentos de capital que se presente para su inscripción y sus modificaciones; (REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2020) 3). La inscripción actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración. (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) Además de los servicios por la inscripción de los actos jurídicos que conforme a esta fracción deban registrarse, incluyen los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición de los asientos registrales digitales, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y en lo general todo aquello que genere una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan. III. (DEROGADA, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017). IV. (DEROGADA, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017);" De los preceptos legales transcritos, se observa que establecen una cuota fija de $23,089.00 (veintitrés mil ochenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), por la inscripción ante el Registro Público de los documentos que ahí se señalan, tales como la inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por medio de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado; así como la inscripción de actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración. Asimismo, se advierte que esa tarifa incluye los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición para su consulta de los asientos registrales digitalizados, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y todo aquello que se requiere para una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan. Ahora bien, contrariamente a lo aducido por la parte quejosa, los citados artículos en modo alguno establecen distintas tarifas ni hacen distinción entre los actos jurídicos que son materia de inscripción, pues como se puede advertir de su contenido, éstos establecen la misma tarifa tanto para inscripción de documentos en los que se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado, así como aquéllos en los que conste la celebración de contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración. Dicho de otro modo, los preceptos legales en análisis no introducen un elemento ajeno para la cuantificación del pago del derecho -como es el valor de lo que ha de inscribirse-, toda vez que el legislador local estableció expresamente una cuota fija para el cobro por derechos del servicio de inscripción de documentos relativos a la propiedad y créditos de cualquier clase, a razón de $23,089.00 (veintitrés mil ochenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional); por tanto, al fijar el legislador una cantidad para todos los casos en los cuales se solicite la inscripción o cancelación de inscripción se cubrirá la misma cuota establecida independientemente del monto de la operación. Además, tampoco existe un mecanismo que tome en consideración el monto de la operación del acto jurídico o documento a inscribir, para cuantificar el derecho por la inscripción, esto es, no se prevé algún elemento extraño para la fijación del costo, sino que, según esa norma, es igual para todos los que reciben el mismo servicio. Por tanto, si la tarifa que se le cobró a la parte quejosa como derecho por el servicio de inscripción de documentos, no atiende a un elemento ajeno para la cuantificación del citado pago, como es el valor de lo que ha de inscribirse, es inconcuso que los preceptos impugnados no adolecen del vicio de inconstitucionalidad aducido, y por ende, no trasgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del mismo modo, el hecho que sobre la cuota fija señalada como contraprestación por la realización del servicio, el legislador hubiere determinado la aplicación de un estímulo fiscal que será calculado de acuerdo con el valor que resulte mayor entre el de la operación, el del avalúo o el catastral o entre otros factores, ello no implica que se transgredan los principios de justicia tributaria, porque en primer término se determina la cuota fija para todos los que soliciten el mismo servicio, esto es $23,089.00 (veintitrés mil ochenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional) y, posteriormente, se aplica el estímulo fiscal concedido por el legislador, el cual para nada incide o repercute en alguno de los elementos esenciales del derecho de inscripción reclamado, para poder considerar que el estímulo tenga una relevancia impositiva. Es así, porque éste no integra ni forma parte de la mecánica para la determinación del derecho, ya que incluso, desapareciendo el estímulo fiscal concedido por el legislador, todos los elementos esenciales del derecho combatido subsisten, debido a que el estímulo no está adherido a ninguno de esos elementos esenciales, como son el sujeto pasivo, el objeto del derecho, la base, o su tasa o tarifa; por lo que, la aplicación del estímulo no rompe con la naturaleza del derecho de inscripción impugnado, pues primero se determina la tarifa que se está cobrando como contraprestación de acuerdo al costo fijado por el legislador y, posteriormente, se aplica el estímulo fiscal correspondiente. Así, aun cuando en algunos casos se aplica un estímulo del 80% y en otros no existe estímulo por el monto de la operación a registrar, por el valor de la operación; lo cierto es que ello no significa que la ley dé un trato distinto a personas que se encuentran en situaciones análogas, pues el valor de la contraprestación fijada por el legislador es igual para todos los sujetos que solicitan el servicio; y si bien, posterior a la determinación del pago de la contraprestación, se puede aplicar un estímulo al contribuyente dependiendo del valor de la operación, fijado de acuerdo a una tabla que va de un límite inferior a límite superior, esto de ninguna manera implica que se dé un trato inequitativo o desproporcional a personas que solicitan el mismo servicio, pues en este caso, el estímulo fiscal no incide o repercute en alguno de los elementos del derecho. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2ª./J.26/2010, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, marzo de 2010, página 1032, de rubro siguiente: "ESTÍMULOS FISCALES. DEBEN RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA FISCAL QUE LES SEAN APLICABLES, CUANDO INCIDAN EN LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CONTRIBUCIÓN". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.185/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, diciembre de 2010, página 497, de rubro siguiente: "ESTÍMULO FISCAL. EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, NO DEBE LLEVARSE A CABO BAJO LA ÓPTICA DE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA". Del mismo modo, tampoco asiste razón a la parte quejosa, cuando refiere que el costo por el servicio de inscripción de documentos ante el Registro Público de la Propiedad es desproporcional y desmedido, en cuanto a que la actualización de la tarifa no aconteció de acuerdo al índice inflacionario, sino que se ha incrementado año con año, reflejándose en elementos extraños a la función registral, que originó que ésta sea excesiva. Al respecto, la parte quejosa omitió aportar medios de prueba a fin de acreditar que el monto por el servicio de inscripción de documentos, previsto en los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en el año dos mil veintitrés, es superior al costo que tiene en el mercado, pues únicamente exhibió como probanzas las documentales consistentes en recibos con números de folio ********************y********************de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, expedidos por la Administración General de Recaudación, las cuales, si bien tienen valor probatorio al contener el sello digital que acredita su autenticidad, en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no son idóneas para configurar un parámetro que permita determinar si, efectivamente, existe o no un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio. Efectivamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 343/2013, sustentó el criterio que cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde a la parte quejosa aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo. Explicó que ello era así, porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador de amparo haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Ello no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la parte quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen; circunstancias que no acontecieron en el caso particular, dado que la parte quejosa omitió presentar prueba alguna que acredite tal alegato. Apoya lo expuesto, la tesis 2a. CX/2013 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 2, enero de 2014, tomo II, página 1589, que señala lo siguiente: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen". En otro aspecto, no asiste razón a la parte quejosa cuando refiere que los impugnados, se cobran por otros servicios, en cantidades inferiores a las normas reclamadas, y que por ello existe una distinción en el cobro por los servicios prestados por el Registro Público. En efecto, en los dispositivos legales señalados por la parte quejosa, se advierte que prevén, respectivamente, que el examen de todo documento público o privado que se presente para su inscripción, cuando se rehúse ésta por no ser procedente, o cuando se devuelvan sin inscribir a petición del interesado o por resolución judicial o se deniegue por causas insubsanables, o cuando no se cumpla con los requisitos exigidos en la suspensión, se pagará la cantidad de $308.00 (trescientos ocho pesos 00/100). No obstante ello, si bien los artículos 54 y 60, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, prevén una diversa cuota inferior a los preceptos reclamados; lo cierto es, que aquellas porciones normativas prevén servicios distintos a la inscripción o registro de documentos que refieren los artículos tildados de inconstitucionales, pues disponen el pago de $308.00 (trescientos ocho pesos 00/100), cuando se rehúse la inscripción de documentos públicos o privados que se presenten con esa finalidad; pero no así la inscripción de documentos previstos en las diversas porciones normativas que reclama la parte quejosa. Por lo que, los servicios que se contemplan en esos numerales no guardan similitud con los servicios previstos en los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, la inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado; así como la inscripción de actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración. Además, el solo hecho que existan cuotas distintas para inscribir un documento ante el Registro Público de la Propiedad, no implica que ello torne inconstitucional la legislación combatida, en la medida que, como puede apreciarse, son distintos los procedimientos a efectuar dependiendo del documento a inscribir. De modo que, si en el caso, los preceptos legales combatidos establecen una tarifa mayor a las diversas señaladas en dispositivos distintos, ello obedece al proceso que implica su inscripción; sin embargo, el procedimiento no se agota en un solo acto genérico de inscribir, ni se trata de idéntico servicio, pues la actividad registral requiere una estructura administrativa, operativa y funcional para alcanzar su fin, que también depende de la naturaleza y no del monto del documento a inscribir. Aunado a que, las tarifas que se establecen en la legislación combatida, no tienen por qué ser iguales para todos los documentos que se pretendan inscribir, en la medida que, dependiendo de su contenido, ameritan un análisis diferente, pero ello no hace patente la inconstitucionalidad de la norma reclamada, y dicha confronta es insuficiente, por sí sola, para considerarla inconstitucional, en la medida que las legislaturas locales cuentan con la libre configuración en materia tributaria, sin mayor exigencia que las disposiciones que emitan se encuentren apegadas a la Constitución. Así, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, por lo que hace a los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3) de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ********************, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra los actos atribuidos al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, por las consideraciones expuestas en el considerando séptimo de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinte de julio de dos mil veintitrés. Informes. Visto lo de cuenta, se reciben los informes justificados remitidos por las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, ambos con sede en Saltillo; y agréguense a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes que se trata, con los cuales, y las constancias anexas, se da vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°. Delegados. Conforme con el artículo 9° de la legislación aplicable, se tienen como delegados a las personas señaladas para ello en los oficios que se provee. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable Congreso del Estado de Coahuila ofreciendo la prueba documental que menciona en su informe justificado; la cual se admite, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Hecho notorio. No ha lugar a admitir como prueba el hecho notorio de las resoluciones emitidas por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en los diversos amparos indirectos en revisión que refiere la autoridad responsable Gobernador del Estado de Coahuila, ya que el mismo no es un derecho de las partes en el procedimiento del juicio de amparo, sino una facultad del órgano jurisdiccional que, en el caso, no aplica cuando se actualiza la obligación establecida en el artículo 75 de la Ley de Amparo, que consiste en analizar el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. De ahí que, si la autoridad ocursante intervino como parte en los múltiples juicios que precisa como hecho notorio, por ende, le corresponde la obligación de gestionar y requerir directamente a la autoridad correspondiente la expedición de los documentos o información que pretende ofrecer en este juicio de amparo, pues en términos del artículo 117, quinto párrafo de la Ley de la materia, la autoridad responsable debe exhibir las constancias que apoyen las aseveraciones de su informe justificado; en consecuencia, no se acuerda de conformidad el ofrecimiento del hecho notorio invocado por la autoridad ocursante. Correo y número de teléfono. Por otro lado, se tiene a la autoridad responsable Congreso del Estado de Coahuila, con sede en Saltillo por señalando el correo electrónico webmaster@congresocoahuila.gob.mx, así como el teléfono 844-2421115; ello, para que se le brinde atención en tratándose de comunicaciones no procesales. Diferimiento. Ahora bien, considerando que el informe no se rindió con los ocho días de anticipación para que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes, conforme lo establece el numeral 117 de la Ley de Amparo, lo procedente diferir la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se fijan las once horas con diez minutos del cuatro de agosto de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 54/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, tomo XI, abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Comunica a autoridades. Se destaca a las partes que a partir de este momento procesal, de ser el caso de que la audiencia constitucional no se celebre en la hora y fecha que se indica, el proveído en el que ésta se reprograme, les será notificado por lista de acuerdos, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, pues dada su trascendencia no resulta necesaria la notificación por oficio o personal; máxime que la ley de la materia no lo dispone expresamente. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado actual de los autos, se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Requerimiento. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de Gómez Palacio, Durango, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, dé cumplimiento al fallo protector, y en su caso, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
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