Gerardo Alvarado Solórzano

Expediente 1054/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1054/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
18/10/2021

Partes del expediente

  • Gerardo Alvarado Solórzano

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el escrito del quejoso y como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la materia en vista de lo prevenido en el artículo 2° de la Ley de Amparo, devuélvasele los documentos que ofreció como prueba en su escrito inicial de demanda, previo desglose, certificación y razón de recibo que se deje en autos para constancia, se tiene como autorizados para recibirlos a los licenciados que indica.

  2. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que a la parte quejosa le ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para promover el recurso de queja en contra de la resolución mediante la cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en vista de lo prevenido en el artículo 2 de la ley de la materia, se declara ejecutoriada en sus términos; en su oportunidad archívese el presente expediente.

  3. Principal

    Durango, Durango, a treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en la Laguna, con residencia en la Ciudad de Torreón, Coahuila, mediante el cual solicita el acuse de recibo del oficio E-1134, respecto a lo que solicita dígasele que mediante oficio 26411/2021 se le acusó recibo vía interconexión, por lo que remítase por ese medio copia del referido oficio. Notifíquese.

  4. Principal

    Durango, Durango, a treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por *************, contra actos de la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, y de otras autoridades, que considera violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 1 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Es notoria y manifiestamente improcedente la demanda de garantías interpuesta por Gerardo Alvarado Solorzano, por las razones que a continuación se precisan. El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente; mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En interpretación de un numeral y fracción de similar redacción a la actual Ley de Amparo, existe la tesis de jurisprudencia 749, que puede ser consultable en la página 505, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años de 1917 a 1995, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional". El dispositivo 107, fracciones III y V, de la propia Ley de Amparo, dispone: "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: . III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .". Conforme a la fracción III de este numeral, en contra de los actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el juicio de amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en el curso del procedimiento, o en la misma resolución, lo que debe interpretarse conjuntamente con la fracción V del propio artículo, que previene la procedencia del juicio de garantías contra actos que tengan sobre las personas una ejecución de imposible reparación. Sirve de apoyo al particular la tesis publicada en la página 82, del Tomo 133-138, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, en que se interpretaron los dispositivos 114, fracciones II y IV, de la anterior Ley de Amparo, de similar redacción a la actual, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, que determina que tratándose de actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, debe interpretarse en relación con la fracción IV del mismo precepto, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Aunque la fracción IV aluda a actos en el juicio, por igualdad de razón debe aplicarse a actos en procedimientos seguidos en forma de juicio pues lo que se pretende al través de ese precepto es que los actos que tengan una ejecución de imposible reparación puedan ser impugnados de inmediato en la vía de amparo sin necesidad de esperar la resolución definitiva, y tales actos pueden producirse tanto en juicios propiamente dichos como en procedimientos seguidos en forma de juicio". El artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Estado de Durango, relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa ante las Secretarías y Órganos Internos de Control, establece: "ARTÍCULO 208. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas no graves, se deberá proceder en los términos siguientes: La Autoridad investigadora deberá presentar ante la Autoridad substanciadora el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, la cual, dentro de los tres días siguientes se pronunciará sobre su admisión, pudiendo prevenir a la Autoridad investigadora para que subsane las omisiones que advierta, o que aclare los hechos narrados en el informe; En el caso de que la Autoridad substanciadora admita el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo. Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio; Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia inicial deberá mediar un plazo no menor de diez ni mayor de quince días hábiles. El diferimiento de la audiencia sólo podrá otorgarse por causas de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificadas, o en aquellos casos en que se nombre; Previo a la celebración de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá citar a las demás partes que deban concurrir al procedimiento, cuando menos con setenta y dos horas de anticipación; El día y hora señalado para la audiencia inicial el presunto responsable rendirá su declaración por escrito o verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias para su defensa. En caso de tratarse de pruebas documentales, deberá exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos en los términos previstos en esta Ley; Los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad administrativa, a más tardar durante la audiencia inicial, podrán manifestar por escrito o verbalmente lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que estimen conducentes, debiendo exhibir las documentales que obren en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitaron mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudieron conseguirlos por obrar en archivos privados, deberán señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos; Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que a su derecho convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la Autoridad substanciadora declarará cerrada la audiencia inicial, después de ello las partes no podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas que sean supervenientes; Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo; Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, la Autoridad substanciadora declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes; Una vez trascurrido el periodo de alegatos, la Autoridad resolutora del asunto, de oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera, debiendo expresar los motivos para ello; XI. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles". El análisis de este precepto permite colegir que el procedimiento administrativo de responsabilidad contiene una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención de una resolución definitiva. Ahora bien, el quejoso Gerardo Alvarado Solorzano reclama de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Durango, de la Dirección de Responsabilidades Administrativas, de la Dirección de Investigaciones y del Notificador, todos adscritos a dicha Secretaria, lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: PRIMERO.- Los actos de autoridad consistentes en: a).- Oficio No. DI-i007/2021, de fecha 2 de febrero del año 2021, a través del cual la C. Lic. Mónica Isabel Cuevas Rosales, Directora de Investigaciones de la Secretaria de Contraloría del Estado de Durango en su carácter de autoridad investigadora, formula y remite el informe de presunta responsabilidad administrativa y sus anexos. b).- Acuerdo de Admisión dictado del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, de fecha ocho de febrero del año 2021, dictado en el expediente del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa citado al rubro. c).- Emplazamiento al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa. En el cual, se me cita para que comparezca personalmente a las 13:00 horas del día 31 de agosto del 2021. d).- Acta de Notificación del 12 de agosto del 2021. Se las reclamo a las autoridades señaladas en el capítulo de II.- AUTORIDADES RESPONSABLES, en sus incisos a), b), c) y d). e).- Oficio No. STPS/DA/190/2020, signado por el Lic. Israel Soto Pena, el cual se manifiesta que: "Referente a los datos de los Servidores Públicos a quienes correspondía instalar un Sistema de Contabilidad Gubernamental, tal y como se determinó en la Cédula de Resultados iniciales debía ser implementado por la oficina del Servicio Nacional de Empleo, sin embargo, debido a que los funcionarios responsables en su momento Ing. Gerardo Alvarado Solórzano, quien fungía como Director (.)". Con el escrito de demanda el quejoso acompañó copia del acuerdo dictado el ocho de febrero de dos mil veintiuno, que en lo que interesa dice: ".esta Autoridad Substanciadora admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, con lo que se interrumpe la prescripción de conformidad con el artículo 113 de la citada Ley General y por la naturaleza de la falta administrativa que es NO GRAVE, se deberá observar el procedimiento que señala el artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Asimismo, téngase a la Autoridad Investigadora ofreciendo las pruebas contenidas y detalladas en el informe que se acuerda, las cuales en caso de ser procedente serán desahogadas en el momento procesal oportuno.- Ahora bien, esta autoridad substanciadora ordena que mediante atento oficio que al efecto se gire se emplace al presunto responsable, (anexado a dicho oficio copia certificada del informe de presunta responsabilidad administrativa contenida en el oficio DI-I0078/2021, del presente acuerdo, y todas las constancias que integran el expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa integrado en la investigación número SC-DI-AD-Y61/19.03 mismas que contienen las pruebas que aportó y ofreció la Autoridad Investigadora para sustentar la presunta responsabilidad en su contra), citándolo para que comparezca personalmente a las 13:00 (TRECE) horas del día martes 31 (treinta y uno) de agosto del año 2021 (dos mil veintiuno), a la Audiencia Inicial que se desahogará ante el Director de Responsabilidades Administrativas en las oficinas de dicha unidad administrativa de la Secretaría de contraloría, sita en Calle Pino Suárez No. 1000 Pte., Zona Centro, de esta ciudad de Durango, Durango, a efecto de que rinda su declaración por escrito o verbalmente en torno a los hechos irregulares que se le imputan y ofrezca las pruebas que estime necesarias para su defensa, precisando que si no se ofrecen en ese momento procesal, no serán admitidas posteriormente, salvo que se trate de pruebas supervenientes de conformidad a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. De conformidad con el artículo 208, fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se le hace saber que tiene derecho a no declarar contra de sí mismo, ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que de no contar con uno le será nombrado uno de oficio". Sin embargo, los actos dictados en ese procedimiento seguido en forma de juicio se ubican en la hipótesis especial de procedencia del juicio de garantías prevista en el inciso b) de la fracción II del artículo 107 de la Ley de Amparo, consistente en que cuando dentro de un procedimiento administrativo seguido "en forma de juicio" se emitan actos que ameriten la inconformidad del particular, no pueden válidamente reclamarse en amparo sino hasta que se dicte la resolución definitiva, en contra de la cual se podrán reclamar en el amparo ante Juez de Distrito tanto las violaciones contenidas en dicha resolución, como las que se hubieren cometido durante el procedimiento. De ahí se actualice de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones III y V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo que conlleva a desechar de plano la demanda que se proveé conforme el dispositivo 113 ibídem. Es aplicable al particular la tesis X.1o.7 K, consultable en la página 480, del Tomo II, Octubre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "AMPARO IMPROCEDENTE, EN CONTRA DEL REQUERIMIENTO EMITIDO DENTRO DE PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, SIN CONSTITUIR LA ACTUACIÓN QUE CULMINE DICHO PROCEDIMIENTO. Cuando se hace la impugnación en el juicio constitucional en torno a un requerimiento que adolece de fundamentación legal y el cual emana de un procedimiento seguido en forma de juicio, por una autoridad administrativa, este acto no debe ser reclamado en forma destacada en dicho juicio, sino como violación procesal, que es como deberá analizarse en la sentencia de amparo, ya que el acto reclamado solamente puede serlo la resolución definitiva que emita la responsable y con la que culmine el señalado procedimiento, de conformidad con lo establecido por la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo; por lo que, al no plantearlo así, debe declararse improcedente el juicio de garantías y sobreseer en el mismo, en términos de los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción II y 74, fracción III, todos del invocado ordenamiento legal". Así como por identidad de razones la jurisprudencia 2a./J. 24/2013 (10a.), consultable en la página 1179, del Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "COMPETENCIA ECONÓMICA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS ACTOS REALIZADOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE MONOPOLIOS, PRÁCTICAS MONOPÓLICAS, ESTANCOS O CONCENTRACIONES PROHIBIDAS POR LA LEY FEDERAL RELATIVA, CUANDO SE RECLAMAN CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DEL DIVERSO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SANCIÓN. Conforme a los artículos 23, 24, fracciones I, II y IV y 30 a 33 de la Ley Federal de Competencia Económica; y 28 a 52, y 60 a 64 de su Reglamento, la Comisión Federal de Competencia está facultada para llevar a cabo tanto el procedimiento de investigación sobre la existencia de monopolios, prácticas monopólicas, estancos o concentraciones contrarias a dicha ley -en el cual desarrolla actos situados en la hipótesis general de procedencia del juicio de amparo contra los actos de las autoridades administrativas, prevista en la primera parte de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, siempre y cuando afecten el interés jurídico de la quejosa-, como el procedimiento de sanción por infracción en esas materias. Ahora bien, el oficio de presunta responsabilidad con el que inicia el procedimiento administrativo de sanción es un acto no definitivo dictado en un procedimiento seguido en forma de juicio que por sí mismo no afecta derechos sustantivos o formales en grado predominante o superior del presunto responsable, pues es un acto intraprocesal que incide únicamente en sus derechos adjetivos, como el de defensa, y tiene como único efecto sujetarlo a un procedimiento cuya conclusión puede serle favorable, con lo que se subsanaría cualquier violación cometida mediante ese acto, por lo que en el juicio de amparo promovido en su contra se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 114, fracción II, párrafo segundo, de la misma ley, este último interpretado en sentido contrario. No obstante lo anterior, el oficio de inicio del procedimiento de investigación, los requerimientos de información y documentación, así como los citatorios para rendir declaraciones y visitas de verificación relativos, al no derivar de un procedimiento seguido en forma de juicio y situarse en la hipótesis general de procedencia del juicio de amparo contra los actos de las autoridades administrativas, por regla general, son impugnables a través del juicio de amparo indirecto. Sin embargo, cuando se acude al juicio constitucional reclamando actos dictados dentro del procedimiento de investigación, pero en la demanda la quejosa precisa haber tenido conocimiento de ellos a raíz de la notificación del diverso procedimiento de infracción, así como que hasta ese momento le irrogan perjuicios en su esfera jurídica, el juicio de amparo es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues su impugnación hasta esa ocasión evidencia que antes no produjeron un perjuicio inmediato y directo, por lo que deben reclamarse en el amparo que se promueva contra la resolución que en su caso determine la responsabilidad con apoyo en dichos actos. En ese supuesto, es notoria y manifiestamente improcedente el juicio de amparo, pues para arribar a tal conclusión basta la lectura de la demanda relativa para comprender la naturaleza de los actos reclamados y, por tanto, resulta indudable que aun en el supuesto de que se admitiera a trámite, no sería posible arribar a una convicción diversa". Fórmese cuaderno y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Téngase como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que indica y como autorizados para recibirlas e imponerse de los autos a los profesionistas que señala en su escrito de demanda, téngase como correo electrónico oirpcapacitacion@hotmail.es, y como número telefónico 618 139 01 12. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo que promueve *****************, contra los actos que reclama de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Durango, de la Dirección de Responsabilidades Administrativas, de la Dirección de Investigaciones y del Notificador, todos adscritos a dicha secretaria. Notifíquese personalmente.

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