Gerardo Ambrocio Matus
Expediente 730/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 730/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gerardo Ambrocio Matus
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que negó el amparo y protección de la justicia federal en este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional en sentencia se negó el amparo, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 17, fracción III, inciso a) del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su conservación. Por tanto, transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su trasferencia. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Finalmente, devuélvase a la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el tomo de pruebas que remitió como apoyo a su informe justificado, por carecer de objeto que continúen en resguardo de este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista y por oficio a la autoridad responsable.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Vistas las certificaciones de cuenta se advierte que en el expediente principal del que emana el presente incidente, con esta fecha se ordenó el archivo definitivo; asimismo, que se concedió la suspensión definitiva solicitada; y que no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y que en este asunto se concedió la suspensión definitiva, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se estima que el original de este incidente de suspensión es conservable, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b) del citado Acuerdo General. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado. Por tanto, con fundamento en la fracción III inciso b) del artículo 17 del citado acuerdo, se considera que este expediente es conservable hasta por el plazo de tres años, por lo que una vez transcurrido el plazo de tres años al dictado de este acuerdo hágase la transferencia respectiva. En términos de los artículos 34 y 44 multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese mediante lista de acuerdos a las partes.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 730/2023, promovido por Gerardo Ambrocio Matus, contra actos que reclamó de la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. El problema jurídico planteado en el presente asunto exige analizar en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de un fallo de fondo, si el acto impugnado vulnera en perjuicio del justiciable los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O S I. ANTECEDENTES En la causa penal 176/2022 del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, el tres de noviembre de dos mil veintidós se dictó auto de vinculación a proceso contra Gerardo Ambrocio Matus por el hecho que la ley señala como delito de homicidio y lesiones culposas. Contra dicho auto de vinculación a proceso la defensa promovió recurso de apelación el cual quedó registrado con el toca JOTPAI/007/2023 del índice de la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, donde mediante resolución de veintitrés de junio de dos mil veintitrés se dictó una resolución en la que se confirmó el auto recurrido, lo cual constituye el acto reclamado. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Gerardo Ambrocio Matus promovió el presente juicio de amparo mediante escrito presentado el diecisiete de julio de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. Señaló como autoridad responsable y acto reclamado lo siguiente: Autoridad responsable: - Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. - Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet. Acto reclamado: La resolución de veintitrés de junio de dos mil veintitrés emitida en el toca penal JOTPAI/007/2023 del índice de la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el que confirmó el auto de vinculación a proceso dictada el tres de noviembre de dos mil veintidós en la causa penal 176/2022 del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet. La parte quejosa precisó que se vulneraron sus derechos fundamentales establecidos en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En proveído de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, este juzgador ordenó el registró de la demanda con el número de expediente 730/2023, la admitió, requirió a las autoridades responsables su respectivo informe justificado, dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del presente expediente en todas sus etapas procesales, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O S COMPETENCIA Este Juzgado es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado: La resolución de veintitrés de junio de dos mil veintitrés emitida en el toca penal JOTPAI/007/2023 del índice de la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el que confirmó el auto de vinculación a proceso dictada el tres de noviembre de dos mil veintidós en la causa penal 176/2022 del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado de la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y el Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, lo cual se corrobora con las constancias que remitió el titular de esa sala al rendir dicho informe, a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con su ordinal 2°. OPORTUNIDAD La parte quejosa fue notificada vía correo electrónico el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, por tanto, conforme al artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, surtió efectos al día siguiente, esto es, el veintinueve siguiente, y su cómputo inicia a partir de ese día, conforme al artículo 94 de esa legislación. En ese sentido, el plazo genérico de quince días previsto por el arábigo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo para promover el juicio constitucional transcurrió para la inconforme del veintinueve de junio al diecinueve de julio de dos mil veintitrés, descontándose los sábados y domingos que mediaron en ese periodo, por ser inhábiles en términos de lo establecido por el normativo 19 de la Ley de Amparo; en tanto que la demanda se presentó en el buzón judicial el diecisiete de julio del año en curso; por tanto, es oportuna. ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Lo aleguen o no las partes, es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo del juicio constitucional, por constituir una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. No obstante, no se advierte alguna causa de improcedencia, por ello, se procede a examinar las cuestiones de fondo del presente asunto. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa en su demanda de amparo, no se transcriben en este apartado, en obvio de repeticiones y bajo el principio de economía procesal; además, el artículo 74, ni algún otro de la Ley de Amparo prevé la obligatoriedad de realizar tal transcripción. No obstante, para mejor compresión se realiza una síntesis de éstos. Que la autoridad responsable no analizó de fondo si los datos de prueba son idóneos, pertinentes y suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso. Que es erróneo lo aseverado por la autoridad responsable en cuanto a que el imputado debía cederles el paso a los peatones que ya se encontraban en la superficie de rodamiento, aunado a que el deber de cuidado que protege la norma al establecer el límite de velocidad de sesenta kilómetros por hora es para evitar la muerte por colisiones de vehículos y no la muerte de peatones que imprudentemente cruzan la carretera sin que sea un paso peatonal y sin cerciorarse que no corrían ningún peligro en términos de la fracción III del artículo 79 del Reglamento de Vialidad para el municipio de Oaxaca de Juárez. Que la determinación en la que no se restó valor probatorio al video que corre agregado a la investigación, en virtud de que no se advierte que el conductor de la camioneta negra cediera el paso a las víctimas es incorrecta. La autoridad responsable dejó de observar que en el dictamen de mecánica de hechos emitido por Alvar Gabriel Cid Sánchez, perito de la fiscalía concluyó que las causas principales que suscitaron el presente hecho de tránsito fueron por falta de precaución de los peatones de nombre Zandro Emanuel Acevedo Santos y Marlen Jarquin Ramírez, al realizar el cruce de una avenida sin percatarse de que podían hacerlo, ya que al ser una vía de tres carriles la camioneta que circulaba en el carril de alta velocidad les impedía tener un campo visual amplio, que dicho perito dijo que en el video que analizó se advierte que la camioneta azul que circula en el carril izquierdo disminuye su velocidad pero nunca se aprecia alguna señal que les ceda el paso a los peatones y aunque dicha camioneta no hizo alto total los peatones comienzan a cruzar, con lo cual infringen el deber de cuidado de cruzar únicamente cuando estén seguros, conforme al artículo 79, fracción III del Reglamento de Vialidad para el municipio de Oaxaca de Juárez. Que es erróneo lo determinado por la autoridad responsable donde sostuvo que el lugar donde ocurrieron los hechos no es una intersección, porque en el lugar donde ocurrieron los hechos desemboca una calle, por lo tanto es una intersección. El quejoso sostuvo que la autoridad responsable dejó de observar lo siguiente: 1) Que el perito Alvar Gabriel Cid Sánchez no estableció en su dictamen la fórmula matemática, física o aritmética que utilizó para llegar a la conclusión que el imputado circulaba a una velocidad de 80 km/h, habida cuenta que el único dato objetivo con que contaban los peritos para calcular la velocidad lo era la huella de frenado de diez metros que se encontró en lugar de los hechos. 2) Que el perito Alvar Gabriel Cid Sánchez refirió zona escolar, sin acreditar que efectivamente se encontrara esa escuela a 150 metros, sino únicamente el anuncio, ni se justificó si en la hora y fecha del hecho, estuvieran concurriendo alumnos de la escuela citada, ni los horarios de entrada y salida de los alumnos de esa escuela, ello en atención de que el hecho de que exista alguna zona escolar, el deber de cuidado protege a los alumnos en las horas de entradas y salidas a su institución escolar, y no así en el resto del día. 3) Que el perito dejó de observar que los peatones cruzaron aun viendo que estaba parado momentáneamente un autobús del transporte público, no obstante que el perito refiere que en el minuto 14:28:16, los peatones continúan esperando a cruzar y se observa en el lado izquierdo que el autobús del transporte público se encontraba descendiendo pasaje y no interfería en la visibilidad de los peatones, porque eso significa que estaba parado momentáneamente, por tanto, los peatones no debieron de haber cruzado, puesto que hay una prohibición legal expresa, conforme a la fracción VI del artículo 79 del Reglamento de Vialidad para el municipio de Oaxaca de Juárez. 4) Que el imputado hizo maniobra para esquivar a los peatones y que éstos se regresaron al camellón, lo que era imprevisible, y fue ahí donde se produjo el impacto. La responsable da valor probatorio al dictamen de la perito tercero en discordia por el simple hecho de ser perito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, aunado a que dicha perito obtuvo que la velocidad a que se desplazaba el vehículo fue de 94.33 km/h, lo que es contradictorio con el perito de la fiscalía que dijo que a 80km/h, y contradictorio con los resultados del perito nombrado por la defensa, lo que a juicio de la defensa pone en duda la fiabilidad de dichos dictámenes, ya que contaban con solo dato objetivo, esto es, la huella de frenado de diez metros, y lejos de atender a los argumentos realizados por la defensa contra el perito del poder judicial, la responsable se limitó a decir que a pesar de que los peritos de la fiscalía y del tribunal no eran coincidentes en sus conclusiones respecto de la velocidad a la que conducía el imputado, eso no hacia inverosímiles sus dictámenes. Que la autoridad responsable dejó de observar que de todos los dictámenes que se incorporaron a la audiencia el del perito de la defensa fue el único que se basó en datos objetivos para determinar la velocidad a la que circulaba el hoy quejoso en el día y hora de los hechos y el único perito que utilizó una fórmula de la física para determinar la velocidad. De ahí pues que la sala responsable fue parcial con la parte acusadora al no darle valor al perito de la defensa por el simple hecho de ser un perito contra dos, lo cual es ilegal puesto que no se trata de cuantos peritos presente la parte acusadora, sino de cuan fiables son dicho peritos. La autoridad responsable estuvo en lo incorrecto al no tomar en cuenta las conclusiones del perito de la defensa respecto de que los hechos se debieron a la imprudencia de las víctimas al infringir la fracción III del Reglamento de Vialidad de Oaxaca de Juárez. La responsable se limitó a dar una definición de la imputación objetiva sin analizar cada uno de sus elementos, aunado a que para entrar al estudio de dicha figura, la responsable debió de observar que el fin de la norma de conducir a una velocidad máxima de 60 km/h en la zona donde ocurrieron los hechos es proteger que no haya muertes por colisiones de vehículos y no así a los peatones que imprudentemente se cruzan en una carretera internacional en una zona donde no es paso peatonal, sin verificar que pueden cruzar con toda seguridad. La responsable omitió atender a la imputación objetiva para resolver el asunto puesto a su consideración, a pesar de haber sido planteado por la defensa, faltando al principio de congruencia y exhaustividad de las resoluciones. La autoridad responsable consideró que el imputado conducía a más de 60km/h, por lo cual consideró que el imputado si está en un riesgo prohibido, por lo cual la responsable debió pasar al segundo elemento que es analizar si se realizó el riesgo en el resultado, lo cual no sucede en el presente asunto, pues no quedó acreditado que el hecho haya sido causado por la velocidad a que conducía el imputado sino por la conducta imprudente de las víctimas de cruzar sin estar seguros para hacerlo en un lugar que no era paso peatonal, y que además no había semáforos ni rayas de cebra o marimba, ni era controlado por policías viales, sin embargo, para la sala responsable el hecho si debió a la velocidad a la que conducía el imputado, por lo cual debió de parar al estudio del tercer elemento que es que es el fin de protección de la norma, y en el caso en concreto, la Juez debió de analizar qué es lo que protege el deber de cuidado de ir a 60km/h, en esa zona, y de haberlo analizado debió de advertir que lo que protege el deber de cuidado es que no haya muerte por colisión de vehículos, es decir, no protege a peatones que sin el más mínimo cuidado se cruzan imprudentemente una avenida, pues en este último caso, los ciudadanos tienen un deber mínimo de autoprotección, de tal forma que el Estado no puede responder ante todas las lesiones de bienes jurídicos y dicha afectación será atribuible al ámbito de responsabilidad de la víctima, puesto que se colman los requisitos para ese ámbito de responsabilidad, los cuales son: 1.Que el peligro sea conocido para la víctima (si era conocido para la víctima que cruzar una avenida es peligroso); 2. Que una vez conocido el peligro, lo asuma (a pesar de no estar seguros de que no venía ningún carro, cruzaron), 3. Que no sea un niño (eran mayores de edad), 4. Que no se trate de un delito vs dignidad, libertad sexual (es un delito de homicidio y lesiones culposas). La sala responsable dejó de observar que la teoría de la imputación objetiva es útil para para resolver casos derivados de tránsito vehicular. La autoridad responsable debió analizar si la acción del imputado ha creado o incrementado un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del resultado y si el resultado derivado de dicha acción es la realización del mismo peligro creado. De manera que de faltar alguna de estas dos condicionantes, complementarias de la causalidad natural, se eliminará la tipicidad de la conducta y, por consiguiente, su relevancia para el derecho penal. Citó la tesis aislada I.9o.P.311 P (10a.), con registro digital 2022967, emitido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con título y subtitulo siguiente: "ATIPICIDAD DEL DELITO DE LESIONES CULPOSAS. SI NO SE ACREDITA EL ELEMENTO OBJETIVO, CONSISTENTE EN EL NEXO DE RIESGO, MEJOR CONOCIDO COMO IMPUTACIÓN NORMATIVA DEL RESULTADO A LA CONDUCTA, SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 29, APARTADO A, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 405, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES" La autoridad responsable no analizó correctamente los elementos del delito imprudente, a pesar de haber sido planteado por la defensa, faltando al principio de congruencia y exhaustividad de las resoluciones. Dejó de ver que la clasificación del deber de cuidado, se divide en: 1.- Deber de cuidado interno, deber de previsión y 2.- Deber de cuidado externo, deber de actuar prudentemente. ESTUDIO DEL ASUNTO Ahora bien, previo al análisis de dicho acto reclamado, es pertinente puntualizar que a partir de la reforma constitucional de junio de dos mil ocho, el sistema penal cambió radicalmente y con ello, los recursos ordinarios que actualmente se encuentran homologados a nivel nacional por el Código Nacional del Procedimientos Penales. En ese sentido, los principios de concentración, continuidad e inmediación que rigen el sistema, se encuentran diseñados para materializar el derecho a una justicia pronta, entre otros, de manera tal que los juicios penales no se extiendan más allá de los plazos constitucionales establecidos en el artículo 20, apartado B, fracción VII, de la Constitución Federal, por actuaciones judiciales, pues la única excepción a ello, lo constituye el derecho de defensa. De acuerdo con lo expuesto, es necesario destacar que el legislador, específicamente en relación con las decisiones tomadas por jueces de control en las etapas preliminares del procedimiento y la referente a la adoptada en la etapa de juicio, diseñó un sistema de recursos estricto, a fin de dotar de celeridad al procedimiento de acuerdo con las reglas generales del artículo 456 del mencionado código nacional. Para ello, el legislador previó disposiciones para la admisibilidad y procedencia de los recursos que pueden ubicarse como condiciones de interposición y de admisibilidad, así como los plazos que consideró prudentes. Lo anterior puede advertirse del contenido literal de los artículos 457, 458 y 471, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el siguiente: "Artículo 457. Condiciones de interposición Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este Código, con indicación específica de la parte impugnada de la resolución recurrida." "Artículo 458. Agravio Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo. El recurso deberá sustentarse en la afectación que causa el acto impugnado, así como en los motivos que originaron ese agravio." "Artículo 471. Trámite de la apelación El recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de control se interpondrá por escrito ante el mismo Juez que dictó la resolución, dentro de los tres días contados a partir de aquel en el que surta efectos la notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia y de cinco días si se tratare de sentencia definitiva. En los casos de apelación sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público se interpondrá ante el Tribunal de enjuiciamiento que dictó la resolución dentro de los tres días contados a partir de que surte efectos la notificación. El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del juicio, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, mediante escrito en el que se precisarán las disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes. En el escrito de interposición de recurso deberá señalarse el domicilio o autorizar el medio para ser notificado; en caso de que el Tribunal de alzada competente para conocer de la apelación tenga su sede en un lugar distinto al del proceso, las partes deberán fijar un nuevo domicilio en la jurisdicción de aquél para recibir notificaciones o el medio para recibirlas. Los agravios deberán expresarse en el mismo escrito de interposición del recurso; el recurrente deberá exhibir una copia para el registro y una para cada una de las otras partes. Si faltan total o parcialmente las copias, se le requerirá para que presente las omitidas dentro del término de veinticuatro horas. En caso de que no las exhiba, el Órgano jurisdiccional las tramitará e impondrá al promovente multa de diez a ciento cincuenta días de salario, excepto cuando éste sea el imputado o la víctima u ofendido. Interpuesto el recurso, el Órgano jurisdiccional deberá correr traslado del mismo a las partes para que se pronuncien en un plazo de tres días respecto de los agravios expuestos y señalen domicilio o medios en los términos del segundo párrafo del presente artículo. Al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, los interesados podrán manifestar en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el Tribunal de alzada." Como se observa, en el primero de dichos preceptos, el legislador estableció la obligación para el recurrente de precisar específicamente la parte impugnada de la resolución que le genera agravio, que debe exponer en el escrito por el cual se interpone. La finalidad de esa disposición es fijar adecuadamente la materia del recurso para no crear situaciones que generen la revisión oficiosa de apartados no considerados agraviantes para el promovente, de las resoluciones de los jueces de control, propios de un sistema de corte inquisitivo, sobre todo cuando las resoluciones se componen por diversas consideraciones jurídicas, pues ello generaría revisiones oficiosas que no son acordes con la figura del juez imparcial, ni con el principio de igualdad. De igual manera, el subsecuente numeral dispone que las partes solamente podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio y para ello, el recurso que interpongan debe sustentarse en la afectación y los motivos que generan el agravio. Circunstancias razonables si se considera que los recursos contra las decisiones del juez de control, deben ser ágiles, atendiendo a la celeridad propia del sistema acusatorio. Además, de fijar adecuadamente la litis y determinar, en un primer momento, si la decisión judicial puede o no causar agravio al apelante y verificar si éste no contribuyó a provocarlo, de lo contrario, se deja la carga al juzgador de interpretar qué parte de la determinación es la que se pretende impugnar, lo que atenta contra el principio de imparcialidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio, precisamente porque la procedencia del recurso debe sustentarse en la afectación que causa el acto impugnado y en los motivos que la originan. Por tanto, precisar la parte de la resolución que causa agravio es una exigencia mínima que no lesiona la sustancia del derecho de acceso a la justicia y tampoco constituye un formalismo o rigorismo excesivo, toda vez que ello es para estimar la viabilidad de abrir una segunda instancia para revisar la determinación de un juez de control. Lo que se vincula con lo dispuesto por el transcrito artículo 471 de dicho código adjetivo, referente a la tramitación del recurso de apelación ante la autoridad de primera instancia, pues en el escrito que se interponga deberán expresarse agravios y se exhibirá copia para registro y para cada una de las partes. De ahí que la necesidad del recurrente de indicar específicamente la parte impugnada de la resolución controvertida y formular los agravios que estime le depara, para con ello dar vista a la parte contraria y esté en posibilidad de pronunciarse respecto de los formulados por el recurrente, o bien, de manifestar por escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el tribunal de segundo grado o incluso, quien también tenga derecho a recurrir, adherirse, dentro del término de tres días contados a partir de recibido el traslado, al recurso interpuesto por cualquiera de las otras partes, siempre que cumpla con los demás requisitos formales de interposición, en términos de lo dispuesto por el artículo 473 del propio ordenamiento legal, salvaguarda el principio de concentración procesal, para dotar de mayor rapidez y celeridad en la tramitación del recurso de apelación; pero, primordialmente, el de igualdad de armas de las partes, que implica el equilibrio en las posiciones de éstas, equivalencia de oportunidades, homogeneidad razonable de medios e identidad de facultades para el desempeño de sus particulares roles, al conocerse la base específica de impugnación y los motivos de inconformidad respectivos. En ese sentido, debe considerarse que la disposición de expresar los agravios en el escrito de interposición de la apelación, obedece a un principio de razonabilidad jurídica, puesto que tiene como propósito que el apelante esgrima sus motivos de inconformidad tomando en cuenta que el recurrente conoce el proceso instruido y el contenido de la resolución que impugna, lo que permite afirmar que resulta suficiente para desglosar las consideraciones jurídicas que el apelante estima pertinentes y que puedan ser tomadas en cuenta al resolverse el recurso de apelación, todo ello, en un ámbito de igualdad procesal. Lo que tampoco constituye un obstáculo insuperable, ya que el recurrente no se encuentra imposibilitado para cumplir ese requisito, pues si se trata del imputado o la víctima u ofendido, éstos durante todo el tiempo del proceso, tienen asistencia técnica de su defensor y del asesor jurídico respectivamente. Ahora, tocante al tema de la suplencia de la queja deficiente, debe decirse que dicha institución operaba en el recurso de apelación en el procedimiento mixto; sin embargo, no es del todo compatible con el nuevo sistema acusatorio, precisamente porque compromete los principios de igualdad procesal e imparcialidad en que se sustenta. En efecto, el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone lo siguiente: "Artículo 461. Alcance del recurso El Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el Órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución. Si sólo uno de varios imputados por el mismo delito interpusiera algún recurso contra una resolución, la decisión favorable que se dictare aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente." Como puede verse, el numeral supratranscrito constriñe tajantemente a la autoridad de alzada a pronunciarse únicamente con relación a los agravios expresados por los recurrentes, vedando cualquier posibilidad de que extienda el examen de la decisión sometida a su potestad, a cuestiones no planteadas en el recurso, con la única excepción de que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. Lo hasta aquí expuesto pone de relieve que la Sala responsable, al emitir el acto que ahora se analiza, sólo podía pronunciarse sobre los agravios expresados por el apelante, precisamente por la especial naturaleza del sistema penal acusatorio, y de conformidad con el artículo 461, en relación con los diversos 458 y 471, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, a menos que advirtiera actos violatorios de derechos fundamentales, caso en el cual, se encontraba facultada para extender el examen de la decisión recurrida a ese único aspecto. Ahora bien, el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, prevé la suplencia de la queja deficiente en beneficio del inculpado (imputado) o sentenciado, aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. Sin embargo, esta figura sólo obliga al tribunal de amparo a analizar de oficio las posibles violaciones de derechos fundamentales; por tanto, cuando éstas no son alegadas, por ejemplo, con motivo de una actuación deficiente de la defensa o la reserva del derecho del imputado a no realizar manifestación alguna, el órgano constitucional es quien, a través de la suplencia de la queja, debe analizar si tales violaciones han acontecido y, en su caso, otorgar la protección solicitada. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 1a./J. 94/2011 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, página 689, Registro 160950, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE CONSIDERAR TODOS LOS ARGUMENTOS FORMULADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS O EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS TENDENTES A DESVIRTUAR LAS RAZONES QUE MOTIVARON SU DICTADO, AUN CUANDO NO SE HAYAN PLANTEADO EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE. El artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, prevé la suplencia de la queja deficiente en beneficio del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios; esta figura obliga al juez de distrito a analizar de oficio las posibles violaciones de derechos fundamentales, por tanto, cuando éstas no son alegadas, por ejemplo, con motivo de una actuación deficiente de la defensa o la reserva del derecho del imputado a no realizar manifestación alguna, el juez de amparo es quien, a través de la suplencia de la queja, debe analizar si tales violaciones han acontecido y, en su caso, otorgar el amparo. Por tanto, el órgano de control constitucional, en aplicación de la figura de la suplencia de la queja deficiente en beneficio del imputado, debe considerar todos los argumentos formulados por él o su defensor en la demanda de garantías o en el escrito de expresión de agravios, que estén encaminados a controvertir las razones que motivaron al juez de control o juez de garantía a dictar el auto de vinculación a proceso y el valor convictivo de los datos de investigación en que se apoya esta determinación, así como la deficiente valoración de los datos aportados en su defensa, supliéndolos en su deficiencia, aun cuando no los hayan hecho valer en la audiencia de imputación, a fin de verificar que los datos de investigación aportados por el Ministerio Público y en que se apoya tal determinación, se hayan ofrecido y desahogado conforme a derecho; y que las razones que motivaron su dictado tienen el debido sustento legal, esto es, la suplencia se torna absoluta, aun ante la ausencia de motivos de inconformidad, cuando deba subsanar de oficio posibles violaciones a derechos fundamentales, sin subrogarse en el papel de defensor." Y si bien en dicho criterio jurisprudencial se norma el actuar del órgano de amparo, en cuanto a la obligación de suplir la queja deficiente en tratándose de violaciones directas a derechos fundamentales, como el de defensa adecuada también es verdad que el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra, entre otros principios, el de contradicción, conforme al cual el agente del Ministerio Público y el imputado pueden debatir los hechos y argumentos jurídicos, normativos y jurisprudenciales de su contraparte, así como controvertir cualquier medio de prueba, para lo cual podrán hacer comparecer, interrogar o, en su caso, contrainterrogar a los testigos y peritos. De ahí que si el acto reclamado consiste en el auto de vinculación a proceso, o la resolución que lo confirma, y el imputado no ejerció su derecho a la contradicción, no es dable que pretenda hacer valer en el juicio de amparo cuestiones que no expuso ante el Juez de Control, o bien ante el Tribunal de Alzada, según corresponda, pues si alguno de éstos no estuvo en aptitud de pronunciarse al respecto, menos podrá hacerlo este órgano de control constitucional, toda vez que ello implicaría que se sustituya en atribuciones propias de la autoridad de instancia. Sin que lo anterior se contraponga a la institución de la suplencia de la queja en favor del reo, aun en ausencia de conceptos de violación, que establece el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que ello obliga a al juez de amparo analizar de oficio las posibles violaciones de derechos fundamentales, ya que en atención a esa institución el juez de amparo analizará todos los argumentos formulados como conceptos de violación que estén encaminados a controvertir las razones que motivaron al juez de control o juez de garantía a dictar el auto de vinculación a proceso y el valor convictivo de los datos de investigación en que se apoya esta determinación, así como la valoración de los datos aportados en su defensa, aun cuando no los hayan hecho valer en la audiencia de imputación, a fin de verificar que los datos de investigación aportados por el Ministerio Público y en que se apoya tal determinación, se hayan ofrecido y desahogado conforme a derecho; y que las razones que motivaron su dictado tienen el debido sustento legal. Además, por así disponerlo el precepto legal 75 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se encuentra sujeto a examinar el acto reclamado tal y como aparece probado ante la autoridad responsable; así como que en la propia sentencia solo se consideran los datos de prueba que justifiquen la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad; lo que se traduce en que este órgano de control no puede sustituir al ad quem y fundamentar la resolución en datos de prueba que no tuvo a la vista y en aquéllos que no tomó en cuenta la responsable al momento de emitir el acto reclamado. Consecuentemente, conforme a la naturaleza del sistema penal acusatorio, este tribunal constitucional se encuentra constreñido a verificar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, única y exclusivamente respecto del pronunciamiento realizado por el órgano jurisdiccional de segunda instancia, en vinculación con los conceptos de violación hechos valer en esta sede constitucional, a fin de no trastocar los principios fundamentales en que se sustenta el sistema penal acusatorio, concretamente el de contradicción e inmediación. No obstante, de advertirse queja deficiente que atender ésta operará aun ante la ausencia de conceptos de violación. Precisado lo anterior, procede analizar la constitucionalidad del acto que por esta vía reclama la parte quejosa, para lo cual debe partirse de que con independencia de los requisitos de fondo que deba cubrir para su emisión, el acto de autoridad está sujeto a lo dispuesto expresamente en el párrafo primero, del artículo 16 Constitucional, del cual se desprende que toda autoridad, para emitir una decisión en el ejercicio de sus funciones, con el objeto de realizar un acto de molestia, debe hacerla constar por escrito, dentro del ámbito de su competencia, así como fundarla y motivarla. Acorde a esos presupuestos, respecto a que el acto conste por escrito, no existe duda de que la determinación reclamada cumple con esa exigencia, dado que la Titular de la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, plasmó su decisión en la resolución de veintitrés de junio de dos mil veintitrés. En cuanto a la competencia de la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, es incuestionable que el órgano responsable cuenta con la misma, ya que en términos del artículo 23, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca le corresponde resolver los recursos que la ley de la materia determine en procesos seguido ante procesos ante la primera instancia, además, de que los hechos sucedieron dentro de la demarcación territorial del Estado de México; la competencia en cuanto al fuero le corresponde conforme al artículo 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que hace a los requisitos de fundamentación y motivación, debe precisarse que el primero concepto implica la cita de los preceptos jurídicos que establecen la hipótesis que general la emisión del acto reclamado en determinado sentido; en tanto, la motivación, se refiere a la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, por ello es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, esto último permite sostener que ambos conceptos están vinculados, en razón de que no puede existir motivación si es inexistente la subsunción entre el hecho y la norma legal. Sentado lo anterior, a efecto de analizar la constitucionalidad de la resolución reclamada, se reitera que conforme al artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales el tribunal responsable se encontraba constreñido a realizar el estudio exhaustivo del auto de vinculación apelado de manera oficiosa solo en el caso de que encontrara violación a derechos humanos y para determinar si la sala no pasó inadvertida alguna violación, para es necesario verificar si dicho tribunal convalidó la actuación de la Juez de Control al tenor de los que ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Para ellos, la autoridad debía observar que el artículo 19 Constitucional, señala que el auto de vinculación a proceso debe contener: 1) El delito que se impute al acusado. 2) El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. 3) Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. 4) Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por su parte, el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso son: a) Que se haya formulado imputación. b) Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. c) De los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba razonables que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley establezca como delito. d) Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su ejecución. e) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. De los requisitos antes establecidos, se desprende que en lo que respecta al precepto 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los puntos marcados en los incisos a) y b), se refieren a cuestiones del procedimiento que deben ser observadas durante la audiencia inicial. En primer término, respecto a las cuestiones procesales, debe decirse que legalmente, la sala de apelación convalidó el estudio de la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, pues estableció que la formulación de imputación se realizó en audiencia de tres de noviembre de dos mil veintidós, misma audiencia en la que se otorgó al imputado la oportunidad para declarar y previa consulta de su defensor decidió no hacerlo. Continuando con el análisis realizado por la Sala de apelación responsable, en cuanto a los requisitos señalados como c), d) y e), del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se tratan de requisitos de fondo que se encuentran claramente establecidos en el numeral 19 Constitucional, cuyo estudio se vincula al diverso 16 de la Ley fundamental. Bajo esa tesitura, el tribunal de apelación al analizar los requisitos de fondo declaró infundados los agravios expuestos por el imputado, considerando que los datos de prueba incorporados en audiencia inicial a la cual hizo referencia en su resolución, una vez que fueron valorados, los consideró idóneos y pertinentes para establecer razonablemente que se cometió los hechos que la ley señala como delitos de homicidio y lesiones culposas, y la probable intervención de Gerardo Ambrocio Matus, en su comisión, como ya lo había determinado la juez de control, asimismo, que no se actualizaba una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Luego, a efecto de verificar si el acto de la Sala se ajusta a derecho, es preciso establecer que el hecho por el cual el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso del imputado, durante la audiencia inicial (materia de análisis de la Sala responsable) fue: ".1. El veinte de abril del año dos mil veinte, aproximadamente a las 14:28, Gerardo Ambrocio Matus conducía el vehículo de motor marca Nissan, tipo Pick Up, color blanco con franjas negras en los costados, modelo 1993, con placas de circulación F88WAM de la Ciudad de México, sobre la Carretera Internacional 190, en Santa Rosa Panzacola, concretamente frente a la institución bancaria denominada 'Santander´, haciéndolo en el carril central, con dirección vehicular de Sureste a Noreste, a una velocidad mayor a la permitida en la zona, y al llegar a la altura del inmueble marcado con el número 1610, no se percata de la presencia de Zandro Emmanuel Acevedo Santos y Marlene Jarquin Ramírezciquien, quien llevaba en sus brazos a su hija identificada con las iniciales E.N.A.J, quienes en ese momento realizaban el cruce de la mencionada carretera con dirección de Sureste a Noreste, encontrándose sobre el carril central; momento en que Zandro Emmanuel Acevedo Santos es impactado en la parte lateral de su cuerpo, con la parte frontal del vehículo antes mencionado, saliendo proyectado dicho peatón sobre el cofre del vehículo, mientras tanto, la ciudadana Marlene Jarquín Ramírez y su hija que llevaba en brazos, son impactadas con la parte frontal derecha del vehículo, quedando también sobre el carril central. 2. El día veinte de abril del año dos mil veinte, Zandro Emmanuel Acevedo Santos falleció como consecuencia de las lesiones ocasionadas por el traumatismo craneoencefálico severo y la ciudadana Marlene Jarquín Ramírez resultó con diversas lesiones en distintas partes de su cuerpo y la niña identificada con las iniciales E.N.A.J., también resultó con lesiones que pusieron en peligro su vida." Por su parte, la autoridad responsable hizo alusión a que la Juez de Control que dictó el auto de vinculación a proceso tomó en consideración los siguientes datos de prueba: Parte informativo. Identificación de cadáver. Acata de nacimiento de Zandro Emmanuel Acevedo Santos. Declaración de la víctima Marlene Jarquín Ramírez. Inspección y levantamiento de cadáver. inspección ocular de vehículo de motor. Dictamen de lesiones de la víctima Marlene Jarquín Ramírez. Dictamen de necropsia. Declaración de Endier Gabriel Gutiérrez Cruz. Declaración de Fernando Ríos Cruz. Declaración del imputado Gerardo Ambrocio Matus. Certificado médico a favor de E.N.A.J. Expediente clínica de la víctima menor de edad de iniciales E.N.A.J. Declaración de la testigo Esperanza Núñez Montoya. Dictamen de mecánica de hechos emitida por los peritos oficiales. Respecto los datos de prueba mencionados el tribunal de apelación estableció que, como lo había sostenido la Juez de primera instancia, con ellos se tienen por acreditados legalmente los hechos que la ley señala como delitos y la probabilidad de que el imputado los cometió o participó en su comisión. En ese sentido la autoridad refirió que se estable razonablemente que el sujeto activo desplegó una conducta culposa de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 8 del Código Penal para el Estado de Oaxaca; es decir, el activo violó un deber de cuidado al circular a una velocidad no permitida y no ceder el paso a los peatones. Al respecto, esta autoridad considera legal que la autoridad responsable llegara a la conclusión de que con los datos de prueba, se desprende la existencia de los hechos que la ley señala como delito de homicidio y lesiones culposas, previstos y sancionado, el primero en los artículos 8, fracción II, en relación con el 258, y sancionado en el 289 en relación con el 58 del Código Penal para el Estado de Oaxaca; el segundo, contra Marlene Jarquín Ramírez en los artículos 271 y 272 en relación con el 8, fracción II, y 58 del mismo código penal, contra E.N.A.J. en los artículos 271 y 277 en relación con el 8, fracción II, y 58 de dicho código, pues en efecto, como concluyó la autoridad responsable, la Juez de Control contó con datos razonables para estimar que se cometió hechos que la ley señala como delitos y que el imputado participó en su comisión en grado de probable. Ello es así, pues los artículos antes mencionados establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 8.- Los delitos pueden ser dolosa o culposamente realizados. . II.- Actúa culposamente quien al momento de la realización del hecho típico infringe un deber objetivo de cuidado que, bajo las circunstancias concretas del hecho, podía y debía haber observado." ARTÍCULO 58.- Cuando el delito culposo lesione un solo bien jurídico, se impondrá al sujeto activo de la cuarta parte del mínimo a la cuarta parte del máximo de la punibilidad, o medida de seguridad, asignada al tipo doloso, salvo disposición en contrario. Se aplicará de la tercera parte del mínimo a la tercera parte del máximo de la sanción del correspondiente tipo doloso, en caso de homicidio y lesiones de las previstas por los artículos 275 o 276 y el sujeto activo se encontrare en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga. Se sancionará con la mitad del mínimo a la mitad del máximo de la pena asignada al tipo doloso en los siguientes casos: a).- Cuando el sujeto activo fuere operador de un vehículo destinado al servicio público de pasajeros o de transporte escolar y con ocasión de alguno de éstos servicios causare homicidio o lesiones previstas en los artículos 275 o 276; b).- Al que encontrándose en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga, causare más de un homicidio o concurra éste con lesiones previstas en los artículos 275 o 276; c).- A quien en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga, reitere la comisión culposa de homicidio o lesiones graves. d).- Al conductor de un vehículo de motor, quien por hacer uso de un teléfono celular o cualquier dispositivo electrónico de entretenimiento o comunicación, con el que hable, envíe mensajes de texto o utilice sus aplicaciones de comunicación o entretenimiento al conducir, causare homicidio o lesiones de las previstas por los artículo 275 o 276, o las que se llegasen a tipificar. Se excluye lo anterior cuando con el dispositivo electrónico de comunicación se empleen funciones u otros dispositivos electrónicos adicionales, de modo que al ser utilizados, el conductor no distraiga su atención al circular o no le impida utilizar debidamente las partes de su cuerpo para conducir. No se impondrá pena alguna a quien por culpa en el manejo de vehículos en que viaje en compañía de alguno o algunos de sus descendientes, ascendientes, hermanos, cónyuge o concubina, ocasione lesiones u homicidio a uno o más de éstos. Si el delito culposo lesionare varios bienes jurídicos, se estará a lo dispuesto en el artículo 69; si fueren distintos los delitos culposos se aplicará el artículo 68." "ARTÍCULO 271.- Bajo el nombre de lesiones se comprenden, no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una causa externa." "ARTÍCULO 272.- Al que infiera una lesión que no ponga en peligro la vida del ofendido y tarde en sanar quince días o menos se le impondrán de seis días a seis meses de prisión y además podrá imponerse multa de cincuenta a quinientos pesos según la gravedad del caso. Si el ofendido tardare en sanar más de quince días se impondrán de cuatro meses a tres años de prisión y multa de cien a mil pesos." "ARTÍCULO 277.- Al que infiera una lesión que ponga en peligro la vida, se le impondrán de tres a siete años de prisión sin perjuicio de las sanciones que le corresponda conforme a los artículos anteriores." "ARTÍCULO 285.- Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro." "ARTÍCULO 289.- Al responsable de cualquier homicidio simple intencional y que no tenga señalada una sanción especial en este Código, se le impondrán de doce a veinticinco años de prisión. Del artículo transcrito en primer término se advierte que comete un delito culposo quien viola un deber de cuidado, en el artículo siguiente se advierte la forma en la que se impone la pena respecto del tipo básico, y los restantes artículos describen el tipo básico del delito de lesiones, que ponen en peligro la vida y las que no las pongan en peligro, y homicidio. Así se tiene que la descripción de los hechos que la ley señala como delitos atribuidos al imputado, aquí quejoso, son las siguientes: Homicidio culposo. Comete el delito de homicidio culposo el que, en virtud de la violación de un deber de cuidado, priva de la vida a otro. Lesiones culposas que no ponen en riesgo la vida. Comete el delito de lesiones culposas que no ponen en riesgo la vida el que, en virtud de la violación de un deber de cuidado, infrinja heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, o cualquier alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, siempre que sean producidos por una causa externa y no ponen en riesgo la vida. Lesiones culposas que ponen en riesgo la vida. Comete el delito de lesiones culposas que ponen en riesgo la vida el que, en virtud de la violación de un deber de cuidado, infrinja heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, o cualquier alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, siempre que sean producidos por una causa externa y pongan en riesgo la vida. En esa tesitura, de los datos de prueba aportados en audiencia inicial, entre los que se encuentran el parte informativo se advierte que aproximadamente a las catorce horas con veintiocho minutos del veinte de abril del dos mil veinte, Gerardo Ambrocio Matus conducía el vehículo de motor marca Nissan, tipo Pick Up, color blanco con franjas negras en los costados, modelo 1993, con placas de circulación F88WAM de la Ciudad de México, sobre la Carretera Internacional 190, en Santa Rosa Panzacola, concretamente frente a la institución bancaria denominada Santander, quien conducía a una velocidad mayor a sesenta kilómetros por hora, es decir, mayor a la permitida en la zona, quien se impactó con Zandro Emmanuel Acevedo Santos, Marlene Jarquin Ramírez y E.N.A.J. provocando la privación de la vida del primero de los nombrados y lesiones en las dos restantes, respecto de la segunda esas lesiones no pusieron en peligro su vida y por lo que hace a la tercera las lesiones que sufrió puso en peligro su vida. La existencia del vehículo mencionado se corrobora con la inspección ocular que de este se realizó. El exceso de velocidad mencionado se corrobora con los dictámenes de mecánica de hechos realizada por los peritos de la institución ministerial y el del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. El impacto entre el vehículo mencionado y las víctimas se corrobora con la entrevista de la víctima Marlene Jarquín Ramírez, quien recibió el impacto; el parte informativo firmado por los policías que actuaron como primer respondiente; la declaración de los testigos Endier Gabriel Gutiérrez Cruz y Fernando Ríos Cruz, quienes presenciaron los hechos, la declaración ministerial del imputado Gerardo Ambrocio Matus, quien conducía dicho vehículo, el informe de actividades del que se advierte que la camioneta se encontraba en el lugar de los hechos con parabrisas estrellados y cofre abollado con salpicaduras de un líquido color rojo, con faro y direccionales derechas rotas, esquina de la salpicadera derecha abollada, parrilla dañada y defensa delantera dañada, sobre la cinta asfáltica se observó un líquido color rojo regado, así como una huella de neumático de derrape, e inspección ocular de la unidad de motor, con el que se corrobora los daños que sufrió el vehículo con dicho impacto. El fallecimiento de Zandro Emmanuel Acevedo Santos provocado por el impacto de la camioneta antes mencionada se corrobora con la inspección del lugar de los hechos, levantamiento de cadáver, necropsia de ley e identificación legal del cadáver. Las lesiones de Marlene Jarquín Ramírez provocado por el impacto de la camioneta de mérito se corroboran con el dictamen médico de lesiones que le fue practicado, en el que se determinó que las lesiones que tenía tardaban en sanar en más de quince días y no ponían en peligro su vida. Las lesiones de E.N.A.J provocado por el impacto de la camioneta que conducía el imputado se corrobora con el dictamen de integridad física y expediente clínico de aquella en el que se determinó que las lesiones que tenía ponían en peligro su vida. El deber de cuidado infringido se encuentra establecido en el articulo 37 y 40 del Reglamento de Vialidad para el Municipio de Oaxaca de Juárez de cuyos preceptos se advierte que la velocidad a la que deben viajar los vehículos que circulan en el territorio del Municipio de Oaxaca de Juárez son los establecidos en el mencionado en primer término, así como en los señalamientos que existan en la zona donde se circule, y que los peatones tiene preferencia de paso; su violación se corrobora con los dictámenes periciales rendidos por los peritos oficiales adscritos al Poder Judicial del Estado de Oaxaca y a la institución Ministerial, en virtud de que se estableció que en la zona existía el señalamiento que el limite de velocidad es de sesenta kilómetros por hora así como el diverso preventivo de paso de peatones, por lo que el imputado debía conducir a esa velocidad de sesenta kilómetros por hora y tomar precauciones a fin de que de ser necesario cediera el paso a los peatones, pero la velocidad con la que conducía era mayor a la permitida y no obstante que las víctimas ya habían iniciado el cruce de la avenida no les cedió el paso, lo que implica detener el vehículo, por el contrario trato de esquivarlos lo que provocó el impacto y dada la velocidad a la que viajaba el resultado de ese impacto fue el fallecimiento de una de las víctimas, lesiones que pusieron en peligro la vida de una menor de edad y lesiones que no ponen en peligro la vida de la tercera víctima. En otro aspecto, del cumuló probatorio y de lo actuado en la audiencia inicial, se advierte que no se actualiza una causa de extinción de la acción penal, de las previstas en el artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o excluyente del delito previsto en el artículo 14 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. De ahí que, el tribunal de apelación estuvo en lo correcto al determinar que, la Juez de Control contó con datos suficientes para corroborar el hecho que la ley señala como delitos de homicidio y lesiones culposas, previstos y sancionado, el primero en los artículos 8, fracción II, en relación con el 258, y sancionado en el 289 en relación con el 58 del Código Penal para el Estado de Oaxaca; el segundo, contra Marlene Jarquín Ramírez en los artículos 271 y 272 en relación con el 8, fracción II, y 58 del mismo código penal, contra E.N.A.J. en los artículos 271 y 277 en relación con el 8, fracción II, y 58 de dicho código y la intervención del imputado en grado de probable. Lo anterior es así, en virtud de que, para la emisión de un auto de vinculación a proceso, sólo deben existir datos de prueba de los que se desprendan indicios razonables para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la posibilidad que el imputado lo cometió; en virtud de que es un acto dentro del procedimiento penal, cuya emisión trae como consecuencia que a la persona imputada se le sujete a una investigación formalizada, a fin de que las partes involucradas en el conflicto penal recaben medios de convicción que permitan determinar en una etapa posterior denominada intermedia, si lo obtenido es suficiente para que la autoridad ministerial formule acusación al imputado y, en su caso, se le lleve a juicio oral para determinar su responsabilidad en el hecho delictuoso imputado. En esa tesitura, para la emisión de un auto de vinculación a proceso no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que el plazo constitucional se adelante el juicio. De ahí que el auto de vinculación a proceso sólo exige contar con datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó, sin que se requiera de un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad del imputado, sino sólo hace una referencia de datos probatorios que establezcan, en grado de probable, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que exista la posibilidad real de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese sentido, para emitir un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, sólo se requiere que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar el tipo penal aplicable, independientemente de la metodología que adopte. En esa tesitura, es necesario establecer las diferencias entre dato de prueba, medio de prueba y pruebas, para ello se da cuenta que el sistema penal acusatorio se rige por etapas conclusivas y secuenciales, esto es, investigación, intermedia y juicio (artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos penales); donde en la investigación inicial la fiscalía recaba datos de prueba para determinar si judicializa o no la investigación, en la complementaria existe una actividad activa tanto de la defensa como la fiscalía de recabar datos de prueba, los cuales se depuran en la etapa intermedia y es en la de juicio donde esas pruebas recabadas y admitidas se desahogan y valoran a fin de corroborar la teoría del caso de cada una de las partes, la cual concluye con una sentencia. De lo que se tiene que es en la etapa de investigación donde se habla de datos de prueba y en la de juicio de medios de prueba y prueba, no obstante, es posible desahogar ciertos tipos de prueba como lo es en audiencia inicial o su continuación, en revisión de medidas cautelares, o la prueba anticipada, ésta bajo su propia reglamentación, la pregunta que surge es ¿Cuáles son las diferencias entre dato de prueba, medio de prueba y pruebas?, para lo cual es necesario acudir al artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece lo siguiente: "Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación." De la transcripción anterior se advierte que el concepto del dato de prueba, medio de prueba y pruebas, se establece de la siguiente manera. Dato de prueba. Es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Medio de prueba. Toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos Pruebas. Todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación Por lo que la siguiente interrogante es ¿Cómo se valoran los datos de prueba y prueba?, para ello hay que acudir al artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 265. Valoración de los datos y prueba El Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios." Así se tiene que la valoración de la prueba y dato de prueba es de manera libre, pero lógica, justificada y armónica con el resto del material probatorio. Ahora bien, por excelencia es en la audiencia inicial donde las partes dan cuenta de los datos de prueba existentes en autos, a fin de corroborar la legalidad de la detención, en caso de que la solicitud de la audiencia inicial haya sido con detenido, y posteriormente para para justificar un auto de vinculación a proceso, como en el caso que nos ocupa. Respecto al tema de las exigencias para el dictado del auto de vinculación a proceso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación ha establecido el precedente sentado en la contradicción de tesis 87/2016 que dio lugar a la jurisprudencia jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), con registro digital: 2014800, de título, subtítulo y texto siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." En ese contexto, en el sistema penal acusatorio oral, la vinculación se realiza en función de los hechos, siempre y cuando se establezca que los mismos están tipificados como delito, y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, lo que ocurrirá cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, sin que para el dictado de esa resolución se requiera el desahogo y valoración de pruebas. Tales premisas conducen a la siguiente interrogante ¿cuál debe ser el estándar probatorio que debe cumplirse al realizar la ponderación de los datos de prueba a partir de los cuales se puede establecer que se ha cometido un hecho imputado como delito?, pregunta que se planteó el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito al resolver el amparo en revisión 60/2017 y que dio lugar a la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/19 (10a.), con registro digital 2017728, en la que propuso el siguiente test de racionalidad para el estudio de los datos, en el sistema de justicia penal vigente en todo el país: "En la premisa fáctica se requiere para la aceptación o rechazo de una teoría: a) Una hipótesis: (teoría del caso); b) Los enunciados que integran la hipótesis; c) La verificabilidad de los enunciados, mediante la existencia sólo de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y, d) La aceptación o rechazo de la hipótesis, mediante la argumentación de la hipótesis aceptada y la refutación, por contrastabilidad, de la rechazada. Así, el Juez de Control, quien interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, al resolver, según sea el caso, sobre la calificación de la detención, la vinculación o no a proceso o la imposición de medidas cautelares al imputado, no debe estudiar los datos de la carpeta de investigación sin valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la Representación Social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, considerando ambas hipótesis o teorías del caso, respaldadas en datos provenientes de la carpeta de investigación del Ministerio Público o de la investigación de la defensa, y aun en caso de haber desahogado medios de prueba en la etapa inicial el imputado o su defensor, deben valorarse con el mismo rango que los datos de prueba del Ministerio Público, pues sólo sirven, las pruebas, en esta etapa, para integrar datos de prueba, por lo que darle un mayor valor a la prueba en ese momento, rebasaría las directrices constitucionales, además de que originaría desigualdad de la defensa con el Ministerio Público y la víctima u ofendido, toda vez que de acuerdo con los principios del Código Nacional de Procedimientos Penales, el único que puede desahogar pruebas durante el plazo constitucional o su ampliación, es la parte imputada, por lo que al desahogar pruebas en esta etapa y valorarlas con distinto estándar al dato, la colocaría en una situación invariablemente privilegiada, violando el principio de igualdad de las partes." Propuesta que este juzgador considera orientadora y comparte, en esa tesitura, en la audiencia inicial se proyectaron dos hipótesis o teorías del caso, una propuesta por la fiscalía, consistente en que Gerardo Ambrocio Matus, violó el deber de cuidado impuesto en los artículos 37 y 40 del Reglamento de Vialidad para el Municipio de Oaxaca de Juárez, pues circulaba en un vehículo a una velocidad mayor a la permitida y no tomó medidas para ceder el paso a peatones conforme a los anuncios o avisos existentes en la zona donde circulaba; con lo que provocó la muerte de Zandro Emmanuel Acevedo Santos, así como lesiones en Marlene Jarquin Ramírez y E.N.A.J., de una que no ponen en peligro la vida y de la otra que pusieron en peligro su vida; en cambio la otra teoría del caso propuesta por la defensa consiste en que esa muerte y lesiones ocasionadas por la unidad de motor fueron debido a la imprudencia de las personas que resintieron el daño, en virtud de violar el deber de cuidado impuesto en las fracciones III y VI del artículo 79 de dicho reglamento, no obstante que el imputado viajaba a una velocidad menor a la permitida en esa zona. No obstante, los datos de prueba existentes en autos corroboran en mayor medida la teoría del caso de la fiscalía, ya que el dato de prueba con que cuenta la defensa para acreditar que el quejoso no circulaba a una velocidad por arriba de la permitida en esa vía fue el dictamen en mecánica de hechos realizada por el perito particular que nombró, del cual se advierte que el único dato que tomó para acreditar la velocidad en la que circulaba el vehículo que conducía el imputado fue la huella de frenado de diez metros, no obstante existían otros elementos tales como el impacto del cuerpo de la víctima, los daños ocasionados en el vehículo, etcétera, por tanto, al no existir otros elementos de prueba con el cual armonizar el dictamen mencionado, éste no es suficiente para acreditar dicha teoría. Una vez señalado lo anterior, lo que procede es analizar los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa en su escrito de demanda, lo cual incluso podrá realizarse de forma conjunta o en un orden distinto al planteado, lo anterior por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo. Así se tiene que, son infundados los conceptos de violación del quejoso en el que sostiene lo siguiente: La responsable da valor probatorio al dictamen de la perito tercero en discordia por el simple hecho de ser perito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, aunado a que dicha perito obtuvo que la velocidad a que se desplazaba el vehículo fue de 94.33 km/h, lo que es contradictorio con el perito de la fiscalía que dijo que a 80km/h, y contradictorio con los resultados del perito nombrado por la defensa, quien sostuvo que la velocidad era inferior a 50 km/h, lo que a juicio de la defensa pone en duda la fiabilidad de dichos dictámenes, ya que contaban con solo dato objetivo, esto es, la huella de frenado de diez metros, y lejos de atender a los argumentos realizados por la defensa contra el perito del poder judicial, la responsable se limitó a decir que a pesar de que los peritos de la fiscalía y del tribunal no eran coincidentes en sus conclusiones respecto de la velocidad a la que conducía el imputado, eso no hacia inverosímiles sus dictámenes. Que la autoridad responsable dejó de observar que de todos los dictámenes que se incorporaron a la audiencia el del perito de la defensa fue el único que se basó en datos objetivos para determinar la velocidad a la que circulaba el hoy quejoso en el día y hora de los hechos y el único perito que utilizó una fórmula de la física para determinar la velocidad. De ahí pues que la sala responsable fue parcial con la parte acusadora al no darle valor al perito de la defensa por el simple hecho de ser un perito contra dos, lo cual es ilegal puesto que no se trata de cuantos peritos presente la parte acusadora, sino de cuan fiables son dicho peritos. Que la autoridad responsable dejó de observar que el perito Alvar Gabriel Cid Sánchez no estableció en su dictamen la fórmula matemática, física o aritmética que utilizó para llegar a la conclusión que el imputado circulaba a una velocidad de 80 km/h, habida cuenta que el único dato objetivo con que contaban los peritos para calcular la velocidad era la huella de frenado de diez metros que se encontró en lugar de los hechos. Lo anterior es así ya que, recordemos que en el estadio en el que se encuentra el procedimiento penal, como se explicó anteriormente, solo se desahogan datos de prueba, esto significa que son las partes las que proporcionan la información con que cuentan para corroborar un hecho en grado de probable, es decir, no es como en el juicio oral en la que en el caso de la prueba pericial el experto debe comparecer ante el órgano jurisdiccional a fin de introducir su dictamen, donde las partes pueden cuestionarlo e incluso el órgano jurisdiccional, en cuyo cuestionamiento se puede realizar el relativo al mecanismo que el perito tomó para llegar a una determinada conclusión, como lo es la velocidad a la que viaja determinado vehículo. Además, contrario a lo aseverado por el quejoso la responsable estableció cuales fueron los motivos por los que optó por el dato derivado de los peritajes emitidos por los expertos adscritos a la Dirección de Servicios Periciales del Consejo de la Judicatura Federal y a la institución ministerial, esto es, que ambos peritos señalaron cuales fueron los elementos que tomaron en consideración para emitir su dictamen, como lo fueron los existentes en la carpeta de investigación, consistentes en la inspección del lugar, la inspección del cadáver, la inspección de la camioneta, etcétera. Asimismo, la autoridad responsable especificó que no tomó en cuenta el dictamen pericial emitido por el petito designado por la defensa en virtud de que si bien dicho perito dijo tener a la vista los elementos que fueron analizados por sus homólogos para la elaboración de su dictamen, existe una considerable diferencia entre las velocidades establecidas entre este y sus homólogos oficiales, que no obstante que el perito de la defensa señala que la velocidad la obtuvo de la fórmula establecida en el dictamen donde tomó como base la huella del frenado, su conclusión se contrapone con los restantes datos de prueba como lo son el video que corre agregado a la carpeta de investigación, así como los daños ocasionados, esto es, que en un primer momento la víctima Zandro Emmanuel cae en el cofre de la camioneta y posteriormente es arrastrado unos metros más adelante y cae en el piso para quedar en el asfalto, lo que dejó daños en el cofre y el parabrisas estrellado, en tanto que conforme a las máximas de la experiencia si hubiera andado a menos cincuenta kilómetros por hora no se hubiera producido el resultado de tal magnitud. De lo anterior se advierte que contrario a lo argumentado por el quejosos la autoridad responsable atendió los argumentos realizados por la defensa contra los peritos oficiales, esto es, no se limitó únicamente a decir que a pesar de que los peritos de la fiscalía y del tribunal no eran coincidentes en sus conclusiones respecto de la velocidad a la que conducía el imputado, eso no hacia inverosímiles sus dictámenes, pues por el contrario expuso las razones por las cuales estimó que los dictámenes emitidos por los peritos oficiales eran idóneos para establecer que el quejoso conducía por arriba del límite de velocidad permitido en la zona donde sucedieron los hechos. Aunado a lo anterior, en audiencia se dio cuenta que el perrito adscrito a la Dirección de Servicios Periciales del Consejo de la Judicatura Federal estableció que para la emisión de su dictamen tomó como referencia observación documental, marcos teóricos que pudo tomar en cuenta, tipos de huella del accidente, las etapas de la colisión, la trayectoria pos-colisionales, la posición final del vehículo, las fases del atropellamiento, las fases del impacto primario o de choque (de choque o de impacto, de caída, de arrastre y aplastamiento), etcétera, es decir, la huella de frenado de diez metros no es el único elemento con el que contó el experto para emitir su dictamen. En otro aspecto, es ineficaz el concepto de violación consistente en que el perito refirió que existía zona escolar pero que no se acreditó que efectivamente se encuentre esa escuela a 150 metros, solo el anuncio, pues no es racional que el deber de cuidado al que estaba obligado imputado se tenga que observar sólo si realmente existe la escuela a que haga referencia el anuncio, pues no es lógico pensar que los conductores de vehículos se pongan a cuestionar los señalamientos preventivos existentes en las carreteras, ya que la obligación es respetarlos. Sin que se tenga que justificarse que en la hora y fecha del hecho estuvieran concurriendo alumnos de la escuela ubicada en esa zona, pues el deber de cuidado que se reprocha al imputado es que excedió el límite de velocidad establecida y no estuvo pendiente del paso de peatones, que no necesariamente deben ser estudiantes, ya que el señalamiento decía "paso de peatones" no "paso de estudiante"; por tanto, en nada beneficia que hubiera o no alumnos. El concepto de violación relacionado con que es incorrecta la determinación en la que no se restó valor probatorio al video, en virtud de que no se advierte que el conductor de la camioneta negra cediera el paso a las víctimas, es infundado por dos razones, la primera es que la autoridad responsable señaló que dicho video fue incorporado de manera correcta a la audiencia, la segunda, que no fue ese el dato de prueba que la autoridad responsable tomó en cuenta para determinar que la camioneta negra cedió el paso, sino la declaración de la víctima Marlene Jarquín Ramírez. Es infundado el concepto de violación hecho valer por el quejoso en el sentido de que la autoridad responsable hizo caso omiso a los argumentos de la defensa respecto a que el deber de cuidado que protege el conducir a sesenta kilómetros por hora en esa avenida es el de es evitar la muerte como consecuencia de colisiones de vehículos, no como resultado de la acción imprudente de la propia víctima que se colocó libremente en peligro, de ahí la exclusión de atribuibilidad normativa del resultado a la conducta, en consecuencia su atipicidad, pues de la resolución señalada como acto reclamado se aprecia, en lo conducente, lo siguiente: "(.) La A quo, tomó como base de su argumento para darle valor al perito de la fiscalía en cuanto a que el deber de cuidado que violó el imputado es el de NO CEDER EL PASO A LOS PEATONES QUE YA SE ENCONTRABAN EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO. Sin embargo, la A quo hizo caso omiso a los argumentos de la defensa respecto de que el deber de cuidado que protege al conducir a 60 km/h en esa avenida es el de evitar la muerte como consecuencia de colisiones de vehículos, no como resultado de la acción imprudente de la propia víctima que se colocó libremente en peligro, de ahí la exclusión de atribuibilidad es normativa de resultado a la conducta y en consecuencia su atipicidad. (.) A ese respecto, debe decirse al defensor particular y al aquí imputado, que lo expuesto en su escrito de agravios, son apreciaciones meramente subjetivas, pues, en primer lugar, se trata de las mismas argumentaciones que da la defensa ante la juzgadora, las cuales fueron contestadas de manera acertada por aquella, además que debemos también decir al defensor particular y al imputado, que la emisión de un auto de vinculación a proceso, no es el momento oportuno para oponer los datos o medios de prueba contradictorios y dar prevalencia a unas, sobre las otras, como se advierte que lo estiman en su escrito de agravios, porque esa evaluación queda reservada, en su caso, para la etapa intermedia, toda vez que en el sistema penal acusatorio no se otorga a las primeras etapas una fase en el sistema penal acusatorio no se otorga a las primeras etapas una fase determinante, sino meramente preliminar, ya que el auto de vinculación no resuelve el fondo del asunto, sino que su finalidad es determinar si los datos de prueba justifican la continuación del proceso, esto es, que en la etapa preliminar no se analizan esas contradicciones, por la naturaleza propia de los datos o medios de prueba, sino que es hasta el juicio, a través del principio de contradicción donde se .pueden clarificar esas contradicciones y determinar quién tiene la razón, por tal motivo, el auto de vinculación a proceso que se revisa, sí se encuentra debidamente fundado y motivado, cumpliendo con los requisitos del artículo 19 Constitucional y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado a los diversos de valoración de pruebas a que se contraen los preceptos 259, 261, 262, 263, 264 y 265, todos del citado ordenamiento procesal. Más aún que respecto al caso en específico, debemos decir, que de acuerdo a la jurisprudencia emitida por nuestro Máximo Tribunal de Justicia del País y diversos Tribunales Colegiados de Circuito en sus tesis aisladas en materia penal, se estima que en materia penal pudiera existir concurrencia de culpas, pero no así compensación de culpas, tomando en cuenta que la defensa encaminó sus argumentos, en la totalidad de los agravios expresados en esta Segunda Instancia, que fueron los peatones los responsables del accidente de tránsito que nos ocupa, al no cruzar una avenida con alta afluencia vehicular con las precauciones debidas, pues aun aceptando sin conceder que existió cierta imprudencia por parte de los referidos peatones ZANDRO EMMANUEL ACEVEDO SANTOS y MARLENE JARQUÍN RAMÍREZ, al atravesar una arteria vehicular de gran afluencia, y debieron tomar las precauciones debidas, se advierte, que la culpa ajena no exonera de la propia, en este caso la del imputado GENARO AMBROCIO MATUS al conducir su camioneta color blanco, marca Nissan, tipo Pick Up, con placas de circulación S88-AWN de la ciudad de México, con los resultados ya conocidos, como se aprecia en el disco óptico que fue reproducido en audiencia; sirviendo de apoyo a lo anterior, las siguientes jurisprudencias y tesis aisladas en materia penal, de rubro y texto: "IMPRUDENCIA, DELITOS POR. CONCURRENCIA DE CULPAS. COLISIÓN DE VEHÍCULOS (.) "IMPRUDENCIA, DELITOS POR. CONCURRENCIA DE CULPAS. COLISION DE VEHICULOS. (.) "IMPRUDENCIA, CONCURRENCIA DE CULPAS EN LOS DELITOS POR. (.) CULPAS, COMPENSACION INOPERANTE DE. (.) Criterios jurisprudenciales que si bien son aplicables para el caso de conductores de vehículos, también lo son para peatones, más aún que el imputado GERARDO AMBROCIO MATU de acuerdo a los datos objetivos de prueba aportados, también se considera que infringió el Reglamento de Vialidad del Municipio de Oaxaca de Juárez, principalmente lo dispuesto por los artículos 37, primera parte, y 40, primera parte, párrafo primero, de dicho ordenamiento legal, que estatuyen: (.) Y esto es así, ya que de acuerdo a la gran velocidad con la que conducía su unidad de motor en una zona urbana donde no existen señalamientos vehiculares, que como lo dice el primer dispositivo legal, debió disminuir su velocidad a máximo treinta o cuarenta kilómetros por hora, tomando en cuenta las condiciones del lugar, y de acuerdo al segundo artículo mencionado, se considera que los peatones tenían la preferencia de paso; por lo tanto el imputado de referencia, infringió categóricamente el reglamento de tránsito ya citado; siendo así como la juzgadora al dictar en contra de GERARDO AMBROCIO MATUS el correspondiente auto de vinculación a proceso lo efectuó de manera fundada y motivada, resultando infundada la parte inicial del primer agravio alegado, por las razones expuestas." Consideraciones que se comparte, en virtud de que se reitera la imprudencia de la víctima no disminuye o nulifica la del imputado en virtud de que la culpa que se le atribuye es resultado de que rebasó el límite de velocidad permitido, sin que obste que el quejoso sostuvo que esa determinación es incorrecta en virtud de que la responsable debía verificar si los datos de prueba son idóneos, pertinentes y suficientes, para vincular a proceso, pues de la resolución combatida se advierte que la autoridad responsable emitió las razones por las que consideró que los datos de prueba son suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso, así como las razones para considerar que las pruebas aportadas por la defensa, en ese momento procesal no eran suficientes para corroborar su teoría del caso. Asimismo, resulta infundado los conceptos de violación relacionado con lo siguiente: Que el perito dejó de observar que los peatones cruzaron aun viendo que estaba parado momentáneamente un autobús del transporte público, no obstante que el perito refiere que en el minuto 14:28:16, los peatones continúan esperando a cruzar y se observa en el lado izquierdo que el autobús del transporte público se encontraba descendiendo pasaje y no interfería en la visibilidad de los peatones, porque eso significa que estaba parado momentáneamente, por tanto, los peatones no debieron de haber cruzado, puesto que hay una prohibición legal expresa, conforme a la fracción VI del artículo 79 del Reglamento de Vialidad para el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Que el imputado hizo maniobras para esquivar a los peatones y que éstos se regresaron al camellón y fue ahí donde se produjo el impacto ya que ello era imprevisible. La autoridad responsable estuvo en lo incorrecto al no tomar en cuenta las conclusiones del perito de la defensa respecto de que los hechos se debieron a la imprudencia de las víctimas al infringir la fracción III del Reglamento de Vialidad de Oaxaca de Juárez. La autoridad responsable dejó de observar que en el dictamen de mecánica de hechos emitido por Alvar Gabriel Cid Sánchez, perito de la fiscalía concluyó que las causas principales que suscitaron el presente hecho de tránsito fueron por falta de precaución de los peatones de nombre Zandro Emanuel Acevedo Santos y Marlen Jarquin Ramírez, al realizar el cruce de una avenida sin percatarse de que podían hacerlo, ya que al ser una vía de tres carriles la camioneta que circulaba en el carril de alta velocidad les impedía tener un campo visual amplio, que dicho perito dijo que en el video que analizó se advierte que la camioneta azul que circula en el carril izquierdo disminuye su velocidad pero nunca se aprecia alguna señal que les ceda el paso a los peatones y aunque dicha camioneta no hizo alto total los peatones comienzan a cruzar, con lo cual infringen el deber de cuidado de cruzar únicamente cuando estén seguros, conforme al artículo 79, fracción III del Reglamento de Vialidad para el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Que es erróneo lo determinado por la autoridad responsable donde sostuvo que el lugar donde ocurrieron los hechos no es una intersección, porque en el lugar donde ocurrieron los hechos desemboca una calle, por lo tanto es una intersección. De los anterior, se puede decir que el quejoso pretende que la autoridad responsable tome en cuenta la culpa que dice incurrió la víctima a fin de relevar al quejoso, concepto de violación que también hizo valer ante la responsable y respecto a la cual sostuvo que la culpa ajena no exonera al imputado de la suya, para lo cual citó diversos criterios localizables en el Semanario Judicial de la Federación, conclusión con la que este juzgador está de acuerdo, pues lo que se reprocha al quejoso no es únicamente el resultado material del hecho (homicidio y lesiones) sino el exceso velocidad en el que conducía, cuando el límite permitido era de sesenta kilómetros por hora, por lo que de haber conducido a la velocidad permitida aún con la eventual imprudencia de los peatones el resultado no hubiera sido el mismo, esto es, podría haber frenado a fin de ceder el paso a los peatones, como estaba obligado en términos del artículo 40 del Reglamento de Vialidad para el Municipio de Oaxaca de Juárez en el que establece que tiene preferencia el paso de peatones, aunado a que existía un aviso preventivo de "paso de peatones" lo que significa que debía tomar precauciones para evitar ese tipo de accidentes, por ello, en nada beneficia el argumento consistente en que el imputado hizo maniobras para esquivar a los peatones y que éstos se regresaron al camellón y fue ahí donde se produjo el impacto ya que ello era imprevisible, se insiste lo acontecido se atribuye a la violación del deber de cuidado a que estaba obligado el quejoso. En cuanto a que el perito dejó de observar que los peatones cruzaron aun viendo que estaba parado momentáneamente un autobús del transporte público, por lo que los peatones no debieron de haber cruzado, puesto que hay una prohibición legal expresa, conforme a la fracción VI del artículo 79 del Reglamento de Vialidad para el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; la autoridad responsable refirió que el cruce no lo realizaron los peatones del lado donde estaba parado el camión sino en sentido opuesto, por tanto, el cruce realizado por las víctimas no se realizó frente al vehículo de transporte público que es lo que prohíbe la norma, de ahí lo infundado de ese concepto de violación. Aunado a lo anterior, como bien lo sostuvo la autoridad responsable la obligación del peatón de cerciorarse que puede cruzar la calle en términos de la alegada fracción III del artículo 79 del Reglamento de Vialidad de Oaxaca de Juárez, es únicamente cuando deba cruzarse las intersecciones no controladas por semáforos o Policías Viales, en tanto que los hechos no sucedieron en una vía de esa naturaleza sino cuando las víctimas cruzaban una carretera de varios carriles, ya que del "informe de actividades" se advierte que se trata de una avenida con seis carriles de circulación, con dirección de sur a norte y viceversa, la cual se encuentra pavimentada, con veinticuatro metros de ancho aproximadamente de forma regular, el cual cuenta con alumbrado público, arboles propios de la región, en el camellón central un paso peatonal de un metro de ancho con dirección de este a oeste y viceversa, muy concurrido por personas transeúntes, ya que con dirección al este de la avenida se encuentran los bancos Santander y Banamex. En virtud de lo anterior, no era exigible a las víctimas ese deber de cuidado, mismas razones que sirven de fundamento para declarar infundados los conceptos de violación consistentes en que la responsable debió de observar que el fin de la norma de conducir a una velocidad máxima de 60 km/h en la zona donde ocurrieron los hechos es proteger que no haya muertes por colisiones de vehículos y no así a los peatones que imprudentemente se cruzan en una carretera internacional en una zona donde no es paso peatonal, sin verificar que pueden cruzar con toda seguridad, pues como se ha sostenido el artículo citado obliga al peatón a verificar que puede cruzar con toda seguridad solo tratándose de carreteras que se cruzan (intersecciones). Además, se reitera que lo que se reprocha al imputado es el exceso de velocidad al que venía, sin que tenga fundamento alguno que ese deber de cuidado es únicamente para evitar colisiones de vehículos, pues aparte de que el quejoso no da suficientes argumentos para arribar a esa conclusión, este juzgador no encuentra sustento jurídico ni lógico parar arribar a la misma conclusión, por el contrario se considera que el deber de cuidado impuesto es para evitar todo tipo de accidentes, máxime que existía obligación de observar el deber de cuidado de ceder el paso de peatones, por ser un lugar muy concurrido por estos debido a las instituciones bancarias existentes, así como por el aviso preventivo de "paso de peatones", además de que el deber de ceder el paso a estos está estipulado en la norma vial. Asimismo, es infundado el concepto de violación consistente en que es erróneo lo considerado por la autoridad responsable en cuanto a que el imputado debía cederles el paso a los peatones que ya se encontraban en la superficie de rodamiento, pues contrario a lo expuesto por el quejoso existía la obligación de observar ese deber de cuidado por así estar obligado por la norma vial, los avisos preventivos de "paso de peatones" y la concurrencia de transeúntes en virtud de la existencia de instituciones bancarias. En ese orden de ideas, contario a lo sostenido por la quejosa en el sentido de que la autoridad responsable omitió atender a la imputación objetiva para resolver, dicha autoridad refirió que el deber de cuidado reprochado al imputado es que condujo a una velocidad mayor de la permitida y la omisión de observar la obligación de ceder el paso a peatones, estando obligado a ello, lo que trajo como consecuencia el atropellamiento de las víctimas con los resultados atribuidos (homicidio, lesiones que ponen en peligro la vida y lesiones que no ponen en peligro la vida). Aunado a lo anterior, se insiste que para el dictado del auto de vinculación a proceso no se habla de cuerpo del delito y responsabilidad, donde tendría que desmenuzarse de manera técnica y adecuada este y otros conceptos, ya que para ello basta la existencia de datos razonables que permitan determinar la existencia del hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado la cometió, en esa tesitura los restantes argumentos tendentes a demostrar como debió actuar la autoridad responsable a efecto de verificar si se actualizaba la responsabilidad objetiva resultan infundados, por las mismas razones. La tesis I.9o.P.311 P (10a.), con registro digital 2022967 que citó el quejoso, no es aplicable al caso que nos ocupa por las razone siguientes, el hecho ahí analizado fue una sentencia donde se habla de acreditación del cuerpo del delito y la plena responsabilidad de del acusado, así como, en su caso, de la duda razonable, en tanto que el asunto que nos ocupa versa sobre el dictado de un auto de vinculación a proceso, respecto al cual se habla de la existencia de datos de prueba de los que se desprendan indicios razonables para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la posibilidad que el imputado lo cometió, aunado a que conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo solo la jurisprudencia es obligatoria y tratándose de las emitidas por un Tribunales de Circuito solo son obligatorios para el circuito que corresponsal, en tanto que el criterio citado por el quejoso es una tesis aislada y no una jurisprudencia aunado a que fue dictada por un Tribunal Colegiado perteneciente al Primer Circuito, en tanto que este Juzgado corresponde al decimotercer circuito judicial, por ello, no es obligatoria ni orientadora por tratar de asuntos diferentes. DECISIÓN Al haber resultado infundados e ineficaces los conceptos de violación y no advertir queja que suplir de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es NEGAR la protección federal solicitada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73 al 76 y 124, de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Gerardo Ambrocio Matus, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de veintitrés de junio de dos mil veintitrés emitida en el toca penal JOTPAI/007/2023 del índice de la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el que confirmó el auto de vinculación a proceso dictada el tres de noviembre de dos mil veintidós en la causa penal 176/2022 del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet. Notifíquese personalmente y por oficio.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio que remite el agente del Ministerio Publico de la Fiscalía VII con detenidos de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos; con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, téngase por apersonado a este juicio de amparo, con el carácter de tercero interesado y por señalado el domicilio que indica para recibir su notificaciones. Asimismo, este juzgado toma nota del correo electrónico y número telefónico que proporciona, únicamente como medio de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales. Notifíquese.
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