Geovany Pech Vera
Expediente 1158/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1158/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Geovany Pech Vera
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Por tanto, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada ley, se declara que el expresado acuerdo en que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se destaca que en el presente expediente se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin embargo, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados En consecuencia, es susceptible de DEPURACIÓN por ubicarse en la hipótesis establecida en la fracción I inciso b), del artículo 18 del referido acuerdo, lo que podrá realizarse una vez transcurrido el término de tres años contados a partir de haberse ordenado su archivo, debiéndose conservar únicamente la determinación que concedió la suspensión de plano y, en su caso, aquellas relativas a su violación. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado Acuerdo General, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria Erika Esther Góngora Barbosa, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.
- Principal
V. Mérida, Yucatán; veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 405/2023-V, promovido por *** contra actos atribuidos al Fiscal General de Justicia del Estado de Yucatán, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El seis de octubre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, se depositó demanda de amparo presentada por Edgar Gómez Cortázar, sucesivamente parte quejosa, contra actos atribuidos al Fiscal General de Justicia del Estado de Yucatán, y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales que precisó. SEGUNDO. Admisión y trámite. El siete siguiente, por razón de turno, se recibió la demanda en el Juzgado Primero de Distrito en esta entidad; por lo cual, en auto de diez posterior, se ordenó formar expediente que se registró bajo el número 2397/2022-VIII, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirieron los informes con justificación; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En la secuela procesal, se emplazó al tercero interesado. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura. Posteriormente, en cumplimiento a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en observancia al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, contenida en el punto de acuerdo 219/2022 aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, remitió el presente juicio de amparo para que este Juzgado de Distrito dicte la resolución, y continúe con la eventual cumplimentación y archivo definitivo. Así, mediante auto de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se recibió el juicio amparo 2397/2022-VIII del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, por lo que se formó expediente 405/2023-V, y previo trámite la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se reclaman actos en materia penal ejecutable dentro del ámbito de competencia territorial asignada a este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda en su integridad, para determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se precisan los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado a la demanda de amparo y demás constancias, se hacen consistir en: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS - Fiscal General de Justicia del Estado De Yucatán - Vicefiscal de Investigación y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán - Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado de Yucatán - Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes - Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos de Robo de Vehículos - Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 1 sede en (Fidel Velázquez) de la Fiscalía General del Estado de Yucatán - Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 2 sede en (San José Tecoh) de la Fiscalía General del Estado de Yucatán - Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3 sede en (Unidad Habitacional Cordemex) de la Fiscalía General del Estado de Yucatán - Secretario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán - Subsecretario de la Policía Estatal de la Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado De Yucatán - Director de la Policía Estatal de Investigación de Yucatán La orden de privación de la libertad (detención) en su contra y su ejecución. - Jueza Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Umán, Yucatán Orden de aprehensión librada el uno de septiembre de dos mil veintidós, por el hecho señalado como delito de robo calificado, previsto y sancionado en el artículo 330, 333, fracción IV y 335, fracción III, relacionados a su vez con los numerales 12 y 87 del Código Penal del Estado de Yucatán, dentro de la causa penal 77/2019, de su índice. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia del acto, consistente en la orden reclamada. En su informe con justificación, las siguientes autoridades negaron el acto reclamado: AUTORIDADES RESPONSABLES INFORME JUSTIFICADO - Fiscal General de Justicia del Estado De Yucatán No es cierto Foja 50 del juicio de amparo - Vicefiscal de Investigación y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. No es cierto Foja 48 del juicio de amparo - Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado de Yucatán No es cierto Foja 46 del juicio de amparo - Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes No es cierto Foja 38 del juicio de amparo - Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos de Robo de Vehículos No es cierto Foja 86 del juicio de amparo - Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 1 sede en (Fidel Velázquez) de la Fiscalía General del Estado de Yucatán No es cierto Foja 55 del juicio de amparo - Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 2 sede en (San José Tecoh) de la Fiscalía General del Estado de Yucatán No es cierto Foja 31 del juicio de amparo - Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3 sede en (Unidad Habitacional Cordemex) de la Fiscalía General del Estado de Yucatán No es cierto Foja 26 del juicio de amparo En suma, dado que las citadas responsables negaron la existencia de la orden reclamada y que dicha negativa no fue desvirtuada por la parte quejosa, se debe considerar inexistente dicho acto. Por otra parte, a pesar de que el Secretario de Seguridad Pública, Subsecretario de la Policía Estatal de la Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado De Yucatán y Director de la Policía Estatal de Investigación de Yucatán al momento de rendir sus informes con justificación aceptaron la existencia del acto que se les reclamó, lo cierto es que de la lectura integral al informe con justificación, se tiene que sólo aceptó que tenía para cumplimiento una orden de aprehensión; en consecuencia, dado que además de la citada ejecución, también se le reclamó la emisión de una orden, se considera que éste segundo acto es inexistente. Lo anterior, dado que de las constancias remitidas por las responsables se advierte que quien emitió la orden de aprehensión librada el uno de septiembre de dos mil veintidós, por el hecho señalado como delito de robo calificado, fue la Jueza Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Umán, Yucatán y no las citadas autoridades, por ende, debe considerarse inexistente la orden que se les reclamó. En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de la orden reclamada a las responsables ya precisadas, por ser inexistente, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados, consistentes en la orden de aprehensión y su ejecución. La Jueza Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Umán, Yucatán, al rendir su informe, aceptó la existencia del acto que se le reclamó, consistente en la orden de aprehensión librada el uno de septiembre de dos mil veintidós, por el hecho señalado como delito de robo calificado, previsto y sancionado en el artículo 330, 333, fracción IV y 335, fracción III, relacionados a su vez con los numerales 12 y 87 del Código Penal del Estado de Yucatán, dentro de la causa penal 77/2019, de su índice. De igual manera, en su carácter de ejecutoras de la citada orden, las siguientes autoridades aceptaron la ejecución reclamada, en los términos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES INFORME JUSTIFICADO - Secretario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán Es cierto (Ejecución orden) Foja 40 del juicio de amparo Derivado de la causa penal 77/2019 por el delito de robo calificado - Subsecretario de la Policía Estatal de la Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado De Yucatán Es cierto Foja 44 del juicio de amparo Derivado de la causa penal 77/2019 por el delito de robo calificado - Director de la Policía Estatal de Investigación de Yucatán Es cierto Foja 44 del juicio de amparo Derivado de la causa penal 77/2019 por el delito de robo calificado Máxime que la certeza se corrobora con la copia certificada de la orden de aprehensión reclamada, en la que se corrobora su existencia, documental que conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuenta con valor probatorio pleno. QUINTO. Oportunidad para presentar la demanda de amparo. La demanda de amparo se presentó dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo; en virtud que la parte quejosa presentó su demanda de amparo afirmando que desconocía la razón por la que se estaba pretendiendo privar de su libertad, de ahí que la acción del juicio de amparo se estime oportuna. SEXTO. Procedencia del juicio de amparo. El juicio de amparo promovido contra la orden de aprehensión, es procedente en virtud que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al tratarse actos emitidos en juicio. En el entendido que la parte quejosa no tenía la obligación de agotar los recursos ordinarios, dado que así lo permite el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, por tratarse de una orden de aprehensión. En ese orden de ideas, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se precisa que no opera alguna causa de improcedencia que deba estudiarse de oficio. Luego, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia las consideraciones y razones por las que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que el suscrito no tiene obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de improcedencia del juicio de derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior, al no oponerse al texto de la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia con registro 205800, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO». SÉPTIMO. Antecedentes del acto reclamado. Solicitud de orden de aprehensión. El uno de septiembre de dos mil veintidós, la Fiscal adscrita al Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Umán, Yucatán solicitó orden de aprehensión contra la aquí quejosa ante la Jueza Primero de Control referida. Orden de aprehensión (acto reclamado). En la propia fecha, sin abrir audiencia, la citada Jueza libró por escrito orden de aprehensión, por el hecho señalado como delito de robo calificado, previsto y sancionado en el artículo 330, 333, fracción IV y 335, fracción III, relacionados a su vez con los numerales 12 y 87 del Código Penal del Estado de Yucatán, dentro de la causa penal 77/2019, de su índice. Hasta aquí los antecedentes de los actos reclamados. OCTAVO. Estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Es fundado el motivo de disenso aducido por la parte quejosa y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, aunque para ello haya que suplir la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En el caso, la quejosa alega que la orden de aprehensión reclamada transgrede en su perjuicio lo contenido en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues se emitió sin reunir los requisitos legales previstos para ello. Ahora, de las constancias remitidas por la jueza responsable, se aprecia que por escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veintidós, la Fiscal adscrita al Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Umán, Yucatán solicitó se librara orden de aprehensión contra el aquí quejoso, con motivo del delito de robo calificado. Y, en consecuencia, mediante resolución dictada en la propia fecha, dicha juzgadora resolvió librar la indicada orden de captura por los referidos delitos; lo cual realizó de manera escrita. Al respecto, en principio debe decirse que el párrafo primero del artículo 20 Constitucional y el numeral 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén que el proceso penal será acusatorio y oral, en el cual se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Por tanto, la litis en el presente sumario consistirá en determinar si la orden de aprehensión que se emitió por escrito, vulnera los principios rectores de oralidad e inmediación que imperan el sistema de justicia penal acusatorio y oral. En ese sentido, la oralidad se constituye en un instrumento de relevancia primordial, puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios de contradicción, inmediación y publicidad. Con relación a este tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 1097/2017 y en lo que a este asunto importa, determinó que bajo el modelo del sistema penal, el juzgador debe emitir de forma oral sus determinaciones en una audiencia, a fin de transparentar el proceso y garantizar sus principios, como lo son la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Precisó también que uno de los ejes rectores del sistema, es que en el proceso penal las actuaciones se desarrollan en una audiencia, las cuales son videograbadas y almacenadas en un expediente electrónico, por lo que válidamente podía considerarse que el soporte material de la videograbación cumple con la exigencia de registrar el acto de autoridad que dispone el numeral 16 de la Constitución, ya que si dicha resolución fue registrada a través de las tecnologías de la información -con la que se integrará un expediente electrónico- esa videograbación en soporte material otorga certeza jurídica al imputado sobre la fundamentación y motivación del acto de molestia en comento. En ese sentido, consideró, no es necesario que la resolución que al respecto se emita deba constar por escrito, pues es precisamente en la audiencia en la que el juez de control, de manera oral, pronunciará la decisión de aprehender a una persona para que sea llevada ante él, en donde debe expresar el fundamento legal y las razones por las que emitió la orden de detención, por lo que no será necesario que pronuncie una diversa resolución por escrito, porque al igual que en la vinculación a proceso la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer las razones y el fundamento legal que tomó en cuenta el Juez de Control para pronunciar su decisión, es la videograbación en la que consta de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia en la que se dictó la orden. Tales consideraciones dieron origen a la tesis 1a. XXVIII/2019 (10a.), publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, visible a página 789, del rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA QUE LA CONTIENE EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LA EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO EXIGIDO POR EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE AQUEL ACTO DE MOLESTIA. Al ser la orden de detención, un acto dictado en la audiencia por el Juez de Control, en el que deberá expresar el fundamento legal y las razones por las que lo emitió, será innecesario que pronuncie una diversa resolución por escrito, ya que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer las razones y el fundamento que tomó en cuenta el juzgador para pronunciar su decisión, es la videograbación del desarrollo de la audiencia. Máxime que de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017, el Constituyente determinó que en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, como es el proceso penal acusatorio y oral, bastará con que quede constancia del acto de molestia por cualquier medio, no sólo por "escrito"." Puede afirmarse entonces que la oralidad es la herramienta a través de la cual debe desarrollarse el proceso penal, para que las partes, de viva voz, expongan al juzgador sus pretensiones, argumentaciones y pruebas en el desarrollo del proceso, y constituye uno de los ejes rectores del sistema, que se traduce en que las actuaciones del proceso deberán desarrollarse a través de audiencias, sin que lo anterior conlleve a desconocer que dentro del proceso penal acusatorio existen resoluciones cuya emisión y registro tendrán un tratamiento distinto. Así, la preeminencia de la oralidad en los procedimientos de corte acusatorio y oral, se evidencia en los artículos 44 y 52 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en ellos se establece la oralidad como la forma primordial en que se desarrollarán las audiencias en el sistema penal acusatorio y oral, privilegiando que no se reemplace la argumentación oral. De igual modo, debe destacarse que el principio de inmediación se encuentra previsto en el artículo 20, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales establecen que toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban de intervenir; y que en ningún caso podrá el juez delegar en persona alguna la admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la resolución respectiva. El citado principio puede traducirse en la necesidad de que el juzgador esté presente en todas las audiencias, para apreciar personalmente la información aportada por las partes y tener contacto directo con la fuente de prueba, a fin de ponderarla bajo el método de la libre valoración, lo cual constituye una de las formalidades esenciales del procedimiento que establece el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal. El principio constitucional de inmediación en el sistema de justicia penal acusatorio y oral debe comprenderse como la actividad propia del juzgador de presenciar de manera directa y personalísima la recepción o desahogo de pruebas y de los alegatos de las partes, que le permita percibir, recibir y efectuar la valoración de todo aquello que incida en el proceso. Por su parte, en los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establecen esencialmente los requisitos y formalidades que deben observarse en la solicitud y emisión de una orden de captura. Así, se establece, entre otros requisitos, que es necesario que se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito y el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión; además, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la orden de aprehensión, siempre que el órgano técnico investigador advierta que existe la necesidad de cautela. Posteriormente, el órgano investigador hará una relación de los hechos atribuidos al imputado y expondrá las razones por las que considera que se actualiza la necesidad de cautela, esto es, que existen datos objetivos para estimar que el imputado no se presentará voluntariamente en caso de ser citado. La solicitud se formulará por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la propia audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. Vinculado a tales disposiciones, de forma preponderante, en el numeral 67 del código adjetivo, se contiene la obligación para los jueces de resolver de forma oral los casos en que resuelvan las solicitudes de órdenes de aprehensión. Las consideraciones expuestas permiten arribar a la determinación de que la solicitud de orden de aprehensión, como la que aquí se analiza, acorde a los numerales antes citados, debía ser resuelta en una audiencia privada, sin perjuicio de que a la postre se hiciera en forma escrita. Luego, la orden de aprehensión combatida que se emitió únicamente de forma escrita, sin que se resolviera en la audiencia respectiva, se hizo en contravención a los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafos primero y tercero y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la jueza responsable desatendió la característica de oralidad que constituye el eje rector en los procedimientos penales de corte acusatorio y oral, así como el principio de inmediación, dado que prescindió de la celebración de la audiencia para resolver la solicitud del Fiscal, emitiéndose únicamente por escrito, lo anterior, no obstante que de forma correlativa y armónica, en el numeral 67 del código aludido, se contiene expresamente la obligación de resolver lo relativo a las solicitudes de órdenes de captura, de forma oral. Pues, de conformidad con el artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el diverso 52 de la codificación en comento, el Juez responsable debió fijar audiencia dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de la solicitud, para después resolver en la audiencia de forma oral, respecto de la emisión o no del mandamiento de aprehensión solicitado. Cabe destacar que no pasa inadvertido que en el artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se prevé que, para la resolución de una orden de aprehensión o comparecencia, además de la forma oral, se podrá efectuar por el "sistema informático"; sin embargo, a consideración de quien resuelve, ello no implica que podrá resolverse la petición solamente por escrito. Primero, porque además de que dicha consideración pugna expresamente con lo contemplado en el numeral 67 antes citado, se inobservaría uno de los ejes rectores en que se funda el sistema penal de corte acusatorio y oral, consistente en que las actuaciones del proceso penal, se desarrollen en una audiencia ante la presencia del juez correspondiente; y segundo, porque acorde a lo expuesto, el sistema informático debe ser entendido como la implementación o utilización de avances tecnológicos que puedan coadyuvar el desarrollo de las actuaciones en el proceso penal, eminentemente orales, pero sin menoscabo de los principios y ejes rectores en los que descansa el sistema penal acusatorio y oral. Máxime si se tiene presente que de conformidad con el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete, el Constituyente determinó que en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, como en el caso del proceso penal acusatorio y oral, bastará con que quede constancia del acto de molestia por cualquier medio, no sólo por "escrito". Dicho precepto refiere: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo". De lo que se sigue que se ha reconocido a nivel federal, a la oralidad como un instrumento esencial en los procedimientos como el de la materia penal, pero además, con ello se pone en evidencia que se ha ido robusteciendo la tendencia generalizada de que en los juicios de esa naturaleza, sea a través de otras formas o mecanismos, y no a través de la escrita, que puede otorgarse certeza del contenido y actuación de las autoridades para que se estime satisfecho el derecho contenido en el artículo 16 constitucional. Así, precisamente porque en el procedimiento penal donde se emitió la orden de captura reclamada, la oralidad constituye un eje rector, se estima que la petición de la Fiscalía debió resolverse de forma oral, y no únicamente por escrito. Apoya lo anterior, las razones esenciales contenidas en el amparo en revisión 271/2021, resuelto por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el que se determinó que las resoluciones emitidas por el Tribunal de Apelación, en el marco del sistema penal acusatorio, necesariamente se deben realizar en audiencia, pues así lo ordena el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde determinó lo siguiente: «Bajo estas acotaciones, es evidente que en el toca de apelación que se analiza, se advierte que se contravino lo previsto por los artículos 14 y 20 de la Constitución Federal, en relación con el diverso 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales; dado que, la Segunda Sala Colegiada responsable (autoridad de Alzada) no celebró la audiencia de apelación, lo que implica infracción de la "oralidad" que sirve como principal herramienta del nuevo sistema de justicia penal, objeto de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho». Consecuentemente, al resultar que la autoridad responsable incumplió con la oralidad e inmediación que constituyen el eje rector del sistema de justicia penal, lo que procede es conceder el amparo. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a: 1) Secretario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán; 2) Subsecretario de la Policía Estatal de la Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado De Yucatán; y, 3 Director de la Policía Estatal de Investigación de Yucatán, al no reclamarse por vicios propios. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 12, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a foja 41, Materia Común, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 55, Julio de 1992, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios". Por otra parte, no se analizarán los alegatos formulados por la representación social, al no formar parte de la litis. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con registro 205449, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO». OCTAVO. Efectos de la concesión El amparo que se concede es para el efecto de que la Jueza Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Umán, Yucatán, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la orden de aprehensión librada el uno de septiembre de dos mil veintidós, por el hecho señalado como delito de robo calificado, previsto y sancionado en el artículo 330, 333, fracción IV y 335, fracción III, relacionados a su vez con los numerales 12 y 87 del Código Penal del Estado de Yucatán, dentro de la causa penal 77/2019, de su índice, y b) Siguiendo los lineamientos de la presente sentencia, en audiencia privada que deberá fijarse dentro de las veinticuatro horas siguientes a que cause ejecutoria esta sentencia, con la sola presencia del Ministerio Público, resuelva con plenitud de jurisdicción y de forma oral, la solicitud de orden de aprehensión, sin perjuicio de que con posterioridad lo haga de forma escrita, de conformidad con el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Edgar Gómez Cortázar, respecto del acto reclamado a: 1) Fiscal General de Justicia del Estado De Yucatán; 2) Vicefiscal de Investigación y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, 3) Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, 4) Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes, 5) Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos de Robo de Vehículos; 6) Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 1 sede en (Fidel Velázquez) de la Fiscalía General del Estado de Yucatán; 7) Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 2 sede en (San José Tecoh) de la Fiscalía General del Estado de Yucatán; 8) Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3 sede en (Unidad Habitacional Cordemex) de la Fiscalía General del Estado de Yucatán; 9) Secretario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán; 10) Subsecretario de la Policía Estatal de la Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado De Yucatán; 11) Director de la Policía Estatal de Investigación de Yucatán, consistente en la emisión de una orden de aprehensión de privación de la libertad (detención) en su contra y su ejecución, por las razones expresadas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Edgar Gómez Cortázar, contra el acto reclamado a la Jueza Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Umán, Yucatán, consistente en la orden de aprehensión librada el uno de septiembre de dos mil veintidós, por el hecho señalado como delito de robo calificado, previsto y sancionado en el artículo 330, 333, fracción IV y 335, fracción III, relacionados a su vez con los numerales 12 y 87 del Código Penal del Estado de Yucatán, dentro de la causa penal 77/2019, de su índice, y su ejecución, atribuida a: 1) Secretario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán; 2) Subsecretario de la Policía Estatal de la Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado De Yucatán; y, 3) Director de la Policía Estatal de Investigación de Yucatán, por las razones expuestas en considerando octavo y para los efectos indicados en el considerando noveno de la sentencia. Notifíquese personalmente. [...]
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. NOTIFÍQUESE.
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