Gerardo Álvarez Martínez
Expediente 177/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 177/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Gerardo Álvarez Martínez
- 1.- Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Téngase a la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, con sede en esta ciudad, por instrucciones de su titular, comunicando que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo que motivó el presente expediente, promovido por GERARDO ALVAREZ MARTÍNEZ, registrándolo con el número 330/2018, de su índice.
- Principal
Téngase al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, dando cumplimiento a lo solicitado por esta autoridad, mediante auto de diecisiete de los corrientes e informando que respecto de la incompetencia planteada por este juzgado, dentro del presente juicio, tocó conocer al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, bajo el número 931/2018; ante ello, solicítese al similar en grado que de no tener inconveniente legal alguno, haga del conocimiento a esta autoridad, si se avocó al conocimiento del mismo o cual es el estado procesal que actualmente guarda.
- Principal
De autos se advierte que mediante proveído de nueve de abril de la presente anualidad, este juzgado se declaró incompetente por razón de materia, remitiendo los autos del juicio de amparo 177/2018, índice de esta autoridad, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, quien lo recibió el diez de abril siguiente, sin que se tenga noticia alguna, sobre a que juzgado le tocó conocer del presente juicio; ante ello, solicítese al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a fin de que haga del conocimiento a esta autoridad, ante que Órgano jurisdiccional fue turnado el sumario de mérito.
- Principal
Monterrey, Nuevo León, a nueve de abril de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, se provee: 1 REGISTRO Y CAPTURA EN SISE. Con la demanda de amparo presentada por GERARDO ALVAREZ MARTÍNEZ CASTILLA, de cuya lectura integral se advierte que se duele de actos que atribuye al Licenciado Iván Millán Escalera y de su Secretario de nombre Carlos Rosales Vázquez quienes es público notorio que se desempeñan; el primero, como JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN; y, el segundo, Secretario de su adscripción por violación a los derechos fundamentales y garantías dadas para su protección, contempladas en los artículos 1, 4, 6, 8, 16, 17, 20 y 22 de la Constitución Federal y, copias que se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 177/2018; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). 2 DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA LEGAL En concepto del suscrito, este órgano jurisdiccional es LEGALMENTE INCOMPETENTE, para conocer de la demanda planteada y del escrito de ampliación en atención a que, el promovente señala como acto reclamado; "El que le han negado información médica que requiere a través que a través de la expedición de copias ilegibles de constancias existentes en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 161/2018" La lectura armónica y sistemática de los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, revela la existencia de un conjunto de reglas para la distribución de las competencias, tratándose de juzgados de Distrito especializados en diversas materias, dicho preceptos en el orden dado, a la letra dicen: "Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". "Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". "Los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de esta Ley; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". "Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". De lo anterior, se tiene que: a) La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral; y, b) El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que puede tener la calidad de autoridad administrativa; y si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer que criterio se privilegia. En atención a lo anterior, advirtiéndose de la narrativa plasmada en el ocurso de demanda en que el promovente índica actos de naturaleza administrativa, que atribuye a autoridades que detentan ese carácter, tal como es el JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, con sede en esta ciudad; y un Secretario de su adscripción, aduciendo que su reclamo, consiste, en que se le expida copia legible y debidamente certificada de constancias habidas en el incidente ya especificado, es claro, que de proceder el juicio de garantías que se trata de un acto que, de conformidad con el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde conocer a un Juez de Distrito en esa materia. En ese contexto, es dable considerar que este órgano jurisdiccional, carece de competencia legal para avocarse al conocimiento de la demanda de garantías y la ampliación de cuenta en atención a las consideraciones siguientes: El artículo 51 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece: "Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." El numeral 52 fracción II, del ordenamiento invocado, señala: "Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden" De la intelección de la primera de las disposiciones transcritas, se viene a conocimiento que los Jueces de Distrito en Materia Penal, conocerán de los actos de autoridad que impliquen una afectación a la libertad personal del gobernado, excepción hecha de las correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal; así como, de aquellos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. De la segunda de las disposiciones antes mencionadas, se aprecia que un Juez de Distrito en Materia Administrativa conocerá de los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden En tal caso, es evidente que el acto que combate, no es de los que están reservados para la competencia de un Juez de Distrito Especializado en Materia Penal y es de carácter material y formalmente administrativo, en atención a que reclama del Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en esta ciudad, actos que están estrechamente relacionados con el juicio de amparo 161/2018 (generados en el incidente de suspensión). En ese contexto, se estima que el conocimiento de la demanda de mérito, corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, dada la naturaleza del acto antes mencionados, en atención a que, en los juicios de amparo promovidos contra actos dictados por una autoridad judicial administrativa, conocerá un Juez de Distrito de esa materia, en atención a que dada su naturaleza, sus actos materiales son los que definen la competencia. Así las cosas, se estima que el conocimiento de la demanda de mérito, corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, que se ubique dentro de este Circuito, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, y el carácter de las autoridades a quien se les atribuye; lo anterior, de conformidad con la regla de competencia que establece el numeral 52 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la tesis número I.3o.C.100 K, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1431, Tomo XXXII, Noviembre de 2010, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "COMPETENCIA. CRITERIOS DE ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51, 52, 54 Y 55 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). De la lectura armónica y sistemática de los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se deriva un conjunto de reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias con base en dos elementos fundamentales: a. La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral. b. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa; y si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterio se privilegia. Así, conocerá un Juez de Distrito en materia penal, de los actos dictados por la autoridad judicial penal, inclusive de resoluciones dictadas en incidentes de reparación del daño o responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; o de cualquier autoridad que afecte la libertad personal, salvo las correcciones disciplinarias y medidas de apremio impuestas fuera de procedimiento penal; en estos casos, la competencia la define el carácter material del órgano judicial o la naturaleza penal del acto reclamado. En tratándose del amparo contra los actos dictados por la autoridad laboral o en un procedimiento seguido por la autoridad del mismo orden, así como de las leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo, conocerá un Juez de Distrito en materia laboral, según el caso; en este supuesto, la competencia la define la naturaleza material del órgano judicial o administrativo laboral o la naturaleza laboral del acto reclamado. Entonces, el Juez de Distrito en materia de trabajo conocerá de los juicios de amparo promovidos contra actos de la autoridad judicial; en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido del mismo orden; que se promuevan contra leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo o que sobre esa materia se dicten por una autoridad distinta de la judicial y los promovidos contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio. En los juicios de amparo promovidos en contra de los actos dictados por la autoridad judicial administrativa conocerá un Juez de Distrito en materia administrativa; en todos estos casos, la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales definen la competencia. Por otro lado, el artículo 54, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece, con especial referencia a la competencia de los Jueces de amparo en materia administrativa, una vis atractiva especial, al indicar que deben conocer de los juicios de amparo contra autoridad distinta de la judicial, salvo los casos de extradición y de las demandas de amparo promovidas contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal. De modo que por esta regla general, la preeminencia la tiene la autoridad origen del acto reclamado, esto es, si no es judicial, en principio el competente será el Juez en materia administrativa, salvo que el acto afecte la libertad, porque entonces, atendiendo a este bien jurídico, el más importante después de la vida, el competente será el Juez de amparo penal. Finalmente, en tratándose del amparo promovido contra actos dictados por la autoridad judicial civil, en el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, conocerá un Juez de Distrito en materia civil; por lo que en este supuesto, la competencia la define la naturaleza formal del órgano judicial y, en su caso, cuando se promueve el juicio de amparo en contra de leyes y disposiciones de observancia general en materia civil, es la naturaleza del bien regulado, lo que define la competencia. Así también, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la página 1088 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época. "COMPETENCIA EN AMPARO, PARA RESOLVER SOBRE ELLA EN EL AUTO INICIAL DEBE ATENDERSE A LA NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, SIN TOMAR EN CUENTA LAS CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDAN SURGIR DURANTE EL PROCEDIMIENTO". Sin que pase inadvertido que el promovente señala que el no proporcionarle copias legibles de las constancias que le solicitó, constituyen actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, llegando el directamente agraviado a equipararlos a malos tratos, aduciendo que con ello existe el riesgo de perder la vida desde que le negaron hacerle una biopsia en marzo de dos mil quince, marzo de dos mil dieciséis y que le ocultaron un cáncer en abril de dos mil diecisiete. Sin embargo, en concepto del suscrito ninguno de los actos a que se refiere en este ocurso que se provee, pueden ser catalogados como de los prohibidos por el expresado magno numeral. En efecto, el artículo 15 de la Ley de Amparo, al referirse a los actos prohibidos por el artículo 22 de nuestra Carta Magna, establece, como causa determinante para permitir que se promueva el juicio de amparo en nombre del directamente agraviado por cualquier persona, que aquél se encuentre imposibilitado para promover el amparo, da ahí se puede advertir que, los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, por los cuales se puede acudir ante esta instancia extraordinaria de defensa a solicitar en amparo y protección de la justicia federal consisten en las penas de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, circunstancia que en el caso no acontece en virtud de que, como ya se dijo, lo que aquí se reclama, consiste en que le han negado información médica que requiere a través que a través de la expedición de copias ilegibles de constancias existentes en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 161/2018, razón por la que no se decide sobre la suspensión de plano solicitada, debido a que el accionante refiere es un enfoque subjetivo de su percepción, lo cual no obliga al suscrito a declarar, de oficio y de plano, la suspensión del acto que se impugna, ni tampoco a pronunciarse sobre la suspensión provisional de los mismos. Es apoyo de la determinación precedente, el criterio que contiene la tesis VI.1o.A.19 K, correspondiente a la Novena Época, Registro: 179731, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en la página 1458 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004 Materia(s): Común, que dice: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio. Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 que establece que es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un Juez de Distrito y otro del mismo distrito y especialización en su caso, 48 de la Ley de Amparo y 52 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado de Distrito, se declara LEGALMENTE INCOMPETENTE, para conocer de la demanda de amparo de cuenta; en consecuencia, previa formación del cuadernillo de antecedentes que se deje para constancia, se ordena remitir el original de la misma y, copias a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, para que la turne al órgano jurisdiccional que corresponda, excepto el Juzgado Tercero de Distrito de esa materia, que es al que se le atribuye el acto reclamado, para los efectos previstos en el artículo 52 de la expresada ley especial; a quien se le solicita el acuse de recibo correspondiente. 3 DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS. Téngase al quejoso señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda. 4 GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Se hace del conocimiento de las partes que al tenor de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 17 de la ley suprema del país, los servicios que este Juzgado de Distrito presta en lo atinente a la administración de justicia, son gratuitos. 5 FOLIO En la inteligencia que, el folio del presente expediente se imprime con folio mecánico. Notifíquese, personalmente al promovente. Así lo acordó y firma RAFAEL RODRIGO CRUZ OVALLE, Juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, ante RITO CRUZ PANTOJA,
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