Georgina Sofia Allec Prado
Expediente 726/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Georgina Sofia Allec Prado
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó la demanda, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 21, capítulo octavo, relativo a la destrucción de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, dado que no obran documentos originales, carece de valor institucional e histórico, ni es considerado de relevancia documental, conforme al Acuerdo General citado. Finalmente, y toda vez que es innecesario seguir conservando los autos originales del expediente 126/2019, del índice del Consejo de la Judicatura Estatal, residente en esta ciudad, devuélvase a su lugar de origen. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio número 4181/2020, signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, en el que obra inserto el auto de ocho de diciembre del año en curso, del que se aprecia que dicho tribunal declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con residencia en esta ciudad; al efecto remite, el escrito original de la demanda de garantías, así como el informe justificado rendido por la autoridad responsable, al que se adjuntó el original del expediente número 126/2019. Por tanto, con fundamento en el artículo 48, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución General de la República y el Acuerdo General número 3/2013, publicado por el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 47/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de diciembre de dos mil trece, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del presente asunto; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 726/2020; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígase al oficial administrativo encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con éste, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que al secretario le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia I.6o.C. J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, cuyo rubro prescribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". La Jurisprudencia en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se actualice un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, que se advierte en forma patente y absolutamente clara y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia que se trata es operante en el caso concreto. Así, del análisis integro de la demanda de amparo, es factible para este Juzgado Federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con residencia en esta ciudad, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: "a). Resolución Definitiva de fecha 28 de septiembre del 2020, dentro del Expediente 126/2019." Precisado lo anterior, el juicio de amparo que ahora se intenta es improcedente, en razón de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en relación con sus numerales 5º, fracción I y 107°, fracción I, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." Asimismo, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". Por ello, es menester transcribir el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". De dichos preceptos se advierte, que para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico o con interés legítimo. La diferencia entre el interés jurídico y el legítimo estriba en que el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo (es decir, que exista un sujeto titular del derecho involucrado); en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Así, en el interés jurídico el derecho protegido se encuentra dentro de la esfera jurídica del sujeto (derecho subjetivo) por encontrarse en una situación de derecho concreta; mientras que en el interés legítimo, la esfera jurídica del quejoso se encuentra sumergida en el derecho jurídico tutelado, lo que lo coloca en una situación calificada dentro del orden jurídico; además, en este caso, no es titularidad exclusiva de ese derecho. Sirve como criterio orientador, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 141/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página: 241, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran accesar al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico". En ese orden de ideas, para acreditar el interés jurídico es necesario: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para acreditar el interés legítimo tiene que: a) Existir una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Sirve de apoyo a lo argumentado, el criterio previsto en la tesis 2a. LXXX/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1854, libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, Décima Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Carta Magna dispone, que tratándose de la procedencia del amparo indirecto (en los supuestos en que no se combaten actos o resoluciones de tribunales), quien comparece a un juicio deberá ubicarse en alguno de los supuestos siguientes: I. Ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad. II. Aducir un interés legítimo. Precisó que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En ese sentido, acotó que para que exista un interés legítimo se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, de manera que una hipotética concesión de la protección constitucional signifique la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia P./J. 50/2014, publicada en la página 60, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". Por otra parte, es menester hacer una distinción ente el interés legítimo y el interés simple. El interés simple es un interés general que tiene todo miembro de la comunidad por alguna acción u omisión del Estado, pero que, en caso de satisfacerse no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido, por lo que dicho interés simple no faculta para accionar el juicio de amparo. Mientras que, el interés legítimo corresponde a las personas que por su situación objetiva y particular -de hecho o de derecho- en la que se encuentran, tienen interés en que el poder público ajuste su actuación a la ley, pero no solo por el mero interés ciudadano en la legalidad, sino porque cumpliéndose con la ley conservan un beneficio o evitan un perjuicio cierto, en tanto que resienten una afectación indirecta en sus derechos fundamentales con el acto de autoridad reclamado, aunque carezcan de un derecho subjetivo, por lo que su característica esencial es la utilidad que al gobernado le proporciona la actuación legal del poder público, aunque es necesario exigir al quejoso la presencia de un factor especial que lo distinga de la generalidad de las personas; esto es, el interés legítimo debe ser personal y actual. Apoya lo anterior, la tesis 1a. XLIII/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 822, Libro XVII, febrero de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto y rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Así como la tesis 2a. XVIII/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 1736, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella.". Bajo tal panorama, es válido sostener que el acto reclamado consistente en la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, emitida en autos de la queja administrativa 126/2019, del índice del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero, interpuesta por la impetrante, en la que se determinó sobreseer el procedimiento administrativo instaurado en contra de la servidora pública Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Azueta, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica de la quejosa, ya de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En efecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 104/2008-SS, sostuvo las siguientes consideraciones: "Los artículos 108, párrafos primero y último y 109, fracción III, párrafo primero, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen las bases del régimen de responsabilidades de los servidores públicos y aluden a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, conforme a los cuales los servidores públicos deben regir el desempeño de su encargo, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa por los actos u omisiones que constituyan irregularidades en el desarrollo de sus funciones. Esto con independencia del procedimiento de naturaleza penal, que en su caso llegue a originarse, ya que el apego a estos principios es una cuestión de orden público y de interés general porque la sociedad está interesada en que los servidores públicos desempeñen su trabajo conforme a derecho y en el hecho de que sean sancionados quienes incurran en conductas que atenten contra los intereses de particulares o contra la propia institución. El procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos previsto en el artículo 109 constitucional es un medio de control que tiene como finalidad primordial, la de investigar y sancionar la falta de cumplimiento a sus obligaciones por parte de los servidores públicos, ya que los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de éstos son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo el llegar y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, los cuales se realizan con el objetivo de determinar con exactitud si el servidor público cumplió o no con los deberes inherentes al cargo, y si la conducta desplegada por éste resulta o no compatible con el servicio que presta. (.) De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente el perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley; es decir, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando es transgredido por la autoridad faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa trasgresión y, ese derecho protegido es lo que constituye el interés jurídico indispensable para la procedencia del juicio de garantías. En este contexto, el interés jurídico que hace procedente el juicio constitucional, precisa de la afectación a un derecho subjetivo, entendiendo éste como la facultad o potestad de exigencia que consigna la norma objetiva del derecho, y supone la conjunción de dos elementos inseparables: a) una facultad de exigir; y, b) una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia; mientras que el interés simple se da cuando la norma sólo establece una situación que puede aprovechar algún sujeto, o ser benéfica para éste, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido o beneficiado. De tal manera que tendrá legitimación sólo quien tenga interés jurídico y no cuando se tenga una mera facultad o potestad, o se tenga un interés simple. Respecto del tema, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver por mayoría de tres votos en sesión del día nueve de diciembre de dos mil cinco la contradicción de tesis 139/2005-SS, estableció que el denunciante o promovente de una queja administrativa que tiene como fundamento los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no tiene interés jurídico para impugnar en el juicio de amparo la resolución favorable al servidor público que ordena el archivo del expediente, por ser improcedente la queja o no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa, porque el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino sólo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate: Además, porque el ordenamiento jurídico otorga al interesado una mera facultad o potestad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin concederle la posibilidad de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, siendo que el derecho de los particulares a obtener de la dependencia correspondiente la reparación del daño ocasionado, surge sólo una vez que se determina o emite la resolución que declara la responsabilidad o la existencia de la falta y, la consecuente existencia del daño o perjuicio, y mientras no exista tal resolución, el denunciante o promovente de la queja, sólo tiene una expectativa de derecho que no lo legitima para promover el juicio de amparo, dado que la afectación a sus intereses jurídicos debe ser real o directa. (.) Al efecto, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla establece en sus artículos 52, 53 Bis y 68, lo siguiente: "Artículo 52. La secretaría, los Ayuntamientos y los órganos que determinen las leyes, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán unidades específicas que dependerán del órgano de control correspondiente, a las que el público tenga fácil acceso para presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos que establece la presente ley, con las que se iniciará en su caso el procedimiento correspondiente." "Artículo 53 Bis. La secretaría, los Ayuntamientos y los órganos de control que determinen las leyes al conocer, investigar y sancionar el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 50 de esta ley, iniciarán el trámite de la queja o denuncia bajo las disposiciones siguientes: "I. Las quejas o denuncias deberán presentarse por comparecencia directa o por escrito; en este último caso el promovente deberá ser citado para que ratifique su promoción, en caso de que no sea ratificado se archivará el expediente correspondiente; lo anterior sin perjuicio de que la autoridad competente pueda darle seguimiento de oficio al asunto respectivo; "II. La autoridad practicará todas las diligencias que estime necesarias a fin de contar con los elementos suficientes para la mejor sustanciación del asunto que se investiga; "III. Si la autoridad competente, después de valoradas las constancias y actuaciones, considera que no ha lugar a iniciar formal procedimiento de determinación de responsabilidades en contra del servidor público, archivará el expediente respectivo, lo que hará del conocimiento del promovente, para que en su caso, éste aporte mayores elementos de prueba que motiven el inicio del procedimiento respectivo; "IV. Si se cuenta con elementos que hagan probable responsabilidad del servidor público, se iniciará el procedimiento que establece el artículo 68 de esta ley, sin perjuicio de lo que establecen las fracciones anteriores." "Artículo 68. La autoridad competente para imponer las sanciones administrativas, se sujetarán al siguiente procedimiento: "I. Citará al probable responsable a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo el desahogo de la misma, y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en dicha audiencia lo que a sus intereses convenga, por sí o por medio de un defensor. "Entre la fecha de citación y la de audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días naturales; "II. Desahogada la audiencia señalada en la fracción anterior, la autoridad resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes si existe o no responsabilidad, imponiendo, en su caso, al infractor, las sanciones administrativas correspondientes y notificará la resolución al servidor público y, en su caso, al superior jerárquico dentro de los treinta días hábiles siguientes; "III. Si en la audiencia, encontrare que no cuenta con elementos suficientes para resolver, o advierta elementos que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del encausado o de otras personas, podrá disponer la práctica de investigaciones y citar para otra u otras audiencias. "IV. En cualquier momento, previo o posteriormente al citatorio al que se refiere la fracción I del presente artículo, la autoridad competente podrá determinar la suspensión provisional del probable responsable de su empleo, cargo o comisión, si a juicio de la misma, así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión provisional no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute. "La suspensión provisional a que se refiere el párrafo anterior suspenderá los efectos del acto que haya dado origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión, y regirá desde el momento en que sea notificada al interesado o éste quede enterado de la resolución por cualquier medio; ésta cesará cuando así lo resuelva la autoridad correspondiente, con independencia a la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere el presente artículo en relación con la probable responsabilidad de los servidores públicos. "Si el servidor público suspendido provisionalmente, no resultare responsable de la falta o faltas que se le imputen, será restituido en el goce de sus derechos y se le cubrirán las percepciones que debió percibir durante el tiempo en que estuvo suspendido." Acorde con esta ley el acto por el cual el particular presenta la queja que dará lugar al procedimiento administrativo, es la potestad que tiene cualquier persona para dar noticia a la autoridad competente, de que ha sido afectada directa o indirectamente por la conducta de un servidor público que, a su juicio no ha cumplido con sus obligaciones, que tiene como propósito el que se instruya el procedimiento de responsabilidad administrativa y, se le imponga al infractor la sanción correspondiente. (.) Por otro lado, del análisis de los preceptos legales que conforman la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, y que regulan el procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Estado, se observa que éstos no están dirigidos a la satisfacción de intereses individuales sino colectivos, y que en ellos, no se concede a los particulares la facultad de exigir a la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, pues la participación del denunciante en la presentación de la queja se agota en ese acto, o bien al aportar éste al procedimiento los elementos de prueba que estime convenientes lo que constituye un acto administrativo de control interno y si bien el artículo 53 Bis, fracción III, de la ley en cita en la parte conducente, señala que: "... III. Si la autoridad competente, después de valoradas las constancias y actuaciones, considera que no ha lugar a iniciar formal procedimiento de determinación de responsabilidades en contra del servidor público, archivará el expediente respectivo, lo que hará del conocimiento del promovente, para que en su caso, éste aporte mayores elementos de prueba que motiven el inicio del procedimiento respectivo.", esta posibilidad a favor del promovente de la queja de que aporte mayores elementos de prueba que motiven el inicio del procedimiento respectivo, en opinión de esta Sala, no constituye un elemento suficiente para determinar que el promovente de la queja cuenta con interés jurídico para promover el juicio de garantías. Ello se considera así, porque la facultad de aportar mayores elementos de prueba, se traduce únicamente en la posibilidad para el denunciante de coadyuvar en la integración del expediente, pero de ninguna manera le genera a éste un derecho para exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, ya que se trata de actos de control interno, en los cuales, la investigación que se efectúa, es únicamente con la finalidad de determinar con exactitud si el servidor público cumple o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si la conducta desplegada por éste resulta o no compatible con el servicio que se presta, y será el órgano disciplinario correspondiente el que deberá decidir en su oportunidad si inicia o no formalmente el procedimiento administrativo de responsabilidad y si se sanciona o no al servidor público denunciado. Concluye la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: En este contexto, se concluye que el denunciante de la queja en contra de un servidor público que tiene como fundamento la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, carece de interés jurídico para impugnar por la vía del amparo, la determinación de la autoridad administrativa que establece improcedente la queja, en primer lugar, porque se trata de un procedimiento administrativo y no jurisdiccional en el que el denunciante tenga la calidad de parte; además porque tal decisión no representa un beneficio o perjuicio directo para el promovente de la queja, el que únicamente tiene derecho a presentarla en relación con la conducta de los servidores públicos, respecto de su actuación dentro de la tramitación de algún asunto; y, porque la ley local de la materia no establece en su artículo 53 Bis, fracción III, el derecho del denunciante o quejoso de exigir que se finque responsabilidad administrativa al servidor público denunciado, sino únicamente le da la posibilidad a éste de coadyuvar en la integración del expediente aportando mayores elementos de prueba. (Énfasis añadido por este Juzgado). Contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 124/2008, localizable en la página 259, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguientes: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA. EL QUE EL ARTÍCULO 53 BIS, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA OTORGUE AL PROMOVENTE DE LA QUEJA EL DERECHO PARA APORTAR MAYORES ELEMENTOS DE PRUEBA QUE MOTIVEN EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO; CUANDO SE DETERMINA QUE NO HA LUGAR A INICIARLO FORMALMENTE Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, NO LE OTORGA INTERÉS JURÍDICO PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CONTRA ESA RESOLUCIÓN. Acorde con los artículos 108, primer y último párrafos, y 109, fracción III, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier interesado puede presentar queja por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. Por otra parte, en relación con el tema del interés jurídico tratándose de ese tipo de quejas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 1/2006, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.", al analizar los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sostuvo que el gobernado tiene derecho a presentarlas por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente, pero que dicha legislación federal no otorga al denunciante la facultad de exigir a la autoridad que realice determinada conducta o acceda a sus pretensiones, por lo que carece de interés jurídico para reclamar la resolución correspondiente. Ahora bien, el artículo 53 Bis, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla establece que si la autoridad competente, después de valorar las constancias y actuaciones, considera que no ha lugar a iniciar formal procedimiento de determinación de responsabilidades contra el servidor público, archivará el expediente, lo que hará del conocimiento del promovente para que en su caso aporte mayores elementos de prueba que motiven el inicio del procedimiento respectivo. Sin embargo, el derecho del promovente de la queja para aportar mayores elementos de prueba que motiven el inicio del procedimiento respectivo, no constituye razón suficiente para determinar que cuenta con interés jurídico para acudir al juicio de garantías contra dicha determinación, porque la facultad de aportar mayores elementos de prueba se traduce únicamente en la posibilidad de coadyuvar en la integración del expediente, pero no le genera un derecho para exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, pues sólo se trata de actos de control interno en los que la investigación efectuada busca determinar si el servidor público cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes a su cargo y si su conducta resulta o no compatible con el servicio que presta, y será el órgano disciplinario correspondiente el que decidirá si inicia o no formalmente el procedimiento administrativo de responsabilidad y si sanciona o no al servidor público." Consideraciones de las cuales en esencia se obtienen las siguientes conclusiones: Que el denunciante o promovente de una queja administrativa no tiene interés jurídico para impugnar en el juicio de amparo la resolución favorable al servidor público, que ordena el archivo del expediente, por ser improcedente la queja o no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa, dado que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino sólo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, de ahí que el orden jurídico objetivo otorga al interesado una mera facultad o potestad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin concederle la posibilidad de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones. Por tanto, si no existe una afectación directa al derecho que, en su caso, pudiera tener la interesada para obtener la reparación del daño o del perjuicio derivado de una falta administrativa cometida por un servidor público, el denunciante o promovente de la queja administrativa carece de interés jurídico para impugnar en el juicio de amparo la resolución favorable al servidor público, que ordena el archivo del expediente, por ser improcedente la queja o no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa, de conformidad con las consideraciones expuestas. Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia PC.II.A. J/2 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible a página 2357 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, materia Común, Décima Época, bajo el rubro y texto: "QUEJA ADMINISTRATIVA INFUNDADA O IMPROCEDENTE. CUANDO EL DENUNCIANTE RECLAMA EN AMPARO TAL DETERMINACIÓN, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juzgador de amparo está facultado para desechar la demanda relativa cuando advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendida como aquella que está plenamente demostrada, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de lalectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base y de acuerdo con la jurisprudencia 1/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1120 del tomo XXIII, enero 2006 de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE."; el denunciante de una queja administrativa que se declaró infundada o improcedente, carece de interés jurídico y legítimo para impugnar en amparo tal determinación, por lo que en tal caso debe desecharse la demanda al existir una causa notoria e indudable de improcedencia". De igual forma, la Jurisprudencia 1/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1120 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, materia Administrativa, Novena Época, del rubro y texto: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada. Esto, porque se trata de un procedimiento administrativo y no jurisdiccional en el que el denunciante tenga la calidad de parte; además porque tal decisión no representa un beneficio o perjuicio directo para la promovente de la queja, el que únicamente tiene derecho a presentarla en relación con la conducta de los servidores públicos, respecto de su actuación dentro de la tramitación de algún asunto; y, Porque, no se concede a los particulares la facultad de exigir a la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, pues la participación de la denunciante en la presentación de la queja se agota en ese acto, o bien al aportar éste al procedimiento los elementos de prueba que estime convenientes lo que constituye un acto administrativo de control interno en los cuales, la investigación que se efectúa, es únicamente con la finalidad de determinar con exactitud si el servidor público cumple o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si la conducta desplegada por éste resulta o no compatible con el servicio que se presta, y será el órgano disciplinario correspondiente el que deberá decidir en su oportunidad si es procedente o no el procedimiento administrativo de responsabilidad y si se sanciona o no al servidor público denunciado. De ahí que la parte quejosa carezca de interés jurídico para reclamar en vía de amparo el acto reclamado consistente en la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, emitida en autos de la queja administrativa 126/2019, del índice del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Cabe reiterar que existe interés jurídico, cuando una norma jurídica específica (constitucional o legal) confiere un derecho determinado a un individuo, quien además por esa misma norma tiene la protección frente a cualquier persona o autoridad del derecho conferido; así, para efectos del juicio de amparo, el acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica del gobernado; de ahí que, debe estar plenamente acreditado dicho presupuesto procesal y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 82, Octubre de 1994, Octava Época, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En la inteligencia de que la manifestación bajo protesta de decir verdad, tampoco es apta para tal fin (acreditar fehacientemente el interés jurídico y legítimo). Apoya dicho aserto la jurisprudencia 3a./J. 27/90, del índice de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 229, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, con número de registro 207221, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés". Atento a lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con su propio numeral 107 fracción I, por lo que se desecha la demanda planteada por su notoria improcedencia. Ahora bien, toda vez que de las constancias que integran el expediente de origen 126/2019, se advierte un domicilio de la parte quejosa en este ciudad; por tanto, a efecto de no retardar el procedimiento, se ordena notificar el presente proveído en el domicilio ubicado en Calle Ángel del Castillo, número 13, Colonia Lomas de San Antonio, de esta ciudad. De igual forma se le instruye al Actuario Judicial adscrito, para que al realizar las notificaciones que surjan de este proveído, se ajuste a los lineamientos establecidos en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020. En otro orden, en términos de los artículos 22 y 28, del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para que de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; en caso de optar por transitar del sistema tradicional al juicio en línea, deberá cumplir con los requisitos que se encuentran enumerados en su diverso numeral 29. Se le hace saber que en caso de que requiera consultar físicamente el expediente, deberá generar una cita, lo que podrá realizar entrando al Micrositio de Servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, disponible en el Portal de Servicios en Línea, de conformidad con lo previsto en el artículo 3, del citado Acuerdo General 21/2020. La demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, las partes deberán solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. Con las documentales que remite la autoridad oficiante, fórmese el tomo I de pruebas, el cual queda a disposición de las partes para su consulta cuando así lo soliciten. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Finalmente, hágase saber que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese personalmente.
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