Gerardo Aldeco Reyes
Expediente 575/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 575/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 25/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gerardo Aldeco Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el asunto se sobreseyó en el juicio de amparo, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VI "...(.) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General Número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda, se deduce que la parte quejosa reclama: La omisión o negativa de la responsable en acordar sus escritos presentados el once de febrero y doce de mayo del año en curso; y, La falta de notificación personal del acuerdo que haya recaído a dichas promociones. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir informe justificado, el Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, refirió que lo hacía únicamente en tal calidad, pues si bien dicho Poder está integrado por el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, éste es el encargado de conducir la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia; en tanto que el Tribunal Superior de Justicia cuenta con facultades distintas, de acuerdo a los numerales 6 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, que establecen: "Artículo 6. El Tribunal Superior de Justicia funcionará en pleno y en salas, y tendrán las siguientes atribuciones: I. Garantizar la supremacía y control de la Constitución local II. Proteger y salvaguardar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado, los tratados internacionales y las leyes, observando la jurisprudencia y la doctrina establecida en la práctica internacional de derechos humanos; III. Interpretar y aplicar las leyes del fuero común y las federales en jurisdicción concurrente; IV. Conocer en segunda instancia de los negocios y causas que determinen las leyes; V. Hacer la revisión de todos los procesos del orden penal que designen las leyes; y VI. Las demás atribuciones que le confieran las leyes aplicables." "Artículo 52. Son atribuciones del pleno del Consejo de la Judicatura: I. Nombrar y remover en los términos que señala la ley, a los jueces, secretarios de estudio y cuenta, secretarios de acuerdos, administradores y demás personal del Poder Judicial que no dependa del Tribunal Superior de Justicia; II. Sustanciar y resolver los procesos de ratificación de los jueces y peritos en los términos de esta ley, reglamento respectivo y acuerdos generales; III. Crear a propuesta de su presidente, según lo exijan las necesidades del servicio y lo permita el ejercicio presupuestal, órganos jurisdiccionales; IV. A propuesta de la comisión de adscripción del consejo de la judicatura señalar o cambiar la adscripción de los titulares y demás servidores públicos de los órganos jurisdiccionales; variar la materia y circunscripción territorial de éstos; cambiar el lugar de su residencia; y establecer los criterios generales para la adecuada distribución de los asuntos donde existan varios juzgados de primera instancia; V. Elaborar, discutir, modificar o aprobar, según proceda, el proyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial, el cual deberá contener las partidas suficientes para el funcionamiento de los tribunales especializados; con excepción del Tribunal Superior de Justicia; VI. Ejercer el presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado, con excepción del que corresponde al Tribunal Superior de Justicia y a los Tribunales Especializados, que lo ejercerán en términos de esta ley; VII. Ordenar auditorias especiales o visitas de inspección ordinarias o extraordinarias; VIII. Conocer en segunda instancia de los recursos que se presenten en contra de las resoluciones dictadas por el visitador general; IX. Supervisar el funcionamiento de los órganos que integran el Poder Judicial, así como el desempeño de los servidores públicos y emitir los acuerdos generales necesarios para el mejoramiento de la administración de justicia; X. Fijar los criterios generales de evaluación mensual de juicios iniciados, en trámite y concluidos en el Poder Judicial, atendiendo a los principios de eficiencia y eficacia, con excepción del Tribunal Superior de Justicia; XI. Llevar el control estadístico de las actividades del Poder Judicial y ponderar las evaluaciones para el mejoramiento de las actividades del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia; XII. Instrumentar y vigilar la carrera judicial, en los términos que establece esta ley, con excepción del Tribunal Superior de Justicia; XIII. Establecer las disposiciones generales necesarias para el ingreso, estímulos, capacitación, ascensos y promociones por escalafón y remoción del personal administrativo de los tribunales especializados, de los juzgados y tribunales de primera instancia; XIV. Expedir su reglamento interior, las normas de escalafón y régimen disciplinario, los manuales de procedimientos, organización y métodos, los acuerdos generales para el funcionamiento del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, así como el reglamento relativo al haber o retiro en caso de conclusión del período constitucional de los consejeros; XV. Establecer la política, laboral y de organización en materia de recursos humanos del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia; XVI. Supervisar que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra sea conforme a las leyes correspondientes; XVII. Emitir reglamentos, manuales, lineamientos y demás normatividades administrativas y financieras encaminadas a imponer medidas de austeridad y racionalidad en el ejercicio del gasto público; XVIII. Nombrar y remover, a propuesta del presidente consejero, al secretario ejecutivo, a los titulares de los órganos de administración interna, a los auxiliares del Poder Judicial y supervisar su funcionamiento; asimismo acordar lo relativo a sus licencias; XIX. Integrar las comisiones que estime convenientes para el adecuado funcionamiento del Consejo de la Judicatura y señalarles su duración, objeto y funciones: XX. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley y aplicar el examen de oposición para los candidatos a ocupar los cargos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia y Tribunales Especializados; y remitir al Gobernador del Estado una lista que contenga ocho candidatos por cada vacante; XXI. Acordar las renuncias que presenten los jueces del Poder Judicial, su retiro forzoso o voluntario y suspender en sus cargos a los jueces del Poder Judicial a solicitud de la autoridad judicial que conozca del procedimiento penal que se siga en su contra. En estos casos, la resolución que se dicte deberá comunicarse a la autoridad que la hubiere solicitado; XXII. Resolver sobre las quejas administrativas y sobre la responsabilidad de servidores públicos en términos de lo que dispone esta ley, incluyendo aquellas que se refieran a la violación de los impedimentos previstos en el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por parte de los correspondientes miembros del Poder Judicial del Estado, salvo los que se refieran a los miembros del pleno del Tribunal Superior de Justicia. De igual manera sobre la queja prevista en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales en los términos previstos en dicho precepto; XXIII. Establecer la normatividad y los criterios para modernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y procedimientos administrativos internos, así como los de servicios al público, con excepción del Tribunal Superior de Justicia; XXIV. Conceder licencias en los términos previstos en esta ley; XXV. Nombrar, en términos de esta Ley, en los juzgados y salas de primera instancia, en los casos de ausencias de alguno de sus servidores públicos o empleados, a un interino; XXVI. Dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los juzgados y tribunales de primera instancia, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos; XXVII. Formar anualmente una lista con los nombres de las personas que puedan fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial del Estado, ordenándolas por ramas, especialidades y distritos judiciales; XXVIII. Fijar los períodos vacacionales de los tribunales especializados y del propio Consejo de la Judicatura; XXIX. Administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial, cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento; XXX. Fijar las bases de la política informática y los lineamientos para la información estadística que permitan conocer y planear el desarrollo del Poder Judicial; así como regular, recopilar, documentar, seleccionar y difundir para conocimiento público, con apego a las normas en materia de transparencia y acceso a la información pública; XXXI. Investigar y determinar las responsabilidades y sanciones a los servidores públicos y empleados del propio Consejo de la Judicatura; de los tribunales especializados, juzgados y tribunales de primera instancia; todo ello en los términos y mediante los procedimientos establecidos en la ley, los reglamentos y acuerdos que se dicten en materia disciplinaria, por conducto de la visitaduría general; XXXII. Regular las autorizaciones para abandonar el lugar de residencia de los servidores públicos adscritos a los juzgados y tribunales especializados del Poder Judicial; XXXIII. Dictar las disposiciones necesarias para la recepción, control, adjudicación y destino de los bienes asegurados y decomisados; XXXIV. Nombrar y remover en los términos que señale el reglamento interno y acuerdos generales, al titular y asesores de la Coordinación de Asesores del Tribunal Contencioso Administrativo y de Cuentas; XXXV. Designar de entre sus miembros a un representante que deberá integrarse y formar parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. XXXVI. Desempeñar cualquier otra función que la ley le encomiende." Preceptos de los que se advierte que, como lo refiere la autoridad responsable, es al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, a quien corresponde, entre otras cosas, resolver lo relativo al retiro de los jueces, de acuerdo a la fracción XXI del citado artículo 52; aspecto que guarda relación con el contenido de la petición cuya falta de contestación reclama el quejoso. De ahí que, al no haber el quejoso manifestado cuestión alguna en torno a ello, procede sobreseer el juicio de amparo, respecto al acto reclamado al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en términos de lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, aceptó parcialmente; remitiendo copia certificada de las actuaciones conducentes, las cuales tiene valor probatorio pleno en términos de los numerales 129 y 2O2, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Sin embargo, de las constancias que remitió con su informe justificado, se advierte que, a la fecha de presentación de la demanda -siete de octubre de dos mil veinte-, las aludidas solicitudes no habían sido atendidas, pues el oficio 0823/2020, con el que se atendió la solicitud del quejoso, fue emitido veintitrés de noviembre de dos mil veinte, es decir, durante el trámite de este juicio. Así, se tienen por ciertos los actos en cuestión. QUINTO. Causales de improcedencia. Se procede a realizar el estudio sobre la existencia de alguna causal de improcedencia, ya sea que se haya hecho valer por las partes o se advierta de manera oficiosa; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Del estudio de las constancias se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causa de improcedencia invocada se actualiza cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo en términos del artículo 77 de la ley de la materia. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. La eficacia de la causa de improcedencia a que se alude, sólo se registra cuando la cesación de los efectos del acto reclamado es total, pues subsistiendo uno de ellos, dicha causa no operaría. Esta observación se justifica si se toma en cuenta que la referida cesación equivale al restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada, por lo que, si éste no se realiza cabalmente, no puede afirmarse que los efectos de los actos combatidos hayan dejado de producirse en su integridad. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, visible a página 28, tomo IX, junio de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, la parte quejosa reclama la omisión por parte de la autoridad responsable, de dar contestación a las peticiones que formuló mediante escritos presentados el once de febrero y doce de mayo de dos mil veinte, en los que solicitó: La nivelación de la parte complementaria de su pensión, establecida en Acuerdo Plenario del Honorable Tribunal Superior de Justicia, de tres de julio de mil novecientos noventa y dos, pues de los veintiún jueces jubilados, es el que percibe la menor cantidad. Al rendir informe justificado, el Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, remitió copia certificada de los oficios 2621/2020 de catorce de septiembre de dos mil veinte; y 0823/2020 de veintitrés de noviembre del mismo año; mediante el primero, la aludida autoridad informó al quejoso que remitió sus peticiones a la Dirección de Administración del Consejo de la Judicatura en cita, a fin de ser atendidas. Y en el segundo de los comunicados en mención, signado por el Director de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, se dio contestación a la petición formulada por el quejoso, de la forma siguiente: ". en atención a su solicitud efectuada mediante el escrito de fecha 10 de febrero de 2020, y recibido en esta Dirección de Administración a mi cargo, el 14 de agosto del presente año; por este medio comunico a Usted, que después de obtener información respecto de su antigüedad laboral por parte de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado, a través del oficio OP/DG/1431/2020 y el documento anexo al mismo (de los que se remite copia simple para su mayor conocimiento), se determinó que el pago de la parte complementaria de su pensión realizado a la fecha, corresponde de manera precisa a la antigüedad reportada, y por tanto, no es posible realizar ninguna modificación o nivelación al mismo. Asimismo, cabe aclarar que el importe de la remuneración en cuestión ha sido integrado y calculado considerando los criterios establecidos en el acuerdo del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia, de fecha 3 de julio de 1992, al que hace referencia." De cuyo contenido se deduce fue atendida la petición efectuada por la parte quejosa en los escritos en cuestión; pues en torno a la solicitud de nivelación de la pensión que recibe, le fue informado que no era procedente. Oficio que le fue entregado el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, como se advierte del acuse de recibo que la responsable adjuntó a su informe justificado. Así, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, procede sobreseer el juicio de amparo en torno al acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SEXTO. Publicación de los datos personales. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73, 74, 75 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por (.) en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de diciembre de dos mil veinte. Agréguese el escrito de Gerardo Aldeco Reyes en atención a su contenido de que le sean expedidas copias de todo lo actuado, dígasele al promovente que por el momento, materialmente, no es factible obsequiar favorablemente su petición, ante el notorio hecho de las determinaciones de distanciamiento social que ha provocado la pandemia generada por el virus SARS COVID-19, sin embargo es factible la utilización de los medios electrónicos y otras herramientas tecnológicas para allegarse del contenido de los autos, en cuyo caso, con fundamento en el numeral 36 del acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tienen expeditos sus derechos y la opción de pedir el acceso al expediente electrónico de que se trata y descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquel mismas que al contar con la evidencia se considerarán como copias certificadas electrónicamente, de conformidad con el artículo 36, del mencionado Acuerdo General. Asimismo, en atención a la certificación realizada por el Secretario de este Juzgado, se tiene por autorizado únicamente en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Lázaro Niño Cruz y a las restantes personas únicamente para oir y recibir notificaciones dado que no se encuentran inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, específicamente en el apartado de Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. De igual forma, téngase a la parte quejosa señalando la vía electrónica para oír y recibir notificaciones, proporcionando para tal efecto el usuario "Lazaron", el cual fue localizado en el apartado respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; ..., se autoriza a la promovente consulte el expediente electrónico de este asunto. Para ello la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, deberá vincular los usuarios que indica el promovente previa verificación de que los datos coincidan con los registros de la base que arroje el sistema; y agregar la constancia respectiva al expediente. Tome nota el área de actuaria para los efectos legales consiguientes. Por otra parte, ... se le tiene señalando el correo electrónico y número telefónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyo registro se conservará y certificara para incorporarlo al expediente. Asimismo, para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones personales, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VI "LLL San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de noviembre de dos mil veinte. Agréguese el escrito de Lázaro Niño Cruz, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento respecto de su contenido en virtud de que en la demanda de amparo no fue señalado como autorizado por parte del quejoso. NOTIFÍQUESE.
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