Geovanny Cortes Caballero
Expediente 917/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 917/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Geovanny Cortes Caballero
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el telegrama enviado por el Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, mediante el cual informa que aceptó la competencia planteada por este Juzgado Federal, el cual quedó registrado con el consecutivo 1072/2016-V, de su índice estadístico. Consecuentemente, agréguese a los autos el telegrama de cuenta para los efectos legales a que haya lugar; por ende, SE ORDENA EL ARCHIVO del presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, debiendo hacer las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Lo anterior, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se dictó un acuerdo que sin decidir en lo principal lo dio por concluido, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto.
- Principal
Visto lo de cuenta; agréguese al cuaderno de amparo en que se actúa el oficio 10149/1/2016, firmado por la Secretaria del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, mediante el cual informa que su órgano jurisdiccional, previo pronunciarse respecto de la competencia planteada, se ordenó devolver el cuaderno original del juicio de amparo 917/2016, del índice de este juzgado, con motivo de que al reverso de la foja 41, se advierte que el sello de lista de ese tribunal, carece de firma del funcionario judicial que llevó a cabo la notificación. En consecuencia, se comisiona al fedatario adscrito que corresponda, subsane la omisión destacada; hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo devuélvase al Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, para que emita el pronunciamiento relativo a la competencia declinada a su favor.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Geovanny Cortes Caballero; contra actos de los Magistrados de la Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 917/2016-III, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora bien, en principio debe tenerse en consideración que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso, por lo cual procede establecer si este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, tiene competencia o no para conocer del presente asunto. Cabe decir que de acuerdo con lo que establece el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al mismo, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecuta o trate de ejecutarse, o en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiere ejecución material. En dicha disposición se encuentra establecida la competencia constitucional de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo. Además, la cuestión de competencia de toda autoridad jurisdiccional es de suma importancia de previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16, Constitucional, que en el juicio de amparo se concreta con la disposición contenida en el numeral 49, de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Carta Magna, al establecer como obligación de todo Juez de Distrito, la contenida en su primer párrafo, que es del tenor siguiente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Como se desprende de la transcripción anterior, cuando un Juez de Distrito se estime incompetente para conocer de determinada controversia, deberá comunicar su resolución a aquél en cuyo favor considere se surte la competencia, por lo que el Juez requerido deberá decidir de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. De igual manera, deben tomarse en cuenta las reglas competenciales establecidas en el numeral 37, de la Ley de Amparo, que literalmente expresa: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito con antelación derivan tres reglas básicas de competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, a saber: 1) Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Conforme a lo anteriormente expuesto se deduce que para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, conforme a las diversas hipótesis previstas en el aludido precepto legal, es de relevancia la naturaleza jurídica del acto reclamado, y sus consecuencias, así como ante quien se presentó la demanda. Además de lo expuesto; para establecer su competencia, el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen a la misma, incluso los escritos que la aclaren, para deducir los datos que razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe abocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior se apoya en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo IX, Mayo de 1992; Página: 94; Octava Época; Materias(s): Común; Registro No. 206167). En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, carece de la competencia legal para conocer del asunto planteado, atendiendo a las siguientes consideraciones. De la demanda de amparo que se atiende se desprende que el solicitante de la protección de la Justicia de la Unión, señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "II.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A.- con el carácter de ordenadora.- 1- Magistrados de la Sala Regional del Supremo tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa. B.- Con el carácter de ejecutora.- 1.- Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en San Fernando 2.- Director del Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, con residencia en Ciudad Victoria." "IV. ACTO RECLAMADO: La resolución número 591 de fecha veintisiete de octubre del año en curso, dictado en el toca penal número 00591/2016. De la Ejecutora el cumplimiento cabal de dicha resolución" También solicitó la suspensión del acto reclamado, pues en su escrito inicial de demanda expresamente señaló que solicita dicha medida cautelar, consistente en los efectos de la resolución número 591 de fecha veintisiete de octubre del año en curso, dictado en el toca penal número 591/2016. Partiendo de lo anterior, se establece que el acto que se reclama tiene ejecución material; el cual se lleva a cabo en Ciudad Victoria, Tamaulipas; pues el quejoso señala en los antecedentes del acto reclamado narrados bajo protesta de decir verdad, que se encuentra detenido en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, a quien reclama la ejecución del acto reclamado. Que el acto reclamado deriva de un proceso penal que se radicó en el Juzgado Primero de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residenciase en San Fernando. Y que el auto de formal prisión decretado por la mencionada responsable, fue objeto del recurso de apelación que resolvió la Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad de Reynosa, en el toca penal 591/2016; resolución y autoridad que señala el quejoso como acto reclamado y responsable ordenadora en su demanda. En esas condiciones, resulta evidente que no se surte a favor de este Juzgado de Distrito la competencia que previene el artículo 37 párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado tiene ejecución material en Ciudad Victoria, Tamaulipas, lugar de residencia del Centro de Ejecución de Sanciones, que como autoridad ejecutora señaló el quejoso; mientras que el proceso penal del que deriva dicho acto, se encuentra radicado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en San Fernando de esta Entidad Federativa. Ello no obstante que la responsable ordenadora tenga residencia oficial en esta ciudad de Reynosa, pues los efectos de la confirmación del auto de formal prisión que se le atribuyen, cautelar y materialmente se ejecutan en la ciudad donde se encuentra recluido el quejoso a disposición del juez de primera instancia, en razón del auto de formal prisión impugnado. Al efecto, tiene aplicación al caso la jurisprudencia, con los siguientes datos de identificación 1a./J. 147/2005, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Época: Novena Época, Registro: 176365, Enero de 2006, Materia(s): Penal, Tesis: Página: 174, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN." La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." De tal manera, se reitera, que en la especie se surte la hipótesis contenida en el ordinal 48, párrafo primero, de la ley reglamentaria en consulta, en cuanto a que en los casos de competencia de los Jueces de Distrito, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Esto es así, pues si bien de una primera impresión, podría estimarse que el acto reclamado que se dictó en la segunda instancia carece de ejecución, no debe perderse de vista que la resolución reclamada tiene una ejecución indirecta, pues con motivo de la misma el quejoso continuará privado de su libertad en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, Tamaulipas, con motivo del auto de formal prisión confirmado por la alzada. Además, de la demanda de amparo que se atiende la parte quejosa también se duele de la ejecución de dicha resolución que en esta instancia tilda de inconstitucional, pues como quedó asentado con anterioridad, señala como autoridad responsable a los Magistrados de la Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad (autoridad ordenadora), así como al Juez Primero de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en San Fernando y Director del Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, Tamaulipas; y además, solicita la suspensión del acto reclamado. En esa tesitura, las consideraciones expuestas en apartados anteriores son extremos que evidencian que este Juzgado de Distrito carece de legal competencia para conocer del líbelo constitucional que nos ocupa, ya que no ejerce jurisdicción en la circunscripción territorial donde se ejecuta el acto que en esta vía constitucional se combate, ni tampoco en el lugar en que se sigue el proceso penal al quejoso. Ahora bien, se estima que la competencia para conocer de la demanda de garantías, se surte a favor del Juzgado de Distrito en turno, con residencia en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, pues si bien la ejecución material del acto reclamado se lleva a cabo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, lugar en que se encuentra el centro de reclusión en que guarda prisión preventiva el quejoso en razón del auto de formal prisión que se le dictó por el delito de homicidio y otro; lo cierto es que dicha reclusión tiene como origen el auto de formal prisión que le dictó el Juez Primero de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en San Fernando; municipalidad que conforme al Acuerdo General 13/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y limites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgado de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; corresponde a la circunscripción territorial de Matamoros, Tamaulipas. Lo anterior es así, ya que si bien en términos del artículo 37 párrafo primero, de la Ley de Amparo, cuando el juicio constitucional tiene ejecución material, la competencia su surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos; no puede perderse de vista, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, que sus efectos se trasladan directamente al proceso y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, por lo que la jurisdicción rectora es la que corresponde a la tramitación del proceso, es decir, ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. Es aplicable al caso la jurisprudencia, con los siguientes datos de identificación: Época: Décima Época, Registro: 160608, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 118/2011 (9a.), Página: 2183, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." Por lo antes expuesto, en términos del artículo 48, primer párrafo, de la ley de la materia; sin decidir sobre la admisión de la demanda, ni sobre la suspensión del acto reclamado; así como también, por no actualizarse en el caso las excepciones que prevé dicho numeral; ante la evidente incompetencia legal por razón de territorio para que este Juzgado de Distrito pueda avocarse al conocimiento y resolución del presente asunto iniciado a raíz de la demanda de amparo interpuesta por Geovanny Cortes Caballero; remítase vía oficio el escrito original de la demanda de amparo y copias de ésta (comunicando la presente determinación) al Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, en turno; a quien se le solicita, de no existir inconveniente alguno, que dentro del término de cuarenta y ocho horas, conforme a sus atribuciones legales determine si acepta o no el conocimiento del asunto en mención y lo comunique a este órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.
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