Geovany Efraín Torres Acevedo

Expediente 1285/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1285/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
28/11/2019

Partes del expediente

  • Geovany Efraín Torres Acevedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1285/2019-I-B, promovido por ********; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado en esa propia fecha a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció *****, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta capital, y Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán - Texcoco en el Estado de México, con sede en la ciudad de Cuautitlán. SEGUNDO. Mediante proveído de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa, fundamentalmente en: De la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta capital. La denegación de justicia, al no dictar las medidas necesarias a fin de que se logre el emplazamiento a juicio de la demandada "RISCO SECURITY SYSTEMS", Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio en la ciudad de Cuautitlán, Estado de México. De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán - Texcoco en el Estado de México, con sede en la ciudad de Cuautitlán. El no efectuar el emplazamiento de la demandada al juicio laboral 626/2018, no obstante de haber sido requerida mediante exhorto por su homóloga residente en esta entidad. TERCERO. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán - Texcoco en el Estado de México, con sede en la ciudad de Cuautitlán, no rindió su informe justificado, no obstante de estar legal y oportunamente notificada de la solicitud del mismo, como se advierte de la tarjeta de acuse del oficio relativo, que evidencia como fecha de recepción el cuatro de octubre del año en curso. Sin embargo, no es el caso arribar a la presunción de certeza prevista en el artículo 117 parte final del cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, que establece: "...Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley..." Toda vez que de los autos en consulta se advierte que el exhorto que se ordenó librarle en la audiencia de cinco de agosto último, fue enviado materialmente hasta el treinta de septiembre del año en curso, mediante oficio de veintitrés de ese mismo mes (fojas 15 y 16). Lo que constituye a criterio de este Juzgador Federal prueba en contrario de la certeza del acto reclamado. Lo anterior es así, pues la demanda inicial fue presentada a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, el dieciocho del citado mes y año; es decir, con anterioridad a su envío. Bajo esa tesitura, se actualiza el sobreseimiento en el juicio respecto de dicha autoridad, de conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, pues resulta que a la fecha de la presentación de la demanda, no existía el acto de omisión que ahora le reclama, pues no podía tener para diligenciar un exhorto que no se le había remitido. Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del motivo de sobreseimiento que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Atendiendo a la causa de pedir, resulta fundado el concepto de violación esgrimido por el promovente y suficiente para concederle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. En efecto, la parte quejosa reclama, en esencia, que la Junta local responsable transgrede en su perjuicio lo preceptuado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo señalado en los artículos relativos de la Ley Federal del Trabajo, ya que en el juicio laboral 626/2018, ha dejado de observar los plazos previstos en los referidos numerales, retardando la sustanciación del referido juicio. Asiste razón a la parte quejosa y a efecto de evidenciar lo anterior, se estima necesario transcribir el artículo de mérito. El artículo 17 de la Constitución Federal, en lo conducente dispone: "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. - - - Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Por su parte, los artículos 685, 873 y 874 de la Ley Federal del Trabajo, establecen: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor." "Artículo 874. La falta de notificación de alguno o de todos los demandados, obliga a la Junta a señalar de oficio nuevo día y hora para la celebración de la audiencia, salvo que las partes concurran a la misma o cuando el actor se desista de las acciones intentadas en contra de los demandados que no hayan sido notificados. Las partes que comparecieren a la audiencia, quedarán notificadas de la nueva fecha para su celebración, a las que fueron notificadas y no concurrieron, se les notificará por boletín o en estrados de la Junta; y las que no fueren notificadas se les hará personalmente." Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo y del contenido del informe justificado rendido por la responsable, al que se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2º de la propia ley; se concluye que la autoridad responsable vulneró en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental que consagra el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal, el cual garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, y que la misma sea pronta y expedita, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y promover la actividad jurisdiccional, que una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Estimación que se hace, en virtud de que si bien es cierto que de los autos en consulta se advierte que en el juicio laboral de origen se han ordenado librar diversos exhortos para emplazar a la parte demandada "RISCO SECURITY SYSTEMS", Sociedad Anónima de Capital Variable, a fin de que tenga lugar la audiencia de ley en dicho asunto; también lo es, que no se han librado en forma legal, material y oportuna, lo que ha dado lugar a injustificados diferimientos de tal audiencia. Si se tiene presente que por lo que se refiere al ordenado en la audiencia de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, no existe constancia de que materialmente se haya remitido a su destino. El ordenado el trece de febrero de dos mil diecinueve, tampoco hay evidencia de su envío físico. Respecto del decretado el siete de mayo de dos mil diecinueve, se entregó a la parte interesada hasta el dieciséis del mismo mes y año. Y finalmente, el que corresponde al mandado el cinco de agosto de dos mil diecinueve, se remitió por oficio de veintitrés de septiembre del mismo año, esto es, más de un mes después. Lo cual afecta a todo el procedimiento, pues se tiene presente que desde el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho se ordenó librar el primer exhorto a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán - Texcoco en el Estado de México, con sede en la ciudad de Cuautitlán y hasta la presente fecha no se ha logrado el emplazamiento de la referida demandada, por las omisiones en su envío y los retrasos en su expedición por parte de la autoridad responsable. Lo que hace evidente que en el presente caso la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, no ha cumplido con dichas premisas legales ocasionando un perjuicio a la parte impetrante. Esto es así, ya que dicha disposición constitucional, garantiza a cualquier persona el derecho de acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia, con prontitud y expedites en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 113/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 5, Tomo XIX, Septiembre del 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 188804, que establece: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLAS SE ADMINISTRARÁ NO ES LIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE EL TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecido por el legislador ordinario se apega a lo dispuesto en la norma fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que se derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." En consecuencia, al ser el acto reclamado, violatorio de los principios de prontitud y expedites en la administración de justicia establecidos en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, se impone conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. Para el efecto de que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede esta ciudad, de inmediato dicte las providencias necesarias y efectivas para que se logre el emplazamiento de la mencionada persona moral demandada; a fin de que en su oportunidad, se celebre la audiencia de ley y continúe con el procedimiento dentro de los términos legales correspondientes; sin que esto último pueda considerarse como parte del cumplimiento de esta sentencia, en atención a la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." (Época: Décima Época, Registro: 2005150, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 2a. CV/2013 (10a.), Página: 732). SÉPTIMO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por GEOVANY EFRAÍN TORRES ACEVEDO, en contra del acto que reclama a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán - Texcoco en el Estado de México, con sede en la ciudad de Cuautitlán; por las razones vertidas en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a **********, en contra de los actos que reclama a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta capital, y Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán - Texcoco en el Estado de México, con sede en la ciudad de Cuautitlán; por los motivos y para los efectos señalados en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de los mismos se advierte que hasta la presente fecha la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán - Texcoco, en el Estado de México, con sede en Cuautitlán, no ha rendido su informe justificado que se le requirió mediante proveído de diecinueve de septiembre del año en curso, ni obra en autos la tarjeta de acuse de recibo correspondiente. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las once horas con veinte minutos del veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, como nuevas fecha y hora para su celebración. Lo anterior, toda vez que el domicilio de dicha autoridad se ubica fuera del lugar de residencia de este Juzgado, y con apoyo en el artículo 17 constitucional, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad y anexo que acompaña. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de octubre de dos mil diecinueve. Visto: agréguese a los autos el alegato ministerial 325/2019, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, mismo que podrá ser tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional en este asunto. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase en su oportunidad la copia solicitada, previo recibo que se otorgue en estos autos. Notifíquese.

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