Gerardo Aguilar Pinto

Expediente 578/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
578/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
07/06/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Aguilar Pinto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, siete de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2° de ésta, se acuerda: Causa ejecutoria sentencia. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes en dicho plazo haya recurrido la sentencia dictada el diecisiete de mayo de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Archivo. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, por lo que es susceptible de destrucción una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general. Devolución de documentos originales. En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y en términos de los artículos?? décimo primero, último párrafo y vigésimo, último párrafo, ambos del acuerdo general en consulta, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, comparezca a recoger el documento que en original exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo, dicho documento será destruido junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa

  2. Principal

    TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIO DENTRO DEL PLAZO DE DOS DÍAS FIJADOS EN EL AVISO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEÍDO DE SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE DICE: Zapopan, Jalisco, siete de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2° de ésta, se acuerda: Causa ejecutoria sentencia. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes en dicho plazo haya recurrido la sentencia dictada el diecisiete de mayo de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Archivo. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, por lo que es susceptible de destrucción una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general. Devolución de documentos originales. En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y en términos de los artículos?? décimo primero, último párrafo y vigésimo, último párrafo, ambos del acuerdo general en consulta, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, comparezca a recoger el documento que en original exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo, dicho documento será destruido junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Tribunal solicita. Se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por el cual acusa de recibido los cuadernos de pruebas que le fueron remitidos, además, en atención al requerimiento que fórmula, se comisiona al actuario judicial adscrito a fin de que realice las gestiones necesarias con el objeto de remitir las constancias que el Tribunal de Alzada solicita. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Estado de autos. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que en proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad responsable, a fin de que, en el término de tres días legalmente computados, manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que éste haya realizado manifestación alguna al respecto, no obstante haber sido notificado el veintinueve de marzo pasado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenida en dicha actuación, y se tiene a la parte quejosa por conforme con las constancias remitidas por la autoridad responsable. Vista ampliación demanda. Por otra parte, revisadas las constancias que integran el presente sumario, se advierte la participación, en el acto reclamado, de diversa autoridad a la señalada en el escrito inicial, a saber, del Ingeniero *****quien emitió los dictámenes de avalúo de seis y trece de agosto de dos mil veinte, emitidos en los expedientes de las cuentas catastrales materia del acto. Prevención por ampliación de demanda. En consecuencia, se requiere a la parte quejosa para que, en términos del artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, dentro del plazo de quince días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo en cuanto a señalar como autoridad responsable a la referida con antelación, así como precisar el acto que le reclame, además, insoslayablemente, tal ampliación deberá realizarla en términos del artículo 108 de la ley de la materia. Apercibimiento. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo fijado, se resolverá este asunto a la luz del escrito inicial de demanda y el informe justificado. En la inteligencia que de ampliar la demanda en los términos precisados, deberá acompañar tres copias del escrito por el que así lo haga, para distribuirlas de la siguiente manera: una para la diversa autoridad responsable, una para la nueva autoridad por la que se le previene y una para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1 , de rubro y texto siguiente: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". 1 Página 170, Tomo XXII, Octubre de 2005, relativa a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Cabe señalar que, a efecto de cumplir el señalamiento de autoridad y acto reclamado materia de la prevención, sólo el directo quejoso se encuentra facultado, no así sus autorizados, lo anterior dado que el señalamiento de autoridad responsable y acto reclamado, son actos personalísimos que únicamente puede realizar él, por sus alcances y consecuencias. Tiene aplicación al respecto y por los motivos que la conforman, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , del rubro y texto: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar 2 Sustentada en la Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 1a./J. 37/201, consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Junio de 2011, página 68, Tipo: Jurisprudencia.????? con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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