Gerardo Alonso Teran

Expediente 851/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 20 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
851/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
03/08/2021

Partes del expediente

  • Gerardo Alonso Teran
  • Jefa de Oficina
  • Comandante de la Onceava Región Militar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a tres de agosto de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que se haya hecho uso de ese derecho; con fundamento en los numerales 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es susceptible de depuración, salvo la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, y el proveído en que se ordena su archivo como asunto concluido, mismos que deberán conservarse en términos del numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se aperturó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. Del mismo modo, con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Vía para la rendición de promociones. A pesar de lo anterior, de conformidad con lo establecido en los acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 4/2020, 12/2020, 21/2020, y demás relativos, que establecen los lineamientos esenciales a seguir para el trámite de los diversos asuntos de la competencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación ante la actual contingencia sanitaria mundial -virusSARS-CoV2 (COVID-19)-, dentro de los cuales se ha adoptado para ello un esquema de distanciamiento social y de prioridad al trabajo a distancia como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores y salvaguardar la salud de los servidores públicos, se hace del conocimiento que cualquier tipo de promoción que pretenda presentar, habrá de efectuarlo - mientras sea viable- al correo oficial 1jdo8ctot@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a treinta de julio de dos mil veintiuno. Oficio. Se tiene por recibido el oficio remitido por la autoridad responsable, mediante el cual comunica el cambio de personal en dicha institución; al respecto, agréguense los mismos únicamente para efectos de control, toda vez que ya se tuvo rendido el informe de dicha autoridad y se dictó el fallo constitucional en el presente juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veinte de julio de dos mil veintiuno. Oficios. Se tiene por recibidos los oficios remitidos por las autoridades responsables, mediante los cuales comunican que ya rindieron los informes justificados solicitados en este juicio; al respecto, agréguense los mismos únicamente para efectos de control, toda vez que ya se dictó el fallo constitucional en el presente juicio. Notifíquese.

  4. Principal

    Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Gerardo Alonso Terán, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: "AUTORIDADES RESPONSABLES: A. Comandante de la onceaba Región Militar. B. Comandante de la 6TAª Zona Militar. C. Comandante de la 33ª Batallón de INFANTERIA. ACTO RECLAMADO.- De todas y cada una de las autoridades responsables reclamo la protección de mis garantías individuales como ciudadano mexicano así como el derecho a una defensa adecuada y de acceso a la justicia, toda vez que no se ha respetado el debido proceso así como de la detención que se ha girado en mi contra sin que el Quejoso haya cometido delito o infracción alguna que merezca pena corporal o privación de mi libertad. Así como de los actos derivados en un proceso de Consejo de Honor." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Por auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte, se admitió la demanda a trámite, se registró con el número estadístico 851/2020, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes; se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados; y, se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido el trámite y previas suspensiones por la contingencia sanitaria, se celebró la audiencia constitucional conforme el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que, en este caso, se reclaman actos emitidos por una autoridad residente en esta localidad, lugar en el cual este juzgado federal ejerce su jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa y de la demanda de amparo, revela que la parte quejosa, reclama lo siguiente: Orden de arresto administrativo. Omisión de debido proceso en el procedimiento de consejo de honor. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio, y en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado con independencia que las autoridades responsables lo negaran, puesto que dicha negativa se encuentra desvirtuada con las pruebas que anexó la parte quejosa en su demanda de amparo, donde aparecen diversos correctivos disciplinarios; lo cual, sin duda hace existente el acto reclamado. Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. Previo al estudio del fondo, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o de oficio se adviertan, al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (...)" La citada causa de improcedencia se ubica dentro de aquellas en las que la eventual protección de la Justicia Federal no podría materializarse, bajo la peculiaridad de que esa imposibilidad tiene como origen el que haya dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado sobre los cuales éste tuvo eficacia y consecuentemente, ningún efecto práctico tendría esa restitución. Lo anterior es así, pues aún en el caso de que el peticionario llegare a obtener la protección constitucional, ésta no tendría efectos prácticos, puesto que no habría forma de restituir al quejoso sobre un derecho o cosa que ya no existe. En ese contexto, si se toma en consideración que las sentencias de amparo en las que se otorga la protección constitucional tienen efectos restitutorios, al dejar de existir el objeto o materia del acto reclamado, no cabe la posibilidad de cumplir con la finalidad del fallo protector, esto es, restituir a la parte quejosa en el goce pleno del derecho fundamental que le haya sido violado, al no haber posibilidad de concreción en la esfera jurídica del destinatario del acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En la especie, el quejoso reclama el procedimiento seguido por el consejo de honor en relación a su debido proceso así como la orden de arresto administrativo emitida en él, impuesta como correctivo disciplinario. Sin embargo, la autoridad responsable al rendir su informe justificado, manifestó lo siguiente: Y en sustento a ello, anexó lo siguiente: En ese orden de ideas, el quejoso a partir del uno de octubre de dos mil veinte, no pertenece al 33 batallón de infantería, con sede en San Pedro de las Colonias, por lo cual, -a decir de la autoridad-, ha sido consumado el procedimiento administrativo de consejo de honor y en consecuencia, no obstante existir el mismo, ya no puede surtir efecto legal alguno, por las razones antes indicadas. En efecto, subsiste el acto reclamado, esto es, el procedimiento de consejo de honor y en su caso, las medidas disciplinarias emanadas de él; sin embargo, ello ya no puede producir algún efecto jurídico, al haber causado baja de dicho batallón de infantería y actualmente pertenecer a otro. Así, a pesar que han desaparecido las consecuencias de los actos reclamados, siguen subsistiendo los mismos, al causar baja del batallón en el que se le siguió el procedimiento de consejo de honor y ser dado de alta en otro. Consecuentemente, al subsistir el acto reclamado, pero no poder surtir efecto legal alguno, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese.

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