Gerardo Alvarez Sarmiento

Expediente 618/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
618/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
05/08/2021

Partes del expediente

  • Gerardo Alvarez Sarmiento

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto dictado el veintidós de junio de dos mil veintiuno, que desechó y sobreseyó fuera de audiencia, dentro de los a que se refieren los artículos 81, fracción I inciso d), 97, fracción I, inciso a), y 98, párrafo primero de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO; para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión que deriva de este juicio. Hágase la devolución de las copias certificadas del expediente 59/2021 y un disco, a la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo con residencia en Pachuca, solicitándoles la confirmación correspondiente. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental. Además, en términos del artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio de amparo. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así como en la carátula del mismo. Por ende, debido a que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese

  2. Incidental

    Visto el estado de autos y lo asentado en la cuenta secretarial, se advierte que por acuerdo de esta fecha emitido en el cuaderno principal del que deriva el presente incidente, causó estado el acuerdo emitido en el mismo y se ordenó su archivo definitivo; por ende, se determina que en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente incidente no es de relevancia documental. Atento a lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que en términos del artículo 154 de la Ley de Amparo vigente, queda sin efectos la suspensión definitiva decretada en autos. Asimismo, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, se establece que el original de la presente incidencia es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión en su aspecto provisional y definitivo; debiéndose conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. Mientras que, el duplicado es destruible por ubicarse en el supuesto del contenido en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo General. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así como en las carátulas de los cuadernos. Por tanto, debido a que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta, suscrito por el quejoso, por medio del cual pretende ampliar su escrito de demanda de amparo, señalando como actos reclamados los siguientes: Las audiencias de veintisiete y veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en la que la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, en funciones de Jueza de Control negó declarar la nulidad e invalidez de los elementos de prueba consistentes en: Informe policial homologado con número de folio 327206 firmado por el Primer Subinspector, Suboficial y Suabagentes. Puesta a disposición del vehículo *** La puesta a disposición de la cantidad de $36,250.00 (treinta y seis mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) La puesta a disposición de dos aparatos celulares tipo samsung y ZTE, así como identificaciones personales. La puesta a disposición de treinta y un inmigrantes de diversas nacionalidades (Honduras, Salvador y Guatemala). Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA aludida respecto de dicho acto, por actualizarse la causal manifiesta e indudables de improcedencia que enseguida se enuncia. Establecido lo anterior, esta juzgadora advierte que en cuanto al acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, de la Ley de la materia, este último aplicado a contrario sensu, dado que el acto que se tilda de inconstitucional no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los citados artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con las porciones normativas transcritas, el juicio de amparo contra actos dentro de un asunto, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, la parte quejosa reclama de la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, en funciones de Jueza de Control, la determinación dictada en audiencia de fecha veintisiete y veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en la que desahogó la prueba anticipada ofrecida por la fiscalía, que negó la invalidez de diversos medios de prueba; lo cual no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Esto, porque las consecuencias del desahogo de la prueba anticipada, deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, el acto reclamado no recae sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal o procedimental, es decir, aquél debe lesionar bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Condiciones que no se satisfacen en el presente asunto, ante todo, porque de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, uno de los principios que rigen el proceso penal acusatorio y oral, es que sólo se reputan como "pruebas" aquellas desahogadas públicamente ante el tribunal respectivo, en presencia de las partes -salvo la prueba anticipada-. El Poder Reformador dejó a cargo de la ley secundaria los requisitos para la procedencia de esta última figura. Así, los numerales 304 a 306 del Código Nacional de Procedimientos Penales, regulan la prueba anticipada. Tales preceptos señalan lo siguiente: "Artículo 304. Prueba anticipada Hasta antes de la celebración de la audiencia de juicio se podrá desahogar anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente, siempre que se satisfagan los siguientes requisitos: I. Que sea practicada ante el Juez de control; II. Que sea solicitada por alguna de las partes, quienes deberán expresar las razones por las cuales el acto se debe realizar con anticipación a la audiencia de juicio a la que se pretende desahogar y se torna indispensable en virtud de que se estime probable que algún testigo no podrá concurrir a la audiencia de juicio, por vivir en el extranjero, por existir motivo que hiciere temer su muerte, o por su estado de salud o incapacidad física o mental que le impidiese declarar; III. Que sea por motivos fundados y de extrema necesidad y para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio, y IV. Que se practique en audiencia y en cumplimiento de las reglas previstas para la práctica de pruebas en el juicio." "Artículo 305. Procedimiento para prueba anticipada. La solicitud de desahogo de prueba anticipada podrá plantearse desde que se presenta la denuncia, querella o equivalente y hasta antes de que dé inicio la audiencia de juicio oral. Cuando se solicite el desahogo de una prueba en forma anticipada, el Órgano jurisdiccional citará a audiencia a todos aquellos que tuvieren derecho a asistir a la audiencia de juicio oral y luego de escucharlos valorará la posibilidad de que la prueba por anticipar no pueda ser desahogada en la audiencia de juicio oral, sin grave riesgo de pérdida por la demora y, en su caso, admitirá y desahogará la prueba en el mismo acto otorgando a las partes todas las facultades previstas para su participación en la audiencia de juicio oral. El imputado que estuviere detenido será trasladado a la sala de audiencias para que se imponga en forma personal, por teleconferencia o cualquier otro medio de comunicación, de la práctica de la diligencia. En caso de que todavía no exista imputado identificado se designará un Defensor público para que intervenga en la audiencia." "Artículo 306. Registro y conservación de la prueba anticipada La audiencia en la que se desahogue la prueba anticipada deberá registrarse en su totalidad. Concluido el desahogo de la prueba anticipada, se entregará el registro correspondiente a las partes. Si el obstáculo que dio lugar a la práctica del anticipo de prueba no existiera para la fecha de la audiencia de juicio, se desahogará de nueva cuenta el medio de prueba correspondiente en la misma. Toda prueba anticipada deberá conservarse de acuerdo con las medidas dispuestas por el Juez de control.". De conformidad con los preceptos transcritos, hasta antes de la celebración de la audiencia de juicio se podrá desahogar anticipadamente cualquier medio de prueba ante el Juez de Control. En la solicitud relativa, las partes deben exponer las razones por las cuales el acto se debe realizar con anticipación a la audiencia de juicio a la que se pretende desahogar y se torna indispensable en virtud de que se estime probable que algún testigo no podrá concurrir a la audiencia de juicio, por vivir en el extranjero, por existir motivo que hiciere temer su muerte, o por su estado de salud o incapacidad física o mental que le impidiese declarar. El Juez de control, previo a la admisión y desahogo de la prueba anticipada, debe citar a todos aquellos que deben concurrir a la audiencia de juicio oral, entre ellos, al imputado y su defensor. Además, el órgano jurisdiccional está obligado a valorar ex ante sobre la posibilidad de que la prueba por anticipar no pueda ser desahogada en la audiencia de juicio oral, sin grave riesgo de pérdida por la demora. Superado tal aspecto, procederá a admitir y desahogar la prueba conforme a las reglas establecidas para el juicio oral, esto es, mediante los principios de inmediación y contradicción, en el que se ejerza un control horizontal de las partes, a través del interrogatorio y contrainterrogatorio respectivo. Finalmente, desahogada la prueba anticipada, debe entregarse una copia del registro respectivo a los intervinientes. En el supuesto de que el proceso penal transite hasta la etapa de juicio, de no existir el obstáculo que dio lugar a la práctica del anticipo de prueba, deberá desahogarse nuevamente en la audiencia de debate. Las consideraciones destacadas muestran que el anticipo de prueba, constituye una excepción a la regla general de que las pruebas sólo son aquellas desahogadas ante el tribunal correspondiente, mediante el ejercicio de los principios de inmediación y contradictorio. Para la admisión y el desahogo de la prueba deben cumplirse ciertos requisitos establecidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunado a lo anterior, existe la posibilidad de que se desahogue nuevamente la prueba anticipada ante el Tribunal de enjuiciamiento respectivo, si al momento de la audiencia de juicio ha desaparecido el motivo que originó su desahogo previo. De no ser así, el Tribunal debe llevar a cabo la reproducción del anticipo de prueba y, con base en su valoración libre y lógica, aplicando las reglas generales de la prueba, según los numerales 356 a 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, emitirá las razones por las cuales conferirá valor probatorio al desahogo de la prueba previa. Esas consideraciones permiten establecer que el desahogo de la prueba anticipada, no constituye un acto de imposible reparación que pueda ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, puesto que el Código Nacional dispone los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, misma que ha de ser valorada en su momento procesal oportuno por el Tribunal de enjuiciamiento. Por ello, el desahogo de una prueba anticipada, en modo alguno impide el ejercicio de algún derecho presente (afectación material, real y objetiva) ni afecta los derechos sustantivos del promovente del amparo, pues acorde a las razones expuestas, será hasta el momento en que el Tribunal de enjuiciamiento exponga las razones que tenga en cuenta para valorar la prueba y la considere como prueba de cargo en contra de los acusados al emitir la sentencia en la audiencia de juicio oral, cuando llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En esa tesitura, el desahogo de la prueba anticipada en contravención o conforme a los numerales 304 a 306 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no produce una afectación material a los derechos del imputado, sino de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. No es óbice a lo anterior, el hecho de que la prueba anticipada se haya llevado a cabo en etapas previas a la de juicio oral -inicial o intermedia- y que por ese motivo no pueda plantearse la violación respectiva, en su caso, en la etapa de debate y, posteriormente, en amparo directo. En efecto, en sede uniinstancial sólo podrán ser objeto de revisión constitucional las violaciones que se actualicen durante la tramitación de la etapa de juicio oral, sin que sea posible su estudio cuando se hayan cometido durante las etapas preliminar o intermedia del procedimiento penal. Esto es, la materia del juicio de amparo directo, tratándose del nuevo sistema de justicia penal, deberá consistir exclusivamente en analizar lo actuado durante la etapa de juicio oral, sin incluir decisiones tomadas en etapas previas por una autoridad jurisdiccional distinta, relativas a situaciones cuyo debate no pudo ser retomado o reabierto en aquella etapa. Ello, porque como lo ha establecido el Máximo Tribunal del País, conforme al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, el procedimiento penal acusatorio se encuentra dividido en etapas, cada una de las cuales tiene una función específica. Estas etapas se van sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significa que sólo superándose una se puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas. Por esta razón, las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente. Lo antepuesto encuentra apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia 1ª./J. 74/2018 (10ª.) y la tesis 1ª. LI/2018 (10ª.), emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro: 2018868, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, página 175; y la segunda localizable en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro 2017072, libro 55, junio de 2018, tomo II, página 969; del rubro siguiente: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL.". Partiendo de esas premisas, si bien es cierto que en la etapa de juicio oral y, por ende, en el amparo directo sólo pueden analizarse las violaciones que se cometan en la audiencia de debate, excluyendo lo que ocurra en las etapas preliminar o intermedia del procedimiento penal; también lo es que la prueba anticipada prevista en el artículo 304 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye una excepción a la regla general de que "prueba" es toda aquella que se desahoga públicamente ante el tribunal respectivo, en presencia de las partes. En ese sentido, aun cuando la admisión y desahogo del anticipo de prueba se lleve a cabo en las etapas inicial o intermedia del proceso penal; su valoración y efectos se traslada a la etapa de juicio oral, donde el Tribunal de enjuiciamiento deberá exponer las razones que tenga en cuenta para conferirle valor probatorio acorde al numeral 359 de la mencionada legislación y, en su caso, considerarla como prueba de cargo en contra del acusado. Lo que se afirma, ya que conforme a lo dispuesto en el artículo 347, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el auto de apertura a juicio oral contiene, entre otras determinaciones, los medios de prueba que deberán desahogarse en la audiencia de juicio, incluida la prueba anticipada; por tanto, en la audiencia de debate, previa incorporación por medio de lectura o reproducción, el Tribunal correspondiente deberá emitir la valoración respectiva de la declaración anticipada, quien podrá determinar si en su producción se violaron derechos fundamentales o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Finalmente, para definir si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza propia del mismo y a las consecuencias que produce, dejando al margen los planteamientos expuestos por la parte que se considera afectada con él. Entenderlo en sentido contrario implicaría dejar a criterio de la parte quejosa e inconforme la actualización de la hipótesis de procedencia del juicio constitucional, lo que es inadmisible jurídicamente. Lo anterior, porque no podría considerarse que un acto es de imposible reparación sólo porque el solicitante de amparo así lo manifieste. En suma, el desahogo de una prueba anticipada, no se trata de un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, dado que será hasta el momento en que el Tribunal de enjuiciamiento exponga las razones que tenga en cuenta para valorar la prueba y la considere como de cargo en contra de los acusados al emitir la sentencia en la audiencia de juicio oral, cuando llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Es aplicable, por analogía y las razones que la informan, la tesis II.2º.P.66 P (10ª.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro: 2017175, libro 55, junio de 2018, tomo IV, materia(s): Común, Penal, Penal, página: 3094, de rubro y consideraciones jurídicas siguientes: "MEDIOS DE PRUEBA EN EL SISTEMA PENAL ORAL DE TIPO ACUSATORIO. SALVO EXCEPCIONES JUSTIFICADAS, CONTRA SU ADMISIÓN EN LAS ETAPAS INTERMEDIA O DE JUICIO ORAL ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DE ACUERDO CON EL ASPECTO LÓGICO DE VALORACIÓN POST FACTO DE SU TRASCENDENCIA AL RESULTADO DEL FALLO. Para efectos de determinar la procedencia excepcional del amparo indirecto, es de estimarse que independientemente de la etapa en que se resuelva (intermedia o de juicio oral), existe un aspecto fundamental a considerar tratándose de la admisión o no de medios de prueba en el sistema penal oral de tipo acusatorio, a efecto de estar en posibilidad de determinar si realmente se afecta un derecho sustantivo, como sería el de defensa adecuada, que justifique la procedencia, por excepción, o si en ese momento únicamente implica una cuestión intraprocesal; y éste se refiere a la conducencia, idoneidad o utilidad del medio de prueba en cuestión, en relación con el hecho que pretenda probarse, lo cual, constituye un aspecto que no se limita a la cuestión formal de su admisibilidad en sí misma, sino que implica una necesaria porción de análisis valorativo de su eventual eficacia desde el punto de vista cualitativo y, por ello, inexorablemente, salvo casos de excepción, se requiere del examen contextual de la prueba de referencia y su trascendencia y conducencia en relación con el acto previamente realizado de valoración que ocurre precisamente en la sentencia; de modo que, la posibilidad de afirmar, por ejemplo, que la inadmisión de un medio de prueba afecta un derecho sustantivo de modo irreparable, por regla general, no puede anticiparse apriorísticamente prejuzgando sin fundamento lógico, sino únicamente post facto al dictado del fallo, a fin de establecer esa pertinencia e indispensabilidad en el contexto del eventual resultado valorativo. Por tanto, sólo mediante su revisión en alzada, o bien, en el amparo directo, puede realmente determinarse de manera cierta la valoración indebida de una prueba ilícita o si aquella inadmisión de pruebas trascendió o no en la sentencia emitida en perjuicio del quejoso y si su ausencia en cuanto a incorporación hace ineludible de acuerdo a los fines del proceso penal, catalogarla o no como violación procesal que ineludiblemente amerite la reposición procedimental. Por ello, desde una perspectiva lógicofuncional, en esos supuestos, el amparo indirecto, por lo general, es improcedente.". De conformidad con lo razonado, se puede afirmar que la afectación producida por el desahogo de la prueba será visible hasta que se dicte el fallo correspondiente. En ese entendido, si la sentencia llegara a ser perjudicial al interés del quejoso, el desahogo de la prueba anticipada podría ser objeto de estudio del juicio de amparo directo, ya que si bien la jurisprudencia 1ª./J. 74/2018 (10ª.)2 señala que sólo las violaciones procesales ocurridas durante la audiencia de juicio oral son las que pueden ser motivo de estudio en el amparo directo, también se debe comprender dentro de éstas al desahogo de la prueba anticipada dado que si bien dicha actuación se realiza antes de la audiencia de juicio oral, por su naturaleza instrumental y probatoria, puede llegar a trascender al dictado del fallo, como si se hubiera desahogado dentro de la audiencia de juicio, pues precisamente hasta esa etapa terminal es cuando podría ser usada y, en ese caso, valorada para la toma de decisión. También es de utilidad para soportar lo hasta aquí considerado, la interpretación realizada al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/20143, de la que desprendió dos condiciones para tener por actualizado el supuesto jurídico de dicho precepto, consistentes en I) afectación de un acto de autoridad al libre ejercicio de un derecho de forma presente, incluso antes del fallo definitivo, y II) la afectación sea a un derecho sustantivo, a diferencia de lo ocurrido con los adjetivos, en los que dicha transgresión no se da de forma actual, ya que su trascendencia sólo es perceptible hasta el desenlace de un procedimiento o juicio. En el presente caso, como hemos visto no se actualizan ninguna de las dos condiciones, puesto que la afectación del desahogo de la prueba anticipada sólo podrá ser vislumbrada, en su caso, hasta el dictado del fallo que corresponda. Sirve de apoyo la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, consultable en la página 6211, agosto de 2020, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2021998, que dice: "PRUEBA ANTICIPADA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA SU DESAHOGO ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que en la etapa de juicio oral y, por ende, en el amparo directo sólo pueden analizarse las violaciones que se cometan en la audiencia de debate, excluyendo lo que ocurra en las etapas preliminar o intermedia del procedimiento penal, también lo es que la prueba anticipada prevista en el artículo 304 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye una excepción a la regla general de que "prueba" es toda aquella que se desahoga públicamente ante el tribunal respectivo, en presencia de las partes. En ese sentido, su valoración y efectos se trasladan a la etapa de juicio oral, donde el tribunal de enjuiciamiento deberá exponer las razones que tenga en cuenta para conferirle valor probatorio acorde con el numeral 359 de la mencionada legislación y, en su caso, considerarla como prueba de cargo en contra del acusado; en suma, el desahogo de una prueba anticipada, no se trata de un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, dado que será hasta el momento en que el tribunal de enjuiciamiento exponga las razones que tenga en cuenta para valorar la prueba y la considere como de cargo en contra de los acusados al emitir la sentencia en la audiencia de juicio oral, cuando llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva." Y la diversa emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página 947 Marzo de 2020, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2021798, que dice: "MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. ES MANIFIESTA E INDUDABLE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO PORQUE NO CAUSA EFECTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, SI EL ACTO RECLAMADO SE EMITE DENTRO DE ÉSTA, ANTES DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL. De conformidad con el artículo 107 de la Ley de Amparo, los actos emitidos durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la vida, la integridad personal, la libertad, etcétera, cuya afectación no puede ser reparada aun obteniendo sentencia favorable; lo que excluye la procedencia del amparo indirecto cuando sólo se afecten derechos adjetivos, aun cuando dicha afectación pudiera considerarse en grado predominante o superior. Ahora bien, la determinación del Juez de Control dentro de la etapa intermedia, que se ocupe de proveer aspectos vinculados con el tema de los medios de prueba de las partes, sólo genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata de derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de esos derechos; lo que actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el citado 107, fracción V (en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, que origina el desechamiento de plano de la demanda, ya que tal resolución en todo caso, podría ser susceptible de combatirse como parte de las violaciones ocurridas en el desarrollo de dicha fase, hasta el auto de apertura a juicio oral, al ser en dicha actuación en la que, entre otras cuestiones, se indican los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada, según lo establece la fracción V del artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales." En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO la ampliación de demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, en funciones de Jueza de Control, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, visto el informe justificado rendido por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, en funciones de Jueza de Control, en dos de junio del año que transcurre, mediante el cual reconoció el acto reclamado en el escrito inicial de demanda, consistente en el auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual citó al aquí solicitante de derechos para la audiencia de discusión sobre la procedencia de la prueba anticipada ofrecida por el Agente del Ministerio Público de la Federación, la cual tuvo verificativo el veintisiete de mayo del presente año; asimismo, precisó que el citatorio reclamado no deriva de una orden de comparecencia sin proceso previo, aunado a que el solicitante de derechos acudió a la referida audiencia voluntariamente y ejerció su derecho a estar presente asistido de su defensa particular. Atento a lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de un modo irreparable;" En efecto, el acto reclamado en este juicio consiste en: El auto dictado el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, en funciones de Jueza de Control, en la Técnica de Investigación 59/2021 (Prueba Anticipada 4/2021), que citó al aquí quejoso el veintisiete de mayo del mismo año a la audiencia de prueba anticipada solicitada por la fiscalía. Del informe justificado rendido por la autoridad responsable y las constancias que remitió en apoyo al mismo, a las que se les concede pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la diligencia a la cual fue citado mediante acuerdo de diecisiete de mayo del año en curso, tuvo verificativo en la fecha señalada, esto es el veintisiete de mayo siguiente, data en la que la fiscalía desistió en el desahogo de algunas testimoniales, insistió en diversas declaraciones, las cuales admitió la Jueza de Control con base en los artículos 304, 305 y 306 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al tratarse de extranjeros, en situación migratoria irregular que serían retornados a su país de origen (El Salvador y Honduras), motivo por el cual se desahogaron el veintiocho de mayo siguiente. En virtud de lo anterior, el citatorio reclamado no puede ser analizado en su constitucionalidad o inconstitucionalidad por este órgano jurisdiccional, pues se produjeron todos sus efectos y consecuencias sobre la esfera jurídica del quejoso, de tal manera que no puede restituírsele ni física ni materialmente al estado en que se encontraba antes de las violaciones reclamadas. En ese tenor, se concluye que el auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Hidalgo, citó al aquí quejoso para el desahogo de la prueba anticipada solicitada por la fiscalía, produjo todos sus efectos y consecuencias sobre la esfera jurídica del quejoso, de tal manera que no puede restituírsele ni física ni materialmente al estado en que se encontraba antes de las violaciones reclamadas. En ese tenor, se concluye que el auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, ya no tiene vigencia jurídica, por ende, no puede ser analizadas por este órgano jurisdiccional, lo que conduce a sobreseer en el juicio de garantías. Ello en virtud de que, como se dijo, el acto reclamado ha producido todos sus efectos de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, ya que de concederse la protección constitucional la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Lo anterior es así, dado que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados; por lo que el principio que rige para su procedencia, es la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. Por tanto, resulta incuestionable que el acto reclamado se ha consumado de manera irreparable, porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución del acto reclamado. Es aplicable a lo anterior la tesis publicada con la clave I. 3o. A. 150 K, en la página 325, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." En consecuencia, como ha quedado plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XVI del numeral 61 de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el este juicio, en términos de la fracción V del normativo 63 de la mencionada Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe precisar que tal resolución no priva de defensa al solicitante del amparo, en virtud que esta determinación se sustenta en causas notorias, manifiestas e indudables de improcedencia del juicio de amparo, lo que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan las pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual sería en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 404, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 425, Novena Época, de rubro y tenor siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite, conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por las consideraciones precisadas, se hace del conocimiento de las partes que se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a la citada autoridad responsable. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio a través del cual remite el informe justificado que rinde la autoridad responsable Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo con residencia en Pachuca y remite copias certificadas del expediente 59/2021. En consecuencia, dado el volumen de las constancias que remite, para un mejor manejo del presente expediente, se ordena abrir un anexo al juicio en que se actúa que contenga dichas constancias. Con su contenido dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano