Gerardo Agustín Ramirez Sumuano

Expediente 608/2020 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
608/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
03/12/2020

Partes del expediente

  • Gerardo Agustín Ramirez Sumuano

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días hábiles que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, que desechó de plano la demanda de amparo; sin que a la fecha se hiciera valer dicho medio de impugnación. En tales condiciones, con fundamento en los ordinales 2, 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, así como en los ordinales 355, 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se declara que el citado acuerdo ha causado estado; ello, para los efectos legales a que haya lugar. Bajo ese contexto, infórmese a las partes que este expediente se encuentra dentro de las hipótesis que establece el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental, que no constan documentos originales y que es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran TRES AÑOS. Finalmente, realícense las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA DE LA DETERMINACIÓN DE VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México; fórmese expediente físico y electrónico. Al respecto debe decirse que el amparista señaló en la demanda como actos reclamados los siguientes: El auto de vinculación a proceso de diecinueve de octubre de dos mil veinte, y la medida cautelar ahí impuesta consistente en la presentación periódica en el Estado de Chiapas, dictados en la causa penal ****. Ahora, en apoyo al artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control de la constitucionalidad procede analizar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia que impida admitir a trámite la demanda de amparo. Bajo ese tenor, esta potestad considera que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. (...) De los preceptos transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término de quince días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ahora, del contenido del escrito de demanda de amparo, se aprecia que el impetrante de amparo se duele de las determinaciones dictadas por el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, consistentes en: El auto de vinculación a proceso de diecinueve de octubre de dos mil veinte, y la medida cautelar ahí impuesta consistente en la presentación periódica en el Estado de Chiapas, dictados en la causa penal ****. De las precisiones realizadas, se advierte que la parte quejosa reclama las determinaciones adoptadas en la audiencia oral de diecinueve de octubre de dos mil veinte, relativas a la causa penal ****. Ahora, como se dijo en párrafos que anteceden, el artículo 18 de la ley de la materia, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo, los cuales se cuentan respectivamente a partir del día siguiente: Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; y, Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Dichos supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, sustentándose en el conocimiento real del acto reclamado y no en lo expuesto por las partes o en la formalidad de la notificación. De ahí que en el caso, el cómputo para la promoción de la demanda de amparo inició a partir del día siguiente al en que los actos reclamados surtan sus efectos conforme a la ley que rige a los mismos. Lo anterior es así, ya que en términos de los artículos 63 y 82, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales, las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales que se dicten en audiencia, serán de forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión. Además, en términos del último párrafo del citado numeral 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las notificaciones personales realizadas en audiencia, surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas. Asimismo, cabe precisar que, conforme la normativa vigente, se establecen supuestos de excepción respecto de la temporalidad genérica para la promoción del juicio de amparo, en modo que cuando el acto reclamado implique: Peligro de privación de la vida; Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; Incomunicación; Deportación o expulsión; Proscripción o destierro; Desaparición forzada de personas; Alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. La demanda de amparo indirecto podrá presentarse en cualquier tiempo; sin embargo, el acto aquí combatido no se encuentra dentro de la hipótesis que describe la fracción IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo. En el caso, el quejoso reclama las determinaciones adoptadas en audiencia oral de diecinueve de octubre de dos mil veinte, dentro de la causa penal ****, atinentes al auto de vinculación a proceso así como la imposición de la medida cautelar consistente en la presentación periódica en el Estado de Chiapas, de las cuales quedó debidamente notificado en la misma diligencia, al estar presente en la aludida audiencia, tal como lo manifiesta bajo protesta de decir verdad en su escrito de derechos fundamentales, a lo que se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Por tanto, resulta que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, comenzó a transcurrir desde el día siguiente al en que surtió sus efectos la notificación de las determinaciones impugnadas, esto es, del veintiuno de octubre al once de noviembre de dos mil veinte, por cuanto hace al auto de vinculación a proceso y a la medida cautelar consistente en la presentación periódica en el Estado de Chiapas, dictadas en la audiencia inicial de diecinueve de octubre de dos mil veinte (...) Entonces, el acto combatido se estima consentido tácitamente, en virtud que no se impugnó dentro del plazo que señala el artículo 17 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, ya que la parte quejosa presentó el libelo constitucional en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México hasta el doce de noviembre de dos mil veinte, esto es, de forma extemporánea; en consecuencia, este órgano de control de la constitucionalidad estima que existe un motivo manifiesto de improcedencia para dar trámite a la misma. En consecuencia, lo que procede es desechar la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Atendiendo a los lineamientos del Consejo de la Judicatura Federal, se reitera a las partes que el acceso a los órganos jurisdiccionales es restringido, por lo que en caso de que sea necesario e indispensable, podrán acudir a las instalaciones que ocupa este juzgado previa cita que se genere en el sistema implementado para tal efecto, con el código QR que les sea proporcionado para el ingreso. Se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte promovente de amparo y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales.

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