Geovanni Alberto Rodriguez Pérez
Expediente 1691/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1691/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 16/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Geovanni Alberto Rodriguez Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada por este juzgado en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales. No se tramitó incidente de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino de expediente principal. Hágase saber a las partes, que este expediente se encuentra en la hipótesis que establece el Artículo 21, inciso a) y penúltimo párrafo, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales"; por lo que procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias. Por otro lado, se hace la precisión que el criterio y plazo de conservación es el siguiente: Destruible y deberá conservarse en el archivo de este Juzgado durante TRES AÑOS; asimismo, el expediente no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en el instrumento normativo en cita y no obran documentos originales que deban ser devueltos a quien corresponda. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Devolución de tomo de prueba. De las constancias que obran en autos, se advierte que la autoridad responsable adjuntó diversas constancias de las que se ordenó formar un tomo de pruebas; por tanto, al tratarse este juicio de un asunto concluido, se ordena devolverle tales documentales, para los efectos legales conducentes; en el entendido de que el sello de recepción del oficio respectivo, con la anotación de que se recibieron esos cuadernos, hará las veces de acuse de recibo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, de la razón levantada por el actuario adscrito a este juzgado, de veinticinco de mayo del año en curso, en la que hace constar los motivos por los que no le fue posible notificar a la parte quejosa***********, la sentencia terminada de engrosar el diecinueve de mayo actual, por las consideraciones que expone en la misma. En tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, practíquese la notificación de referencia, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se publique en los estrados de este tribunal; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. .
- Principal
Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217, y demás relativos de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********, por la razón expuesta en el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto para resolver en el juicio de amparo 1691/2019, promovido por **********, contra los actos que reclama del Presidenta y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por estimarlo violatorio del artículo 1°, 4°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. El quejoso ************, por escrito recibido el seis de diciembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado el mismo día, por razón de turno a este Juzgado Federal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que precisa en su escrito de demanda. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, previos diferimientos, se fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículo 35 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el Acuerdo General número 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un juicio de amparo promovido en contra de un acto omisivo. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado, analizando en forma integral la demanda de amparo, y las constancias que obran en autos, en específico el informe justificado, de donde se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de aplicar los instrumentos o medidas necesarias para la eficaz ejecución del laudo, como la multa prevista en la fracción I del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como medida necesaria para el cumplimiento del laudo. Se dice lo anterior, ya que el acto que por esta vía se reclama se fijó en atención a la lectura integral de la demanda y a la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, es decir, se atendió a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por conducto de su Presidente y Tercer Arbitro, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Cuarto. Estudio de las causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, se procederá a analizar las causales de improcedencia planteadas por las partes, o que se adviertan de oficio, conforme a lo previsto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. Esta juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El precepto legal prevé la improcedencia del juicio de amparo, cuando los efectos del acto que se reclama, hayan cesado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, es decir, cuando se actualizan los siguientes supuestos: a) Que desaparezcan todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. b) Que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Lo anterior se advierte del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, la parte quejosa reclama esencialmente la omisión de aplicar la multa prevista en la fracción I del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como medida necesaria para el cumplimiento del laudo. Ahora bien, de las constancias que ofreció la autoridad responsable como pruebas documentales, las cuales tienen el valor probatorio que le asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte que a petición de la parte actora -aquí quejosa- el quince de octubre de dos mil veinte, la responsable dictó auto de requerimiento, con apercibimiento de no dar cumplimiento al laudo en el juicio de origen se le aplicaría la sanción prevista en el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; diligencia que se llevó a cabo el siete de diciembre de dos mil veinte. En atención a esta última, el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, la autoridad responsable ordenó dar vista al Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos a fin de que se determinara lo que conforme a derecho procediera para hacer efectiva la multa que se encuentra prevista en el artículo 124, fracción I de la Ley de la Materia; mediante resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se declaró procedente la multa prevista en el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en contra de la parte demandada. Establecido lo anterior, se tiene que si bien al seis de diciembre de dos mil diecinueve, fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, la autoridad responsable no había aplicado la multa prevista en la fracción I del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como medida necesaria para el cumplimiento del laudo; lo cierto es que, como quedó asentado en párrafos precedentes, no fue sino hasta el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, cuando la autoridad responsable ordenó dar vista al Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos a fin de que se determinará lo que conforme a derecho procediera para hacer efectiva la multa prevista en el artículo 124, fracción I, de la Ley de la Materia y mediante resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se declaró procedente la multa referida en contra de la parte demandada; por lo que es evidente que en el caso en estudio la omisión reclamada cesó en dicha fecha, desapareciendo así la finalidad de este juicio de amparo, pues la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio constitucional, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación a sus derechos. En esas condiciones, la autoridad responsable al aplicar la multa prevista en la fracción I del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como medida necesaria para el cumplimiento del laudo, hizo que cesaran los efectos del acto reclamado, por lo que se actualiza la causa de improcedencia analizada y, por tal motivo, se sobresee en el juicio de conformidad con los artículos 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, respecto de la falta de contestación del escrito citado. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Lo anterior, impide analizar las cuestiones que atañen al fondo del asunto, en razón de la improcedencia que se actualiza. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394465 con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por otra parte, no es necesario estudiar las diversas causas de improcedencia que invoca la parte tercero interesada respecto del acto reclamado, ya que el examen de éstas resultaría ocioso y a nada práctico conduciría, pues no cambiaría el sentido de esta resolución respecto de dicho acto reclamado. Por su aplicación, es de citarse la tesis de jurisprudencia número 54/98, visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro 195744 que reza bajo la voz: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución.". Cabe precisar que las tesis aplicadas en el presente asunto si bien fueron emitidas antes de la reforma a la ley de amparo, también lo es que no contravienen la Ley de Amparo vigente, de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo referida. Sin que pase desapercibido para este juzgado federal el hecho de que la parte quejosa refiera que en el juicio de origen existe dilación procesal, sin embargo, en la etapa en que se encuentra el juicio de origen, es decir, en la etapa de ejecución de laudo, se requiere el impulso y la intervención del ejecutante a efecto de ejecutar el laudo, por ende, la responsable se encuentra impedida para ejecutar el laudo de forma oficiosa, en consecuencia, no existe tal dilación, ya que la autoridad responsable en atención a los escritos o peticiones de la parte ejecutante ha acordado lo que conforme a derecho proceda. Sirve de apoyo en lo que interesa la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2771, con número de registro 2000011, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217, y demás relativos de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******, por la razón expuesta en el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente.
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