Gerardo Ambriz Hernández
Expediente 851/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 851/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gerardo Ambriz Hernández
Actuaciones
- Principal
...CÚMPLASE...
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de garantías que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, el cual transcurrió del veintitrés al veintinueve de octubre del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. Como se desprende de los párrafos que anteceden, el presente asunto se encuentra totalmente concluido, por lo que con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, dígase al promovente de que se trata que quedan a su disposición las copias de la demanda de garantías que exhibió, en la secretaría del juzgado para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación que de este proveído se realice, comparezca con identificación fehaciente a recogerlas, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido se procederá a destruirlas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que ha concluido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para desahogar la prevención formulada en proveído de cinco de octubre de dos mil dieciocho, sin que lo hiciera dentro de ese lapso, el cual transcurrió del diez al diecisiete de octubre del año en curso; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en ese auto y con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 114 de la Ley de Amparo en vigor, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo que dio origen a este expediente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
- Principal
Vista la demanda de garantías promovida por GERARDO AMBRIZ HERNÁNDEZ, contra actos del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Puruandiro, Michoacán. Ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer sobre la admisión o desechamiento de la aludida demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que se harán acreedores los quejosos que al formular su demanda de amparo afirmen hechos falsos u omitan las que les consten, con apoyo en los numerales 108, fracciones I y IV y 114, fracciones II, III y IV de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado del presente proveído, por escrito cumpla con lo siguiente: Indique de manera clara y precisa los actos qué reclama en esta instancia constitucional. Es así, toda vez que si bien en el apartado correspondiente señala como tal: "LA FALTA DE NOTIFICACIÓN Y/O LLAMAMIENTO A JUICIO DEL QUEJOSO ASÍ COMO DE OTROS PRESUNTOS HEREDEROS, TODA VEZ QUE DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL NÚMERO 949/2017 QUE SE TRAMITA EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE LA POBLACIÓN MENCIONADA, SE ESTÁN VENTILANDO DERECHOS DE HERENCIA Y A RESUELTAS DEL JUICIO PUEDO SER PERJUDICADO, JUICIO EN EL CUAL EL QUEJOSO NO SOY PARTE, NI MUCHO MENOS FUI NOTIFICADO, PARA SER ESCUCHADO EN JUICIO, YA QUE TENGO EL CARÁCTER DE TERCERO CON INTERES.". Lo cierto es que en sus conceptos de violación primer punto, párrafos cuarto y quinto de su libelo de garantías señala: "En efecto el suscrito adquirí la posesión y propiedad sin limitación alguna ni restricción, y sin ningún vicio de la propiedad y mucho menos aún de la posesión el bien inmueble antes descrito, por medio del contrato de compra venta celebrado con las formalidades que el código Civil para el Estado de Michoacán, en virtud del artículo 1413 señala que habrá compra venta cuando uno de los contratantes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Además de que por regla general la compra venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio (1414 del Código Civil para el Estado de Michoacán). Para acreditar el derecho de propiedad y de posesión del bien inmueble del cual fui objeto de ejecución y que en ningún momento fui llamada a juicio para hacer valer mis derechos, en términos del artículo 1483 del Código Civil del Estado con la escritura pública antes mencionada, que se exhibe como, toda vez que la venta del inmueble que adquirí excede de mil quinientas veces el salario mínimo, dicho contrato se debió efectuar en escritura pública, por lo cual se adjunta al presente copia certificada y constancia de trámites de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado y que me acredita como titular del derecho de propiedad y como consecuencia de posesión del bien inmueble materia de este juicio.". De ahí que deberá precisar qué actos en particular reclama en esta instancia constitucional, lo anterior a fin de estar en condiciones de proveer lo conducente a su escrito de demanda. En atención a que los artículos 108, fracción IV y 114, fracción IV de la Ley de Amparo, disponen que la parte quejosa deberá precisar la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame, a fin de que estén en aptitud de rendir su informe de ley. Precise el carácter con el que promueve la demanda de amparo, es decir, si la promueve por derecho propio, o bien, en representación de alguien más. Es así, toda vez que si bien en el apartado relativo manifiesta que el quejoso es Gerardo Ambriz Hernández, lo cierto es que en el apartado relativo al acto reclamado señala la falta de notificación y/o llamamiento a juicio del quejoso, así como de otros presuntos herederos; de ahí que deberá precisar el carácter con el que promueve el presente juicio de amparo. En la inteligencia que de hacerlo además en cuanto representante de alguien más deberá acreditar dicho carácter con las constancias conducentes. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia número 336, consultable en las páginas 284 y 285 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO.- Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DE JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". En la inteligencia que deberá exhibir seis copias de las constancias con las que acredite la personalidad con la promueve el presente juicio, para correr traslado a todas las partes, es así, toda vez que el documento con el que en todo caso demuestre la personalidad con la que promueve el presente juicio de amparo, es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad, para que se corra traslado a las partes, de ahí que deberá exhibir las copias antes solicitadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J 124/2016 (10a), Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del Nación, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa. Así como la tesis número P.VII/2001, consultable en la página 325, del tomo XIII, correspondiente al mes de abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa.". Y la diversa jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Bajo apercibimiento que en caso de no cumplir con los requerimientos antes formulados en el plazo concedido, se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En la inteligencia de que deberá anexar las copias simples necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, es decir, una para la autoridad señalada como responsable, una para el Agente del Ministerio Público de la adscripción, una para cada uno de los dos terceros interesados y dos más para los cuadernos en original y duplicado del incidente de suspensión las cuales dan un total de seis copias. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, visible en la página 170, Tomo XXII, correspondiente al mes de Octubre de 2005, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". Por otro lado, tomando en consideración que el promovente fue omiso en señalar domicilio para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, en términos de lo dispuesto por los numerales 26, fracción III y 27, fracción III, de la ley reglamentaria en cita, las notificaciones que deban hacerse al quejoso, aun las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista. Asimismo, téngase como autorizado de la parte quejosa a ANA LIDIA MARTÍNEZ ANZALDO, quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizó la cédula profesional número 4574650, que acredita al citado autorizado como licenciado en derecho, no así a CHRISTIAN OMAR SEGURA ALANIS, JUAN CORTÉS ALVARADO y RAYMUNDO DELGADO PEÑA, en tanto acredite estar legalmente facultado para ejercer la citada profesión, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil y únicamente para imponerse de los autos a AUDELIA LÓPEZ ÁLVARADO y MARÍA TERESA RODRÍGUEZ ZAMORA toda vez que en esos términos fueron designadas. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE.
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