Gerardo Alfonzo Vidal Mendoza
Expediente 92/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 92/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Gerardo Alfonzo Vidal Mendoza
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda amparo promovida por ---------, por propio derecho, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículo 21, inciso a, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres año de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Por tanto, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo, y a criterio de este Juzgado no es de suma relevancia, pues carece de valor jurídico o histórico para su conservación. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a doce de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso --------, por medio del cual desahoga la prevención formulada en autos, y al efecto manifiesta bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: Por lo que hace al inciso 1) de la prevención, esto es, que precise de manera clara cuál es el acto que en esta vía reclama, indica que lo hace consistir en: la detención de treinta y uno de agosto de dos mil veinte; la detención por orden de aprensión de tres de septiembre, de dos mil veinte; y "Dentro de mi descubrimiento Probatorio le han puesto muchas trabas a mi defensa particular para poder elaborar la pericial de Criminalística de Mecánica de Hechos". Ahora bien, por lo que hace al inciso 2) esto es, deberá indicar la fecha en que fueron ejecutadas la detención por flagrancia, así como la detención por cumplimiento de la orden de aprehensión que refiere en su demanda de amparo; y en caso de que reclame algún acto diverso, la fecha en que este fue ejecutado, por lo que manifiesta: i) Por lo que hace a la detención, en razón al encubrimiento por receptación, fue llevada a cabo el treinta y uno de agosto del año dos mil veinte; ii) Por lo que hace a la detención por orden de aprehensión fue ejecutada el tres de septiembre del dos ml veinte; y, iii) La solicitud de periciales elaborada por escrito el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, donde no se obtuvo respuesta por el Juez de Control, hasta la audiencia veinticinco de febrero del dos mil veinte, por lo que se difirió la misma y el Juez de Control solicitó al agente del ministerio público, brindara apoyo judicial, posterior a diversas gestiones se presentó el oficio correspondiente al comandante regional de la Policía de Investigación ubicado en Cuautitlán Izcalli, donde es recibido y sellado el referido oficio y posteriormente lo cancelan dirigiéndolos a Cuautitlán México, donde les mencionan que le tienen que dar parte a su jefe para que designe elemento de la Policía de Investigación y acompañe a al defensor del aquí quejoso para la práctica de la probanza denominada criminalística mecánica de hechos, sin que el policía de Investigación haya notificado la hora y fecha para realizar dicha pericial. Posteriormente, por lo que hace al 3) esto es, deberá manifestar si en la Carpeta Administrativa 1596/2020 del índice del Juez de Control del distrito judicial de Tlalnepantla, Estado de México, dictó auto de vinculación a proceso y, de ser así la fecha en que se dictó el mismo, por lo que refiere que en la carpeta administrativa 1596/2020, el nueve de septiembre del dos mil veinte, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de Gerardo Alfonso Vidal Mendoza. Finalmente, por lo que hace al inciso 4) esto es, deberá manifestar si en la carpeta administrativa 1596/2020 le fue impuesta la medida cautelar de privación preventiva oficiosa, por lo que manifiesta que en la carpeta administrativa 1596/2020, el nueve de septiembre del dos mil veinte, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de Gerardo Alfonso Vidal Mendoza, y se impuso la Prisión Preventiva Oficiosa. Así las cosas, se tiene por desahogada la prevención formulada, no obstante lo anterior debe indicarse que no se tiene como acto reclamado el precisado en el tercer punto de su desahogo, es decir: que "Dentro de mi descubrimiento Probatorio le han puesto muchas trabas a mi defensa particular para poder elaborar la pericial de Criminalística de Mecánica de Hechos", ya que se trata de un acto que no había sido referido en la demanda inicial; tan es así, que en la prevención de uno de marzo de dos mil veintiuno, se le indicó que debía precisar el acto reclamado por lo siguiente: "Lo anterior porque dentro del capítulo de actos reclamados, el quejoso únicamente señala como acto reclamado "la privación ilegal de la libertad", sin embargo, del estudio integro de su demanda de amparo se advierte que el quejoso en un primer momento fue detenido en flagrancia y posteriormente fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión, sin embargo, no resulta claro si la demanda de amparo la interpone en contra de alguno de esos actos o de alguno diverso que implique la privación de la libertad, por ejemplo la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva." Es decir, la demanda se interpuso en contra de un acto privativo de la libertad, y se previno al quejoso a fin de que aclarara a cuál de esos actos se refería, ya que en su demanda había mencionado varios, por lo tanto, no es dable que en vía de desahogo de una prevención se incluyan actos distintos de los referidos en la demanda inicial que además no guardan estrecha relación con éstos. Ahora, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por Gerardo Alfonso Vidal Mendoza, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otras autoridades, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al caso es aplicable la jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Precisado lo anterior, del análisis integral del escrito inicial de demanda así como del escrito de desahogo, se advierte que la parte quejosa reclama en el presente asunto: (i) la detención por encubrimiento por receptación de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, (ii) la ejecución de la orden de aprensión, efectuada el tres de septiembre del dos mil veinte. En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que ha operado la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (..)" Esto es, la causal en comento prevé la improcedencia del amparo contra actos consentidos tácitamente; es decir, contra aquellos actos que no se promueve el amparo dentro de los plazos legales que al efecto establece la propia ley de la materia. Ahora el plazo para la interposición del juicio de amparo, y que es aplicable al asunto que nos ocupa, se encuentra establecido en los preceptos 17 y 18, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación gramatical y teleológica de la transcripción que antecede se advierte la existencia de tres hipótesis para computar el término de los quince días dentro de los cuales se ha de presentar la demanda de amparo, como regla genérica, para tenerla como oportunamente recibida, a saber: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso conforme a la ley del acto; A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; y, Al día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos, salvo el caso de la fracción I, del artículo 17, de la Ley de la materia, en el que se computara a partir del día de su entrada en vigor. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable de las tres hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En ese tenor, si de la demanda de amparo y del escrito de desahogo de prevención se observa que la parte quejosa reclama la detención de treinta de agosto de dos mil veinte, así como la detención por orden de aprensión de tres de septiembre de dos mil veinte, resulta evidente que el quejoso tuvo conocimiento de las mismas en esas fechas, ya que ambas fueron ejecutadas en su persona. Por tanto, el plazo de quince días hábiles previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo, corrió de la siguiente manera: respecto de la detención de treinta de agosto de dos mil veinte, inició a computar al día hábil siguiente de aquel en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es el primero de septiembre de dos mil veinte y feneció el veinticuatro de ese mes y año; y respecto de la ejecución de la orden de aprehensión, ejecutada el tres de septiembre de dos mil veinte, inició a computar al día hábil siguiente de aquel en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es el cuatro de septiembre de dos mil veinte y feneció el veintinueve de ese mes y año Consecuentemente, si la demanda de amparo, fue presentada hasta el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, resulta evidente que su interposición se encuentra fuera del término previsto en el referido artículo 17 de la Ley de Amparo; lo cual implica que los actos reclamados así como sus consecuencias jurídicas, se tengan como tácitamente consentidos. Apoya lo anterior la jurisprudencia 14, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice de 1995, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En ese orden de ideas, resulta notorio y manifiesto que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda de amparo promovida por ----------, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 6° y 108, párrafo primero y 113, todos de la Ley de Amparo. Finalmente, en vista de que el quejoso no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este juzgado federal, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, por lo que las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federa.----- Notifíquese personalmente a la parte quejosa por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a uno de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por , por su propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otras autoridades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 92/2021-VI. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo se dará lugar a la postergación de su apertura." De lo transcrito se desprende que dicho artículo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir a los quejosos cuando se estime que: 1.- El escrito inicial de demanda contiene irregularidades. 2.- Si se hubiere omitido en él alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo, consistentes en: "Artículo 108. La demanda de amparo de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlos así bajo protesta de decir verdad. III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la Ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o su publicación, el quejoso deberá señalaras con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; Los conceptos de violación." 3.- Si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado. 4.- Si no se hubieren exhibido las copias que señala el artículo 110 de la Ley de Amparo. 5.- Si el libelo de amparo contiene tales requisitos pero éstos fueren deficientes. Precisado lo anterior y después de estudiar en forma integral la demanda de amparo, con apoyo en lo previsto en los artículos 108 fracción IV y V y 114 fracción I y IV de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a Gerardo Alfonzo Vidal Mendoza, para que dentro del plazo de CINCO DIAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Precise de manera clara cuál es el acto que en esta vía reclama. Lo anterior porque dentro del capítulo de actos reclamados, el quejoso únicamente señala como acto reclamado "la privación ilegal de la libertad", sin embargo, del estudio integro de su demanda de amparo se advierte que el quejoso en un primer momento fue detenido en flagrancia y posteriormente fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión, sin embargo, no resulta claro si la demanda de amparo la interpone en contra de alguno de esos actos o de alguno diverso que implique la privación de la libertad, por ejemplo la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. Deberá indicar la fecha en que fueron ejecutadas la detención por flagrancia así como la detención por cumplimiento de la orden de aprehensión que refiere en su demanda de amparo; y en caso de que reclame algún acto diverso, la fecha en que éste fue ejecutado. Lo anterior, ya que de la demanda de amparo no se advierten las fechas referidas, lo cual es necesario para que este órgano jurisdiccional se pronuncie sobre los requisitos procesales del presente asunto. Deberá manifestar si en la carpeta administrativa 1596/2020, del índice del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, dictó auto de vinculación a proceso y, de ser así, la fecha en que se dictó el mismo. Ello debido a que de la lectura de los antecedentes de la demanda no resulta clara la etapa procesal en la que se encuentra el procedimiento de origen, ya que en ciertos párrafos se habla del descubrimiento probatorio, pero no se advierte de ninguna sección, si ya se dictó auto de vinculación o no; lo cual resulta necesario para estar en aptitud de fijar adecuadamente la litis. Finalmente, deberá manifestar si en la carpeta administrativa 1596/2020 le fue impuesta la medida cautelar de privación preventiva oficiosa. Lo anterior es así, toda vez que resulta un antecedente relevante que no fue referido en el escrito de demanda, que también se considera necesario para estar en aptitud de fijar adecuadamente la litis constitucional. Se APERCIBE a la parte quejosa, que de no dar cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, ello de conformidad con artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. En otro aspecto, se tiene como autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Marcos Ramírez Escorcia, toda vez que la cédula profesional que lo acredita para ejercer la profesión de licenciado en Derecho, se encuentra debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respecto de las diversas personas que señala en su escrito inicial únicamente se tienen por autorizadas a efecto de oír y recibir notificaciones, documentos y valores e imponerse de autos. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que el promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Campo -----------, alcaldía Azcapotzalco, código postal 02720, Ciudad de México, sin embargo, toda vez que dicho domicilio se encuentra ubicado fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado Federal, no ha lugar tenerlo como el señalado para oír y recibir notificaciones. No obstante lo anterior, atendiendo a la trascendencia de la presente determinación y en obvio de mayores dilaciones en el procedimiento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción, con el fin de que se constituya en el domicilio en comento y con copia simple del presente proveído notifique personalmente al autorizado del quejoso esta determinación. Además, deberá requerirlo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para que en el término de tres días computados legalmente, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este juzgado federal, apercibiéndolo que de no hacerlo en el plazo señalado, sin necesidad de posterior acuerdo, de conformidad con el artículo 26 fracción III, en relación con el 29, ambos de le Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal.------ En ese sentido, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que de ser necesario, en días y horas inhábiles lleve a cabo lo ordenado en el presente acuerdo, de conformidad con lo establecido en el ordinal 21 de la ley de la materia. También, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo la notificación que derive del presente auto, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. En términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a las partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. Se hace del conocimiento de la parte quejosa el número telefónico del Secretario encargado del asunto Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, a saber 5553870500, extensión 1392, a quien, de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. En otro orden de ideas, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. De igual manera, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios y Actuarios Adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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