Georgina Valdez Pastor

Expediente 1152/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1152/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
04/03/2021

Partes del expediente

  • Georgina Valdez Pastor

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio electrónico con evidencia criptográfica del Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, mediante el cual, acusa recibo del oficio 28274/2021, relativo al juicio de amparo 1152/2020-VIII, e informa que acepta la competencia planteada por este Juzgado Federal y se avoca a su conocimiento, quedando registrado con el juicio de amparo 198/2021- VII; tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso J) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 10, del Manual referido, toda vez que se trata de asunto concluido con motivo de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, toda vez que mediante proveído de dieciocho de enero del año en curso, se reservó acordar lo conducente en torno a oficio recibido vía correo electrónico oficial de este juzgado, por medio del cual, el Director General Adjunto de Atención a Autoridades "A", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en atención al requerimiento de quince de diciembre de dos mil veinte, remite el diverso oficio 214-1-1695800/2021, signado por el apoderado legal de Banco Nacional de México, sociedad anónima, Integrante de del Grupo Financiero Banamex, por el que proporciona información relativa a la cuenta aperturada a nombre de la quejosa, remítase vía interconexión el citado oficio a fin de que el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, provea lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe. El Juez

  2. Principal

    (RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 23/DIC/2020, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de diciembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el escrito signado por la promovente Georgina Valdez Pastor, por medio del cual, da cumplimiento al requerimiento de cuatro de diciembre del año en curso, y aclara que debido a un error involuntario señaló que el número de cuenta, de la que es titular es 80132322691, siendo lo correcto 80132312691; tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales conducentes. Ahora bien, cabe precisar que es obligación del juez de amparo analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional, en términos del criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro y datos de localización siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (Registro: 192097, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de dos mil (2000), Materia Común, página 32) Precisado lo anterior, en la demanda de amparo, se advierte que la promovente señala como autoridades y actos reclamados los siguientes: De lo anterior, se advierte que lo reclamado es la emisión del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en específico del artículo 44, así Diana Laura Mireles Ramírez como la orden y ejecución del aseguramiento y/o bloqueo de la cuenta 80132312691 (número de cuenta correcta) aperturada en la institución Bancaria Banco Nacional de México, sociedad anónima, integrante de Grupo Financiero Banamex. Ahora bien, a efecto de proveer lo que conforme a derecho corresponda, es pertinente señalar, en primer lugar, que la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el sólo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, el concepto de competencia en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, que dispone que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Tomando en cuenta lo anterior y la doctrina, se puede distinguir los siguientes criterios de competencia: I) Por materia. II) Por territorio. III) Por grado. En ese contexto, únicamente se analizará la competencia por territorio, la cual se estima aplicable al presente asunto. Debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, se procede a analizar si se tiene o no competencia legal para conocer de la demanda de amparo de cuenta, a fin de no violentar Diana Laura Mireles Ramírez las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, por analogía de razón, la jurisprudencia 679, de rubro y datos de localización siguientes: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. (Registro: 218721, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, Agosto de 1992, página 36) Como se advierte, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, a fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Así, la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé diversos tipos de competencia, entre ellas, interesa destacar la referente a la de territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Tales criterios, se encuentran en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. De ese modo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Al efecto, se debe tener presente además el contenido del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, se esté ejecutando o trate de ejecutarse. Los procedimientos y formas del orden jurídico a que se refiere el artículo 107, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran previstos en el artículo 37 la Ley de Amparo, que establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia número 13/95, que lleva por rubro y datos de localización los siguientes. COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. (Registro: 200781, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo I, junio de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 107) Ahora bien, del estado procesal de autos, se advierte que la quejosa reclama, medularmente, la emisión del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en específico del artículo 44, así como la orden y ejecución del aseguramiento y/o bloqueo de la cuenta 80132312691 aperturada en la Institución Bancaria Banco Nacional de México, sociedad anónima, integrante de Grupo Financiero Banamex, asimismo, mediante proveído de cuatro de los corrientes, se requirió a la promovente, a efecto de que señalara el número de sucursal en la que aperturó la citada cuenta bancaria, así como el domicilio en que se encuentra ubicada, lo que desahogó con el escrito de cuenta, en el que indicó que lo realizó en la sucursal número 7176, de la Institución Bancaria Banco Nacional de México, sociedad anónima, integrante de Grupo Financiero Banamex ubicada en Boulevard cinco (5) de mayo número mil cuatrocientos veintisiete, centro, San Andrés Cholula, código postal setenta y dos mil ochocientos diez (72810), Puebla. En ese sentido, cabe concluir que el acto reclamado tiene su ejecución en un circuito diverso al que pertenece este órgano jurisdiccional, por tanto, el juicio de amparo contra dicho acto debe ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se realizaron los actos encaminados a cumplir la orden reclamada. En razón de lo anterior, se advierte que el Juez competente para conocer del presente juicio de amparo, es aquél en cuya jurisdicción se encuentra ejecutándose el acto reclamado, pues es éste el lugar en donde se ve reflejado el efecto y consecuencia de la referida orden, pues es en dicha entidad en donde deberá ejecutarse el acto que se reclama, por lo que es evidente que en el juicio en que se actúa, la competencia se surte en favor de un Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. Por todo lo anterior, es evidente que este Juzgado de Distrito CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, POR RAZÓN DE TERRITORIO, PARA CONOCER DEL PRESENTE JUICIO. Por los motivos señalados, se determina que el conocimiento de la presente demanda no corresponde a éste órgano de control constitucional; por ello, con apoyo en los artículos antes citados de la Ley de Amparo y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana, éste juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y ordena remitir vía interconexión el presente expediente, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en turno, a quien se considera competente para conocer del asunto. Se solicita al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, que por razón de turno le corresponda conocer de la presente demanda de garantías, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente informando sobre la aceptación o no de la competencia declinada. Sin que haya lugar a pronunciarse sobre la suspensión del acto reclamado, toda vez que no se está en los supuestos del artículo 48, de la Ley de Amparo; es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Apoya lo anterior, la tesis de rubro y datos de localización siguientes: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE LA. (Registro 316027, Quinta Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXX, página 357) En consecuencia, toda vez que únicamente se enviará de manera electrónica el presente expediente y, con la finalidad de ahorrar recursos materiales y evitar la duplicidad de actuaciones, por el momento, no se forma cuaderno de antecedentes. Ahora bien, con fundamento en los artículos 74 y 79 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; hágase disponible la "vinculación con otro órgano" del presente asunto en el apartado respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que el Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, que por turno le corresponda conocer del presente asunto, se encuentre en aptitud de consultar la totalidad del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior, en el entendido que en caso de que el Juzgado de Distrito correspondiente requiera las constancias físicas que integran el presente asunto, una vez que lo haga del conocimiento le serán remitidas de inmediato. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este órgano judicial. No es óbice a lo anterior, que el veintidós de diciembre del presente año, se reservó acordar lo conducente en torno al requerimiento de la Comisión Nacional y de Valores en el sentido de proporcionar diversa información a fin de que se encontrara en aptitud de informar si existe alguna orden de aseguramiento, inmovilización o congelamiento de la cuenta bancaria a nombre de la quejosa, toda vez que de conformidad con lo previsto en el "Acuerdo por el que se determinan los días que se consideran como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos que se tramiten o deban tramitarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por las entidades y personas sujetas a la supervisión de dicha Comisión, así como las autoridades y público en general.", publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil veinte, se advierte que dicha comisión reanuda labores hasta el seis de enero de dos mil veintiuno, por lo tanto, se reserva la jurisdicción al juzgado que por razón de turno corresponda conocer del presente asunto, para que, en caso de aceptar la competencia planteada, y de considerarlo pertinente, realice nuevamente el requerimiento a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para obtener la información requerida, haciendo de su conocimiento que, en ese caso, se deberá notificar a la comisión citada a través del correo electrónico contencioso@cnbv.gob.mx, en acato a lo previsto en el "Acuerdo por el que se establecen las medidas administrativas para la continuidad de las actividades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en atención a los asuntos que se tramitan ante ésta, durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19". Notifíquese, personalmente a la promovente Georgina Valdez Pastor, en el domicilio ubicado en Oriente número tres (3), manzana veintitrés (23), lote veintinueve (29), colonia Cuchilla del Tesoro, alcaldía Gustavo A. Madero, código postal cero siete mil novecientos, en esta ciudad. Así lo proveyó y firma el licenciado Alberto Torres Rivera, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por Ministerio de Ley, en términos del primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia médica del titular, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe. Diana Laura Mireles Ramírez

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de diciembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio recibido vía correo electrónico oficial de este juzgado, por medio del cual, el Director General Adjunto de la Dirección General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en cumplimiento al requerimiento de cuatro de los corrientes, y en alcance a su oficio 214-1-RVE-1003121/2020, de once del mes y año en curso, remite el diverso oficio de quince de diciembre de dos mil veinte, signado por el apoderado legal de Banco Nacional de México, sociedad anónima, integrante de Grupo Financiero Banamex, a través del cual manifiesta que es necesario contar con mayores datos de localización de la cuenta, a efecto de proporcionar la información requerida por este juzgado. En ese sentido, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante acuerdo de cuatro de los corrientes, se previno a la promovente, a efecto de que precisara el número de sucursal en la que aperturó la cuenta bancaria ********************, así como el domicilio en que se encuentra ubicada; en consecuencia, resérvese acordar lo conducente, hasta en tanto la promovente desahogue dicha prevención, o bien transcurra el plazo para hacerlo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Alberto Torres Rivera, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por Ministerio de Ley, en términos del primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia médica del titular, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe. El Secretario Encargado del Despacho. Alberto Torres Rivera La Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 14,085 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano