Georgino Martínez De la Cruz
Expediente 1038/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 31 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1038/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 13/02/2017
Partes del expediente
- Georgino Martínez De la Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
IV.- Por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario Judicial Encargado del Despacho del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México, acusa recibo del diverso 3208/2017, del índice de este órgano de control constitucional, por el que se remitió un juego de copias certificadas de la causa penal 106/2013, remitidos como complemento a su informe justificado; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el comunicado de cuenta para que surta los efectos legales a que haya lugar.
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IV.- Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 86, de la Ley de Amparo, contra el auto de trece de enero de dos mil diecisiete (fojas 294 a la 296), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Devuélvanse al Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, las constancias que adjuntó a su informe justificado, consistentes en copias certificadas de la causa penal 106/2013, y solicítese el acuse de recibo correspondiente. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.
- Principal
iv Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, se advierte que el quejoso no dio cumplimiento al requerimiento inserto en el proveído de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, (fojas 287 y 288), es decir, no acudió al local de este Juzgado de Distrito, dentro del plazo concedido, a recibir los formatos correspondientes a los edictos para su publicación por tres veces de siete en siete días, a fin de que fueran publicados en el Diario Oficial de la Federación, y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República mexicana, y consecuentemente, no acreditó haber realizado los pagos correspondientes para la publicación de aquéllos, no obstante haber sido oportunamente notificado para tal efecto. Ahora bien, la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 237 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." Así pues, si durante el lapso de referencia, el impetrante de amparo no acreditó su incapacidad económica para sufragar el gasto relativo a la publicación de los edictos, el cual, no constituye una afectación desmedida, sino una carga procesal razonable y acorde con la obligación de preservar el respeto al debido proceso legal. De esta manera, al actualizarse la porción normativa prevista en el artículo 63, fracción II de la ley de la materia; se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia y se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 27/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 27 del Libro 22, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2015, Décima Época, materia común, con número de registro 2009915, que establece: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Así como la diversa jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 4/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, Libro 5, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2014, Décima Época, materia constitucional-común, con número de registro 2006232, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. El citado artículo modula el derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio no pudo conocerse o, excepcionalmente, de que manifieste a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva y servirse de los indicios que en tal sentido obren en autos para que se le exima del pago de las publicaciones; destacando que la consecuencia procesal de la omisión de cumplir con esa carga conduciría al eventual sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, la modulación del derecho humano de referencia, contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debe considerarse constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que no es arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, ya que, por un lado, debe estimarse admisible, pues tiende a dar audiencia al tercero perjudicado en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro, dicha medida también cuenta con idoneidad y necesidad, pues constituye un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al tercero perjudicado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Por último, la medida también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa del tercero perjudicado, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento." En consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse el dieciséis de enero de dos mil diecisiete, a las nueve horas con cinco minutos. Asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
IV. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para el día de hoy; sin embargo, no es posible su desahogo, en virtud de que no se ha logrado el emplazamiento de la tercero interesada Clarisa Martínez Hernández. En consecuencia, con la finalidad de no transgredir las normas que rigen el juicio de amparo, se difiere la audiencia de mérito y se fijan las nueve horas con cinco minutos del dieciséis de enero de dos mil diecisiete.
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