Geovna Yazmin Vélez Martínez

Expediente 193/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
193/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
03/03/2017

Partes del expediente

  • Geovna Yazmin Vélez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    El tres de marzo de dos mil diecisiete, el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: a) El término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, trascurrió del veinticuatro de febrero al dos de marzo del año en curso, sin contar los días veinticinco y veintiséis de febrero de dicho año, por corresponder a sábado y domingo; sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el proveído dictado el veintiuno de febrero de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo número 193/2017-4: b) Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; c) Toda vez que se desechó la demanda, que originó el presente juicio, no se tramitó incidente de suspensión relativo a éste; en consecuencia, no existe billete de depósito alguno, a fin de garantizar alguna medida cautelar; d) No existen tomos de prueba por devolver. Doy fe. En la misma fecha el secretario da cuenta a la juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, tres de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido para la parte quejosa el término de cinco días señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a, de esa propia legislación, contra el auto dictado por este juzgado el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por Geovana Yazmín Vélez Martínez (fojas 18-26); en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En razón de que el indicado proveído no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se desechó la demanda de amparo con que se formó el mismo; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico, ni es de relevancia documental que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el Primer Párrafo del Punto Décimo Primero del Acuerdo en cita, remítase el presente expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, toda vez que en el presente la quejosa exhibió el original recibo fiscal número V 8146494 (12 A); en consecuencia, con fundamento en el punto décimo primero del acuerdo Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérasele para que dentro de los NOVENTA DÍAS HÁBILES siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente auto, comparezca debidamente identificada y en horas hábiles, a recibir el documento de que se trata, apercibida de que, en caso de no hacerlo, éste seguirá la suerte del presente juicio. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. Josué

  2. Principal

    Demanda de amparo promovida por Geovana Yazmín Vélez Martínez, registrada con el número de folio 2395 y copias de ésta que se adjuntan. Con la circunstancia de que los licenciados José Alberto Zarate Juárez, Ana Karina Reyna Rodríguez y Eduardo Hernández Ramírez tienen sus cédulas profesionales número 2717879, 3173930 y 4449861, respectivamente, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Geovana Yazmín Vélez Martínez, contra actos del Congreso del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los 1, 14, 16, 31, fracción IV y 133 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 193/2017-4, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama de las autoridades responsables, esencialmente, lo siguiente: El decreto número 109, publicado en el Periódico Oficial el treinta y no de diciembre de dos mil dieciséis, por el cual reforma, deroga y adiciona, diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que se contienen en los artículos 78, 79, 80, 81, 82, relativos al Impuesto Adicional para la Infraestructura; 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90, relativos al Impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas; 99 relativo al derecho de Control Vehicular; y Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios de dicha ley. Su aplicación, ejecución y cobro. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De la lectura integral del escrito de demanda y constancia anexa, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al haber sido exhibidos en original; se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Geovana Yazmín Vélez Martínez, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el 61, fracción XIV de la Ley de Amparo. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. En efecto, el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; (.)" El precepto transcrito establece la procedencia del juicio de amparo contra normas generales. Para tal efecto, el citado normativo regula dos supuestos: I. El primero se actualiza cuando por su sola entrada en vigor una norma general causa un perjuicio, y puede reclamarse en dos distintos momentos: el primero, dentro del plazo de treinta días computado a partir del día en que entró en vigor, según lo previsto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo; y el segundo, dentro de los quince días siguientes a la actualización de alguna hipótesis prevista en el aludido precepto. II. El segundo, cuando la afectación se ocasiona con motivo del primer acto de aplicación de la norma reclamada, y puede reclamarse sólo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguientes al del acto de aplicación. Esto es, que solo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado y no con motivo de ulteriores aplicaciones. En concordancia con lo anterior, el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso..." De acuerdo con el precepto legal transcrito el juicio constitucional es improcedente, en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la Ley de la Materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. En particular, en tratándose de normas generales, se entenderán consentidas éstas cuando siendo impugnables en amparo desde el inicio de su vigencia, no se hubiera promovido dicho medio de impugnación constitucional tampoco contra el primer acto de aplicación. De tal manera que, en todo caso, el consentimiento del acto de aplicación de una norma general conlleva el de ésta, pues desde ese momento se actualizan las hipótesis normativas respectivas. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la tesis XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 1931, del Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Criterio jurídico que cobra aplicación al caso por ser de similar contenido el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor y el 21 del ordenamiento homónimo abrogado que ahí se interpreta. De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyen entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En ese sentido, el primer acto de aplicación de una norma que establece los elementos de un determinado tributo puede tener su origen en tres supuestos: I. En la actuación de una autoridad que, en pleno ejercicio de sus facultades legales, concretice tales hipótesis normativas en perjuicio de un gobernado. II. En la actualización que de tales normas realice el contribuyente constreñido a cumplir con la obligación tributaria principal (el pago del tributo). III. En la actuación de un particular que en auxilio de la administración pública aplique tales disposiciones, como es el caso de aquellos gobernados a quienes se les encomienda la retención o la recaudación de una contribución. Al respecto sirve de apoyo la tesis jurisprudencial P./J. 67/97, visible en la página 84 del Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que versa: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL CUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO POR IMPERATIVO LEGAL ES ACTO DE APLICACIÓN QUE PUEDE SERVIR DE BASE PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE IMPUGNACIÓN. Cuando del estudio del orden jurídico establecido deriva que la norma reclamada en el amparo debe ser cumplida imperativamente por el gobernado, porque de lo contrario se le impondrán sanciones o se tomarán en su contra medidas que le causen molestias, debe considerarse que el cumplimiento de dicha norma por el particular así constreñido, constituye también un acto de aplicación de la ley que puede servir de base para computar el plazo de impugnación constitucional sin necesidad de que exista un acto específico de aplicación emanado de autoridad, ya que para efectos de la procedencia del juicio de garantías, el perjuicio a la esfera jurídica del gobernado podrá surgir, tanto del acto estatal que lo coloca concretamente dentro de las hipótesis previstas por la ley, como de aquel acto por medio del cual él mismo se coloca en ellas, para evitar los efectos coercitivos correspondientes." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 169 de los Volúmenes 205-216, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que a la letra se lee: "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTÚA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY. Tratándose de juicios de amparo contra leyes, se dan dos supuestos genéricos de procedencia de la acción: el relativo a las leyes autoaplicativas y el que se refiere a las leyes heteroaplicativas, considerando que respecto a las segundas, la demanda debe presentarse dentro de los quince días siguientes al en que se dé el acto de aplicación o al en que se resuelva el recurso interpuesto en el dicho acto, conforme a lo establecido en los artículos 21 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sin embargo, la referencia que el artículo 73, fracción VI, de la ley invocada hace en cuanto a que se requiere que el acto de aplicación de leyes que por su sola expedición no causen perjuicio al quejoso, provenga de una autoridad, no debe tomarse en sentido literal; es decir, el acto de aplicación de la ley no debe necesaria y forzosamente efectuarse en forma directa por una autoridad en sentido estricto, sino que su realización puede provenir de un particular que actúe por mandato expreso de la ley. En estos casos, el particular se reputa como auxiliar de la administración pública, sin que sea necesario llamar como responsable al particular que ejecuta el acto de aplicación en su calidad de auxiliar de la administración pública, pues el juicio de amparo no procede en contra de actos de particulares." Por tanto, en tratándose de normas generales en materia tributaria, debe tenerse como primer acto de aplicación de éstas, el pago realizado por los particulares, al tratarse de la obligación fiscal principal a su cargo, lo que implica la actualización del mecanismo tributario previsto en aquéllas. En ese contexto, los artículos 78 a 90 y 99, todos de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, establecen: "Adicional para la Infraestructura DEL OBJETO ARTÍCULO 78. El objeto de este impuesto lo constituyen los pagos que se deban efectuar por concepto del derecho establecido en el artículo 99 de esta Ley. DEL SUJETO ARTÍCULO 79. Son sujetos de este impuesto, los contribuyentes que deban realizar los pagos señalados en el artículo anterior. DE LA BASE GRAVABLE ARTÍCULO 80. La base de este impuesto, la constituirá el monto total del pago que deban realizar los contribuyentes por el concepto a que se refiere el artículo 99 de esta Ley. DE LA TASA ARTÍCULO 81. El impuesto se determinará aplicando a la base gravable que establece el artículo anterior, la tasa del 30%. DEL PAGO ARTÍCULO 82. El pago de este impuesto, se realizará conjuntamente y en el momento en que deban efectuarse los pagos relativos al Derecho establecido en el artículo 99 de esta Ley. Los sujetos de este impuesto efectuarán su pago en la oficina recaudadora correspondiente y en las Instituciones Bancarias o en los medios que la Secretaría tenga autorizados. SECCIÓN II Del Impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas DEL OBJETO ARTÍCULO 83. Es objeto de este impuesto, las cantidades que cobre el Estado por las contribuciones previstas en esta Ley. DEL SUJETO ARTÍCULO 84. Son sujetos del impuesto, los contribuyentes afectos al pago de impuestos o derechos del Estado. DE LA BASE GRAVABLE ARTÍCULO 85. La base de este impuesto será el monto que se cubra por el concepto de impuestos y derechos estatales. DE LA TASA ARTÍCULO 86. La tasa aplicable a la base de este impuesto será el 10%. DEL PAGO ARTÍCULO 87. El impuesto se calculará aplicando a la base determinada, la tasa establecida en el artículo anterior. ARTÍCULO 88. El pago deberá hacerse al momento de enterar los impuestos o derechos correspondientes. ARTÍCULO 89. Este impuesto será destinado a la Universidad Autónoma de Zacatecas. DE LAS OBLIGACIONES ARTÍCULO 90. La Secretaría trasladará las cantidades que correspondan a este impuesto a la Universidad Autónoma de Zacatecas, siempre que la misma se encuentre al corriente en el pago de las contribuciones que se establezcan en esta Ley y demás disposiciones estatales. Si la Universidad Autónoma de Zacatecas, adeuda contribuciones estatales o por afectación a las participaciones del Estado, derivado de obligaciones convenidas por la propia Universidad Autónoma de Zacatecas, la Secretaría podrá compensar oficiosamente la totalidad de las mismas con las cantidades que por este impuesto le correspondan a la Universidad Autónoma de Zacatecas. La diferencia que resulte a favor de la Universidad Autónoma de Zacatecas será entregada por la Secretaría. (.) ARTÍCULO 99. El derecho de control vehicular con vigencia al 31 de marzo del año siguiente, deberá efectuarse durante los primeros tres meses del año que corresponda, para: a) Vehículo de servicio particular............$1,000.00 b) Vehículo de servicio público.............. $1,200.00 c) Vehículo de Demostración de agencia autorizada... $2,100.00 d) Remolque.....................$750.00 e) Motocicletas y similares...............$550.00 f) Bicicleta..................... $150.00 a) Del año en curso.................$2,350.00 b) Con un año de antigüedad...............$2,150.00 I. Vehículos de servicio público y particular: II. Remolques:.....................$700.00 III. Motocicletas:....................$400.00 Cuando no se cubra la contribución dentro del plazo señalado, deberán pagarse recargos y actualización por concepto de indemnización a la Hacienda Pública Estatal por falta de pago oportuno, de conformidad con la Ley de Ingresos del Estado. (.)" Los preceptos anteriores regulan, respectivamente, los elementos de los mecanismos tributarios de los impuestos para la infraestructura, para la Universidad Autónoma de Zacatecas, como tributos accesorios de las demás contribuciones previstas en la ley citada, como lo es el Derecho previsto para el control vehicular, ya que, en general, éstas constituyen la base gravable de aquéllos. En esta instancia constitucional, la parte quejosa reclama las disposiciones normativas referidas, con motivo del primer acto de aplicación de éstas, es decir, de manera heteroaplicativa; pues, así se advierte del capítulo de antecedentes, en donde la amparista refiere que al ser propietaria del vehículo marca Nissan, línea X-Trail, modelo 2003, número de motor QR25075251, y diverso de serie JN1BT05A53W713479, con placas de circulación ZHA8561 del Estado de Zacatecas, pagó los derechos por el servicio de control vehicular, lo que tornó en la autoaplicacion de los citados decretos y normas que constituyen los actos reclamados. No obstante, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa, bajo protesta de decir verdad manifestó que realizó el pago de los impuestos en comento, el veinticinco de enero de este año, lo que implica la existencia de un acto de aplicación de los preceptos que se combaten. Lo anterior se corrobora con el recibo fiscal número V 8146494 (12 A) el cual fue exhibido con el escrito de demanda del que se advierte que el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, la quejosa erogó los tributos reclamados (control vehicular, adicional para infraestructura y adicional para la Universidad Autónoma de Zacatecas). Lo expuesto implica la actualización de las hipótesis normativas referidas, pues se trata del pago de los impuestos combatidos respecto de contribuciones erogadas con posterioridad a la vigencia de la ley de hacienda reclamada (uno de enero de dos mil diecisiete, en términos del artículo primero transitorio de dicho ordenamiento); por tanto, es indudable que los pagos realizados tuvieron como sustento los artículos reclamados. En consecuencia, tal comprobante fiscal constituye el primer acto de aplicación de dichas disposiciones, dado que no existe constancia de que con anterioridad a éste hubiera existido otro. De tal suerte que a partir del entero de las contribuciones anteriores se actualizaron los artículos reclamados en perjuicio de la quejosa; por lo que desde ese momento inició el cómputo del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, al tratarse de un acto concreto de aplicación. Por tanto, es evidente que el plazo para impugnar los artículos reclamados inició el veintiséis de enero de este año, al ser el día hábil siguiente al en que se realizó el pago respectivo, tomando en cuenta que éste envuelve el conocimiento fehaciente los artículos reclamados, al tratarse del cumplimiento de la obligación tributaria contenida en éstos; y concluyó el dieciséis de febrero de la presente anualidad, con exclusión de los días veintiocho y veintinueve de enero y cuatro y cinco de febrero, ambos de la presente anualidad, por corresponder a sábados y domingos, así como el seis de febrero del año en curso, por haber sido declarado inhábil en conmemoración del cinco de febrero de dicho año Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por el quejoso el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que es notorio que resulta extemporánea y, por ende, los preceptos controvertidos se encuentran consentidos. En conclusión, al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Geovana Yazmín Vélez Martínez, en términos del artículo 113 de dicha legislación. LUGAR Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente, se tienen como autorizado para oír y recibir notificaciones en los amplios término del artículo 12 de la ley de la materia José Alberto Zarate Juárez, Ana Karina Reyna Rodríguez y Eduardo Hernández Ramírez, toda vez que tienen su cédulas profesionales número 2717879, 3173930 y 4449861, respectivamente, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente se tienen como autorizados para recibir notificaciones e imponerse de los autos a los licenciados Sofía Navarro García, Jorge Miguel Hernández Arroyo y María Sughey Hildam Poblano Ibarra y como domicilio para tal fin el ubicado en las oficinas de la Asesoría Jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública, ubicadas en el edificio que ocupa este juzgado.. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la ley de amparo, dese al agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente . Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Josué

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano