Gerardo Alfonso Rivas Domínguez
Expediente 847/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 847/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Gerardo Alfonso Rivas Domínguez
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, quince de octubre de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial de cuenta, con la que la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, informa que no le fue posible notificar al quejoso ************, el proveído de ocho de octubre del año en curso, toda vez que fue trasladado de manera temporal el nueve de octubre del año en curso, para ser internado en el Hospital ************, a consecuencia, de un tratamiento médico y que no se sabe cuándo vuelva a ingresar al Centro Penitenciario Federal; en consecuencia, requiérase al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, a efecto que en el término de tres días, contado a partir que se encuentre debidamente notificado de este auto, informe a este órgano jurisdiccional cuando el quejoso ***********, ingrese nuevamente a ese centro de reclusión, para acordar lo que en derecho corresponda, apercibido que de no hacerlo se hará acreedor a una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el articulo 237, fracción I y el diverso 259, de la Ley de Amparo. Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, cuatro de octubre de dos mil veintiuno Del estado procesal que guardan los presentes autos, así como de la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por la autoridad responsable la sentencia protectora se encuentra cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I) En sentencia de cuatro de diciembre de dos mil veinte (fojas 92 a 102), por una parte, se sobreseyó en el juicio; y por la otra, se concedió la protección constitucional a Clementina Guerrero García, para el efecto que el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: b) Dejara insubsistente el oficio ********** de trece de julio de dos mil veinte, a través del cual dio respuesta al escrito presentado por la parte quejosa el treinta de enero de dos mil veinte, en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz; y, c) En su lugar, se pronunciara de nueva cuenta en relación al escrito presentado por la parte quejosa el treinta de enero de dos mil veinte, en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, mediante el cual realizó diversas peticiones, pero subsanando las deficiencias destacadas en la sentencia. II) Inconforme con la sentencia de amparo, el Subprocurador de Asuntos Contenciosos, en representación de las autoridades responsables adscritas a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, órgano que mediante resolución de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, emitida en la revisión principal **********, determinó confirmar la sentencia recurrida (fojas 187 a 201). III) Por acuerdo de nueve de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida dicha ejecutoria y se requirió su cumplimiento al Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad (foja 202). IV) Mediante oficio recibido el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 228 a 243), la autoridad responsable informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo para tal efecto diversas constancias. V) Por auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno (foja 244), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad responsable, para que manifestara lo que a su interés conviniera, lo que hizo a través del escrito registrado con el número de control 15116 (fojas 248 a 250). Ahora bien, previo análisis de las constancias de autos, se concluye que la ejecutoria de amparo NO SE ENCUENTRA CUMPLIDA, por los motivos siguientes: Como cuestión previa, debe establecerse que, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8° Constitucional, no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia XVI.1o.A. J/38 (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado." Como se precisó en líneas precedentes, la sentencia de amparo no se encuentra cumplida cabalmente. Lo anterior es así, toda vez que la autoridad responsable, no acreditó haber dejado insubsistente el oficio ********** de trece de julio de dos mil veinte, a través del cual se dio respuesta al escrito presentado por la parte quejosa el treinta de enero de dos mil veinte, en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. Ahora bien, debe precisarse que si bien, la responsable exhibió copia certificada del oficio **********, de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, en el que dio respuesta a la parte quejosa a su escrito de petición; lo cierto es que de su análisis se desprende que ésta, es incompleta y carece de congruencia y de suficiente motivación; ello se considera así, por lo motivos siguientes: Del escrito de petición se desprende que, la parte quejosa solicitó copias certificadas de los siguientes documentos: 1. Oficio número ********** de doce de agosto de dos mil dieciséis. 2. Comprobante fiscal de once de agosto de dos mil dieciséis, con número de folio **********. 3. Recibo de ingresos de nueve de agosto de dos mil dieciséis por la cantidad de $********** pesos. 4. Oficio número ********** de siete de octubre de dos mil dieciséis. 5. Comprobante fiscal de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, con número de folio ********** que ampara la cantidad de $********** pesos. 6. Recibo de ingresos de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, que ampara la cantidad de $********** pesos. 7. Oficio número ********** de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis. 8. Estado de cuenta número ********** de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis. 9. Oficio número ********** de siete de septiembre de dos mil dieciséis. 10. Comprobante fiscal de seis de septiembre de dos mil dieciséis, con número de folio **********, por la cantidad de $ ********** pesos. 11. Recibo de ingresos de dos de septiembre de dos mil dieciséis, con número de operación **********. 12. Oficio número ********** de diez de enero de dos mil diecisiete. 13. Recibo de ingresos con número de folio de operación ********** de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis. 14. Oficio número ********** de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis. 15. Estado de cuenta de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis en la cuenta ********** del Gobierno del Estado de Veracruz; de **********. 16. Oficio número ********** de treinta de diciembre de dos mil dieciséis. 17. Oficio número ********** de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis. 18. Estado de cuenta de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, respecto de la cuenta ********** del Gobierno del Estado de Veracruz. 19. Estado de cuenta de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis en la cuenta ********** del Gobierno del Estado de Veracruz. 20. Estado de cuenta de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, de la cuenta número ********** del Gobierno del Estado de Veracruz, de la institución bancaria **********. 21. Estado de cuenta de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis en la cuenta ********** del Gobierno del Estado de Veracruz. 22. Estado de cuenta de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis en la cuenta ********** del Gobierno de Estado de Veracruz, de la institución bancaria **********. En ese tenor, de la respuesta contenida en el oficio **********, de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, se desprende que la responsable acordó favorable, expedir las documentales señaladas con los números 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14 y 17 del escrito de petición; sin embargo, omitió exhibirlas ante este órgano jurisdiccional, lo cual resulta necesario para analizar si se cumplió o no, con el principio de congruencia; es decir, si las documentales que acordó entregar a la quejosa, son efectivamente las que solicitó. Ahora, en relación a las constancias referidas en los números 3, 6, 8, 11, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de su escrito de petición; la responsable indistintamente expresó de forma por demás genérica que: "después de una búsqueda exhaustiva en los archivos históricos y de la concentración de la Tesorería, así como en el Sistema de Gestión Electrónica de Oficios (GEO), no se encuentra evidencia de que haya sido recibido, ni obra físicamente en expedientes" y "En virtud de que no especifica la Entidad Financiera donde se apertura la Cuenta no puede realizarse la búsqueda exhaustiva en los archivos históricos y de concentración de la Tesorería, así como en el Sistema de Gestión Electrónica de Oficios (GEO) para poder proporcionarse el documento solicitado" De lo anterior, se advierte que las respuestas emitidas por la responsable sobre la solicitud de los documentos precisado, carecen de suficiente motivación; ello es así, pues si bien, la respuesta recaída a una petición no necesariamente debe ser favorable a los intereses de la quejosa; lo cierto es que, ésta debe estar debidamente fundada y motivada; y en el caso, la responsable negó la expedición de tales constancias, bajo el argumento que no se habían encontrado en su sistema ni en sus expedientes físicos; pero fue omiso en exhibir los documentos, oficios o certificaciones, con los que se acreditara que, efectivamente, se hubiera realizado una búsqueda exhaustiva de las mismas. También expuso que, respecto a los estados de cuenta solicitados, le era imposible buscarlos, ya que no se había plasmado la entidad financiera a la que pertenecían; sin embargo, tampoco expresó, si los datos aportados por la quejosa, podrían ser de apoyo para localizar tales documentos. De ahí que a criterio de este juzgado, para emitir una respuesta motivada, la autoridad responsable debió adjuntar constancias que crearan convicción de que efectivamente, las áreas administrativas responsables, buscaron en sus archivos físicos y electrónicos dichas documentales; o bien, debió exhibir alguna certificación realizada por el funcionario público competente, en el que se hiciera constar -bajo protesta de decir verdad- que dichas constancias eran inexistentes; pues de no existir las mismas, es obvio que en modo alguno, se puede obligar a la autoridad a su entrega. De igual manera, debe decirse que la respuesta emitida, también carece de congruencia, en razón que respecto a la petición señalada con el número 16, la responsable únicamente transcribió el oficio **********, emitido por el Director General de Inversión Pública, en el que se expuso: " en respuesta a la solicitud, y en lo que respecta a la competencia de esta Dirección General, informo lo siguiente (.)"; no obstante, del mismo, no se advierte si la petición fue acordada o no favorablemente, aunado a que no se exhibieron las documentales ahí descritas, máxime que dicha oficio transcrito se encuentra ilegible. Adicionalmente, en su escrito de petición, la parte quejosa solicitó se le informara lo siguiente: "PRIMERO. Informe la formalización de los convenios que se hayan celebrado entre la Unidad de Política y Control Presupuestal de la SHCP con el Gobierno del Estado de Veracruz en relación con los Proyectos de Desarrollo Regional del Ejercicio Fiscal 2016, remitiendo copia certificada de los convenios de referencia, igualmente la fecha de entrega de recursos por parte de la Federación hacia la Entidad Federativa. (.) SEGUNDO. Informe el número de cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva aperturada por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz en relación a los Proyectos de Desarrollo Regional del Ejercicio Fiscal 2016, fecha de apertura, servidores públicos que realizaron la apertura de la misma. Adjuntando en copia certificada el contrato correspondiente. TERCERO. Informe el número bancaria productiva, específica y exclusiva aperturada por el Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz para la recepción de los Fondos de los Proyectos de Desarrollo Regional del Ejercicio Fiscal 2016, fecha de apertura, servidores públicos que realizaron la apertura de la misma, fecha de notificación por parte del ente municipal a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y, copia de todos los documentos que respalden la información solicitada". De la respuesta que se analiza, se advierte que, respecto a la primera petición, la autoridad responsable adujo que: "Referente al apartado PRIMERO, se informa que al no ser competencia de esta Tesorería estamos en imposibilidad de proporcionar lo solicitado"; es decir, únicamente expresó su imposibilidad para brindar la información, sin embargo, no precisó qué autoridad era la competente para ello; tampoco, expuso las razones por las cuales estaba impedido para solicitar la información correspondiente. En relación a la segunda petición; si bien, brindó la información solicitada a la quejosa, lo cierto es que, no exhibió ante este órgano jurisdiccional, copia del "Contrato Marco, de fecha 19 de agosto de 2016, que consta de 36 fojas útiles en anverso y reverso, así como dos anexos que forman partes del referido contrato consistentes en una hoja de firmas de cuentas de cheques", lo cual como de dijo, es necesario para analizar si se cumplió con el principio de congruencia. En lo referente a la petición tercera, la autoridad no dio una respuesta completa, ya que expuso que "por cuanto hace a qué servidores realizaron la apertura de la cuenta, se informa que al no ser competencia de esta Tesorería la apertura de la misma, se desconoce los términos del contrato que da origen a dichos cuestionamientos"; no obstante, tampoco precisó a qué departamento administrativo o autoridad diversa, corresponde brindar dicha información, tampoco expuso las razones por las cuales consideró que existía imposibilidad material o jurídica que le impidiera solicitarla. Ahora bien, en lo que respecta a la solicitud de la quejosa para que se envíen las constancias certificadas al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, la responsable, expresó que, dado que dicho órgano jurisdiccional no las había solicitado, era improcedente tal petición, decisión que comparte este juzgador. Luego, en lo referente a la expedición de forma gratuita de las copias certificadas solicitadas, la responsable adujo que, no era procedente, en razón que esa Secretaría tiene el deber de cumplir con lo dispuesto en el Código de Derechos para el Estado de Veracruz, de imponer a los contribuyentes la obligación de cubrir las prestaciones económicas al erario estatal a cambio de la obtención de servicios que realizan las dependencias y entidades de la administración pública estatal. Sin embargo, dicha autoridad responsable perdió de vista que la quejosa al formular su petición, expuso que tales documentos serían exhibidos como pruebas en el aludido juicio de amparo del índice del homólogo federal, pues sustentó su petición en los artículos 3 y 121 de la Ley de Amparo; de ahí que a criterio de este Juzgado, no se debió poner tal condiciónate para su expedición; ello por los motivos siguientes: El artículo 3º, párrafo segundo de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. (.) Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna." Del artículo transcrito, se desprende que en la expedición de las copias que son necesarias para la sustanciación del juicio de amparo, rige una condición genérica de gratuidad, que no solamente implica la abolición de costas, sino que se amplía como una prohibición del cobro de aquéllas, ni siquiera por concepto de los materiales que son necesarios para su reproducción, a condición. En efecto, la recta interpretación del artículo 3° de la Ley de Amparo, conduce a la convicción que el legislador ha querido eliminar un obstáculo económico para hacer efectivo el amparo, erradicando la posibilidad que se cobre contribución por concepto de la expedición de las copias necesarias para la sustanciación del medio de control, con el propósito de evitar que quienes acudan a él, no vean truncada esa posibilidad de defensa de sus prerrogativas fundamentales. Entonces, queda claro que el artículo 3° de la Ley de Amparo debe ser interpretado de modo que el derecho de tutela jurisdiccional se torne efectivo, lográndose una protección en beneficio del ciudadano, lo cual proyecta que en el amparo no sólo están prohibidas las contribuciones de naturaleza fiscal, sino que también se prohíbe el cobro de costas, incluyendo el de las copias que se expiden por entes estatales y que son necesarias para la sustanciación del citado medio de protección de los derechos, por lo que éstas deben ser completamente gratuitas, inclusive respecto del material que se utiliza para su reproducción. Apoya lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J.37/2008, de la novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, tomo 5, que dice: "COPIAS CERTIFICADAS PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. ESTÁ PROHIBIDO EL COBRO DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE SU EXPEDICIÓN. El derecho fundamental de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comprende, entre otros, los subprincipios de acceso a la tutela jurisdiccional y de la abolición de las costas judiciales y la gratuidad de la justicia, los cuales consisten en la obligación del Estado mexicano de garantizar que todas las personas que lo requieran puedan someter sus conflictos ante los tribunales en condiciones de equidad, y en que el gobernado no debe pagar por la administración de justicia, pues dicho servicio es gratuito. Ahora bien, los indicados principios cobran plena aplicación respecto de la expedición de copias certificadas a cargo de las autoridades, necesarias para la sustanciación del juicio de garantías, en razón de que el artículo 3o. de la Ley de Amparo establece una condición genérica de gratuidad, que no solamente implica la abolición de las costas, sino que se amplía como una prohibición del cobro por la expedición de las copias referidas, incluso por concepto de los materiales necesarios para su reproducción, a condición, desde luego, de que efectivamente sean trascendentes en el amparo respectivo; por tanto, la expedición de las indicadas copias certificadas por parte de las autoridades debe ser completamente gratuita." Así como la tesis I.15o.C.10 K (10a.), emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital: 2021692, de rubro y texto: "COPIAS. LAS EXPEDIDAS POR LOS ENTES ESTATALES, QUE SEAN NECESARIAS PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, DEBEN SER GRATUITAS. De la interpretación del artículo 3o. de la Ley de Amparo se colige que el legislador ha querido eliminar un obstáculo económico para hacer efectivo el amparo, erradicando la posibilidad de que se cobre contribución alguna por concepto de la expedición de las copias necesarias para la sustanciación del medio de control, con el propósito de evitar que quienes acudan a él y no cuenten con recursos económicos suficientes para sufragarlas, no vean truncada esa posibilidad de defensa de sus prerrogativas fundamentales. Por ello, en el amparo no sólo están prohibidas las contribuciones de naturaleza fiscal, sino también el cobro de costas, incluyendo el de las copias que se expiden por los entes estatales, que son necesarias para la sustanciación del juicio de amparo, por lo que éstas deben ser gratuitas." De ahí que, se considere, que la autoridad responsable debió tomar en consideración que las copias certificadas, fueron solicitas con la finalidad de aportarse como pruebas en el juicio de amparo ********** del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad; luego, al condicionar su entrega con el pago de las mismas, es evidente que se impone a la quejosa, un obstáculo al pleno ejercicio de su derecho de defensa, previsto en el artículo 17 Constitucional; de ahí que se considere que la sentencia de amparo no se encuentre cabalmente cumplida. SE VINCULA A DIVERSA AUTORIDAD AL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR Ahora bien, el artículo 197 de la Ley de Amparo, establece que, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude dicha legislación; en consecuencia, toda vez que se advierte que la ejecutoria de amparo puede ser cumplida por diversa autoridad, a saber, el Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad; por tanto, con fundamento en dicho numeral, lo procedente es vincularla al cumplimiento del fallo protector. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Procurador Fiscal y Secretario, ambos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para que en el -improrrogable- término de tres días, legalmente computado, justifiquen haber dado cumplimiento al fallo protector, en su defecto comunique las medidas que adopten con tal finalidad o el impedimento legal que tengan para hacerlo. Significando a dichas autoridades que, se deberá dejar sin efectos el oficio ********** de trece de julio de dos mil veinte; y, en el ámbito de sus competencias, deberán proporcionar de nueva cuenta, una respuesta fundada, motivada, completa y congruente, al escrito presentado por la parte quejosa ante esa Secretaría, el treinta de enero de dos mil veinte, lo que desde luego implica que se le notifique personalmente. Además, deberán remitir las constancias que ordenen expedir a favor de la quejosa; ello, como se dijo, para analizar si se cumplió o no con el principio de congruencia. Se apercibe a las personas titulares de esas entidades públicas, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán acreedoras a una multa - de forma individual- equivalente a cien unidades de medida y actualización, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, así como el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos, y, se ordenará remitir el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en turno, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de sus cargos y su posterior consignación ante la autoridad competente. Para efectos de lo anterior y a fin de no dejar en estado de indefensión a la autoridad vinculada, remítasele copia de la sentencia de amparo y de la resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, en la que confirmó dicha sentencia; ello, a fin que esté en aptitud de imponerse de su contenido y estar en aptitud de dar cumplimiento al presente requerimiento. MANIFESTACIONES DE LA PARTE QUEJOSA Por otra respecto a las manifestaciones formuladas por el autorizado de la parte quejosa, en el sentido que se declare no cumplida la ejecutoria de amparo por los motivos que expone, dígasele que deberá estarse a lo acordado en líneas precedentes. FIRMAS ELECTRÓNICAS En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. 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