Georgina Sanchez Rivera

Expediente 1521/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1521/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
09/12/2019

Partes del expediente

  • Georgina Sanchez Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Magistrado Presidente de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo del comunicado 18950 del índice de este Juzgado, por medio del cual se le remitió, el original del juicio laboral *** de su índice, en dos tomos; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Agréguese el escrito de la promovente ****, por medio del cual, da cumplimiento al auto de ocho de noviembre del año en curso (fojas 23 a 29), en atención a su contenido, se provee. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En tal virtud, se advierte que en el caso el juicio de amparo es improcedente porque no se promovió dentro de los plazos previstos en la ley de la materia, actualizándose la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)". A su vez, los artículos 17 y 18 del mismo ordenamiento, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos antes transcritos, se desprenden los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, siendo la regla genérica el término de quince días hábiles, los cuales deben comenzar a computarse a partir de tres momentos, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa del acto o resolución reclamada; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedora del acto o su ejecución. En el entendido que de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se estimará consentido el acto de que se trate, salvo que se actualice alguna de las hipótesis de excepción contenidas en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, pues en tal virtud, el término será de treinta días, siete u ocho años e incluso en cualquier tiempo, según el caso. Se afirma lo anterior, ya que del estudio integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la promovente se duele del auto de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral **, del índice de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, en el que, a su decir, se declaró la prescripción del laudo dictado en el juicio natural. Asimismo, se observa que la promovente del amparo manifiesta en su escrito aclaratorio, bajo protesta de decir verdad, que el día tres de septiembre de dos mil diecinueve, tuvo conocimiento del acuerdo reclamado de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral ***, del índice de la Sala responsable (foja 39). Manifestación que constituye una confesión que hace prueba plena en su contra, conforme con lo establecido por los artículos 95, 99, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2. Es aplicable, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, revisable en el Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XII, Diciembre de 1993, en la página 857, Octava Época, del rubro y texto: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa". De lo anterior, se tiene que la parte quejosa tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado desde el tres de septiembre de dos mil diecinueve; de ahí que el plazo de quince días para promover la demanda, transcurrió en exceso; ello es así, puesto que el término para promover la demanda, conforme con lo establecido en el numeral 18 de la Ley de Amparo, transcurrió a partir del día hábil siguiente al en que se ostentó sabedora del acto reclamado; es decir, del cuatro al veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve; sin contar los días inhábiles que mediaron entre esas fechas, de conformidad con los artículos 19 de la ley de la materia y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que al día que presentó su demanda ante la autoridad responsable (treinta de septiembre del año en curso) transcurrieron los quince días previstos por la ley de la materia para la interposición del juicio de amparo. En ese contexto, si la demanda se promueve fuera de los plazos señalados en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que el acto reclamado fue consentido tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad de la parte quejosa con ello. Cobra aplicación lo previsto en la jurisprudencia P.J/115/2010 aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Página 5, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Sin que la anterior determinación implique una transgresión al derecho fundamental de acceso a la justicia, pues éste no implica dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen los juicios, ya que de considerarse procedente una demanda presentada de forma extemporánea se contravendría el principio de impartición de justicia pronta, y desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el promovente obtendría un beneficio no previsto en la norma. Es aplicable al caso, por las razones que informa, la tesis VII.2º.C 14 (10ª.), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el citado medio de difusión, Décima Época, Libro XII, Tomo 3, septiembre de 2012, página 1495, del rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA Y EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS. NO IMPLICA DEJAR SIN EFECTOS LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA Y ADMISIBILIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableció que el acceso a la justicia no se agota con la simple existencia de tribunales, procedimientos formales ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es necesario que los recursos judiciales tengan efectividad, esto es, que se brinde al justiciable la posibilidad real de interponerlos y el órgano jurisdiccional competente evalúe sus méritos, por lo que serán efectivos en tanto sean capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos; sin embargo, fue la propia Corte Interamericana, quien estableció que la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de los recursos resulta compatible con la Convención Americana, y que esa efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan tales requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos. Por tanto, el derecho humano de acceso a la justicia y la efectividad de los recursos, no implican dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen en el juicio de amparo, instrumento éste de justicia constitucional por el que, en sede nacional y en vía judicial, se garantiza al individuo la protección de sus derechos fundamentales". Además, se advierte que también se actualiza la causa de improcedencia que deriva del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, y con la jurisprudencia número 17, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 12, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación de 1995, que textualmente disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Para establecer cuáles son esos actos que la ley reputa como consentidos de acuerdo a la jurisprudencia que antecede, es necesario remitirse al numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XI.- Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [.]" Conforme a dichas bases, un acto se considera derivado de otro consentido cuando concurran tres requisitos: a) La existencia de un acto previo o ley; b) La conformidad expresa del quejoso o las manifestaciones de voluntad que revelen esa aceptación voluntaria; y, c) La falta de impugnación de un acto constituya la génesis de uno posterior. Debe precisarse que la circunstancia de que el acto se haya consentido, no constituye en sí misma la causa de improcedencia que se examina, sino que éste sea una consecuencia legal y necesaria de un acto previo, tal como se describió en la jurisprudencia precitada. Ahora, para evidenciar que en la especie se actualiza la causal de improcedencia precitada, se estima necesario hacer una reseña de los antecedentes que se desprenden de las constancias que la autoridad responsable adjuntó a su informe, que son los siguientes: 1. En el procedimiento laboral **, instaurado por ****, en contra del Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilas, Chiapas, se dictó laudo el tres de enero de dos mil siete, en el cual se absolvió a la citada autoridad de diversas prestaciones y se le condenó al pago de otras (fojas 131 a 151 del legajo I de pruebas). 2. Mediante resolución interlocutoria de catorce de agosto de dos mil ocho, se aprobó la planilla de liquidación exhibida por la parte actora, aquí quejosa (fojas 284 a 302 del legajo I de pruebas). 3. Seguida la tramitación del asunto laboral, el cuatro de enero de dos mil diecisiete, la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, decretó oficiosamente la prescripción de las acciones tendientes a ejecutar el laudo pronunciado en el sumario, por lo que hace a la aquí quejosa ***, notificando dicha determinación a través de los estrados de dicho tribunal a las partes el nueve de febrero de dos mil diecisiete (fojas 627 y 628 del legajo II de pruebas). 4. La impetrante del amparo mediante escrito presentado ante la oficialía de partes del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, el ocho de agosto de dos mil diecisiete, solicitó la continuidad del procedimiento, respecto a lo cual mediante auto de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, la Sala responsable dejó de proveer, en razón a que el cuatro de enero de dos mil diecisiete, decretó la prescripción del expediente de origen en lo que hace a la promovente (fojas 680 y 684 del legajo II de pruebas). 5. Asimismo, mediante diverso libelo presentado el veinte de septiembre de dos mil diecisiete, ante la oficialía de partes del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, la quejosa, entre otras cosas, señaló domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y designó nuevo apoderado legal; a lo cual, la Sala responsable mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dejó de proveer respecto a su contenido, en razón a que el cuatro de enero de dos mil diecisiete, decretó la prescripción del asunto ***, de su estadística (fojas 693 a 695 del legajo II de pruebas). 6. Finalmente, mediante escrito presentado ante la responsable el doce de junio de dos mil diecinueve, la parte actora aquí quejosa, solicitó a la responsable que le fuera reconocida la personalidad a sus apoderados legales, revocara cualquier personalidad y domicilio otorgados, además solicitó, el requerimiento de cumplimiento de laudo y embargo; a dicho escrito recayó el auto de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, en el que la responsable dejó de proveer respecto a su contenido, toda vez que, la Sala responsable advirtió que en proveído de cuatro de enero de dos mil diecisiete, se decretó la prescripción de las acciones tendientes a ejecutar el laudo pronunciado en el sumario de origen, en lo que se refiere a la peticionaria del amparo (fojas 737 a 742 del legajo II de pruebas). Esta última actuación constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. De la narrativa anterior, se advierte que el auto reclamado es una consecuencia directa del diverso auto de cuatro de enero de dos mil diecisiete (fojas 627 y 628 del legajo II de pruebas), en el cual se decretó oficiosamente la prescripción de las acciones tendentes a ejecutar el laudo pronunciado en el sumario por lo que hace a la aquí quejosa. Luego, si dicha actuación no fue impugnada por la hoy quejosa dentro del término legal, pese a que tuvo conocimiento de aquella oportunamente, aunado a que en diversos acuerdos se dejó de proveer respecto a los múltiples escritos presentados ante la responsable, en razón a que el cuatro de enero de dos mil diecisiete, se decretó la prescripción del expediente **; por tanto, el acto que ahora reclama debe considerarse como derivado de otro consentido. En efecto, si la ahora quejosa no se inconformó contra el referido auto en el que la responsable declaró prescritas las acciones tendentes a ejecutar el laudo dictado en el expediente **, respecto de la quejosa **, debe entenderse entonces que consintió aquellas consideraciones. Es así, pues si bien la parte quejosa señaló como acto reclamado el auto de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral **, del índice de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, en el que, a su decir, se declaró la prescripción del laudo dictado en el juicio natural. Lo cierto es que, del contenido integral de los autos, se observa que en realidad se duele del auto de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de origen, en el que se agregó a los autos, sin proveer al respecto, el escrito de la aquí impetrante mediante el cual solicitó se requiriera a la demandada el cumplimiento del laudo, toda vez que, la Sala responsable advirtió que en proveído de cuatro de enero de dos mil diecisiete, se decretó la prescripción de las acciones tendentes a ejecutar el laudo pronunciado en el sumario de origen (foja 742 del legajo II de pruebas); es decir, se trata de las mismas consideraciones que la responsable expuso en el citado acuerdo y que la parte actora, aquí quejosa, tácitamente consintió. En ese orden, debe decirse que el criterio de la sala responsable, sostenido en el proveído de cuatro de enero de dos mil diecisiete, quedó firme al no haber sido controvertido por la hoy quejosa. Por tanto, la improcedencia invocada deriva de la circunstancia de que el acto reclamado fue emitido en razón de que la sala responsable previamente se pronunció respecto de la prescripción de las acciones para ejecutar el laudo dictado en el juicio natural con relación a la quejosa; por lo que, evidentemente, el auto impugnado no es más que una consecuencia del auto en el que la Sala responsable determinó dicha prescripción, argumentos con los que, se insiste, estuvo conforme; ello, en tanto que no interpuso en su contra alguno de los medios de defensa que la ley prevé; lo que pone de relieve que la solicitante del amparo no se encuentra en una situación novedosa que permita ejercer la acción constitucional. En ese orden de ideas, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, lo que procede es desechar de plano la demanda por notoriamente improcedente, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal.

  3. Principal

    Visto; el oficio y anexos remitidos por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que ese órgano declaró carecer de competencia legal, por cuestión de grado, para conocer de la demanda promovida por *****, contra actos de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia y se asume el conocimiento; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 1-B-1521/2019. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE LA DEMANDA A efecto de acordar si procede o no su admisión, se analizará si la parte quejosa cumplió las premisas previstas en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo. PREVENCIÓN Y REQUERIMIENTO A LAS PARTES En el caso concreto, tomando en consideración que la parte quejosa no realizó la protesta de ley respecto de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Con fundamento en los artículos 108, fracción V y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que en un plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído realice lo siguiente: A. Regularice su demanda en términos del primer fundamento legal citado, y al efecto manifieste los antecedentes del acto reclamado, expresando la protesta de ley que indica la fracción V, del numeral 108, de la Ley de Amparo, toda vez que es requisito formal que debe manifestarse de manera expresa en el escrito de demanda de amparo indirecto. Tiene aplicación por no contravenir a la nueva Ley de Amparo la jurisprudencia P./J.51/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 110, tomo II, diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuyo rubro y texto dice: "DEMANDA DE AMPARO, INTENTADA EN VÍA DIRECTA PROCEDIENDO LA INDIRECTA. EL JUEZ DE DISTRITO AL AVOCARSE A SU CONOCIMIENTO DEBE PREVENIR AL QUEJOSO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 146 Y 116 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito se avoca al conocimiento de una demanda de garantías que se intentó por la vía directa, por virtud de haberse declarado incompetente un Tribunal Colegiado de Circuito, debe prevenir al quejoso en los términos del artículo 146 de la Ley de Amparo a fin de que, con el objeto de regularizar el procedimiento, satisfaga los requisitos que debe llenar la demanda de amparo indirecto previstos por el artículo 116 del propio ordenamiento jurídico; pues si el Juez de Distrito se limita a notificar el auto de radicación del asunto, a fin de que sea el quejoso el que lo recurra para que se regularice el procedimiento, se impone a éste una carga adicional procesal que transgrede el principio de igualdad procesal de las partes". Así como, la jurisprudencia 1ª./J.64/2015, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 713, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, registro 2010471, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable. Ello, por constituir un requisito de procedibilidad, en términos del artículo 114, fracción II, de la ley de la materia. En diverso aspecto, toda vez que, por un lado refiere que promueve la demanda en su carácter de quejosa, con la calidad que tiene acreditada ante la autoridad responsable y, por otra parte, de los puntos petitorios de su escrito de demanda, se observa que solicita conceder a su representado el amparo y protección de la Justicia Federal, por lo que, no se advierte con claridad si promueve la demanda por derecho propio o si lo hace en representación de diversa persona, de ser así, no exhibió documento alguno para acreditar la personalidad que ostenta. Por tanto, con fundamento en los numerales 108, fracción I y 114, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del plazo indicado, precise de forma específica: B. Si promueve la demanda por su propio derecho o en representación de diversa persona. C. En su caso, exhiba el documento idóneo con el que de manera fehaciente acredite la personalidad con que se ostenta. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia P/J.43/96, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, página 48, que es del contenido siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". Así como, la Jurisprudencia P./J. 23/2009, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, página 7, del rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." Además, deberá precisar: D. Si ha promovido algún juicio o medio de defensa diverso contra los actos reclamados o alguno relacionado con ellos; en su caso, deberá precisar cuál fue éste, ante qué autoridad se promovió, en qué estado se encuentra, el número de expediente y todos los datos que permitan identificar ese juicio o medio de defensa. Asimismo, deberá dar cumplimiento estricto a lo requerido por este juzgado, absteniéndose de formular conceptos de violación distintos de los ya planteados en el escrito de demanda y manifestaciones ajenas a lo requerido en la prevención. En la inteligencia que el desahogo deberá ser coherente con las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda que se provee. En ese sentido, se precisa al promovente que en términos del artículo 261, fracción Il, de la Ley de Amparo, puede imponerse una pena de hasta seis años de prisión a la parte quejosa, así como a su abogado, si llegan a afirmar hechos falsos u omitan los que les consten, así como si presentan documentos falsos. Se apercibe a la promovente que de no dar cumplimiento a lo anterior, en la forma y términos antes indicados, se tendrá por NO PRESENTADA LA DEMANDA, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia, o se acordará lo conducente, dependiendo la irregularidad que subsista. En el entendido que deberá exhibir tres copias del escrito aclaratorio y del documento que exhiba para acreditar su personalidad, para correrle traslado a cada una de las partes, toda vez que una es para la autoridad responsable, una para el tercero interesado y una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, ya que de conformidad con el artículo 110, párrafo primero, de la ley de la materia, son necesarias para tramitar la demanda. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Así como la jurisprudencia 2a./J. 124/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1449, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en su demanda. Asimismo, se tiene como autorizados en los términos que indica a las personas que refiere en su escrito. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquello derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a las partes, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que puedan dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto de la parte respectiva, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En otro contexto, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza al Secretario para que firme los oficios relativos al presente juicio.

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