Gerardo Albor Mondragón

Expediente 825/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 34 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
825/2022
Año
2022
Actuaciones
34
Última actuación
06/01/2023

Partes del expediente

  • Gerardo Albor Mondragón
  • Juzgado Tercero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    L.- Toluca, Estado de México; seis de enero de dos mil veintitrés. OFICIO Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, intégrese el oficio remitido por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, mediante el cual, en atención a la solicitud de trece de diciembre de dos mil veintidós, informa que se avocó al conocimiento de la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, mismo que registró bajo el número _***************** de su índice. ARCHIVO En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En acatamiento al artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 10, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un cuadernillo de antecedentes relativo a una incompetencia; por tanto, carece de relevancia documental. Notifíquese como legalmente corresponda.

  2. Principal

    L-. Toluca, Estado de México, trece de diciembre de dos mil veintidós. DEVUELVE EXHORTO SIN DILIGENCIAR Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena agregar el oficio procedente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, a través del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 366/2022, orden 443/2022, de este índice enviado a efecto de notificar personalmente a la parte tercera interesada *****************. Sin que sea necesario generar el acuse de recibo correspondiente, dada la naturaleza de la comunicación oficial que se recibe. Háganse las anotaciones respectivas. Ahora del estado procesal que guardan los autos, se advierte que ya se agotaron todos los medios para conocer el domicilio del tercero interesado ******************, sin que se tenga notifica del mismo. INCOMPETENCIA Ahora, del estado procesal de autos, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado y autoridades responsables a las siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE. -Juzgado Tercero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. ACTO RECLAMADO. La resolución en el procedimiento de remate en el juicio 794/2019, dictada el veintiuno de abril de dos mil veintidós y el diverso auto aclaratorio de veinticinco de abril del presente año, mediante el cual se otorga en definitiva en rebeldía del demandado, el bien inmueble adjudicado al actor mediante almoneda de remate de tres de marzo de dos mil veintiuno y su aclaración de cuatro de marzo de ese año. En esa tesitura, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". El artículo Constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Conforme a tales preceptos, este órgano federal se declara legalmente incompetente por territorio, para conocer de la demanda de amparo, pues ésta se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno. Lo anterior, conforme lo dispone el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en la parte toral siguiente: "[.] CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: II. SEGUNDO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los siguientes municipios: Aculco, Apaxco, Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chapa de Mota, Ecatepec de Morelos, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jaltenco, Jilotepec, Jilotzingo, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nicolás Romero, Polotitlán, Tonanitla, Soyaniquilpan de Juárez, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tequixquiac, Timilpan, Tlalnepantla de Baz, Tultepec, Tultitlán, Villa del Carbón y Zumpango. Lo anterior es así, ya que el acto reclamado deberá tener ejecución en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, ya que el inmueble adjudicado al actor mediante almoneda de remate de tres de marzo de dos mil veintiuno y su aclaración de cuatro de marzo de ese año, se encentra ubicado en lote 11, calle Condominio "Nueva Andalucía" Bosque de Sándalo, lote 7, Manzana 20, Colonia Rancho la Estadia o Bosque Esmeralda, Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado y dentro del diverso con sede en el Naucalpan, Estado de México, advirtiéndose que el acto reclamado tiene ejecución, en esa jurisdicción, actualizando el supuesto establecido en el primer párrafo del artículo 37; de la Ley de Amparo, respecto a la competencia del juicio biinstancial. De ahí que el juez competente es aquel que tiene jurisdicción donde deba ejecutarse el acto reclamado o se haya empezado a ejecutar. En tal contexto, en el conocimiento del amparo indirecto las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. En ese contexto, al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo en cita, es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, dado que el acto que combate el quejoso, tiene su ejecución, en el lugar donde ejerce jurisdicción dicho juzgado de Distrito. En este tenor, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente asunto, en mérito de los razonamientos expuestos. Apoya lo anterior, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con registro digital 189167, tesis I.1o.A.44 A, visible en el Tomo XIV, Agosto de 2001, página 1299 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora.". En consecuencia, se ordena remitir vía interconexión los autos al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, a través de la Oficialía de Partes Común de esos órganos jurisdiccionales; solicitándole el acuse de recibo correspondiente, en el que se sirva precisar si acepta o no la competencia que se plantea, previa formación del cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar, estando a la espera de ello. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Por las consideraciones antes citadas, se deja sin efectos la audiencia constitucional para celebrarse a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS.

  3. Principal

    L. Toluca, Estado de México; siete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para esta fecha, no obstante aún no se cuenta con el emplazamiento del tercero interesado *************; máxime que en auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, se giró exhorto al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, a efecto de que lleve a cabo dicho llamamiento a juicio; sin noticia alguna de su diligenciación, dado que aún no transcurre un plazo razonable para que se realice la diligencia encomendada. A fin de permitir lo anterior, se procede a diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese como legalmente corresponda

  4. Principal

    L. Toluca, Estado de México, uno de diciembre de dos mil veintidós. Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Subdirector de Asistencia Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, en virtud de que mediante el proveído inmediato anterior se tuvo por recibida similar información y se acordó lo correspondiente.

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