Geraldine Martínez Sánchez

Expediente 675/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
675/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
03/12/2018

Partes del expediente

  • Geraldine Martínez Sánchez
  • Juez Tercero de Primera Instancia, Pacho Viejo, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa Geraldine Martínez Sánchez, mediante el cual solicita la devolución del billete de depósito número N 839021, que ampara la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), con el número de registro 47/2018, que exhibió para garantizar la suspensión provisional del acto reclamado. En consecuencia, como está ordenado en proveído de trece de septiembre del año en curso, devuélvase debidamente endosado para su cobro el mencionado billete de depósito; en el entendido de que será entregado únicamente a la directa quejosa, quien deberá presentar identificación oficial vigente con fotografía, y firmar en autos por su recibo para debida constancia. Finalmente, téngase por recibida la copia certificada de cuenta, del índice del Juzgado Segundo de Distrito, con residencia en esta ciudad, dirigido al juicio de amparo 670/2018, del índice de este Juzgado, mediante el cual, solicita se le informe si ya se dictó sentencia en el presente asunto, y de ser así se le remita copia certificada de la misma; al respecto, hágase de su conocimiento que en el juicio de amparo en que se actúa no se dictó sentencia, en virtud de que por auto de veintiuno de agosto del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; asimismo, que por auto de trece de septiembre del año en curso, causó estado el acuerdo en comento.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo de veintiuno de agosto del año en curso, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, interpusiera el recurso de revisión en su contra, sin que lo hubiera hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones I y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio, y SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN el original del incidente de suspensión por haberse concedido tanto la suspensión provisional como la definitiva de los actos reclamados por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción y depuración de los mismos, en el entendido de que se exceptuaran aquellas constancias relativas al original del incidente de suspensión que tengan relación con las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar; con posterioridad TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. En cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por lo tanto, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Finalmente, déjense a disposición de la parte quejosa el billete de depósito número N 839021 que ampara la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos cero centavos moneda nacional), con el cual pretendió garantizar la suspensión provisional del acto reclamado, mismo que fue registrado con el número 47/2018, del índice de control de este órgano jurisdiccional, el que le será entregado previa solicitud que al efecto realice, debiendo comparecer ante este órgano jurisdiccional a recibirlo presentando identificación oficial vigente con fotografía y asentando en autos razón por su recibo para debida constancia; asimismo, se apercibe a la parte quejosa, que de no acudir al local que ocupa este órgano jurisdiccional a recibir el billete de depósito aludido, dentro del término de dos años, a partir del día siguiente a que surta sus efectos la notificación del presente proveído, atento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación y 11 fracción III, XIII, XVI y XXXI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los billetes prescribirán a favor del Fisco Federal, por transcurrir el término señalado para tal efecto, que determina, en esencia, la fecha en que opera la prescripción del billete; lo anterior, sin perjuicio de que el escrito de solicitud de devolución del documento que deberá realizar la parte quejosa y acuerdo de procedencia sea con fecha posterior al presente proveído, ya que la temporalidad señalada con anterioridad empezará a contar a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído.

  3. Principal

    Notificación a la parte quejosa en términos del artículo 27, fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo de veintiuno de agosto del año en curso, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, interpusiera el recurso de revisión en su contra, sin que lo hubiera hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones I y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio, y SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN el original del incidente de suspensión por haberse concedido tanto la suspensión provisional como la definitiva de los actos reclamados por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción y depuración de los mismos, en el entendido de que se exceptuaran aquellas constancias relativas al original del incidente de suspensión que tengan relación con las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar; con posterioridad TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. En cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por lo tanto, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Finalmente, déjense a disposición de la parte quejosa el billete de depósito número N 839021 que ampara la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos cero centavos moneda nacional), con el cual pretendió garantizar la suspensión provisional del acto reclamado, mismo que fue registrado con el número 47/2018, del índice de control de este órgano jurisdiccional, el que le será entregado previa solicitud que al efecto realice, debiendo comparecer ante este órgano jurisdiccional a recibirlo presentando identificación oficial vigente con fotografía y asentando en autos razón por su recibo para debida constancia; asimismo, se apercibe a la parte quejosa, que de no acudir al local que ocupa este órgano jurisdiccional a recibir el billete de depósito aludido, dentro del término de dos años, a partir del día siguiente a que surta sus efectos la notificación del presente proveído, atento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación y 11 fracción III, XIII, XVI y XXXI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los billetes prescribirán a favor del Fisco Federal, por transcurrir el término señalado para tal efecto, que determina, en esencia, la fecha en que opera la prescripción del billete; lo anterior, sin perjuicio de que el escrito de solicitud de devolución del documento que deberá realizar la parte quejosa y acuerdo de procedencia sea con fecha posterior al presente proveído, ya que la temporalidad señalada con anterioridad empezará a contar a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído.

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Tercero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, mediante proveído de catorce de los actuales, remite copia certificada del auto de dieciséis de agosto del mismo año, dictado al vencimiento del término constitucional ampliado dentro de la causa penal 30/2017, de su índice; al respecto, agréguese para que obre corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar. Ahora, de autos se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa dentro del presente controvertido constitucional, se hace consistir en lo siguiente: La orden de búsqueda, detención o aprehensión decretada en su contra y su ejecución. En ese orden de ideas, tomando en consideración lo informado por la autoridad responsable y el estado procesal que guardan los presentes autos, el suscrito juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, del tenor literal siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica" Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". Del precepto normativo en cita, se deduce que el cambio de situación jurídica, por regla general, deriva de la concurrencia de los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En ese sentido, si el acto reclamado lo constituye la orden de búsqueda, detención o aprehensión girada en su contra y su ejecución y de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, se advierte que por resolución de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se dictó auto de formal prisión en contra de la aquí quejosa Geraldine Martínez Sánchez, como probable responsable del delito de despojo cometido en agravio de Constructora Kadic, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los autos de la causa penal 30/2017, de su índice; por tanto, resulta inconcuso que, respecto de la quejosa y del acto que en ésta vía reclama, en el proceso penal ha operado un cambio de situación jurídica, pues con el dictado del auto de referencia las violaciones impugnadas quedaron irreparablemente consumadas de forma tal, que resulta imposible para este juzgador resolver el presente controvertido sin afectar la nueva situación jurídica; algo que atentaría directamente contra el principio de seguridad jurídica. Constancias a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su numeral 2, ya que se tratan de documentos públicos expedidos por funcionarios en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, pues el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, es claro en establecer que se actualiza dicha causal de improcedencia cuando se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto; de lo que se advierte entonces que al excluirse de ese precepto legal, las violaciones a la libertad personal relacionadas con el artículo 16 constitucional, relativas a la orden de aprehensión y detención, resulta que la improcedencia del juicio de garantías por cambio de situación jurídica, no requiere del dictado de la sentencia definitiva, sino que basta con que se dicte el auto de plazo constitucional; hipótesis que en la especie se actualiza, habida cuenta que la parte quejosa alega que se han cometido en su perjuicio violaciones consistentes en el dictado en su contra de una orden de aprehensión, las cuales se encuentran tuteladas por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, si la orden de aprehensión reclamada por la quejosa fue sustituida por el auto de formal prisión, dictado el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, por la Juez Tercero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, es evidente que se ha actualizado la causal de improcedencia invocada, pues ya no se está en posibilidad de decidir respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mandamiento de captura sin afectar la resolución de referencia, la que actualmente rige su situación jurídica. Es decir, ha operado un cambio de situación jurídica con motivo de dicho auto de formal prisión, y si se resolviera sobre dicho término constitucional, se estaría analizando un acto jurídico que no fue materia de reclamo en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a.CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Asimismo, resulta aplicable al caso, la tesis 1a./95/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos". De ahí, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió el Juez Tercero de Primera Instancia, con residencia en la congregación de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, Veracruz, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables.

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