Gerado Humberto Gracida Varela

Expediente 449/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
449/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
27/09/2021

Partes del expediente

  • Gerado Humberto Gracida Varela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos y tomando en consideración que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en que se sobreseyó el juicio de amparo indirecto 449/2021-IV; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al trámite del juicio de amparo, se declara que dicha resolución, ha causado ejecutoria; por tanto, dése el aviso correspondiente a las autoridades responsables, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Asimismo, se hace constar que este juicio no es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste, no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN -una vez que transcurran tres años- al haberse otorgó la suspensión de plano y carecer de relevancia documental. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Notifíquese y personalmente al quejoso

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Director de Defensoría Pública de la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de servicios Legales de la Ciudad de México, mediante el cual informa que se designó a la licenciada Paula Abigail Durán Camargo, a fin de que asista al quejoso ..., de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, intégrese a los autos, el escrito remitido por la licenciada Paula Abigail Durán Camargo, por medio del cual, acepta y protesta el nombramiento de asesora jurídica del aquí quejoso ...; téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones personales el que indica. Por otra parte, glósense a los autos los oficios y anexo signados por el Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, mediante los cuales en cumplimiento al requerimiento de veintiséis de agosto del año en curso, remite las constancias que le fueron solicitadas. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas como pruebas de su parte, dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, del estado de autos se advierte que el quejoso hizo consistir el acto reclamado en el traslado del que fue objeto del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México a la Penitenciaria de la Ciudad de México (Santa Martha Acatitla), ejecutado el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, que atribuyó a las autoridades siguientes en su denominación correcta: ORDEN AUTORIDADES RESPONSABLES SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECTOR DEL RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO COMITÉ TECNICO DEL RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL ORIENTE El subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, al rendir su respectivo informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado manifestado que autorizó el traslado del quejoso en cumplimiento al oficio EJEC-OTE-NG/589/2021 signado por el Juez Penal Especializado de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Oriente, para que dé cumplimiento a la sentencia dictada en la carpeta de ejecución EJEC-OTE/2783/2020. Lo que se corrobora con las constancias que anexó al oficio de cuenta, documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que se tiene plenamente probado. Asimismo, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al señalar que respecto de la orden de traslado que reclama fue emitida por el Juez Penal Especializado de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, dentro de la carpeta de ejecución EJEC-OTE/2783/2020, debió agotar el recurso de apelación de conformidad con lo establecido en los artículos 51, 131 y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a instar el presente juicio. En el caso, como se señala se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque contra el acto reclamado procede un recurso por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, de acuerdo a las siguientes consideraciones. En principio, es preciso señalar que el dispositivo legal antes enunciado establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". De la reproducida disposición legal se desprende, que la procedencia del juicio de derechos está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal ordinario que pueda conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado, debe ser agotado, salvo los casos de excepción previstos, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercerlos, o en su defecto, le perjudique su omisión. El principio de definitividad encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le acuse afectación antes de solicitar la protección de la justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito que al rubro reza: "CONCEPTO DE DEFINITIVIDAD. SU INTERPRETACIÓN. SEGÚN SE DESPRENDA DE LAS HIPÓTESIS DE LOS ARTÍCULOS 73 O 114 DE LA LEY DE AMPARO" Ahora, en el caso el acto reclamado consiste en el traslado del que fue objeto el quejoso, del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente a la Penitenciaria de la Ciudad de México (Santa Martha Acatitla), y al respecto los artículos 51, 131 y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, disponen: "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código." "Artículo 131. Apelación. El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: (.) VII. Traslados; (.)" De los preceptos transcritos se desprende que el recurso de apelación procede contra los traslados involuntarios de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas, autorizados en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, medio de defensa que se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Por lo que, el peticionario debió agotar el recurso ordinario de mérito, entendiéndose por éste, el medio de impugnación que tiene derecho a hacer valer cualquiera de las partes para combatir las resoluciones que consideren les causa algún agravio; con el objeto de que dicho auto sea revocado o modificado , pues tal y como se desprende de las documentales remitidas por el Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, autorizó el traslado del aquí quejoso en cumplimiento a lo ordenado por el Juez Penal Especializado de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, sin que el peticionario del amparo haya agotado el principio de definitividad interponiendo el recurso ordinario de defensa, esto es, el de apelación en contra del acto reclamado, por tanto es inconcuso que el presente juicio es improcedente. Ello, pues se insiste atendiendo al contenido de los preceptos señalados en líneas precedentes, el promovente previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, tuvo que haber agotado el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es, a través del recurso de apelación, pues dichos actos reclamados pueden ser confirmados, revocados o nulificados por el medio citado de defensa; y al no haberlo hecho, incumplió con el principio de definitividad y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin que en el caso concreto se justifique alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1. 6o C. J/37 establecida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, tomo XV, Mayo 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO CONSTITUCIONAL" Así como la diversa tesis I.6o.P.133 P. Décima Época; Tribunal Colegiado de Distrito; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.; Libro 62, Enero de 2019; Tomo IV; página 2645, de título: "SISTEMA DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL PARA SENTENCIADOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD O PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMAN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN." Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, resulta notoria e indudable la causal de improcedencia que se invoca, SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO. Cabe destacar que esta determinación, en concepto del suscrito, procede decretarla fuera de audiencia, puesto que existe un motivo manifiesto e indudable de sobreseimiento, como se previene en la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, que se aplica por identidad jurídica sustancial y que es del texto y rubro siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 43 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cuanto más, continuar con el juicio de amparo en que se actúa, esperar el informe de las restantes autoridades, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resulta enteramente ocioso y atentatorio del principio de prontitud y expeditez en la administración de justicia; aunado a que dicha forma de proceder también contravendría el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la nueva ley de la materia, cuando en tal caso se deben evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo al respecto, la tesis visible en la página 1235, Tomo XII-Agosto del 2001, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." Se deja insubsistente la audiencia señalada en autos. Notifíquese, y personalmente al quejoso y su asesora jurídica.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable, con el cual rinde su INFORME JUSTIFICADO; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Por otro lado, vistas las constancias de mérito, se advierte que éstas no guardan relación alguna con este asunto; consecuentemente, requiérase a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de su legal notificación, remita en original o en copia debidamente certificada y legible las relativas al acto reclamado; apercibida que de no hacerlo, de conformidad con el numeral 237, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, en relación con la desindexación del salario mínimo publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, aunado a que se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación por desacato a una determinación judicial. Lo anterior, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 constitucional, a efecto de no dejar en estado de indefensión e incertidumbre jurídica a la parte quejosa respecto a los hechos que dieron origen al acto reclamado, y que de conformidad con el numeral 75 de la Ley de Amparo, se considera que resulta necesario recabarlas a efecto de resolver este juicio. Notifíquese y personalmente al quejoso.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio remitido por el Director de Defensoría Pública de la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México; en atención a su contenido y para que dé cumplimiento a lo ordenado en proveído de trece de los actuales, en los términos ahí indicados, envíesele copia de la demanda y hágase de su conocimiento que el quejoso********************, se encuentra privado de su libertad en la Penitenciaría de esta ciudad; en el entendido que de no acatar lo anterior, se hará efectivo en su contra el apercibimiento decretado en el sumario. Cúmplase.

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