Geraldyne Gómez Galván

Expediente 953/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
953/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/10/2021

Partes del expediente

  • Geraldyne Gómez Galván
  • Juez Trigésimo Cuarto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y en virtud de que ha trascurrido el plazo de cinco días para la interposición del recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, SE DECLARA FIRME EL MISMO. Por lo tanto, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. se hace constar, que este expediente es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    XXXX SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO SEÑALADO A LA QUEJOSA EN EL QUE SE LE HACE SABER: :. En ese sentido, este juzgado federal advierte que, respecto del acto reclamado, se actualiza, en primer lugar, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. .del estudio integral de la demanda de amparo que se analiza, se advierte el acto reclamado se hace consistir, en esencia, la resolución interlocutoria que declaró fundado el incidente de cancelación de pensión alimenticia promovido en contra de la ahora quejosa, dictada por el Juzgado Trigésimo Cuarto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el expediente 2235/2015 de su índice. Con base en lo anterior, se advierte que esa resolución, impugnada en esta vía, debió ser combatida previamente a través del recurso de apelación, conforme al artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, toda vez que se trata de una determinación emitida en un asunto en el cual la sentencia definitiva es apelable; aunado a ello, el diverso artículo 696, del citado ordenamiento impone una carga procesal mínima a la quejosa y le da la posibilidad de que se suspenda la ejecución del acto que reclama, al establecer que cuando la ejecución del auto impugnado pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y el recurso proceda en efecto devolutivo de tramitación inmediata, se admitirá en ambos efectos si así lo solicita el apelante al interponerlo y expone los motivos de su apreciación; lo cual, de resultar procedente, así lo decretará el Juez señalando, siempre y cuando así lo considere -por ser un acto futuro incierto y además de que los posibles daños derivados de la suspensión del procedimiento no son inmediatamente apreciables en dinero en materia familiar- el importe de la garantía para que surta efectos la suspensión solicitada. Por lo tanto, el recurso de apelación sí es un recurso idóneo, apto y eficaz que debe ser agotado antes de acudir al amparo indirecto. Luego, si en contra del acto reclamado la ley ordinaria prevé un recurso o medio de defensa a través del cual podía ser modificado o revocado, la promovente estaba obligada a agotarlo, previo a acudir a esta instancia constitucional, dado que no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, a saber: los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; las órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate de personas extrañas al procedimiento, sin que este asunto se ubique en alguna de esas hipótesis. Asimismo, debe decirse que si bien el acto reclamado pudiera considerarse que afecta derechos sustantivos de manera irreparable, al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos; esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de una sentencia definitiva. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, del que el interesado renuncie a ellos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar por notoriamente improcedente la demanda de mérito. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. De conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos civiles de aplicación supletoria a la ley de amparo, téngase por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para oír y recibir notificaciones así como para recibir documentos, y por autorizados para los mismos efectos a las personas que señala por así solicitarlo sin expresar facultades diversas para alguno de ellos. COMUNICACIONES NO PROCESALES CORREO Y TELEFONO Se tiene a la promovente proporcionando correo electrónico y número telefónico, de los que se toman conocimiento, para el caso de que se requiera comunicación con la misma, únicamente para efectos no procesales, o para agilizar el trámite de notificaciones, conforme a lo previsto en el artículo 5° del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19

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