Gerardo Antonio Arceo Martinez

Expediente 2519/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2519/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
01/03/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Antonio Arceo Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia de diez de febrero de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo; lo anterior, por cuanto dicho plazo aconteció del quince al veintiocho de febrero del año en curso, sin que alguna de las partes lo hubiese hecho; descontando de dicho cómputo los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de febrero de dos mil veintidós, por haber sido sábados y domingos. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer resolutivo sobreseyó en el presente asunto, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la indicación de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán; diez de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se aprecia que el presente juicio de amparo fue remitido al archivo con motivo de que se declaró cumplida la sentencia dictada en este sumario; sin embargo, obra en la Secretaría un legajo de copias remitidas por la responsable con su informe justificado. Por tanto, en virtud a que no son necesarias, devuélvanse a la Jueza Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, sin que sea necesario que acuse recibo de éstas. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos el oficio 114/CJFE/CACCC/CJG/01763/2022, signado por quien suscribe en ausencia de la Consejera Adjunta de Control Constitucional de lo Contencioso, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, residente en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve el oficio 31462/2021 de fecha ocho de noviembre del año anterior, dirigido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En consecuencia, reexpídanse de nueva cuenta el oficio de mérito, a fin de notificar su contenido, en el domicilio que señaló en su informe de ley: Avenida Insurgentes Sur número 795. Planta Baja, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México. Lo anterior, toda vez que no es aplicable lo dispuesto en la Declaratoria del cinco de julio de dos mil veintiuno, relativa a la entrada en vigor de los servicios en línea previstos en el Convenio de Colaboración para la Interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, celebrado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, toda vez que, la demanda que motivó el presente asunto fue presentada con anterioridad al doce de julio de dos mil veintiuno fecha a partir de que se señala en esa declaratoria se deberán remitir las comunicaciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la vía electrónica. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 670/2021-II-B, promovido por GABRIELA VELÁZQUEZ REYES, por propio derecho, en contra del acto que reclama a la Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, compareció GABRIELA VELÁZQUEZ REYES, por propio derecho, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama a la Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y actuario de su adscripción. SEGUNDO. Remisión de la demanda. Mediante oficio 521/2021, de veintiséis de marzo del año en curso, la Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, remitió la demanda de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el cual la registró con el número de amparo directo 223/2021. TERCERO. Incompetencia del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito. Por auto de Presidencia de seis de abril de dos mil veintiuno, el señalado Tribunal Colegiado determinó que carecía de competencia para conocer del asunto, en virtud de que el acto reclamado consistente en el acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en el que se declaró la no admisión del recurso de apelación, se trataba de un acto dictado después de concluido el juicio, por lo que declinaba la competencia al Juez de Distrito en turno en este Estado. CUARTO. Remisión de la demanda. Mediante oficio 2167 de veintiuno de abril siguiente, presentado al día siguiente, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito remitió la referida demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, la cual por razón de turno correspondió conocer a este Órgano de Control Constitucional. QUINTO. Admisión de la demanda. Por auto de veintitrés de abril del año en curso, se tuvo por recibida la demanda, la cual se radicó bajo el número 670/2021-II-B; asimismo, se previno a la quejosa para que señalara bajo protesta de decir verdad todos los antecedentes del acto reclamado. Y por auto de veintiuno de mayo siguiente, se admitió a trámite la demanda, se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó notificar a las partes y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. SEXTO. Vista en relación a autoridades no señaladas como responsables. Por auto de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se dio vista a la quejosa a efecto de que manifestara si era su deseo señalar como autoridades responsables en este juicio, a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, así como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al acto consistente en el proceso legislativo del Código de Comercio, que culminó, con su aprobación, expedición, promulgación y refrendo, al advertirse que de los conceptos de violación, señalaba como actos reclamados la inconstitucionalidad de los artículos 1339 y 1340 del citado código. SÉPTIMO. Ampliación de demanda. Por auto de treinta de julio de dos mil veintiuno, se tuvo a la quejosa ampliando su demanda y al efecto señaló como responsables a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y como acto reclamado la inconstitucionalidad de los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio. Por tal motivo, se requirió a las responsables su informe justificado y se les hizo de su conocimiento la fecha y hora de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se precisa de la siguiente manera: De la Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y actuario de su adscripción: El acuerdo de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 401/2019, del índice de la autoridad responsable y su ejecución. De la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: La aprobación, expedición, promulgación y refrendo de los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y actuario de su adscripción, pues así lo manifestaron expresamente al rendir su informe justificado, lo que además se corrobora con las constancias que la primera acompañó al mismo. En tal virtud deberán tenerse por existentes al tenor de lo señalado en la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De igual manera son ciertos los actos reclamados a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, pues así lo manifestaron en sus informes rendidos por conducto de sus representantes. Igual es cierto el acto atribuido a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, no obstante que fue omisa en rendir su informe, sin embargo obra en autos la constancia de notificación del oficio 19747, en donde se le solicitó el mismo, por lo que opera en su contra la presunción de certeza. Además, que la certeza de dichas conductas de naturaleza legislativa en cuanto al proceso de creación y aprobación de publicación de los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, no está sujeta a prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, y por aplicación de la jurisprudencial 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. No obstante la certeza de los actos reclamados, debe decirse que el análisis de la procedencia del juicio de amparo es de oficio, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es previo y preferente lo aleguen o no las partes, acorde por analogía jurídica a lo dispuesto por la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el página 95 del Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el número de registro 222780, que es del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, la autoridad responsable denominada Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Directora de Cámaras Empresariales y Desarrollo Regional de la Secretaría de Economía, con sede en la Ciudad de México, señala que respecto al acto reclamado consistente en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, se actualiza la causal de improcedencia prevista 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa consintió tácitamente las normas impugnadas, al no haber promovido el juicio de amparo respecto de su primer acto de aplicación. Lo anterior, en atención a que su consideración, la quejosa instó temerariamente el recurso de apelación no obstante que sabía que por cuestión de cuantía, el mismo resultaba improcedente, por lo que al haberlo realizado de esa manera consintió tácitamente dichos numerales del código reclamado. Es infundada esta causa de improcedencia, en virtud de que, si bien es cierto que atendiendo a la cuantía establecida en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, el recurso de apelación es improcedente, también lo es que fue hasta que se dictó el acuerdo de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 401/2019, en donde se le hizo de su conocimiento dicha circunstancia. Esto es, que no procedía dicho medio de defensa en contra de la sentencia definitiva dictada en ese juicio. Por lo que no queda acreditado que hubiese tenido conocimiento de la aplicación de dichos numerales sino hasta que se dictó dicho proveído. Ilustra a la anterior consideración, la siguiente jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SU RETENCIÓN POR EL PATRÓN AL EFECTUAR EL PAGO DE ALGÚN CONCEPTO QUE LA LEY RELATIVA PREVÉ COMO INGRESO POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, CONSTITUYE ACTO DE APLICACIÓN PARA EFECTOS DEL AMPARO, Y ES SUSCEPTIBLE DE GENERAR LA IMPROCEDENCIA POR CONSENTIMIENTO TÁCITO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL DOCUMENTO RESPECTIVO SE EXPRESEN LOS CONCEPTOS SOBRE LOS CUALES SE EFECTÚA DICHA RETENCIÓN Y SU FUNDAMENTO LEGAL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el primer acto de aplicación de una norma tributaria puede tener su origen tanto en la actuación de una autoridad que, en pleno ejercicio de sus facultades legales, concretice la hipótesis normativa en perjuicio de un gobernado, como en la actualización que de tal norma realice el propio contribuyente al cumplir con la obligación tributaria principal, o bien aquel particular que en auxilio de la administración pública la aplique, como es el caso de aquellos gobernados a quienes se les encomienda la retención de una contribución a cargo de un tercero. De conformidad con los artículos 110, 113 y 116 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 26, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, los patrones tienen el carácter de auxiliares en la administración pública federal en la recaudación del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, en tanto tienen la obligación de retener el causado por alguno o algunos de los conceptos que el citado ordenamiento legal prevé como ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, al momento de efectuar el pago correspondiente, así como de hacer enteros mensuales y realizar el cálculo del impuesto anual a cargo de sus empleados, y que por tal motivo son considerados como responsables solidarios de éstos hasta por el monto del citado tributo, es evidente que el acto en virtud del cual el patrón retiene por vez primera el impuesto causado por el o los conceptos que prevé la norma que el trabajador tilda de inconstitucional, constituye el primer acto de aplicación en su perjuicio y, por ende, es susceptible de generar la improcedencia del juicio de garantías por consentimiento tácito, en caso de que no la impugne dentro de los quince días siguientes a aquel en que tuvo pleno conocimiento de dicho acto, siempre y cuando en el documento respectivo se expresen los conceptos respecto de los cuales se efectuó la retención y el sustento legal de tal actuación, cuestión esta última que debe acreditarse fehacientemente." De ahí que deviene infundada la causal de improcedencia antes analizada. Por otra parte, la misma autoridad refiere que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción III, inciso b), de la propia ley, puesto que, considera, el acto reclamado no ocasiona afectación alguna en perjuicio de la quejosa, ya que se trata de un acto procesal que no transgrede sus derechos sustantivos. Es infundada la causa de improcedencia, ya que contrario a lo aseverado por la responsable, en el caso, el acto reclamado sí debe considerarse como de imposible reparación, puesto que la quejosa ya no estaría en condiciones de obtener algún fallo favorable a sus intereses, por lo que dicha violación ya no podría ser reparada de modo alguno. Es decir, esa sentencia de la que se duele impugnó mediante el recurso de apelación que no le fue admitido, ya no sería materia de análisis en otra instancia, por lo que el presente juicio de amparo sí resulta procedente. En apoyo de lo expuesto, se cita la jurisprudencia, siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En el mismo tenor, la autoridad responsable insiste que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción VIII del artículo 108, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso no hace valer conceptos de violación con los que demuestre jurídicamente la supuesta violación a sus derechos fundamentales. Dicha causa de improcedencia es infundada por lo siguiente. En efecto, dichos numerales refieren que la demanda de amparo debe contener, entre otros, el concepto o conceptos de violación, y este requisito debe estimarse como una de las precisiones esenciales del juicio de amparo, en virtud de que es en el concepto de violación en el que la parte promovente, mediante los hechos, argumentos y razonamientos, establece las violaciones de derecho que le causan los actos reclamados, salvo en los casos de excepción que la propia Ley de Amparo reconoce. Sin embargo, de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa sí realiza argumentos encaminados a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, sin que se prejuzgue sobre la procedencia de dichos argumentos, lo cual, será materia de análisis en la etapa correspondiente. Entonces, si la quejosa señaló en sus conceptos de violación, la pretensión o lo que se reclama, así como la causa petendi o causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, resulta inconcuso que se encuentran vinculados y relacionados con el contexto litigioso que se planteó. Lo anterior es así, pues los conceptos de violación no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción habitual. De ahí que se estime infundada dicha causa de improcedencia. Continuando con el estudio de las causas de improcedencia, la responsable en comento aduce que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, al estimar que al acto reclamado consistente en el proceso legislativo de los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, les reviste el carácter de consumados. Dicha causa de improcedencia también resulta infundada, ya que si bien es cierto que dicho proceso legislativo tiene el carácter de consumado, también lo es que de conformidad con los artículos 77 y 78 de la misma Ley de Amparo, en caso de una eventual concesión de la protección constitucional solicitada, los efectos se traducirían en que se le dejen de aplicar a la quejosa los preceptos tildados de inconstitucionales. Por ende, es claro que no se trata de un acto consumado de manera irreparable. La misma autoridad, señala que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que, considera, el acto reclamado no ocasiona afectación alguna en perjuicio de la quejosa, al tratarse de cuestiones de legalidad y no de constitucionalidad. Dicha causa de improcedencia se desestima, ya que los motivos que indica serán materia de análisis con base en los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, a fin de determinar si el acto impugnado es o no violatorio de derechos fundamentales; es decir, involucra cuestiones de fondo del asunto. Cobra aplicación la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 287 del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Materia Común, de la Novena Época, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." En tales circunstancias, en el caso, no se actualiza la causa de improcedencia propuesta. Por consiguiente, al no existir otra causal de improcedencia prevista por el artículo 61 de la Ley de Amparo, hecha valer por las partes, ni advertir de oficio la actualización de alguna, se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación en relación a la inconstitucionalidad planteada. Resultan infundados los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, motivo por el cual deberá negársele el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En sus conceptos de violación arguye la quejosa que se transgreden en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales en relación al 17 del mismo ordenamiento legal, ya que los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio que tacha de inconstitucionales, generan incertidumbre jurídica al hacer referencia a un índice nacional de precios al consumidor sin especificar en qué ley federal o estatal se encuentra dicho parámetro, o bien, qué autoridad es la facultada legalmente para emitirlo, lo que dice transgrede su derecho de defensa. Lo anterior es infundado por lo siguiente. En primer término, es preciso transcribir lo dispuesto por los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio. "Artículo 1339.- Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $705,379.03 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. (...) Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $705,379.03 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." De dichos artículos se advierte que resultan irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $705,379.03 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Entonces, contrario a lo que asevera la quejosa, dicha circunstancia no le restringe su derecho de defensa, ya que si bien es cierto que el recurso de apelación resulta improcedente en contra de la sentencia dictada en el juicio de origen, ello al tomar en consideración que la cuantía reclamada en ese juicio, es de un monto inferior al establecido en los citados artículos, también lo es que en contra de esa sentencia definitiva procedía un medio extraordinario de defensa, como lo es el juicio de amparo directo, el cual estuvo en aptitud de promover. En efecto, el derecho de los particulares al uso de los recursos, como medios de impugnación, para corregir el error en la aplicación del derecho o la valoración de los hechos realizada por la autoridad judicial, no es absoluto e ilimitado, sino que está sujeto a un parámetro de racionalidad y, dado que en la Constitución General no hay un parámetro específico para determinar la constitucionalidad de la ley del proceso, sino únicamente principios que imponen que la justicia sea pronta, completa e imparcial, ello debe tomarse como las bases que sirven para confrontar la ley ordinaria, con el texto constitucional, por lo que el derecho de defensa del particular debe ser acorde con una sentencia pronta y completa. Entonces, dado que las características del recurso constituyen aspectos de libre configuración al legislador, sujetos a que sean acordes con los principios de justicia pronta, expedita e imparcial. De ello se sigue que la necesidad de que una resolución sea revocable, ante la autoridad que emitió la determinación impugnada, o apelable ante el tribunal de segunda instancia, sólo debe atender a criterios de razonabilidad que permitan que la solución de las controversias imponga reglas comunes al mismo procedimiento y a todos los sujetos, que por la naturaleza de la cuestión a resolver, sea adecuado que la decisión la adopte el mismo Juez que emitió el acto recurrido o un superior jerárquico, atendiendo a la complejidad del tema o su incidencia transitoria o definitiva en el proceso. A que se dicte en un plazo prudente que no frustre el interés de las partes a que se emita una sentencia vinculatoria y definitiva sobre el tema del litigio, y que existan bases objetivas que impidan que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales. Por ende, resulta racional fijar un límite a las dos instancias en función de la cuantía del negocio, de manera que, a menor cuantía, mayor celeridad y concentración del proceso para obtener una sentencia pronta y completa. Luego, dado que la cuantía es un factor racional y objetivo para determinar si un asunto debe resolverse en una o dos instancias, cuando se parte del supuesto de que la determinación impugnada no es la resolución definitiva sino una intermedia, interlocutoria o de trámite, resulta razonable que sea la propia autoridad judicial que la emitió quien lo resuelva, en atención a que el tiempo para hacerlo será menor porque conoce de las constancias de autos y, la cuestión procedimental alusiva, no implica una decisión determinante de la jurisdicción del juzgador o un obstáculo para que el procedimiento continúe. En cambio, ante la sentencia que decide el fondo de la instancia, en que la oportunidad del recurso puede resultar, en principio, razonable, porque ya se ha agotado la jurisdicción del Juez al fijarse el derecho aplicable a la controversia y estar resueltas las cuestiones debatidas, corresponde a la autoridad superior conocer del recurso interpuesto y resolverlo. No obstante ello, el legislador puede establecer, con base en los principios organizativos de la garantía de acceso a la tutela judicial efectiva, como el de prontitud, que una determinación judicial no sea recurrible por diversas razones que atañen a la cuantía o a la materia, que impliquen y produzcan, inclusive, mayores beneficios para las partes que los que pretenden alcanzarse de ser acogido el recurso. O bien, que por la naturaleza propia del recurso, del tiempo empleado y los recursos humanos y materiales que se ocupan, no resulte idónea su utilización y, en todo caso, el examen de la legalidad de la resolución o de su constitucionalidad quede destinada al examen que de ella se haga a través de los medios extraordinarios, como el juicio de amparo. De ahí que la limitante en razón de la cuantía del asunto contenida en los artículos citados del Código de Comercio, no resulte transgresora de los derechos defensa, contenidos en el artículo 16 de la Constitución Federal, en relación con el 17 del mismo cuerpo normativo. Sirve de apoyo a lo anterior, lo establecido en el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, del siguiente rubro y texto: "APELACIÓN. EL ARTÍCULO 434 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, AL LIMITAR SU PROCEDENCIA A LOS ASUNTOS CUYO MONTO SEA SUPERIOR A SETECIENTOS VEINTE DÍAS DE SALARIO MÍNIMO, NO ES VIOLATORIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE AUDIENCIA Y DEFENSA CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La concreta observancia de las garantías de defensa y derecho de impugnación, a través del empleo de recursos o medios de defensa ordinarios, debe ser configurada, por el legislador local, sobre las bases descritas en el artículo 17 de la Carta Magna, por cuanto autoriza la fijación de plazos y términos para su goce. Así, el derecho de los particulares al uso de los recursos, como medios de impugnación, para corregir el error en la aplicación del derecho o la valoración de los hechos realizada por la autoridad judicial, no es absoluto e ilimitado, sino que está sujeto a un parámetro de racionalidad y, dado que en la Constitución General no hay un parámetro específico para determinar la constitucionalidad de la ley del proceso, sino únicamente principios que imponen que la justicia sea pronta, completa e imparcial, ello debe tomarse como las bases que sirven para confrontar la ley ordinaria, con el texto constitucional, por lo que el derecho de defensa del particular debe ser acorde con una sentencia pronta y completa. Luego, dado que las características del recurso constituyen aspectos de libre configuración al legislador, sujetos a que sean acordes con los principios de justicia pronta, expedita e imparcial; de ello se sigue que la necesidad de que una resolución sea revocable, ante la autoridad que emitió la determinación impugnada, o apelable ante el tribunal de segunda instancia, sólo debe atender a criterios de razonabilidad que permitan que la solución de las controversias imponga reglas comunes al mismo procedimiento y a todos los sujetos, que por la naturaleza de la cuestión a resolver, sea adecuado que la decisión la adopte el mismo Juez que emitió el acto recurrido o un superior jerárquico, atendiendo a la complejidad del tema o su incidencia transitoria o definitiva en el proceso; a que se dicte en un plazo prudente que no frustre el interés de las partes a que se emita una sentencia vinculatoria y definitiva sobre el tema del litigio, y que existan bases objetivas que impidan que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales. Así, resulta racional fijar un límite a las dos instancias en función de la cuantía del negocio, de manera que, a menor cuantía, mayor celeridad y concentración del proceso para obtener una sentencia pronta y completa. Luego, dado que la cuantía es un factor racional y objetivo para determinar si un asunto debe resolverse en una o dos instancias, cuando se parte del supuesto de que la determinación impugnada no es la resolución definitiva sino una intermedia, interlocutoria o de trámite, resulta razonable que sea la propia autoridad judicial que la emitió quien lo resuelva, en atención a que el tiempo para hacerlo será menor porque conoce de las constancias de autos y, la cuestión procedimental alusiva, no implica una decisión determinante de la jurisdicción del juzgador o un obstáculo para que el procedimiento continúe. En cambio, ante la sentencia que decide el fondo de la instancia, en que la oportunidad del recurso puede resultar, en principio, razonable, porque ya se ha agotado la jurisdicción del Juez al fijarse el derecho aplicable a la controversia y estar resueltas las cuestiones debatidas, corresponde a la autoridad superior conocer del recurso interpuesto y resolverlo. Sin embargo, el legislador puede establecer, con base en los principios organizativos de la garantía de acceso a la tutela judicial efectiva, como el de prontitud, que una determinación judicial no sea recurrible por diversas razones que atañen a la cuantía o a la materia, que impliquen y produzcan, inclusive, mayores beneficios para las partes que los que pretenden alcanzarse de ser acogido el recurso; o bien, que por la naturaleza propia del recurso, del tiempo empleado y los recursos humanos y materiales que se ocupan, no resulte idónea su utilización y, en todo caso, el examen de la legalidad de la resolución o de su constitucionalidad quede destinada al examen que de ella se haga a través de los medios extraordinarios, como el juicio de amparo. En tales condiciones, la limitante contenida en el dispositivo legal de la citada legislación local, en razón de la cuantía del asunto, no resulta transgresora de los derechos fundamentales de audiencia y defensa, contenidos en el artículo 16 de la Constitución Federal." Por ende, es claro que ese derecho de defensa al que hace referencia la quejosa, no se ve vulnerado, pues será un órgano colegiado federal, el encargado de revisar la legalidad de ese acto. Sin que obste que los artículos en comento no refieran que autoridad es la encargada de actualizar el índice nacional de precios al consumidor, pues de conformidad con el artículo 59 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), elaborar dicho índice. Ley que se encuentra debidamente publicada en el Diario Oficial de la Federación, por lo que resulta de observancia obligatoria para todos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del siguiente rubro y texto: "INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, DESDE EL 16 DE JULIO DE 2011 TIENE COMPETENCIA EXCLUSIVA PARA ELABORAR EL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. El ordenamiento indicado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2008 y entró en vigor a los noventa días naturales posteriores, esto es, el 16 de julio del mismo año, mientras que su artículo 59, fracción III, inciso a), que prevé la facultad exclusiva del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de elaborar el Índice Nacional de Precios al Consumidor, inició su vigencia tres años después; es decir, el 16 de julio de 2011, de conformidad con el transitorio primero de la propia ley. Por tanto, a partir de esta última fecha, el organismo público mencionado tiene competencia exclusiva para elaborar el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Sin que sea óbice a lo anterior que, en términos de los numerales 20 y 20-Bis del Código Fiscal de la Federación, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2011 -al haberse reformado mediante decreto publicado en el señalado medio el 12 del mismo mes y año, que rigió desde el 1 de enero siguiente-, dicha facultad correspondía al Banco de México, dado que éstos se modificaron para reconocer la atribución de aquella autoridad. En las relatadas consideraciones, al resultar infundados los conceptos de violación expresados por la quejosa en relación a la inconstitucionalidad de los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación en relación al acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 401/2019. Resultan infundados los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa, motivo por el cual deberá negársele el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Ahora bien, es importante señalar que de las constancias certificadas remitidas por la Juez responsable (anexos I y II), a las que se les otorgó pleno valor probatorio en párrafos anteriores de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se desprende lo siguiente: 1.- Que Karina Marisol Hernández Pasos, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de GABRIELA VELAZQUEZ REYES, de quien reclamó el pago de la suma de $23,000.00 (veintitrés mil pesos como suerte principal), así como el pago de los intereses moratorios y el pago de costas y gastos del procedimiento, mismo que fue admitido a trámite mediante auto de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, bajo el número de expediente 401/2019, (fojas 1 a 11). 2. Que seguido el juicio en sus diversas etapas procesales, en fecha veinticinco de enero de dos mil veintiuno, la Juez responsable dictó sentencia definitiva en la que condenó a la demandada al pago de las prestaciones reclamadas, (fojas 62 a 70). 3. En contra de dicha determinación, la aquí quejosa interpuso recurso de apelación, el cual, por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, no fue admitido al considerar la responsable que la sentencia era irrecurrible en virtud de que de conformidad con el artículo 1339 del Código de Comercio reformado, en los asuntos en los que el monto fuese inferior a los setecientos cinco mil trescientos treinta y nueve con tres centavos por concepto de suerte principal, no procedía el recurso de apelación; auto que constituye el acto reclamado, (foja 90) Sentado lo anterior, se tiene que la Juez responsable consideró que no era admisible el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en virtud de que la cuantía reclamada en el juicio era inferior a la establecida en los artículos 1339 y 1440 del Código de Comercio reformado, los cuales disponían que en los asuntos donde el monto de lo reclamado fuese inferior a la cantidad de setecientos cinco mil trescientos treinta y nueve pesos con tres centavos por concepto de suerte principal, no procedería el recurso de apelación, por lo que las sentencias dictadas en esos asuntos serían irrecurribles. En sus conceptos de violación, en esencia la quejosa señala que la responsable, de manera inexacta e incorrecta aplicó los artículos 1339 y 1440 del Código de Comercio reformado, al negarse a admitir el recurso de apelación que interpuso en contra de la sentencia definitiva, lo que transgredió en su contra lo dispuesto por el artículo 14 y 16 Constitucionales. Lo anterior es infundado, por lo siguiente. En efecto, tal y como lo determinó la Juez responsable, la sentencia definitiva de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, los cuales establecen, en la parte que interesa, que resultan irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $705,379.03 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. De modo que, la cantidad que determina la irrecurribilidad de las resoluciones y sentencias es la que corresponda únicamente al concepto de suerte principal; de ahí que sea también la única referencia en cantidad líquida a la que debe atenderse para determinar la procedencia del recurso de apelación. Con base en esas premisas, es importante analizar el escrito de demanda, que es el que da origen al expediente del cual deriva el acto reclamado, así como las constancias remitidas por la responsable. De su contenido, se observa que la actora del procedimiento de origen, reclamó el pago de la cantidad de de $23,000.00 (veintitrés mil pesos como suerte principal), así como el pago de los intereses moratorios y el pago de costas y gastos del procedimiento. En este contexto, si de conformidad con los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, se determina la irrecurribilidad de resoluciones y sentencia inferiores a $705,379.03 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda; consecuentemente, fue apegado a derecho que la juez responsable desechara el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primara sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "APELACIÓN EN EL JUICIO MERCANTIL. PARA LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA DEBE ATENDERSE, POR REGLA GENERAL, A LA NORMA VIGENTE AL MOMENTO DE APELAR, SALVO QUE EXISTAN DERECHOS ADQUIRIDOS O DISPOSICIONES TRANSITORIAS QUE PREVEAN UNA VIGENCIA ESPECÍFICA DEL SUPUESTO NORMATIVO. La norma aplicable para determinar la procedencia del recurso de apelación en razón de la cuantía del juicio, prevista en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, debe ser la vigente al momento de actualizarse el supuesto respectivo, al ser de carácter procesal, es decir, cuando llegue el momento de apelar la sentencia, como regla general. Lo anterior, porque de acuerdo con las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, en las cuales se ha apoyado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar la vigencia de las leyes en el tiempo, las facultades y cargas procesales de las partes se concretan en la etapa para la cual están previstas, de suerte que mientras no se actualice el supuesto normativo, el derecho no se ha adquirido sino sólo constituye una expectativa de derecho, y si la norma cambia antes de llegar a la etapa correspondiente, una vez actualizada ésta debe regir la nueva norma. Y lo mismo puede sostenerse bajo la teoría de los componentes de la norma, porque hasta que el procedimiento llega a cierta etapa tiene lugar el supuesto y, por tanto, también su consecuencia. Sin embargo, sobre dicha norma general se advierten dos excepciones que derivan: 1) de las normas transitorias de los decretos de reformas a tales preceptos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril y el 30 de diciembre de 2008, respectivamente, donde el legislador dispuso expresamente que las nuevas reglas no serían aplicables a juicios cuya demanda se hubiera admitido con anterioridad a la entrada en vigor del primer decreto (90 días después de su publicación); y, 2) del derecho adquirido por las partes que, antes de la reforma publicada en el mismo medio de difusión oficial el 9 de enero de 2012, hubieran interpuesto y se les hubiera admitido recurso de apelación preventiva, pues con esto se generó en su favor el derecho de apelar contra la sentencia definitiva, del cual no puede privárseles con la nueva regla que incrementa el importe mínimo del negocio para admitir el recurso respectivo, porque entonces ésta sería retroactiva en perjuicio de los interesados. Lo anterior, en el entendido de que el juzgador no debe desconocer la facultad de las partes de renunciar a los recursos a que tienen derecho, en términos del artículo 1053, fracción IV, en relación con los diversos 1051 y 1052 del Código de Comercio." Así como la jurisprudencia de la Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "RECURSO NO IDÓNEO. LA SENTENCIA EMITIDA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE CONSTITUYE EN DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO, CUANDO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA ES IRRECURRIBLE, CONFORME AL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AUNQUE SE HAGA VALER LA APELACIÓN Y ÉSTA SE DESECHE. Acorde con los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario alguno por el que puedan ser modificadas o revocadas; ello, dada su naturaleza de medio extraordinario de defensa ante la falta de recursos ordinarios por virtud de los cuales el gobernado pueda impugnar la sentencia que le agravia. De esta manera, si el artículo 1339 del Código de Comercio, excluye la procedencia del recurso de apelación contra sentencias que decidan el juicio en lo principal, cuyo valor del negocio sea inferior a una determinada cuantía, resulta inconcuso que las emitidas en juicios ejecutivos mercantiles, que por razón de cuantía son irrecurribles, se constituyen en definitivas para efectos del juicio de amparo directo; de ahí que la circunstancia de que una de las partes interponga en su contra el recurso de apelación previsto en el citado artículo 1339 y que el juez de la instancia determine no admitirlo, desecharlo o tenerlo por no interpuesto, no constituye un obstáculo para que, en el plazo previsto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, proceda el juicio de amparo directo promovido contra dicha sentencia." Por otra parte, en relación a que el acto reclamado no cumple con la debida fundamentación y motivación prevista en los artículos 14 y 16 constitucionales; debe señalarse que contrario a lo que afirma la quejosa, la Juez responsable en forma correcta citó los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, que prevén que la apelación sólo procede en asuntos cuya cuantía exceda de $705,379.03 por concepto de suerte principal, que es el tema central de la sentencia que constituye el acto reclamado. De ahí la debida fundamentación y motivación de la resolución que constituye el acto reclamado y que por ende, esos argumentos resulten infundados. En las relatadas consideraciones, al resultar infundados los conceptos de violación expresados por la quejosa, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a GABRIELA VELÁZQUEZ REYES, por propio derecho, en contra de los actos atribuidos a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por los motivos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a GABRIELA VELÁZQUEZ REYES, por propio derecho, contra el acto que reclama a la Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y actuario de su adscripción, por los motivos expuestos en el considerando sexto de este fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el considerando noveno, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano