Gerardo Adán Rodríguez Portillo

Expediente 2417/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2417/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Gerardo Adán Rodríguez Portillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista las copias simples de la demanda de amparo indirecto, fórmese por duplicado y separado el Incidente de Suspensión relativo al juicio de amparo número 878/2023, promovido por Víctor Bernardo Mercado Lozano, contra actos de las autoridades responsables Elemento de la Guardia Nacional, Daniel Quintero Ruelas y otras autoridades, demás, con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 130, 138, 139, 140 y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el cual deberá rendir por duplicado, dentro del término de cuarenta y ocho horas, sin perjuicio de que lo realicen por cualquier medio a disposición de las oficina públicas de comunicaciones, remitiéndoles al efecto copia simple de la demanda de garantías. Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en términos del numeral 262, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión y multa de cincuenta a quinientos días de salario, destitución e inhabilitación para desempeñar otro cargo, si al rendir su informe previo se expresa un hecho falso o niegue la verdad. Como también, que en términos del diverso numeral 260, de la citada ley, de no rendir su respectivo informe previo, se harán acreedoras a una multa de cien días. Por último, se hace igualmente del conocimiento de las autoridades responsables que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 fracción I, último párrafo, de la Ley de la materia, están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan en materia de amparo, en la oficina principal de las autoridades y que la notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a las autoridades responsables o al respectivo encargado de recibir la correspondencia en su oficina; y que en el caso de negarse a recibir dichos oficios, se hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que, no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación respectiva. Sin embargo, si a pesar de esto subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la misma. Aunado a que, con fundamento en el artículo 245, de la Ley de Amparo en vigor, las autoridades responsables se harán acreedoras a una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizar la conducta sancionada. Se señala para que tenga verificativo la audiencia incidental las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Ahora bien con relación al acto reclamado que se hizo consistir en la boleta de infracción número ********************, y la multas equivalente a quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización; la emisión del acta circunstanciada de remisión de vehículos, la emisión de la constancia de arrastre de servicio de grúa, acta circunstanciada de remisión de vehículos, la recepción y depósito de vehículo así como la discusión y aprobación y expedición del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación de la Ley de Vías Generales de Comunicación, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y de la Ley de la Policía Federal Preventiva, publicado el veinticinco de octubre de dos mil cinco, en específico el artículo 74 TER, fracción I de la Ley de Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Asimismo la medida cautelar la parte quejosa la solicita para el efecto: Se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución tendiente al cobro de las multas impuestas en la boleta de infracción reclamada y para que se ordene la liberación del vehículo descrito en la infracción reclamada. Previamente a entrar a la materia de la suspensión, es necesario señalar lo siguiente: Es conveniente destacar, que los artículos 103 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1 fracción I de la Ley de Amparo, prevén la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad que violen garantías individuales. Así, en razón a que el artículo de la Carta Magna antes mencionado dispone que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria; para conceder la suspensión deben cumplirse los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, los cuales, son los siguientes: Ahora bien, el artículo 128 de la Ley de la Materia, dispone: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.". Como se aprecia de la trascripción, el artículo 128 de mérito establece las exigencias para que opere la suspensión provisional, las cuales se pueden sintetizar en los siguientes aspectos: que quien solicita la suspensión sea el agraviado; y que no se siga perjuicio al interés social con el otorgamiento de la medida, ni se contravengan disposiciones de orden público; aspectos que resultan necesarios para que, como se adelantó, se surtan los requisitos de procedencia de aquella medida que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo. Asimismo, de la interpretación armónica de la fracción I del artículo 128, en relación con el artículo 144, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. En ese orden de ideas, debe decirse que, en líneas anteriores se precisaron los requisitos necesarios para que sea procedente decretar la suspensión de los actos reclamados, puesto que se precisaron los requisitos indispensables previstos en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos numerales 125, 128 y 129 de la Ley de Amparo, los cuales, en obvio de repeticiones innecesarias se resumen en los siguiente: Que el acto reclamado sea cierto; El acto reclamado sea susceptible de ser suspendido; y, Que con la concesión de la medida no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, toda vez que los hechos y las abstenciones que la parte justiciable manifiesta bajo protesta de decir verdad, que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, destaca que el ********************, fue desposeído del automotor ********************. Asimismo, es importante traer a colación que la parte quejosa aportó copia de la factura de compra del vehículo a nombre del quejoso, así como copia de tarjeta de circulación del vehículo en cuestión, así como del recibo de inventario de grúas; correspondientes a ese vehículo. Dichas documentales, e términos de lo dispuesto por los artículos 129, 133,197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, merecen valor probatorio y son suficientes para acreditar de manera indiciaria su interés suspensional, en razón de que con ellas se prueba de manera indiciaria la imposición de la multa de que se duele y que el quejoso es propietario del vehículo del cual reclama la retención. Lo anterior es así, pues el vehículo mencionado por la parte quejosa en su demanda de amparo, es coincidente con el referido en la copia del comprobante de compra aportado. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 5/93, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, número 68, relativa al mes de agosto de mil novecientos noventa y tres, página doce, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." Por otro lado, respecto del segundo requisito, debe decirse que los actos reclamados, sus efectos o consecuencias, deberán ser paralizables y no haberse consumado irreparablemente en lo jurídico y material; o bien, aquéllos deberán, en el momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. Al respecto, este Juzgado de Distrito advierte que si bien el artículo 131 de la Ley de Amparo señala que tales medidas no tendrán por efecto constituir derechos que no haya tenido la parte promovente antes de la presentación de la demanda, sin embargo el propio legislador también estableció en el artículo 147 de la Ley de Amparo facultades para que el juzgador: ". Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo"; siendo que estas últimas facultades son acordes a la finalidad constitucional ya expuesta de las medidas cautelares y las que, en todo caso, deben atenderse por resultar más favorables para la protección de la persona, a la luz del artículo 1 constitucional, en caso de posibles conflictos interpretativos. En la especie, los actos reclamados se hicieron consistir en la retención del vehículo ********************, así como el cobro de la infracción impuesta y el cobro por parte del depósito vehicular en el cual se encuentra retenido el automotor, acto cuyas consecuencias son susceptibles de ser suspendidos, por lo que existe materia para proveer sobre la medida cautelar solicitada. Por su parte el tercer requisito, se encuentra cumplido, toda vez que los actos reclamados no se encuentran en ninguna de las hipótesis que prevé el numeral 129 de la Ley de Amparo. Finalmente, debe destacarse que el máximo Tribunal del país ha considerado que pese a que la mayor parte de la actuación pública y de las leyes emitidas por el Congreso persiguen fines de carácter público y social, la eficacia de los derechos fundamentales defendidos frente a ese tipo de actos impone al juez de amparo realizar un juicio de ponderación y de equilibrio de los intereses fundamentales involucrados, al resolver los asuntos sobre medidas cautelares en dicho proceso. De ahí, la importancia de realizar una ponderación de todos los intereses en conflicto al resolver los asuntos sobre medidas cautelares, destacado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Contradicción de Tesis 115/2003- SS, de la siguiente manera: ". Es decir, aun cuando se reclame un acto cuyo fundamento es una ley de orden público, para decidir sobre la suspensión el juzgador debe examinar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, debido a que no basta la sola circunstancia de que se pida la paralización de los efectos del acto fundamentado en un ordenamiento de orden público para negar la suspensión bajo el argumento del carácter de éste y de que responde al interés general, ya que todas las leyes (en sentido amplio) participan en mayor o menor medida de esas características, sino que resulta imprescindible, incluso para la conservación de la materia del juicio, analizar los diversos grados de afectación al interés social y al orden público, la distinta naturaleza del objeto específico de los ordenamientos y la causación al quejoso de daños y perjuicios de difícil reparación". En esos términos, la Segunda Sala del máximo Tribunal del país apuntó que son los Jueces de Distrito y Tribunales de Circuito a los que les corresponde realizar la ponderación de los intereses en conflicto en los casos relativos a medidas cautelares, debido a que tienen acceso directo e inmediato al material probatorio del asunto concreto. En ese orden, los siguientes elementos: i) peligro en la demora, ii) apariencia del buen derecho; iii) orden público; y iv) interés social, serán analizados simultáneamente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." En el caso concreto, la parte quejosa acredita la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, consistente en la existencia de un derecho "posible" y, por ende, "cautelable", así como una "probabilidad cualificada" de obtener resolución favorable respecto al recurso de revisión, interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, porque el quejoso demostró ser propietario del vehículo reclamado que se hizo consistir en la boleta de infracción número ********************, consecuentemente, existe una probabilidad cualificada de que, eventualmente, la sentencia favorable sea confirmada por la superioridad al resolverse el recurso de revisión interpuesto en contra de la misma en el expediente principal del que deriva este incidente de suspensión, pues se advierte la existencia del acto reclamado. En cuanto al peligro en la demora (periculum in mora), es decir, el riesgo de que se trasgredan de manera grave los derechos de la parte quejosa a falta del dictado de la medida cautelar, se considera que también se acredita pues, en la demanda de amparo, el promovente da a entender que de no concederse la suspensión del acto reclamado se afectaría su derecho patrimonial, lo cual es cierto pues, efectivamente, de no concederse la suspensión y ejecutarse el acto reclamado, por su naturaleza, se continuaría restringiendo el derecho que tiene a disfrutar de su propiedad. Además, en el caso particular, del análisis de las constancias que obran en autos se advierte que con el otorgamiento de la presente medida no se contravienen disposiciones de orden público ni el interés social, pues de concederse la medida cautelar no se materializará ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 129 de la Ley de Amparo. Tampoco se configurará ningún caso análogo a los previstos en tal precepto que implique transgresión a disposiciones de orden público, pues la presente medida cautelar tiene efectos provisionales y no definitivos a efecto de que se defina en el expediente principal del que deriva este incidente los actos de que se duele la parte quejosa, mediante el recurso de revisión (subjudice) ya que en caso de negarse el amparo y la protección de la Justicia Federal, las autoridades responsables estarán en aptitud de ejecutar los actos en contra del peticionario del amparo; circunstancia que de manera alguna es susceptible de vulnerar el orden público. Lo mismo ocurre en cuanto a la no afectación del interés social, ya que del análisis del acto reclamado se tiene que con el otorgamiento de la suspensión no se ocasiona daño a la sociedad o se le priva de un beneficio que de otra manera obtendría. Con fundamento en los artículos 128, 129 y 131 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para el efecto de que la autoridad responsable devuelva al quejoso el vehículo ********************, con motivo de la multa impuesta en la boleta de infracción ********************hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente incidente. Tienen apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en materia común consultable en el libro X, julio de dos mil doce, tomo 2, página mil ciento ochenta y seis, con número de registro 2001198, de la Décima Época cuyo rubro y texto dicen: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2001198 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 59/2012 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, página 1186 Tipo: Jurisprudencia: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. SE PUEDE CONCEDER ANTE EL DESPOSEIMIENTO DE LA LICENCIA DE CONDUCIR POR PARTE DE LA AUTORIDAD, PORQUE NO ES UN ACTO CONSUMADO. El desposeimiento de una licencia de conducir llevada a cabo por una autoridad antes de promover juicio de amparo no es un acto consumado para efectos de la suspensión, ya que sus consecuencias se prolongan durante el tiempo que el documento no se regrese al quejoso; por tanto, cuando se solicite la medida cautelar para que la autoridad devuelva el documento en cuestión, es factible decretarla sin que ello implique darle efectos restitutorios, al no dejar insubsistente el acto reclamado sino mantener viva la materia del juicio, a fin de que sea la ejecutoria de amparo la que, en su caso, permita a la autoridad responsable ejecutar el acto en sus términos o restituir al agraviado en el goce de sus derechos. En todo caso, la concesión estará sujeta al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, esto es, que la solicite el quejoso, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público -en cuyo caso se podrá realizar un análisis de la apariencia del buen derecho-, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado; lo que el órgano que conozca de la suspensión deberá analizar en cada caso, atendiendo a los motivos y fundamentos del acto reclamado." De igual manera, es preciso enfatizar que la presente medida cautelar no surtirá efectos si los mismos obedecen a antecedentes diversos a los narrados en la demanda de amparo, o si dichos actos provienen de autoridades distintas a la señalada como responsable, o si el automotor no es coincidente en el número de serie señalado por la quejosa. Se precisa que la presente suspensión surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no otorga garantía dentro del término de cinco días siguientes a la notificación del presente proveído en cualesquiera de las formas establecidas por la ley, por la cantidad de ********************que se fija de manera discrecional de conformidad al artículo 132 de la Ley de Amparo, tomando en consideración las tarifas que establece el artículo 62 del Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre, de Arrastre y Salvamento y de Depósito de Vehículos, los cuales implican el costo de los siguientes servicios: Arrastre: al tipo de grúa A: 12 Unidades de Medida y Actualización ********************Kilómetros para depósito: 0.30 por Unidades de Medida y Actualización ********************, lo anterior tomando como referencia que el lugar en donde fue detenido, es en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara Jalisco, al depósito ubicado en avenida Solidaridad Iberoamericana 7892, colonia Las Pintas, El Salto Jalisco. Depósito: fecha de detención y traslado nueve de enero de dos mil veintitrés, tiempo a la fecha de la presente resolución de ocho meses: 0.65 Unidades de Medida y Actualización ******************** ********************Sumadas las cantidades obtenidas resulta una cantidad de ********************. Luego para fijar el monto de la garantía, de manera discrecional y tomando en cuenta las circunstancias del caso, se requiere que el quejoso garantice el 50% de la referida suma, la cual asciende a ******************** En esa medida se fija como garantía para los efectos de la suspensión, es decir no se le condicione al pago de arrastre y custodia del vehículo para la entrega del mismo, la cantidad de ********************. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 125 y 139 de la Ley de Amparo, la suspensión provisional otorgada al quejoso surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si dentro de los cinco días siguientes a su notificación, no otorga garantía por tales conceptos, por la cantidad de ********************en billete de depósito expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo o en cualquiera de las formas permitidas por la Ley y a disposición de este juzgado, a fin de garantizar los daños y perjuicios que probablemente pudieran ocasionarse, cantidad que se fija de manera discrecional en virtud de no advertirse mayores datos que permitan establecer un monto determinado que derive del juicio civil ordinario de donde emana el acto reclamado. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción número 43/2001, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 17/2000, visible en la página 268, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA. De la interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 125, 130 y 139 de la Ley de Amparo, que regulan lo relativo a la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, y a la garantía que el quejoso debe otorgar en los casos en que aquéllas sean procedentes, para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se puedan ocasionar al tercero perjudicado si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo, y atendiendo a la naturaleza, objeto, requisitos de procedencia y efectividad de la medida cautelar de que se trata, así como al principio general de derecho que se refiere a que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, se arriba a la conclusión de que respecto a la suspensión provisional que se puede decretar con la sola presentación de la demanda, cuando exista peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, tomando el Juez de Distrito las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero, y a virtud de la cual se ordena mantener las cosas en el estado que guardan hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, surte sus efectos, al igual que ésta, inmediatamente después de que se concede y no hasta que se exhiba la garantía fijada, porque de lo contrario no se cumpliría con su finalidad, que es la de evitar al quejoso perjuicios de difícil reparación. Además, debe tomarse en cuenta que ante el reciente conocimiento de los actos reclamados, el quejoso está menos prevenido que cuando se trata de la suspensión definitiva, y si ésta surte sus efectos desde luego, aun cuando no se exhiba la garantía exigida, lo mismo debe considerarse, por mayoría de razón, tratándose de la suspensión provisional, sin que ello implique que de no exhibirse garantía deje de surtir efectos dicha suspensión". Garantía que se fija en razón de los posibles daños y perjuicios que pudieran resentir las empresas privadas que proporcionan los servicios antes referidos, lo que no constituye liberación de la obligación del pago de los servicios relatados en caso de obtener sentencia desfavorable, de conformidad con el artículo 132 de la Ley de Amparo. La medida cautelar que se concede, deberá ser acatada por la autoridad responsable con el apercibimiento de que en caso de desobediencia, se procederá conforme al artículo 262 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, así como sus autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene a ********************, no así al resto de los señalados en la copia del escrito de demanda por no encontrarse registrados en el sistema; y, por lo que ve al resto d los mencionados, se les tiene en términos restringidos del citado numeral. De igual forma, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 último párrafo de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas a efecto de que el Actuario de la adscripción practique las notificaciones que de manera personal sean ordenadas en este asunto.

  2. Incidental

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que las partes no interpusieron recurso alguno en contra de la sentencia dictada en autos, dentro del término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo. Ahora bien, el amparo se concedió para el efecto: ". lo procedente es, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 77 y 124 último párrafo de la Ley de Amparo, conceder al quejoso el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión solicitados, para el efecto de que las autoridades responsables dejen sin efectos las cédulas de notificación de infracción folios ********************y********************, sin que pueda constreñirse a las responsables a emitir un diverso acto en el que se purgue el vicio de fondo que les fue detectado en la presente ejecutoria ya que este impide a las autoridades su reiteración." Luego, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo vigente, que resultan aplicables de conformidad con el Tercero Transitorio de la misma, requiérase a las autoridades responsables Secretario de Seguridad Jurídica del Estado de Jalisco y otras, para que cumplan con la ejecutoria emitida en autos, dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación de este proveído, apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa ...

  3. Incidental

    VISTO EL ESTADO DE AUTOS MEDIANTE OFICIO QUE DERIVE DEL PRESENTE ACUERDO DE ORDENA REQUERIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, PARA QUE CUMPLA CON LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY DE NO CUMPLIR.-

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito conjuntamente por el Presidente Auxiliar y por el Secretario General, ambos de la Décima Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, a través del cual informan las gestiones que se encuentran realizando a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, en consecuencia, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, téngasele en vías de cumplimiento, en el entendido de que este Juzgado está a la espera del cumplimiento total de la sentencia dictada en autos.

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