Geovanni Alejandro Laines Polanco

Expediente 124/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 17 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
124/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
06/07/2022

Partes del expediente

  • Geovanni Alejandro Laines Polanco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que comunica el acuerdo de uno de julio de dos mil veintidós, emitido en el amparo en revisión 345/2022 del índice del tribunal de su adscripción, del que se advierte la admisión del recurso de revisión que hizo valer la parte quejosa contra la sentencia dictada en el presente juicio, de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos correspondientes.

  2. Principal

    :.Agréguense a los autos las promociones de cuenta firmadas por Carlos Alberto Grajales Betancourt, defensor particular de la parte quejosa Geovanni Alejandro Laines Polanco, a través de la cual interpone recurso de revisión y amplía el agravio hecho valer, respectivamente, contra la sentencia de veintisiete de abril de dos mil veintidós, dictada por este órgano jurisdiccional. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de abril de dos mil veintidós dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se negó el amparo en el presente juicio; por tanto, glósese a este expediente una impresión de los escritos de expresión de agravios y distribúyanse las demás entre las partes. Una vez que se cuenten con las notificaciones del recurso, sin ulterior acuerdo, con fundamento en los artículos 39 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, y Único del Acuerdo General 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, haciendo uso de medios electrónicos -salvo que exista imposibilidad técnica, en cuyo caso podrá enviarse físicamente- remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, el original del escrito de expresión de agravios y su ampliación, así como los autos originales del presente juicio en que se actúa y anexos, para la sustanciación del referido medio de impugnación.

  3. Principal

    Se notifica por medio de lista de estrados a la parte tercera interesada el auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, mismo que refiere: Agréguense a los autos las promociones de cuenta firmadas por Carlos Alberto Grajales Betancourt, defensor particular de la parte quejosa Geovanni Alejandro Laines Polanco, a través de la cual interpone recurso de revisión y amplía el agravio hecho valer, respectivamente, contra la sentencia de veintisiete de abril de dos mil veintidós, dictada por este órgano jurisdiccional. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de abril de dos mil veintidós dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se negó el amparo en el presente juicio; por tanto, glósese a este expediente una impresión de los escritos de expresión de agravios y distribúyanse las demás entre las partes. Una vez que se cuenten con las notificaciones del recurso, sin ulterior acuerdo, con fundamento en los artículos 39 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, y Único del Acuerdo General 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, haciendo uso de medios electrónicos -salvo que exista imposibilidad técnica, en cuyo caso podrá enviarse físicamente- remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, el original del escrito de expresión de agravios y su ampliación, así como los autos originales del presente juicio en que se actúa y anexos, para la sustanciación del referido medio de impugnación.

  4. Principal

    En Cancún, Quintana Roo, a las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de abril de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 124/2022-III, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Diana Alejandra Ángel Zárate, secretaria que autoriza y da fe, la declara abierta, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentra el informe justificado rendido por la autoridad responsable. A lo que el Juez provee: téngase por hecha la relación secretarial para los efectos legales conducentes. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que la autoridad responsable Juez de Control de los Juzgados de Control y Tribunal de Juicio Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, con sede en esta ciudad, ofreció pruebas documentales consistes en copia autenticada de la carpera administrativa 678/2019 de su índice y un disco compacto; mientras que las demás partes no ofrecieron prueba alguna; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas y admitidas las pruebas documentales ofrecidas las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Asimismo, en este acto se reproduce en su integridad el audio y video contenido en el disco compacto relativo a la audiencia celebrada en la causa penal de la que deriva el acto reclamado. Por lo que se da por concluida la etapa de esta audiencia. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna parte hizo uso de ese derecho; a lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por perdido el derecho que las partes; se da por concluida la etapa de esta audiencia. Enseguida, la secretaria certifica que no hay promociones pendientes de acordar. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 124/2022-III, promovido por Geovanni Alejandro Laines Polanco, por conducto de su defensor particular Carlos Alberto Grajales Betancourt, contra un acto de la Juez de Control adscrita a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, remitido por razón de turno en nueve de febrero siguiente al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, Geovanni Alejandro Laines Polanco, por conducto de su defensor particular Carlos Alberto Grajales Betancourt, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto de la Juez de Control adscrita a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, por considerarlo violatorio del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que hace consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: La resolución que negó la solicitud de sobreseimiento hecha por esta defensa, dentro de la Carpeta Administrativa 678/2019, del índice de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, dictada en fecha catorce de enero de dos mil veintidós, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo indirecto 221/2021 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo." SEGUNDO. Radicación de la demanda y returno. Recibida que fue la demanda el nueve de febrero de dos mil veintidós, ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, por auto de diez de febrero siguiente, la titular de dicho órgano jurisdiccional ordenó formar el expediente número 95/2022-II de su índice y, al considerar que se actualizaba una hipótesis de conocimiento aprovechable, ordenó el returno del citado juicio en favor de este órgano jurisdiccional. TERCERO. Se acepta turno propuesto, radicación de demanda, prevención y admisión. Recibida la demanda de amparo en este juzgado de Distrito el quince de febrero de dos mil veintidós, por auto de dieciséis de febrero siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 124/2022-III, se aceptó el turno propuesto por la homóloga federal y se previno a la parte quejosa para que aclarara su demanda en los términos precisados. Desahogada la prevención efectuada, por auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se requirió a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, se tuvo como terceros interesados al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestros, así como a la víctima de identidad reservada Y.M.R.K., a quienes se emplazó a juicio posteriormente, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se desahogó en sus dos primeras etapas en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama un acto de una autoridad judicial en materia penal que carece de ejecución y la demanda de amparo se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del Juez de Distrito de analizar la demanda en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias se hace consistir en: ? La resolución de diecisiete de enero de dos mil veintidós, dictada en autos de la carpeta administrativa 678/2019 del índice del juzgado responsable, que se instruye a Geovanni Alejandro Laines Polanco, por su probable participación en la comisión del hecho señalado como delito de secuestro, previsto en el artículo 9, fracción I, inciso a), y sancionado en el numeral 10, fracción I, incisos b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 7, fracción II, 9 y 13, fracción III, del Código Penal Federal, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales Y.M.R.K.; resolución en la que se negó el sobreseimiento de la carpeta administrativa instruida en su contra. Cabe precisar que, si bien la parte quejosa señaló como fecha de la resolución reclamada el catorce de enero de dos mil veintidós, lo cierto es que del análisis de las constancias que obran en el presente sumario, se obtiene que la data correcta de la determinación en la que se resolvió sobre la petición de sobreseimiento de la carpeta administrativa de origen, es la de diecisiete de enero de dos mil veintidós. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se ha precisado el acto reclamado por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Juez de Control adscrita a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado. En todo caso, la existencia del acto que se reclama se corrobora con la fotocopia certificada de la carpeta administrativa 678/2019 del índice del Juzgado de Control del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, con residencia en esta ciudad; así como un disco compacto certificado que contiene copia del audio y video de la audiencia de solicitud de sobreseimiento celebrada el ocho de febrero de dos mil veintiuno, así como la celebrada el diecisiete de enero de dos mil veintidós; documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de las cuales se advierte que, en audiencia celebrada el diecisiete de enero de dos mil veintidós, respecto de la carpeta administrativa en cita, fijada para resolver sobre la solicitud de sobreseimiento de la carpeta administrativa instruida contra el aquí quejoso, presentada por la defensa; la Juez responsable determinó la improcedencia de decretar el sobreseimiento de la carpeta en cita. Luego, es cierto el acto reclamado. QUINTO. Causas de improcedencia. Este órgano de control constitucional estima que el presente juicio es procedente, al no haber invocado las partes alguna causa de improcedencia ni advertirse de oficio que se actualice alguna. Por lo tanto, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia, las consideraciones y razones por la que no se surte alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que no se tiene la obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "No. Registro: 205800 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación VII, Junio de 1991 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/91 Página: 60 IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." En consecuencia, procede el estudio de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa en la demanda de amparo. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresa como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Registro No. 164618 Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010 Página: 830 Tesis: 2a./J. 58/2010 Jurisprudencia Materia(s): Común CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Antecedentes relevantes del caso. Previo a abordar el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, conviene citar como antecedentes relevantes de la carpeta administrativa 678/2019 del índice del juzgado responsable, los siguientes: ? En audiencia de diecinueve de febrero dos mil veinte, se dictó auto de vinculación a proceso contra Geovanni Alejandro Laines Polanco, por su probable participación en la comisión del hecho señalado como delito de secuestro, previsto en el artículo 9, fracción I, inciso a), y sancionado en el numeral 10, fracción I, incisos b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 7, fracción II, 9 y 13, fracción III, del Código Penal Federal, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales Y.M.R.K.; asimismo, se señaló el plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, el cual vencería el diecinueve de junio de dos mil veinte. ? Por audiencia de dieciocho de junio de dos mil veinte, se determinó la prórroga del plazo de cierre de la investigación complementaria en la carpeta de origen, fijándose como nueva data de conclusión el diecinueve de agosto de dos mil veinte. ? Por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, se tuvo a la representación social informando que cerró la investigación complementaria; por tanto, se informó al fiscal actuante del plazo de quince días hábiles para proceder en términos del artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, plazo que iniciaría el veinte de agosto de dos mil veinte, y concluiría el nueve de septiembre siguiente. ? Por escrito presentado el diez de septiembre de dos mil veinte, el agente del Ministerio Público encargado de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Secuestros, formuló acusación contra el imputado; por lo que mediante auto de catorce de septiembre siguiente, el Juez de Despacho adscrito al Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, al haberse presentado dicha acusación de manera extemporánea, ordenó dar vista al Fiscal General del Estado de Quintana Roo, en términos del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que se comunicó por oficio recibido el catorce de septiembre de dos mil veinte (foja 141 del tomo). ? En atención a la vista dada, el Vice Fiscal de Investigación Especializada, Alfonso Marcos García Ramírez, por escrito signado el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, y presentado el cinco de octubre siguiente (fojas 142 a 154 del tomo), formuló acusación contra el imputado; con lo que se dio vista a la parte imputada en proveído de veinte de octubre de dos mil veinte (foja 155 ídem). ? Mediante escrito recibido el veintiocho de enero de dos mil veintiuno ante la Juez de Despacho del Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia de Cancún, Quintana Roo, el defensor particular del imputado Geovanni Alejandro Laines Polanco, Carlos Alberto Grajales Betancourt, pidió se señalara fecha y hora para una audiencia para resolver sobre la solicitud de sobreseimiento de la carpeta administrativa (foja 211 ídem). ? Por auto de veintinueve de enero siguiente, señaló fecha y hora para tal fin y se ordenó la notificación a las partes en el proceso (foja 212 del tomo). ? El ocho de febrero de dos mil veintiuno (foja 220 del tomo) previo diferimiento, se celebró la audiencia de solicitud de sobreseimiento de la carpeta administrativa de origen, en la que las partes sustentaron los argumentos que se sintetizan a continuación:  Inicialmente, se identificaron las partes comparecientes, siendo éstas, el Fiscal del Ministerio Público Martín José Gordillo Aguilar, el asesor jurídico José del Carmen Pérez Mendoza, los defensores particulares Carlos Alberto Grajales Betancourt y Rafael Blanco Monsreal, así como el imputado Geovanni Alejandro Laines Polanco, ante la presencia de la Juez de Control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo; asimismo, se hizo constar la inasistencia de la víctima; enseguida, la Juez otorgó el uso de la voz a la defensa particular para sustentar su petición, quien lo hizo en los siguientes términos:  El defensor particular Carlos Alberto Grajales Betancourt, solicitó el sobreseimiento de la carpeta administrativa en términos del artículo 327, fracción X, en relación con el diverso 325, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud que se surten los requisitos para su procedencia y, como antecedentes, refirió que el diez de octubre de dos mil diecinueve, su defendido fue vinculado a proceso por el delito de secuestro; posteriormente, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo promovido por la defensa, el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se dictó nuevo auto de vinculación a proceso por el hecho previsto como delito de secuestro. Asimismo, se fijó el plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, que venció el diecinueve de junio del mismo año. A solicitud del Ministerio Público, se otorgó una prórroga por dos meses más, debiendo concluir el diecinueve de agosto de dos mil veinte, como se advierten de los registros de la carpeta administrativa.  Indicó que el diez de septiembre de dos mil veinte, el fiscal investigador, presentó acusación contra su defendido, fuera del plazo que prevé el numeral 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de quince días, el cual inició el veinte de agosto de ese año y concluyó el nueve de septiembre de dos mil veinte; por tal motivo, se dio vista en términos del numeral 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales al Fiscal General del Estado de Quintana Roo. El cinco de octubre de dos mil veinte, el licenciado Alfonso Marcos García Ramírez, quien se ostentó como Vicefiscal de Investigación Especializada, presentó la acusación contra su representado.  Precisó como fundamento de la solicitud de sobreseimiento de la carpeta de investigación, el artículo 327, fracción X, en relación con el diverso 325, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud que cuando existe la omisión de presentar la acusación dentro del término previsto por el numeral 324, debe darse vista al Procurador o Fiscal al que se delegue esa función, para que se pronuncie en igual término sobre la acusación del imputado y, de no hacerlo, la consecuencia es el sobreseimiento de la causa. Precisó que de los antecedentes se advierte que la acusación del fiscal del Ministerio Público fue presentada fuera del plazo, lo que originó que el juez del despacho diera vista al Procurador o Fiscal para que se pronunciara. Que si bien la acusación fue presentada por Alfonso Marcos García Ramírez, quien se ostentó como Vicefiscal de Investigación Especializada, de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, éste carecía de atribuciones para formular imputación contra el defendido, conforme al numeral 28, pues el diverso numeral 25 del ordenamiento citado, limita sus atribuciones desde la investigación inicial al cierre de la investigación complementaria.  Del escrito de acusación, no se advertía que exhibiera o hiciera alusión a algún oficio donde el fiscal general del Estado lo facultara a actuar en términos del artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que de la carpeta administrativa, se obtenía que el oficio de vista en términos del numeral 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se dirigió al Fiscal General del Estado, y no al licenciado García Ramírez, como encargado de la Vicefiscal de Investigación Especializada; por tal razón y aun cuando fundó su acusación en los numerales 12, 13, 25 y 26 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, ésta resultaba insuficiente para establecer que el Vicefiscal contaba con esas atribuciones pues ningún numeral lo faculta para ir más allá del cierre de la investigación complementaria; por tal razón, debió presentar algún oficio donde se advirtiera la delegación del fiscal; en tales circunstancias, dicho funcionario no estaba legitimado para actuar en esos términos.  El licenciado Alfonso Marcos García Ramírez, quien firmó el escrito de acusación presentada el cinco de octubre de dos mil veinte, en ese momento, ya no estaba legitimado para hacerlo pues dicha persona había renunciado a la fiscalía el uno de octubre de dos mil veinte; como se advierte de la constancia que obra en la carpeta administrativa; en esos términos, estaba impedido para actuar en la carpeta en representación de la fiscalía. Pues desde que se hizo efectiva su renuncia, esto es, el uno de octubre de dos mil veinte, perdió toda atribución para actuar en esos términos. Así, el cinco de octubre de dos mil veintiuno, dicha persona ya no podía presentar el oficio mencionado ante la autoridad jurisdiccional para que surtiera efectos en el proceso, pues la acusación surte efectos en el momento en que son presentados y recibidos ante la autoridad y no cuando son firmados por los funcionarios. Finalmente, señaló que tampoco constaba que la firma de Alfonso Marcos García Ramírez fuera la que obraba en el escrito de acusación.  Adicionó que la Vice fiscalía de Investigación Especializada no quedó acéfala, en virtud que otra persona asumió el cargo el día siguiente de aquél que Alfonso Marcos García Ramírez, dejó de ocupar ese puesto; por lo que, en todo caso, debió ser éste quien firmara y presentara la acusación el contra del imputado y no una persona que carecía de legitimación para presentar la acusación.  Concluyó que, al no existir acusación formal en contra de su representado de funcionario legitimado para hacerlo, debía declararse el sobreseimiento de la carpeta administrativa. Enseguida, se otorgó el uso de la voz al agente del Ministerio Público quien sustentó lo siguiente (MIN. 23:45 CD):  Refirió que el numeral 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala las fracciones por las que procede declarar el sobreseimiento en una carpeta de investigación, que si bien la fracción X de dicho numeral prevé como causal de sobreseimiento, las demás que se adviertan de la ley y se relaciona con lo dispuesto en el diverso 325 del citado ordenamiento; así, la defensa señala que el maestro Alfonso Marcos García Ramírez, no tenía facultades para firmar la acusación, pero no presenta documento alguno para corroborar esa situación.  Que, conforme a los criterios adoptados en la materia por la Suprema Corte de Justicia, el sobreseimiento se trata de desvirtuar los datos de prueba que obran con datos de prueba supervinientes y la defensa no ha presentado dato de prueba alguno sobre el que se pueda debatir; por tanto, no hay dato de prueba que corrobore el planteamiento de la defensa.  Sostuvo que si bien el Vicefiscal fue sustituido, no obra algún documento de la defensa que señale que dicho ministerio público no se encontraba en funciones.  Señaló que el defensor se centró en el momento en que la acusación fue presentada, pero conforme a la carpeta administrativa, la acusación referida fue firmada por el anterior Vicefiscal el dieciocho de septiembre de dos mil veinte; empero, no consta a la representación social la fecha exacta en que fue sustituido por otra persona dicho funcionario. Además, que en el supuesto de que aconteciera lo que sostenía la defensa, se actualizaba lo dispuesto en el numeral 100 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala que los actos ejecutados en inobservancia de lo dispuesto en el código cuando las partes hayan aceptado tacita o expresamente de los efectos del acto. Precisó que la defensa había advertido hace tiempo esas formalidades que a su juicio no se cumplieron, pero no lo hizo valer en tiempo y forma.  Por lo que solicitó desechar la petición de sobreseimiento en virtud que la acusación que presentó en contra del imputado, si bien se recibió el día siguiente del vencimiento del plazo, ello ocurrió por fallas en el sistema, de las que tuvo conocimiento la Administración del Poder Judicial, pues dicha acusación se presentó una hora con cincuenta y ocho minutos después del término y, para no generar controversia sobre el tema, se dio vista al Fiscal del Estado para presentar acusación, quien la presentó en tiempo pues así se determinó en acuerdo de veintidós de octubre de dos mil veinte; desde el día veintitrés siguiente, todas las partes quedaron notificadas de la acusación presentada; por lo que no puede hacer valer un hecho convalidado en términos del numeral 100 del Código Nacional de Procedimientos Penales.  Refirió que, por cuestión del despacho de la Vice fiscalía de Investigación Especializada, la acusación fue turnada hasta esa fecha para enviarla mediante el Portal; lo que no implica que ésta no fuera firmada el dieciocho de septiembre de dos mil veinte.  Sobre la manifestación de la defensa respecto a que no le consta que la firma que calza la acusación sea de Alfonso Marcos García Ramírez, precisó que existe el incidente de falsedad de firma, el cual no hizo valer para robustecer lo sostenido.  Señaló como criterio orientador para corroborar que el sobreseimiento, sino se solicita en términos de alguna de las hipótesis del numeral 327, se debe combatir con medios de prueba diversos a los que ya obran en la carpeta y con los que se vinculó a proceso el imputado, señalando la tesis aislada con registro 2022007 que señala, entre otras cosas: " el sobreseimiento previsto en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control que conozca de la audiencia respectiva, se encuentra imposibilitado para analizar y valorar medios de prueba y aclara que no procede revalorar los datos de prueba que fueron ofrecidos y apreciados por el Juez de Control en la resolución de vinculación a proceso, es decir, la mencionada solicitud de sobreseimiento no tiene por objeto abrir otra instancia en donde se valoren anticipadamente los medios de prueba que fueron ofrecidos para la etapa de juicio oral, ya que éste es el momento procesal en donde se deberán desahogar y valorar los diversos medios de convicción para conocer la verdad jurídica"; por lo anterior, la defensa no presentó dato de prueba que corrobore lo que sostiene.  Finalmente, solicitó rechazar la petición de sobreseimiento al existir una acusación formal presentada contra el imputado y, a pesar de ciertos vicios formales a los que hace alusión el abogado, no fueron combatidos en tiempo y forma, en términos del artículo 100 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A continuación, se otorgó el uso de la voz al asesor jurídico, quien manifestó (MIN. 38:10 CD):  Que de conformidad con el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la defensa y acusado tienen el término de diez días para hacer valer cualquier situación o corrección de la acusación. El defensor refiere que no tiene certeza de que la firma que calza la acusación sea de quien ahí aparece, lo que estima es subjetivo al no haber exhibido la defensa alguna prueba que así lo demuestre.  Que la acusación se presentó con las formalidades que establece el código, al efectuarse una vez que el juez de control dio vista al fiscal general; por tal motivo, solicitó no se otorgara valor a los argumentos de la defensa y se sostenga la acusación presentada. A continuación, se otorgó el derecho de réplica a la defensa particular, el fiscal del Ministerio Público y al asesor jurídico, haciendo uso de ese derecho únicamente los dos primeros; finalmente, cerró el debate para resolver y negó la solicitud de sobreseimiento de la carpeta administrativa de origen por los motivos expuestos en dicha audiencia (minuto 54:50). Inconformes con la determinación anterior, el imputado Geovanni Alejandro Laines Polanco, por conducto de su defensor particular, promovió juicio de amparo indirecto, el cual fue radicado bajo el número 221/2021-III del índice de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, en el cual, seguida la secuela procesal, se dictó sentencia el seis de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para el efecto siguiente (fojas 322 a 327 ídem): ".SEGUNDO. Los efectos de la protección constitucional conferida a Geovanni Alejandro Laines Polanco, por conducto de su defensor particular Rafael Blanco Monsreal, consisten en que la Juez de Control adscrita a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la determinación reclamada de ocho de febrero de dos mil veintiuno, dictada en autos de la carpeta administrativa 678/2019 del índice del juzgado responsable, que se instruye a Geovanni Alejandro Laines Polanco y, 2. En su lugar, dicte otra en la que se pronuncie sobre los argumentos hechos valer por las partes y, de manera fundada y motivada, atendiendo a las consideraciones sostenidas en esta sentencia, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que corresponda sobre la petición de sobreseimiento de la carpeta administrativa de origen, realizada por la defensa del quejoso." Determinación que adquirió firmeza por acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento (foja 334 del tomo), por lo que en cumplimiento a la sentencia amparadora, por audiencia que se celebró el diecisiete de enero de dos mil veintidós, negó el sobreseimiento de la carpeta administrativa solicitado. Determinación que constituye el acto reclamado en esta instancia. Estudio de fondo respecto del acto reclamado. Una vez superado lo anterior, corresponde ahora corroborar si la determinación reclamada se ajusta o no al marco jurídico constitucional y legal aplicable. En el considerando tercero de esta sentencia, se precisó que la parte quejosa reclama en esta vía constitucional la resolución de diecisiete de enero de dos mil veintidós, dictada en autos de la carpeta administrativa 678/2019 del índice del Juzgado responsable, que se instruye a Geovanni Alejandro Laines Polanco, por su probable participación en la comisión del hecho señalado como delito de secuestro, previsto en el artículo 9, fracción I, inciso a), y sancionado en el numeral 10, fracción I, incisos b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 7, fracción II, 9 y 13, fracción III, del Código Penal Federal, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales Y.M.R.K.; resolución en la que se negó el sobreseimiento de la carpeta administrativa instruida en su contra. Marco jurídico aplicable. Antes de abordar el análisis del caso, resulta oporto citar los artículos 324, 325, 327, 328, 329 y 330 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señalan: "Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá: I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total; II. Solicitar la suspensión del proceso, o III. Formular acusación. Artículo 325. Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el Juez de control pondrá el hecho en conocimiento del Procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días. Transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de control ordenará el sobreseimiento." "Artículo 327. Sobreseimiento El Ministerio Público, el imputado o su Defensor podrán solicitar al Órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa; recibida la solicitud, el Órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. El sobreseimiento procederá cuando: I. El hecho no se cometió; II. El hecho cometido no constituye delito; III. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado; IV. El imputado esté exento de responsabilidad penal; V. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación; VI. Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley; VII. Una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el proceso; VIII. El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado; IX. Muerte del imputado, o X. En los demás casos en que lo disponga la ley. Artículo 328. Efectos del sobreseimiento El sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria, pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado. Artículo 329. Sobreseimiento total o parcial El sobreseimiento será total cuando se refiera a todos los delitos y a todos los imputados, y parcial cuando se refiera a algún delito o a algún imputado, de los varios a que se hubiere extendido la investigación y que hubieren sido objeto de vinculación a proceso. Si el sobreseimiento fuere parcial, se continuará el proceso respecto de aquellos delitos o de aquellos imputados a los que no se extendiere aquél. Artículo 330. Facultades del Juez respecto del sobreseimiento El Juez de control, al pronunciarse sobre la solicitud de sobreseimiento planteada por cualquiera de las partes, podrá rechazarlo o bien decretar el sobreseimiento incluso por motivo distinto del planteado conforme a lo previsto en este Código. Si la víctima u ofendido se opone a la solicitud de sobreseimiento formulada por el Ministerio Público, el imputado o su Defensor, el Juez de control se pronunciará con base en los argumentos expuestos por las partes y el mérito de la causa. Si el Juez de control admite las objeciones de la víctima u ofendido, denegará la solicitud de sobreseimiento. De no mediar oposición, la solicitud de sobreseimiento se declarará procedente sin perjuicio del derecho de las partes a recurrir." De la exégesis de los artículos antes insertos se obtiene que, una vez determinado el cierre de la investigación complementaria en el proceso penal acusatorio, el Ministerio Público deberá, dentro del plazo de quince días, realizar ya sea i. la solicitud del sobreseimiento total o parcial de la causa, ii. solicitar la suspensión del procedimiento o iii. formular acusación. En caso de que el Ministerio Público no se pronuncie en alguno de los sentidos antes señalados o no lo haga dentro de término, el Juez de control pondrá el hecho en conocimiento del Procurador o servidor público al que se delegue esa facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días en el entendido que, de no hacerlo, se ordenará el sobreseimiento del proceso. Por su parte, se establece que las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de la causa, quien deberá notificar a las partes y citarlas, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resuelva sobre la solicitud. El Juez, al pronunciarse sobre la petición, podrá rechazarla o bien decretar el sobreseimiento incluso por un motivo distinto al propuesto, debiendo emitir su resolución considerando los argumentos de las partes. Finalmente, se indica que los efectos del sobreseimiento de la causa son los de una sentencia absolutoria, que pone fin al procedimiento en relación con el imputado e impide una nueva prosecución en su contra por el mismo hecho, cesando todas las medidas cautelares que se hubieran dictado. El sobreseimiento puede ser total, esto es, respecto de todos los delitos y todos los imputados, o parcial, cuando se haga respecto a algunos delitos o algunos imputados. De lo anterior, se colige que el legislador consideró que el cierre de la investigación tiene efectos relevantes para definir la situación jurídica del imputado, pues con la emisión de ese acto procesal el Fiscal está obligado a pronunciarse si ejerce o no la acción penal, ya que en esta etapa se pretende reunir elementos de convicción, ya sea de cargo o de descargo, que permiten decidir, en primer lugar, si se formula o no imputación; y en caso de hacerlo, generar una segunda decisión derivada de la obtención de medios de prueba recabados en la investigación complementaria, consistente en acusar o solicitar el sobreseimiento parcial o total de la causa, o en determinados casos la suspensión del proceso, y respecto de los derechos que asisten al imputado, surge la oportunidad de preparar su defensa, entre otros. Así, la falta de pronunciamiento por parte del Ministerio Público sobre el sobreseimiento de la causa, su suspensión o la formulación de acusación en contra del imputado, dentro del plazo previsto, obliga al juzgador a hacerlo del conocimiento del Fiscal General, a fin de que sea éste quien cumpla con la exigencia establecida. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2020670 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a. LXXXII/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 121 Tipo: Aislada EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR CUANDO EL FISCAL NO FORMULA ACUSACIÓN EN EL PLAZO QUE LA LEY PREVÉ PARA TAL EFECTO. Los artículos 323 a 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen que una vez transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de que finalice. El legislador consideró que el cierre de la investigación tiene efectos relevantes para definir la situación jurídica del imputado, pues con la emisión de ese acto procesal el Fiscal está obligado a pronunciarse si ejerce o no la acción penal, ya que en esta etapa se pretende reunir elementos de convicción, ya sea de cargo o de descargo, que permiten decidir, en primer lugar, si se formula o no imputación; y en caso de hacerlo, generar una segunda decisión derivada de la obtención de medios de prueba recabados en la investigación complementaria, consistente en acusar o solicitar el sobreseimiento parcial o total de la causa, o en determinados casos la suspensión del proceso, y respecto de los derechos que asisten al imputado, surge la oportunidad de preparar su defensa, entre otros. Por tanto, cualquier determinación que la fiscalía adopte en relación con el cierre de la investigación, será consecuencia de la investigación que ha realizado, la cual, le permitió recabar la información que genere el conocimiento de la existencia de un hecho que reúna los elementos que lo califiquen como delito, así como la autoría o participación en su comisión por parte del vinculado a proceso. En ese sentido, la etapa de investigación complementaria tiene como objetivo establecer, por parte del Fiscal, si la conducta incriminada es probablemente delictuosa, así como las circunstancias de comisión e identidad del autor o partícipe, la víctima y el daño causado; razón por la cual, el legislador dejó explicitado que una vez cerrada la investigación complementaria, es obligación del Ministerio Público solicitar el sobreseimiento total o parcial de la causa, la suspensión del proceso o bien, formular acusación, en términos del artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También estableció que si el Ministerio Público no presenta cualquiera de las obligaciones referidas, el Juez de control, sin hacer una valoración de la causa, debe limitarse a hacer del conocimiento del Procurador, en una sola ocasión, tal situación, para que se pronuncie en el plazo de quince días, y en caso de que el titular de la Fiscalía no emita pronunciamiento al respecto, el Juez de control ordenará el sobreseimiento de la causa." Análisis del caso Ahora, de la revisión de la audiencia celebrada el diecisiete de enero de dos mil veintidós, en la carpeta de origen, en la que la responsable se pronunció sobre la solicitud del sobreseimiento de la carpeta administrativa, la que obra en un disco compacto certificado, previamente valorado en esta sentencia, se obtiene que la responsable expuso los argumentos que se sintetizan enseguida: En principio, se individualizaron las partes que intervinieron, siendo estas el Fiscal del Ministerio Público Martín José Gordillo Aguilar, la asesora jurídica Candelaria Isabel Nájera Aguilar, los defensores particulares Carlos Alberto Grajales Betancourt y Julio Cesar Moreno Orenday, así como el imputado Geovanni Alejandro Laines Polanco, ante la presencia de la Juez de Control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo; enseguida, realizó una breve relación de las manifestaciones hechas valer por las partes en audiencia de ocho de febrero de dos mil veintiuno (previamente sintetizadas) y se pronunció de modo siguiente: Resolución reclamada (minuto 24:00 audiencia) ? La juez responsable determinó la improcedencia de la solicitud de la defensa, pues indicó que en términos de los artículos 324, 325 y 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las consecuencias para la conclusión del plazo de investigación complementaria son, respecto de la tercera, formular acusación; mientras que conforme al artículo 325 señala que cuando el agente del Ministerio Público no formule acusación, el Juez de control pondrá el hecho del conocimiento del procurador para que se pronuncien en el plazo de quince días. En ese contexto, señala que se notificó al Fiscal General del Estado y se presentó la acusación en tiempo y forma el cinco de octubre de dos mil veinte. ? Respecto al argumento de la defensa relativo a que la acusación presentada no fue suscrita por el servidor público facultado, pues el Vice Fiscal no se encuentra facultado para ello en términos de la Ley Orgánica de La Fiscalía General del Estado, señaló que se emitió en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, de veintinueve de enero de dos mil veinte, el acuerdo FGE/05/2020 emitido por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, mediante el cual se delegaron a los Vice Fiscales de Investigación Especializada, de Investigación Territorial, de Procesos y Asuntos Internos, la facultad de pronunciarse en el plazo a que se refiere el primer párrafo del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales; si bien la acusación se presentó por parte del Vice Fiscal de Investigación Especializada en fecha posterior a la que, según la defensa, renunció al cargo, lo cierto es que la defensa no pudo demostrar que la firma que obra en el escrito de acusación no corresponda al servidor publico Alfonso Marcos García Ramírez, y este escrito fue signado el dieciocho de septiembre de dos mil veinte; luego, estaba facultado en esa fecha para suscribirlo en términos del artículo 21 de la constitución, en relación con el 131, fracción XX, 324 y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales; así como en lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, numerales 12, 13, 25 y 26; así como los 11, párrafo segundo, y 3 del Reglamento Interior de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. ? Enfatizó que en el acuerdo FGE/05/2020 emitido por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, se delegó a los Vice Fiscales de Investigación Especializada, de Investigación Territorial, de Procesos y Asuntos Internos, la facultad de pronunciarse en el plazo a que se refiere el primer párrafo del artículo 325 en relación con el diverso 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quienes tendrían esas facultades de manera indistinta o en suplencia por ausencia en términos del último párrafo del artículo 5 del citado Acuerdo. ? Por su parte, señaló que el artículo 5 del Reglamento Interior de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, indica que la Fiscalía General se integrará con las unidades administrativas siguientes, en su fracción II, la Vice Fiscalía de Investigación Especializada; de igual manera, en la fracción X, se prevé una Dirección General de Administración y Finanzas, inciso a), dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, por lo que para depurar los vicios en que incurrió el tribunal al momento de emitir la resolución que se cumplimenta; advirtió que el Vice Fiscal del Estado presentó en tiempo y forma la acusación requerida por parte del tribunal en términos del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y la fecha de dicho escrito es de dieciocho de septiembre de dos mil veintiuno, luego, se obtiene que estaba legitimado para su suscripción. ? En cuanto a la presentación de la acusación, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 93, en relación con el numeral 76 de dicho ordenamiento, establecen que la comunicación entre autoridades, podrán emplear cualquier medio de comunicación idóneo y ágil que ofrezca las condiciones razonables de seguridad y de confirmación posterior, en caso de necesitarse. De donde obtiene que el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece el empleo de medios de comunicación, luego, la acusación presentada se comunicó a través del sistema de Gestión Judicial del Poder Judicial del Estado, el dieciocho de setiembre de dos mil veinte, por parte del sujeto legitimado, Alfonso Marcos García Ramírez, Vice Fiscal de Investigación Especializada y si bien indicó que establa facultado en términos de los artículos 12, 13, 25, 26 y 27 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, existe la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, del Reglamento Interior de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado donde se establecen las facultades de las personas servidoras públicas de la Fiscalía, que contempla la figura del Vice Fiscal de Investigación Especializada y, en concordancia del artículo 12 del reglamento interior, en cuanto a la comunicación de las autoridades, establece que podrán realizarse mediante el uso de medios electrónicos digitales o cualquier otra tecnología; de donde concluye que la comunicación de información se puede realizar mediante las unidades administrativas conforme al artículo 5 del reglamento, en su fracción X, así como la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, en su artículo 51, que establece las facultades de la Dirección General de Administración y Finanzas, entre las que se encuentra la fracción XVI del numeral 52, consistente en la recepción, registro y envío de la correspondencia, por lo que a través de dicha dirección general de administración se puede realizar el envío de información entre las autoridades. ? Por lo anterior, concluyó que la acusación fue presentada en tiempo y forma porque fue previo a que feneciera el plazo de quince días otorgado por el Juez de despacho en auto de veinte de octubre de dos mil veinte, y en forma porque se advierte satisfecha la legitimación del documento suscrito el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, en pleno uso de sus facultades legales. ? Respecto a la aseveración relativa a que se desconocía si el funcionario efectivamente suscribió la acusación, indicó que no se advertía que se presentara el incidente de falsedad de la firma que lo calza ni se aportó algún dato de prueba que evidenciara que dicha firma sea falsa. ? Respecto a la presentación posterior de la acusación, indicó que, conforme a la normativa previamente señalada, el Reglamento Interno de la Fiscalía General del Estado, en su artículo 5, fracción X, inciso a), en relación con el diverso 51, 52, fracción XVI, 76, 87, 93 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen la posibilidad de realizar las notificaciones por vía electrónica o digital. Asimismo, de conformidad con el acuerdo FGE/05/2020 emitido por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, se otorgó al Vice Fiscal de Investigación la facultad de pronunciarse en el plazo a que se refiere el primer párrafo del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para presentar acusación. ? Así, concluyó la improcedencia de la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa porque la acusación fue presentada por una persona debidamente facultada y autorizada en términos del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que aun cuando se presentó con posterioridad, al momento de su suscripción, estaba legalmente facultado. ? Respecto al argumento relativo a la comparación realizada entre la acusación presentada y el escrito presentada por un defensor cuando ya ha sido revocado del cargo; señaló que tratándose del Ministerio Público, es un sujeto procesal con facultades establecidas en el artículo 21 de la constitución, 131, fracción XX, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el diverso 324 y 325 del citado ordenamiento; en el caso el Vice Fiscal actuó en uso de las facultades legales y delegadas en su favor conforme a la normativa previamente citada, en la etapa correspondiente y, al momento de su suscripción, estaba legitimado. Sin embargo, las facultades del Ministerio Público son totalmente diferentes a las del defensor y, al no constar la fecha de la recepción de la renuncia, se obtiene que el suscriptor estaba legitimado para actuar en la fecha de su suscripción. ? Señaló que no existe disposición que obligue a un Ministerio Público a notificar los documentos que suscriba, pues estos pueden ser notificados incluso por vía electrónica. ? Finalmente, concluyó la improcedencia de la solicitud del sobreseimiento de la carpeta administrativa. Establecido lo anterior, debe decirse que la autoridad responsable, al pronunciarse sobre la solicitud de sobreseimiento de la carpeta administrativa que se instruye contra el quejoso, acertadamente concluyó que, en el caso, no se actualiza la hipótesis de sobreseimiento invocada, relativa a la ausencia de acusación en contra del imputado, por parte del Fiscal General del Estado de Quintana Roo; pues, como se advierte de las constancias de origen, el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, se tuvo a la representación social informando que cerró la investigación complementaria; por tanto, se le informó del plazo de quince días hábiles para proceder en términos del artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, plazo que iniciaría el veinte de agosto de dos mil veinte, y concluiría el nueve de septiembre siguiente. Si bien, por escrito presentado el diez de septiembre de dos mil veinte, el agente del Ministerio Público encargado de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Secuestros, formuló acusación contra el imputado de manera extemporánea y, como consecuencia, mediante auto de catorce de septiembre siguiente, el Juez de Despacho adscrito al Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, ordenó dar vista al Fiscal General del Estado de Quintana Roo, en términos del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo cierto es que, el Vice Fiscal de Investigación Especializada, Alfonso Marcos García Ramírez, por escrito signado el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, presentado el cinco de octubre siguiente (fojas 142 a 154 del tomo), formuló la acusación contra el imputado, en atención a la vista otorgada en la carpeta administrativa y por delegación de la facultad otorgada al Fiscal General del Estado de Quintana Roo. Dicho escrito fue presentado dentro del plazo de quince días concedido en el citado auto de catorce de septiembre de dos mil veinte (foja 140 del anexo), notificado en esa propia data (foja 141), transcurrió del quince de septiembre al seis de octubre de dos mil veinte, resultando inhábiles sábados y domingos así como el dieciséis de septiembre de dos mil veinte, de conformidad con el artículo 94 del Código Nacional de Procedimientos Penales; mientras que el escrito de acusación se presentó el cinco de octubre de dos mil veinte. Asimismo, de su revisión se obtiene que fue signado el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, por Alfonso Marcos García Ramírez, en su calidad de Vice Fiscal de Investigación Especializada, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, quien, como acertadamente señaló la juez responsable, cuenta con esa facultad de conformidad con la circular 5/2020 expedida por el Fiscal General del Estado de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el veintinueve de enero de dos mil veinte, que en su punto de acuerdo PRIMERO, delegó la facultad para pronunciarse en términos de los artículos 324 y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en favor de los Vice Fiscales de Investigación, de manera indistinta o en suplencia por ausencia, esto es, sin necesidad de designación expresa o especial a través de medio alguno. Ahora, si bien uno de los argumentos que sustentó la defensa para corroborar la procedencia de la solicitud de sobreseimiento de la carpeta administrativa de origen fue que la acusación se presentó hasta el cinco de octubre de dos mil veinte y que, conforme a lo narrado, el suscriptor Alfonso Marcos García Ramírez, como Vice Fiscal de Investigación Especializada, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, renunció al cargo a partir del primero de octubre de dos mil veinte; por lo que, se estimó que éste ya no contaba con legitimación para actuar en el sentido que lo hizo, lo cierto es que se comparte la conclusión a la que arribó la juez de control para desestimarlo. En efecto, de la copia certificada de la carpeta natural, se obtiene que la acusación tiene como fecha de suscripción el dieciocho de septiembre de dos mil veinte; asimismo, de autos no se advierte que se objetara la autenticidad de éste, por lo que, como acertadamente concluyó la juez actuante, existe la presunción legal de que éste fue firmado por Alfonso Marcos García Ramírez, el dieciocho de septiembre de dos mil veinte. Es así, pues si bien el Ministerio Público es parte en el proceso penal, lo cierto es que aun en la fase judicializada de la carpeta, no deja de ser un órgano autónomo del Estado, que emite actos de naturaleza administrativa y que, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, el actuar de lo servidores públicos de la Fiscalía General se rigen por el principio de legalidad, entre otros. Luego, el escrito de acusación presentado en la carpeta de origen el cinco de octubre de dos mil veinte, con fecha de suscripción el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, cuenta con la presunción de legalidad que no fue desvirtuada mediante prueba alguna. En ese sentido, la recepción de la acusación ante la autoridad penal con fecha posterior, es inocua para desvirtuar la presunción legal de haber sido firmado en la fecha que el documento indica; por ende, se concluye que, si de lo manifestado por las partes en la audiencia celebrada el ocho de febrero de dos mil veintiuno, se obtiene que Alfonso Marcos García Ramírez, dejó el cargo de Vice Fiscal de Investigación Especializada, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, hasta el primero de octubre de dos mil veinte, se corrobora lo acertado de la conclusión a la que arribó la juez responsable, respecto a que la acusación fue presentada por la persona legitimada para tal fin, en términos de la normativa aplicable y que citó la propia autoridad en la audiencia en que se emitió el acto aquí combatido. Así, se corrobora que la determinación en la que se negó la solicitud de sobreseimiento de la carpeta administrativa seguida contra el aquí quejoso, es conforme al marco jurídico aplicable; por lo que corresponde ahora abordar los conceptos de violación hechos valer por la parte impetrante. En el concepto de violación marcado como ÚNICO de la demanda, sostiene en esencia la parte quejosa que la responsable no fundó ni motivó adecuadamente la resolución reclamada pues no señaló el fundamento aplicable para tener por formulada una acusación que no había sido suscrita por persona legitimada para ello, porque el funcionario suscriptor había dejado el cargo con anterioridad a la fecha de presentación del documento. Dicho motivo de inconformidad es infundado. En efecto, como se relató previamente en esta sentencia, la autoridad responsable al pronunciarse sobre la legitimidad de la persona que suscribió la acusación presentada el cinco de octubre de dos mil veinte, señaló como aplicables el artículo 21 de la constitución, en relación con el 131, fracción XX, 324 y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales; así como en lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, numerales 12, 13, 25 y 26; así como el 11, párrafo segundo, y 3 del Reglamento Interior de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado en relación con el acuerdo FGE/05/2020 emitido por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, donde se estableció la delegación de facultades para actuar en términos del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los Vice Fiscales de Investigación. Asimismo, para sustentar que el funcionario se encontraba facultado para actuar en ese sentido, señaló que del escrito de acusación se obtenía que éste había sido signado el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, por lo que ello ocurrió antes de que Alfonso Marcos García Ramírez, renunciara al cargo de Vice Fiscal de Investigación Especializada, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. En ese sentido, se estima que contrario a lo sostenido por la parte quejosa, la autoridad responsable sí indicó los preceptos legales aplicables, las circunstancias del caso y los motivos que estimó actualizaban las hipótesis legales mencionadas, para concluir que quien signó el escrito de acusación, esto es, Alfonso Marcos García Ramírez, Vice Fiscal de Investigación Especializada, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, estaba legitimado para ello. Cabe aclarar que el quejoso parte de una premisa incorrecta al sostener que la autoridad responsable no fundó ni motivó su resolución, pues pretende que la autoridad responsable señalara cuál era el artículo que la facultaba para aceptar un escrito de acusación signado por una persona que carecía de facultades al haber dejado el cargo; lo que se estima desacertado porque no existe sustento probatorio de que el escrito de acusación no se firmara en la fecha indicada o por la persona que aparece como signante. Por el contrario, como ya se indicó, la responsable se limitó a señalar cuáles eran las disposiciones legales que establecían las facultades del Vice Fiscal suscriptor para actuar en términos de los artículos 324 y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para después señalar si de las circunstancias del caso, se actualizaban los preceptos legales; lo que, como se señaló, es correcto. En ese tenor, al ser infundado el único motivo de disenso hecho valer por la parte quejosa y al no advertir queja deficiente que suplir en favor del imputado, aquí quejoso, corresponde negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Geovanni Alejandro Laines Polanco, respecto de la resolución de diecisiete de enero de dos mil veintidós, dictada en la carpeta administrativa 678/2019 por la Juez de Control adscrita a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, con residencia en esta ciudad. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Geovanni Alejandro Laines Polanco, por conducto de su defensor particular Carlos Alberto Grajales Betancourt, contra el acto reclamado a la Juez de Control adscrita a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, precisado en el considerando tercero por los motivos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y terceros interesados fiscales del Ministerio Público. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo; ante Diana Alejandra Angel Zárate, secretaria que da fe. Doy fe.

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