Gerardo Alvarez Vazquez
Expediente 997/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 997/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/10/2021
Partes del expediente
- Gerardo Alvarez Vazquez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México a veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia y las personas en situación de vulnerabilidad; se provee lo siguiente: La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de ocho de octubre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto ha adquirido firmeza procesal, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; ocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia y las personas en situación de vulnerabilidad; se provee lo siguiente: RECEPCIÓN. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Gerardo Álvarez Vázquez, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 997/2021-VI. Improcedencia. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la transcripción anterior se obtiene que este juzgador está obligado a analizar el escrito inicial de demanda; asimismo, si advierte causa manifiesta e indudable, a desecharla de plano, lo que en el caso ocurre, en atención a lo siguiente. Un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, pues se advierte de una forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, o de los documentos que se anexan a los mismos. Incluso, se tiene la certeza y plena convicción de que el motivo de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal manera que aún en la hipótesis de admitirse la demanda de amparo, y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a otra conclusión, con independencia de los elementos que las partes pudieran allegar. A...Así, una vez contrastado el acto materia de la litis, con el precepto legal trascrito, es manifiesto que se actualizan los supuestos que se enuncian. En efecto, el primero de ellos se desprende de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, pues el acto reclamado es atribuido sólo a autoridades administrativas. En cuanto a la segunda y tercera hipótesis, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la aplicación del semáforo de riesgo epidemiológico de manera autónoma que aplica solo para el Centro Federal de Readaptación Social número Uno Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, y como consecuencia la orden de restricción en el que se le prohibió al quejoso la restricción de visita íntima así como la visita familiar con sus menores hijos, pues sólo se le permite verlos a través del cristal en los locutorios, sin tener contacto físico con ellos. En esa tesitura, cabe precisar que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se complementó la reforma constitucional a los artículos 18 y 21, de dieciocho de junio de dos mil once, donde se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas, ello a través del Juez de Ejecución; asimismo, la referida legislación contempla varios regímenes relacionados con las personas internadas en centros de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de pena. En ese sentido, es de concluir que tratándose de actos inherentes a la vida en internamiento sea por prisión preventiva o ejecución de pena, será aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyo objeto, de acuerdo a la contradicción de tesis 57/2018, resuelta el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el siguiente: "Objeto. Del contenido del artículo 1° de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se aprecia que su objeto es establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, ejecución de la pena y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Parte de su finalidad radica en implementar los mecanismos necesarios a través de los cuales, en un marco irrestricto de derechos humanos, se resuelvan las controversias que surjan con motivo de la prisión preventiva, la ejecución de la sentencia penal o sujeta a medidas de seguridad por delitos del orden común o federal. En efecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal recoge el sistema procesal acusatorio y tiene como propósito el lograr un sistema jurídico uniforme, sobre la base de una política criminal coherente y congruente con las nuevas bases constitucionales, que evite espacios de impunidad y el consecuente descrédito del sistema de ejecución de sanciones y de reinserción social. En suma, la finalidad de la citada ley es la transformación del sistema penitenciario, entre otros, a través de mecanismos eficientes que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad." Por otra parte, resulta necesario precisar que en la Ley Nacional de Ejecución Penal se establece una serie de mecanismos, a efecto de que la autoridad penitenciaria y el Juez de ejecución, dentro de sus facultades, resuelvan las controversias que se susciten, entre otras hipótesis, cuando se encuentren relacionadas con la ejecución de la pena impuesta en un proceso penal. Se afirma que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa, no agotó el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. La citada porción normativa, recoge el principio de definitividad, que esencialmente obliga a la parte justiciable a agotar los medios de defensa ordinarios que prevea la ley que rija el acto reclamado, y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo; en forma previa a la promoción del juicio de amparo. Este principio encuentra justificación en que el amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra hechos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto o actos de autoridad que le causen afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Cabe mencionar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: a) Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. b) Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario c) Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. d) Régimen de Visitas. Ahora respecto al referido acto reclamado, se actualiza en la hipótesis tocante al régimen de internamiento, el cual realiza la autoridad penitenciaria de acuerdo a los criterios de clasificación establecidos. Por tanto, los actos reclamados forman parte de las condiciones de internamiento, por ser un medio necesario para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Lo anterior es congruente con lo previsto en el numeral 5 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece la obligación de los Centros Penitenciarios a garantizar la separación de las personas privadas de la libertad, atendiendo a diversos criterios de clasificación, de acuerdo a los criterios de igualdad, integridad y seguridad. Así, de los precitados regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, por ser un medio necesario para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad, se encuentran reguladas en el mismo capítulo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en específico en el artículo 30, que se transcribe a continuación: ... Ahora bien, para salvaguardar lo anterior, la legislación en cita prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados (familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil), pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones que afecten sus condiciones de internamiento, en términos de lo establecido en los artículos 107 a 110 de la ley en consulta. Sin que obste a lo anterior, que si bien dicha ley hace alusión a la ejecución de las sentencias, cabe precisar que su artículo 1o., dispone lo siguiente: ... Es decir, tratándose a los actos inherentes a la vida en internamiento, ya sea por prisión preventiva o ejecución de una pena será aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, como parte de la implementación del nuevo sistema de reinserción social, y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas, y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; y establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de esa ejecución penal; cuyas disposiciones, son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, de ahí que esta ley resulte operable para las autoridades penitenciarias y jurisdiccionales de la Ciudad de México, en cualquier etapa del procedimiento penal. En efecto, la citada legislación prevé un procedimiento administrativo de peticiones a favor de las personas privadas de su libertad, para proteger la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; peticiones que pueden efectuarse por escrito y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. De igual manera, se establece, de manera específica, que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deben efectuarse por escrito sin formalidad alguna, ante el director del centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar la información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión. Incluso, las autoridades penitenciarias deben auxiliar a la persona privada de su libertad para formular el escrito correspondiente, cuando así le sea solicitado; asimismo, en dicho procedimiento el interesado podrá ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Por otra parte, el artículo 114 de la citada ley especial penal, señala que el director del centro de reclusión está obligado a resolver sobre las peticiones en el plazo de cinco días y notificar su determinación en uno no mayor a veinticuatro horas; asimismo, si dicha resolución es adversa a los intereses de la persona privada de su libertad que haya solicitado la petición administrativa, éste podrá formular controversia dentro del término de los diez días siguientes a la fecha de la notificación, ante el Juez de Ejecución; pero si los actos que se reclaman son continuos o permanentes, podrán plantearse en cualquier momento. Por su parte, el artículo 115 de la ley nacional, establece: "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega.". Entonces, si las peticiones hechas valer sobre actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, las cuales de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. De ahí, que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el recurso ordinario que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, en virtud de que el acto que pretende combatir en esta instancia es susceptible a través del medio de defensa previsto en la ley en comento, sin que se traten de un caso de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En ese sentido, el Juez de Ejecución, de oficio suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Por ello, el acto reclamado no puede ser sujeto al análisis inmediato en esta vía bi-instancial, toda vez que debió agotar el multicitado procedimiento administrativo de peticiones, relativo a las solicitudes de las personas privadas de su libertad que consideren vulneradas sus condiciones de internamiento y, en caso de no obtener respuesta favorable, la propia Ley especial en comento, lo faculta para acudir ante el Juez de Ejecución para la solución jurisdiccional de las peticiones que en su caso le formulen las personas privadas de su libertad. En tales condiciones, se reitera, previo a acudir al juicio de amparo el quejoso debió agotar el recurso que prevé la ley especial, por el que los actos reclamados son susceptibles de ser modificados, revocados o nulificados, conforme dicha ley especial; ya que ésta prevé la suspensión de los efectos del acto que en esta vía constitucional se reclama, teniendo los mismos efectos que regula la Ley de Amparo; sin exigir mayores requisitos que los que ésta considera para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, por lo cual no se trata de un caso de excepción para acudir directamente al juicio de amparo. Merecen invocarse por los temas que se analizan, la jurisprudencia y tesis aislada, siguientes: ... Ello es así, pues quien se duele de la afectación de un derecho, primero debe ejercer su acción ante la instancia administrativa o jurisdiccional, en el entendido que sólo en el caso de que agotado el trámite, la decisión final no le satisfaga y considere que se afecten sus derechos; entonces podrá acudir al juicio de amparo. En esa tesitura, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio. Ahora bien, toda vez que el promovente proporciona los usuarios "LICBIBIANA36 y LICLEON", de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizan los usuarios que refiere para la consulta electrónica del presente expediente, y por así haberlo solicitado, se comisiona al actuario adscrito para que le notifique las subsecuentes notificaciones de manera electrónica. ...Notifíquese.
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