Georgina Salinas Hernández
Expediente 649/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 649/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 07/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Georgina Salinas Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Atento a los oficios de cuenta recibidos en línea, signados de manera electrónica por el Coordinador de Evaluación, de Control Procedimental y de Amparos, en representación del 2. Director General de Control Presupuestario de Servicios Personales y Seguridad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (registro 18912) y por el Jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Marina, en representación del 1. Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Marina (registro 19061) ambos con residencia en la Ciudad de México, los cuales cumplen con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por tanto, provéase lo conducente: Téngase a la primera de las autoridades citadas en el párrafo que precede (registro 18912) informando, en desahogo al requerimiento formulado en proveído de dieciocho de octubre pasado, la imposibilidad jurídica y material con la que cuenta para dar cumplimiento a la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa. Por otra parte, se tiene a la diversa autoridad 1. Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Marina, con residencia en la Ciudad de México (registro 19061) informando, en cumplimiento al proveído de dieciocho de octubre del año en curso (notificado vía oficio 31388) que se han realizado las comunicaciones correspondientes a efecto de gestionar el exacto cumplimiento a la suspensión aquí decretada, y que una vez que tenga las constancias respectivas, las hará llegar a la brevedad. Por tanto, se está a la espera de las constancias que menciona, a fin de acordar lo que en derecho corresponde, para los efectos legales procedentes. En esa virtud, de conformidad con el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con lo anterior por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Igualmente, se tiene a la autoridad identificada con el arábigo 2 señalando domicilio procesal y designando delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Atento al escrito recibido en línea, signado de manera electrónica por el autorizado en términos amplios de la aquí quejosa ********************, el cual como cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por tanto, provéase lo conducente: Se tiene a la parte quejosa manifestando, bajo protesta de decir verdad, que la autoridad responsable por la que se concedió la suspensión definitiva por resolución interlocutoria de ocho de agosto de dos mil veintitrés en el presente incidente de suspensión 649/2023, ha adoptado una actitud contumaz, pues refiere que no se ha permitido a la quejosa continuar prestando sus servicios como miembro de la Armada de México, ni ha percibido ningún haber o prestación a la que tiene derecho, mucho menos se le ha reincorporado a laborar. En esas condiciones, y tomando en consideración que por resolución interlocutoria de ocho de agosto del año en curso, y diversa de trece de septiembre hogaño, se concedió la suspensión definitiva respecto del acto reclamado a las autoridades responsables denominadas 1. Director General de Recursos Humanos de la Secretaría Armada de México, y 2. Director General de Control Presupuestario de Servicios Personales y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ambas con sede en Ciudad de México, respectivamente, en los siguientes términos: "(...) Por tal motivo, al encontrarse plenamente satisfechos los requisitos legalmente establecidos para otorgar la medida cautelar solicitada por la quejosa, lo que procede es CONCEDERLE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada, para el efecto de que continúe prestando sus servicios como miembro activo de la Armada de México, perciba sus haberes y todas las prestaciones generadas que por estar en activo le correspondan legalmente; sea en la misma área en la cual ha realizado sus labores o en una distinta acorde a sus capacidades, derivadas de su estado de salud." Por tanto, previo a dar el trámite correspondiente al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión que se promueve en el escrito que se atiende, y a fin de no dejar sin defensa a ninguna de las partes, y además como el artículo 158 de la Ley de Amparo faculta al juzgador de amparo para tomar las medidas necesarias a efecto de lograr el cumplimiento de las resoluciones de suspensión de los actos reclamados, con copia del escrito de cuenta, se estima procedente requerir a las autoridades responsables 1. Director General de Recursos Humanos de la Secretaría Armada de México, y 2. Director General de Control Presupuestario de Servicios Personales y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ambas con sede en Ciudad de México, para que dentro del improrrogable plazo de TRES DÍAS, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, en términos del artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, informen el estricto cumplimiento dado a la suspensión otorgada a la parte quejosa por determinaciones de ocho de agosto y trece de septiembre de este año, desde el momento en que se emitieron dichas medidas cautelares, debiendo acompañar las constancias que brinden el soporte documental. Apercibidas que de no informar lo solicitado, o en su caso no tomar las medidas pertinentes para el cumplimiento estricto de lo señalado en las referidas medidas cautelares, se les impondrá una multa que podrá ir de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) según sea el caso, con fundamento en la fracción I del artículo 237 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio enviado por Subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, por ausencia temporal del titular de dicha unidad, quien actúa en representación del 4. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, sin mayor trámite, en virtud de que por auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo por rendido el informe previo de la mencionada autoridad y mediante interlocutoria de trece de septiembre pasado se resolvió en relación a la suspensión definitiva. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
RESULTANDO PRIMERO. ******************** promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO 1. Director General de Recursos Humanos de la Secretaría Armada de México. 137 acuse PRESUMIR CIERTO 2. Director General de Control Presupuestario de Servicios Personales y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. RESUELTO 3. Congreso de la Unión. RESUELTO 4. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. EN LÍNEA CIERTO 5. Secretaría de Gobernación. RESUELTO CIUDAD DE MÉXICO De las que reclama: - Del Congreso de la Unión: la expedición, sanción e iniciación del Decreto por el que se crea la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. - Del Presidente de la República: la promulgación, publicación y ejecución del Decreto por el que se crea la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. - Del Secretario de Gobernación: refrendo, firma y publicación del Decreto por el que se crea la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. - La resolución ******************** de fecha quince de junio de dos mil veintitrés dictada por el Director General de Recursos Humanos de la Secretaría Armada de México, mediante la cual se decretó y comunicó la baja del servicio activo por incapacidad a la aquí quejosa. SEGUNDO. En auto de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, este Juzgado concedió la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a las autoridades responsables, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. TERCERO. Por resolución interlocutoria de ocho de agosto del año en curso, se reservó de resolver respecto de las autoridades identificadas con los arábigos 1 y 4, y se concedió la suspensión definitiva por las restantes autoridades responsables, señalándose nueva fecha para la audiencia incidental, la que se llevó a cabo en términos del acta que antecede. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver;CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia son los que han quedado precisados en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Con fundamento en los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su propio artículo 2º, se les otorga valor probatorio de indicio a las documentales privadas exhibidas por la parte quejosa, en tanto que no fueron objetadas por las demás partes. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable 4. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, representada por el Subjefe Administrativo, Contencioso y Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en ausencia temporal del Jefe de la propia Unidad, al rendir su informe previo, reconoció la existencia del acto reclamado que se le atribuye, como se advierte de su informe previo. Por su parte, la diversa autoridad responsable 1. Director General de Recursos Humanos de la Secretaría Armada de México, con residencia en la Ciudad de México, no rindió su informe previo, no obstante de que se encuentra debidamente notificada del oficio 23938 de catorce de agosto del año en curso, al que se adjuntó su similar 21246 de dieciocho de julio hogaño con copia de la demanda y respectivos anexos, en este último se le notifica la apertura del presente incidente de suspensión y se le requiere su informe previo, misiva que recibió desde el veintiuno de agosto del año en curso, como se aprecia del acuse de recibo que corre agregado en autos. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, en relación con el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación se presumen ciertos los actos que se le atribuyen. QUINTO. Pronunciamiento de la suspensión. En primer término, conviene señalar que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva de los actos reclamados, para el efecto de que se le continúe proporcionado atención médica necesaria, se le paguen los emolumentos que le corresponden. En esas condiciones, el pronunciamiento de la suspensión atenderá exclusivamente a tal solicitud, ello en observancia a la tesis de jurisprudencia 2a./J.111/2003; sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, diciembre de 2003, página 98, cuyo rubro a la letra dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA, CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS." Cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a). Que lo solicite la parte quejosa; b). Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; c). Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado (interés jurídico o legítimo) y, d). Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese contexto, el suscrito, con base en los elementos que de la demanda se desprenden, así como sus anexos, procede a resolver: En términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 138, 146 y 147 del propio ordenamiento, con base en un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y no afectación al orden público y al interés social, es procedente en el caso conceder la suspensión contra la baja definitiva de la quejosa, ya que la misma no deriva de algún procedimiento o causa grave en el cual se involucre a la disciplina militar como motivo del cese, sino más bien, se parte de una supuesta e irremediable afectación en su salud que le impide desempeñar sus funciones como Tercer Maestre, en el servicio de administración e intendencia naval, lo cual hasta el estadio procesal en el cual se encuentra el asunto, de un estudio anticipado y provisional de la constitucionalidad del acto reclamado sí presume la existencia de una distinción basada en una situación particular de género y salud, que llevó a la amparista a la pérdida de sus derechos, en contravención a los artículos 1º. y 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2º. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen la prohibición de la discriminación. Luego, de conformidad con los razonamientos que informan el criterio jurisprudencial 2a./J. 197/2007, la autoridad inconforme no debe soslayar que no es la ausencia de salud lo que faculta al empleador para separar de sus funciones al subordinado, sino la incapacidad para poder llevar a cabo las tareas encomendadas que esa carencia genera. Y, en todo caso, es a esto último a lo que razonablemente debe atenderse para que el individuo abandone sus labores, pues aunque son innumerables los padecimientos conocidos, es un hecho notorio que las variables con las que se presentan y toleran, o la gradual progresión con la que producen alteraciones desfavorables, así como la levedad de algunos de ellos, no constituyen motivo alguno para que, automáticamente, se haga necesario y justificado prescindir de los servicios de quien los sufre, sino únicamente en aquellos supuestos en los que, por ejemplo, los daños a su salud sean de tal magnitud que imposibiliten la realización de la actividad específica para que fue adquirida la fuerza de trabajo. Para lo anterior, cabe recordar que el acto reclamado en el juicio de amparo subyacente se hace consistir en la resolución ******************** de fecha quince de junio de dos mil veintitrés, dictada por el Director General de Recursos Humanos de la Secretaría Armada de México, mediante la cual se decretó y comunicó la baja del servicio activo por incapacidad a la aquí quejosa, pasando a situación de retiro de la Armada de México, por inutilidad, encuadrando en la hipótesis comprendida en el inciso 6, de la Segunda Categoría, de las tablas de enfermedades contenidas en el artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Ello, toda vez que, la razón por la cual la quejosa, fue dado de baja en el servicio activo y de alta en situación de retiro de la Armada de México, se debió a presencia de una incapacidad, consistente en la pérdida anatómica o funcional, total e irreparable de uno de los ojos, sin trastornos en el otro. Así las cosas, sobre el tema relativo a la suspensión en contra de las determinaciones a través de las cuales se da de baja a un elemento del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 3/2007-SS de su índice, determinó que es procedente conceder la suspensión en el juicio de amparo promovido contra los efectos de la orden de baja del activo y del alta en situación de retiro por inutilidad, en atención a los argumentos: CUARTO. La jurisprudencia 2a./J. 157/2006, cuya modificación se solicita es del tenor siguiente: "EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS EFECTOS DE LA ORDEN DE BAJA DEL ACTIVO Y ALTA EN SITUACIÓN DE RETIRO POR INUTILIDAD DE SUS MIEMBROS. No procede conceder la suspensión definitiva en contra de los efectos de la orden de baja del activo y alta en situación de retiro de un militar, consistentes en: a) la cesación de la prestación de sus servicios al Ejército mexicano y, b) la cesación de percibir el haber correspondiente y demás beneficios económicos, en virtud de haberse consumado la orden de baja del activo y haber causado alta en situación de retiro, con la cual se producen los efectos precisados; por tanto, para que puedan gozar nuevamente de sus haberes y seguir prestando sus servicios dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas deberán ser dados de alta como miembros activos, lo que implicaría darle efectos restitutorios a la medida cautelar, que sólo son propios, en su caso, de ejecutorias favorables en el juicio principal, sin que se haga pronunciamiento sobre la suspensión en lo referente a la atención médica, incluyendo medicamentos, consultas, hospitalización y todo lo necesario para su tratamiento, pues tal aspecto no fue materia de la contradicción." (No. Registro: 173,775. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, diciembre de 2006, tesis 2a./J. 157/2006, página 199). La jurisprudencia preinserta se originó el seis de octubre de dos mil seis, al resolver la contradicción de tesis 147/2006-SS. Para determinar si procede modificar la jurisprudencia preinserta es útil precisar que del estudio de las consideraciones de la cuales deriva se advierte lo siguiente. Que los criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se clasificaron en dos grupos, a saber: "El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión de veinticuatro de febrero de dos mil seis, el incidente en revisión número de expediente 28/2006, señaló que sí había lugar a conceder la medida cautelar solicitada por el quejoso, en relación con el oficio que contiene la orden a través de la cual causó baja del servicio activo y alta en situación de retiro, por inutilidad en actos fuera del servicio, al padecer miastenia gravis, para el efecto de que el agraviado continuara prestando sus servicios en el servicio activo al Ejército mexicano, percibiendo los haberes correspondientes; los Tribunales Colegiados de Circuito Décimo Cuarto, Décimo Primero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, resolvieron, respectivamente, en los incidentes en revisión RA. 58/2005, RA. 148/2006 y RA. 34/2006, que no había lugar a conceder la suspensión solicitada por los quejosos en relación con su solicitud de que se les sigan pagando los haberes que correspondieran a su rango y se les permita seguir prestando sus servicios a las Fuerzas Armadas mexicanas, porque ello implicaría darle efectos restitutorios de derechos a los agraviados en relación con la orden que causó baja del activo y alta en situación de retiro por inutilidad fuera de actos del servicio, respectivamente, porque en el primer caso, se le detectó al quejoso padecer virus de VIH, es decir el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, en el segundo caso, por padecer lupus eritematoso sistémico con neuropatía lúpica y en el tercer y último caso, por padecer crisis convulsivas, efectos restitutorios que sólo se pueden otorgar al conceder en el juicio principal, el amparo y protección de la Justicia Federal." El punto de contradicción se fijó para: "Determinar, si es procedente conceder la suspensión definitiva en relación con los efectos y consecuencias de la orden de baja del servicio activo de las Fuerzas Armadas mexicanas y alta en situación de retiro por inutilidad en relación con: "a) La prestación de sus servicios al Ejército mexicano y como consecuencia de ello, "b) Que perciba el haber correspondiente y demás beneficios económicos. "O, por el contrario, si de concederse esta medida cautelar se estarían dando efectos restitutorios a la suspensión que sólo en el fondo del amparo se pueden otorgar al gobernado." Al abordar el estudio del punto de contradicción de referencia se externaron extensas consideraciones y al final se concluyó de la manera siguiente: "Por todo lo anterior, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que en contra de los efectos y consecuencias de la orden de baja del activo y alta en situación de retiro, consistentes en a) la prestación de sus servicios al Ejército mexicano; y, b) la percepción del haber correspondiente y demás beneficios económicos, no se puede conceder la medida cautelar, porque al haberse consumado la orden referida de baja y alta en situación de retiro de los militares quejosos, y también al haberse consumado los efectos de la orden citada, para, se insiste, que puedan gozar nuevamente de sus haberes y puedan seguir prestando sus servicios dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas como miembros activos, deben dejarse sin efectos las órdenes de baja del activo y ser dados otra vez de alta, para lo cual habrá que dejar sin efectos la orden de baja del Ejército y de alta en situación de retiro, así como realizar los ajustes de cuentas en relación con las compensaciones económicas otorgadas a los quejosos derivadas de la orden de baja y alta en situación de retiro en función del número de años laborados y el cargo ocupado. Así, de concedérseles la medida cautelar a los gobernados en este caso, en contra de estos actos consumados, se estarían dando efectos restitutorios a la medida cautelar, pues se estaría determinando que se les diera nuevamente de alta en el servicio activo del Ejército y se dejara sin efectos la orden de baja del activo y alta en situación de retiro, con el objeto de que sigan percibiendo sus haberes y sigan desempeñándose en el servicio activo, lo cual sólo es propio, en su caso, del juicio principal, con fundamento en el artículo 80 de la Ley de Amparo. En suma, los efectos y consecuencias de la orden de baja del activo y alta en situación de retiro de un militar son actos de carácter consumado que no pueden ser paralizados, porque agotan toda su eficacia en el instante en que se concluye formalmente el procedimiento establecido a esos efectos en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, por lo que, en general, resulta inadmisible conceder la medida cautelar en el amparo para que el afectado vuelva a gozar nuevamente de sus haberes y pueda seguir prestando sus servicios dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas como miembro activo, habida cuenta que ello implicaría darle efectos restitutorios a la suspensión, que sólo son propios del juicio principal." De la lectura de las consideraciones preinsertas se advierte lo siguiente: a) Que en los juicios de garantías de donde derivaron las ejecutorias participantes en la contradicción de tesis 147/2006-SS se solicitó la suspensión de los efectos y consecuencias de la orden a través de la cual el quejoso causó baja del servicio activo de las Fuerzas Armadas mexicanas y alta en situación de retiro por inutilidad fuera de actos del servicio, por diversas causas, entre otras, padecer virus de VIH, es decir, el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (como fue el caso del RA. 2146/2005). El punto medular de la contradicción en comento se circunscribió a determinar: b) Si la suspensión de la orden de mérito se podía conceder: b1) Para que el quejoso siguiera prestando sus servicios al Ejército mexicano. b2) En consecuencia de lo anterior, seguir percibiendo el haber correspondiente y demás beneficios económicos. b3) Si de concederse la medida cautelar para tales efectos se darían efectos restitutorios a la suspensión que sólo en el fondo del amparo se pueden otorgar al gobernado. c) Que contra los efectos y consecuencias de la orden de baja del servicio activo de las Fuerzas Armadas mexicanas y alta en situación de retiro (precisadas en los incisos b1 y b2) no es procedente conceder la suspensión, porque tales actos son de carácter consumado, pues de lo contrario se daría efectos restitutorios a la medida cautelar, los cuales son propios del juicio principal. Por otra parte, el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal al resolver los amparos en revisión 2146/2005, 810/2006, 936/2006, 1285/2006 y 1659/2006, en relación con el tema que origina la presente solicitud, se basa en consideraciones similares, motivo por el cual sólo se transcriben las de la ejecutoria del AR. 2146/2005 que, en lo interesante, son del tenor siguiente: "En la ley reclamada, el legislador ha regulado el tema relativo a las causales de retiro por inutilidad de los miembros del Ejército por razones de salud, de tal manera que, a través de dicha reglamentación ha intentado establecer -desde sede legislativa- un balance entre los principios constitucionales en conflicto. Concretamente, el legislador ha estimado válida la posibilidad de considerar inutilizado y retirar a un militar por el simple hecho de tener seropositividad a los anticuerpos contra el Virus de la Inmunodeficiencia Humana -VIH-, según se desprende de la lectura del artículo 226, segunda categoría, fracción 45, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de julio del dos mil tres. En consecuencia, para el legislador debe privilegiarse -de manera absoluta y plena- el interés constitucional de eficacia de las Fuerzas Armadas y protección de la integridad de sus miembros y de terceros, frente al interés del militar diagnosticado con VIH, quien pese a ello obviamente está respaldado por las garantías de igualdad y no discriminación por razón de salud, inclusive al grado de hacer posible el retiro definitivo del militar respectivo, la consecuente eliminación de sus percepciones y la sustracción de los beneficios de seguridad social que ordinariamente le corresponderían en activo. Es aquí donde surge el problema que constituye la materia central del presente asunto. Es en esta etapa del examen del planteamiento contenido en la demanda en que cobran relevancia los criterios para evaluar en qué casos se genera una violación a los principios de igualdad y no discriminación por razón de salud. ... VII. Examen de constitucionalidad de la causa legal de retiro por inutilidad basada en la seropositividad a los anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana VIH (artículo 226, segunda categoría, fracción 45, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de julio del dos mil tres). Como se ha dicho, de la jurisprudencia del Máximo Tribunal del país, entendida desde un punto de vista integral, se desprende que el cumplimiento de los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad jurídica, implican que la limitación de una garantía individual por parte del legislador: a) debe perseguir una finalidad constitucionalmente legítima; b) debe ser adecuada, idónea, apta, susceptible de alcanzar la finalidad constitucional perseguida por el legislador a través de la limitación respectiva; c) debe ser necesaria, es decir, suficiente para alcanzar la finalidad constitucionalmente legítima, de tal forma que no implique una carga desmedida e injustificada para el gobernado respectivo; y, d) debe ser razonable, de tal forma que cuanto más intenso sea el límite de la garantía individual, mayor debe ser el peso o jerarquía de las razones constitucionales que justifiquen dicha intervención. En la especie y con base en lo antes desarrollado, este Alto Tribunal determina que: 1. Es cierto que la diferenciación legal prevista en el artículo 226, segunda categoría, fracción 45, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de julio del dos mil tres, pretende perseguir, en principio, una finalidad constitucionalmente legítima, que se traduce en garantizar la eficacia de las Fuerzas Armadas, así como la protección de la integridad de sus miembros y de terceras personas. 2. Sin embargo, la diferenciación legal es inadecuada para alcanzar dicha finalidad constitucional legítima, porque la ciencia médica, reflejada en distintas normas nacionales y directrices internacionales, han demostrado la inexactitud de la decisión -cuando se pretende que en automático y desde la ley- de que los militares son inútiles y están incapacitados per se para formar parte del Ejército, por el simple hecho de tener seropositividad a los anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana -VIH- confirmada con pruebas suplementarias. Asimismo, la ciencia médica, reflejada también en distintas normas nacionales e internacionales, ha dejado claro que no supone ningún beneficio para la salud pública aislar a una persona que tiene el VIH o SIDA simplemente por razón de la infección respectiva, puesto que ese padecimiento no puede transmitirse mediante el contacto casual o por vía respiratoria. Esta interpretación jurídica está respaldada no sólo por la información médica allegada por miembros del Máximo Tribunal del país con base en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(6) de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sino también por las siguientes directrices nacionales e internacionales de carácter especializado: Los numerales 4 y 6.3. de la Norma Oficial Mexicana Nom-010-SSA2-1993, para la Prevención y Control de la Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de mil novecientos noventa y cinco, emitida por el director general de Epidemiología, por acuerdo del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Servicios de Salud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 3o., fracción XV, 13, apartado A, fracción I, 134, fracción XIII, 136, 139 y 140 de la Ley General de Salud, 40, fracción XI, 41, 47, fracción I, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 8o., fracción IV, y 16, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, que prevén: '4. Disposiciones generales. 4.1. La infección por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es causada por los Retrovirus VIH-1 y VIH-2, y se transmite de la manera siguiente: 4.1.1. Por contacto sexual con persona infectada por el VIH; 4.1.2. Por transfusión de sangre contaminada y sus componentes; 4.1.3. Por el uso de agujas y otros instrumentos punzocortantes contaminados; 4.1.4. De una madre infectada a su hijo, durante el periodo perinatal por vía transplacentaria, por contacto con sangre o secreciones en el canal del parto o a través de la leche materna; y, 4.1.5. Por trasplante de órganos y tejidos contaminados. 4.2. Los grupos de población con mayor probabilidad de adquirir la infección por VIH son los siguientes: 4.2.1. Aquellos que realizan prácticas sexuales de alto riesgo: a) Hombres y mujeres que tienen varios compañeros sexuales, independientemente de su preferencia sexual; b) Hombres y mujeres que padecen alguna enfermedad de transmisión sexual; y, c) Compañeros sexuales de: personas con VIH/SIDA; personas que a su vez tienen varios compañeros sexuales; transfundidos entre 1980 a 1987; usuarios de drogas intravenosas; y, hemofílicos. 4.2.2. Usuarios de drogas que utilizan la vía intravenosa y comparten agujas o jeringas contaminadas. 4.2.3. Aquellos expuestos a condiciones de alto riesgo: a) Hemofílicos y transfundidos entre los años de 1980 y 1987. b) Personas transfundidas después de 1987 con sangre o hemoderivados que no hayan sido sometidos a la prueba de detección del VIH. c) Hijos nacidos de mujeres ya infectadas con VIH/SIDA. 4.2.4. Quienes se encuentran expuestos a condiciones de bajo riesgo: a) personal de salud o personas que atienden a pacientes y que presentan cortaduras, punciones accidentales con agujas contaminadas, o salpicadura de sangre o secreciones. b) personas que tengan punción con agujas potencialmente contaminadas por sangre, como las usadas en acupuntura y tatuajes.'. '6.3. Toda detección del VIH/SIDA se regirá por los siguientes criterios: 6.3.1. Será considerada como cualquier otro recurso auxiliar para el diagnóstico; 6.3.2. No se utilizará para fines ajenos a los de protección de la salud sin menoscabo de la orden judicial la cual deberá acatarse en todo momento; 6.3.3. No se solicitará como requisito para el ingreso a actividades, el acceso a bienes y servicios, contraer matrimonio, obtener empleo, formar parte de instituciones educativas, o para recibir atención médica; 6.3.4. No deberá ser considerada como causal para la rescisión de un contrato laboral, la expulsión de una escuela, la evacuación de una vivienda, la salida del país o ingreso al mismo, tanto de nacionales como de extranjeros. En el caso de estos últimos, no será causal para negar residencia ni podrá ser utilizada para la deportación; y, 6.3.5. Se regirá por los criterios de consentimiento informado y confidencialidad; es decir, que quien se somete a análisis, deberá hacerlo con conocimiento suficiente, en forma voluntaria y seguro de que se respetará su derecho a la privacía y la confidencialidad del expediente clínico.'. Asimismo, los artículos 33, 34 y 35 de la Declaración de Derechos y Humanidad sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), que fue dada a conocer en el año de mil novecientos noventa y dos como anexo al documento E/CN.4/1992/82 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que establecen: 'Artículo 33. No supone ningún beneficio para la salud pública el aislar a una persona de la que se crea que tiene el VIH o el SIDA simplemente por razón de la infección con VIH, puesto que este virus no puede transmitirse mediante el contacto casual o por vía respiratoria. Además, la discriminación y estigmatización de personas con VIH y SIDA o de personas consideradas como expuestas a la infección plantea amenazas a la salud y el bienestar públicos. El temor de la discriminación y la estigmatización puede hacer que quienes piensan que pueden estarlo tomen medidas para evitar el contacto con autoridades sanitarias y otras autoridades públicas. A consecuencia de ello podría resultar difícil llegar a las personas más necesitadas de información, formación y asesoramiento, dificultando así los esfuerzos para impedir la propagación del VIH.'. 'Artículo 34. Las medidas coercitivas como el aislamiento por razón de la sospecha de infección con VIH o de infección real no sólo violan los derechos de las personas directamente interesadas sino que también son contrarias a la obligación de los Estados de proteger la salud pública.'. 'Artículo 35. El deber de proteger la salud pública requiere que los Estados introduzcan medidas para proteger a personas con VIH y SIDA de la discriminación y el estigma social. Los Estados deben examinar de nuevo sus leyes y reglamentos de salud pública y derogar o revisar cualesquiera leyes o prácticas que sean injustificablemente coercitivas o perjudiciales para el desarrollo de un medio ambiente favorable para las personas con mala salud.'. Lineamientos que se relacionan con la declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA (A/S-26/L.2) del dos de agosto de dos mil uno, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en cuyo punto 58 se prevé: '58. Para 2003, promulgar, fortalecer o hacer cumplir, según proceda, leyes, reglamentos y otras medidas a fin de eliminar todas las formas de discriminación contra las personas que viven con VIH/SIDA y los miembros de grupos vulnerables, y asegurarles el pleno disfrute de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales; en particular, darles acceso a, entre otras cosas, educación, derecho de sucesión, empleo, atención de la salud, servicios sociales y de salud, prevención, apoyo, tratamiento, información y protección jurídica, respetando al mismo tiempo su intimidad y la confidencialidad; y elaborar estrategias para combatir el estigma y la exclusión social asociados a la epidemia ...'. El valor de las directrices anteriormente transcritas radica en que, si bien no constituyen un parámetro autónomo para calificar la validez de las actuaciones de derecho nacional, sí con capaces de informar el contenido adecuado del ordenamiento jurídico, a fin de justificar objetivamente las decisiones referentes -en este caso- a las garantías de igualdad y de no discriminación por razón de salud, lo que importa, en buena medida, el cumplimiento de la garantía constitucional de motivación adecuada de las sentencias constitucionales, más aún cuando es la propia disposición legal reclamada -sujeta a la interpretación de este Alto Tribunal- la que contiene la apertura al ámbito científico en materia de salud pública, en los siguientes términos: 'Artículo 226. ... Para la determinación de las categorías y grados de accidentes o enfermedades que den origen a retiro por inutilidad se aplicarán las siguientes tablas: ... Segunda categoría ... 45. La seropositividad a los anticuerpos contra los virus de la inmunodeficiencia humana confirmada con pruebas suplementarias.'. En efecto, el VIH y, en último término, el SIDA, implican un proceso. La diferencia entre tener el virus y tener el síndrome, es cuestión de tiempo, ya que son dos estadios de la historia natural de un mismo proceso infeccioso. El desarrollo de dicho proceso no necesariamente genera que las personas que están implicadas en él sean per se agentes de contagio directo o individuos ineficaces para desempeñar las funciones requeridas dentro del Ejército, en las etapas que componen el padecimiento general. En ese orden de ideas, el legislador pasó por alto que entre el momento en que se produce la infección por VIH y el momento en que se manifiesta sintomatología de SIDA, puede transcurrir un gran número de años en que el militar afectado puede estar en condiciones de continuar prestando sus servicios dentro de las Fuerzas Armadas, máxime que con los medicamentos actualmente disponibles la expectativa de vida puede llegar a prolongarse un periodo de tiempo considerable. Asimismo, si lo que se quiere es la protección de la salud de los demás miembros del Ejército y de la sociedad, debe decirse que el legislador está en la posibilidad de establecer las bases para que la institución castrense complemente las medidas preventivas (educativas, por ejemplo) y los mecanismos objetivos, razonables y no excesivos dirigidos a evitar riesgos de contagio, sin afectar las garantías individuales de los individuos. 3. Además, la diferenciación legal combatida es desproporcional, porque es innecesaria para alcanzar la finalidad legítima perseguida, en razón a que existen alternativas a disposición del legislador para limitar, en todo caso, en menor grado (sin nulificar) las garantías de igualdad y de no discriminación por razón de salud, lo que evidencia el carácter injustificado de la decisión legislativa reclamada. Como se ha dicho, la seropositividad a los anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana y, en último término, el SIDA, implica un proceso en el tiempo, que no necesariamente genera que las personas que están implicadas en él sean -en automático- ineficaces para desempeñar las funciones requeridas dentro de las Fuerzas Armadas, de lo que resulta que, inclusive, sea posible el traslado del afectado a un área distinta que sea acorde a las aptitudes físicas que va presentando durante el desarrollo paulatino del padecimiento, tal como sucede con diversas enfermedades incurables. El traslado a un área distinta, y no el retiro complementado con la sustracción de los derechos prestacionales de salud que corresponden en activo, sería una alternativa menos gravosa para el individuo en relación con el goce y ejercicio de sus garantías individuales, lo que pone en evidencia que la relación VIH igual a retiro automático por inutilidad es una medida desproporcionada que, por ende, resulta contraria a los principios de igualdad y de no discriminación por razón de salud constitucionalmente reconocidos. En efecto, conforme a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, los militares en el Ejército y Fuerza Aérea, atendiendo a la clase de servicios que desempeñan, se clasifican en I. De Arma; II. De Servicio; y, III. Auxiliares(7). Esa alternativa -reubicación del afectado- ha sido considerada acorde a la Constitución y admitida, en consecuencia, por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, según puede apreciarse del siguiente criterio: 'EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA DECLARATORIA DE PROCEDENCIA DE RETIRO POR ENFERMEDAD DE SUS MIEMBROS (INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE BAJA). De conformidad con lo previsto en los artículos 124, fracción II y 138 de la Ley de Amparo, procede otorgar la suspensión del citado acto reclamado, para el único efecto de que el militar quejoso continúe prestando sus servicios como miembro activo del Ejército mexicano, percibiendo los haberes correspondientes y la atención médica que requieren él y su familia, incluyendo medicamentos, consultas, hospitalización y todo lo que resulte necesario para su tratamiento médico, en el entendido de que el procedimiento de retiro respectivo deberá continuar hasta el dictado de la resolución correspondiente y sin perjuicio de que los mandos militares competentes lo reubiquen acorde a su estado de salud.' (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, tesis 2a./J. 2/2006, página 660). También debe dejarse apuntado que la causal de retiro por inutilidad de los militares, basada exclusivamente en la seropositividad a los anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana, es una medida desproporcionada, tomando en cuenta que incluso el argumento de protección de la salud de los demás miembros del Ejército y sociedad, en este caso, sería insuficiente para justificar, cuando menos, la supresión de los derechos prestacionales de seguridad social que en activo corresponden al militar afectado, y que también conlleva dicha medida. 4. Finalmente, la diferenciación legislativa reclamada carece de razonabilidad jurídica, en virtud de que no existen bases para justificar la equiparación que ha hecho el legislador del concepto de inutilidad con el de enfermedad o, en este caso, con la seropositividad a los anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana, en virtud de que, como se ha dicho, este último padecimiento no necesariamente implica incapacidad o peligro de contagio del individuo respectivo en el ejercicio de las distintas funciones de las Fuerzas Armadas. La distorsión del concepto de inutilidad contenido en la ley reclamada y su equiparación con existencia de enfermedad o padecimiento -en el sentido indicado- produce la inconstitucionalidad del artículo 226, segunda categoría, fracción 45, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de julio del dos mil tres, porque la causa constitucional admitida como justificante de baja sólo puede ser la incapacidad del militar respectivo de continuar ejerciendo funciones dentro de las Fuerzas Armadas, y no el mero padecimiento de una enfermedad, ni la seropositividad a los anticuerpos contra el Virus de la Inmunodeficiencia Humana. En efecto, en el ámbito civil -para diferenciarlo del militar- la sola presencia de un padecimiento o enfermedad no impide necesariamente que un individuo se produzca con eficiencia en su entorno laboral, ya que dependerá del grado de afectación que en la salud le provoque y del tipo de actividad que aquél realice, lo que determinará la dimensión del daño o limitaciones que pueda propiciarle en el desempeño de su trabajo. Plasmar en el texto de la ley que la sola existencia de un diagnóstico positivo de contagio conduce invariablemente a la imposibilidad absoluta de cumplir en forma adecuada con todo tipo de actividad laboral en una institución pública, constituye una decisión legislativa que se aparta de toda lógica y de la razón, pues bajo ese argumento habría múltiples casos en los que la identificación clínica de una enfermedad permitiría justificar la separación inmediata de la fuente de trabajo, sin previamente analizar si los efectos del mal que aflige a la persona, le impiden o no desplegar con solvencia la actividad para la cual hubiera sido contratada, nombrada o reclutada. No es la ausencia de salud lo que faculta al empleador para separar de sus funciones al subordinado, sino la incapacidad para poder llevar a cabo las tareas encomendadas que esa carencia genera. Esto último es a lo que, en todo caso, razonablemente debe atenderse para que el individuo abandone sus labores, pues aunque son innumerables los padecimientos conocidos, es un hecho notorio(8)- que las variables con las que se presentan y toleran, o la gradual progresión con la que producen alteraciones desfavorables, así como la levedad de algunos de ellos, no constituyen motivo alguno que automáticamente haga prescindir de los servicios de quien los sufre, sino únicamente en aquellos supuestos en los que, por ejemplo, los daños a su salud sean de tal magnitud que imposibiliten la realización de la actividad específica para que fue adquirida la fuerza de trabajo, o también sea por caso, que los peligros de transmisión del mal sean potencialmente altos de acuerdo con la función a la que se le haya destinado. Con relación al asunto que se examina, es a todas luces necesario considerar que la vida militar exige individuos aptos para las armas, lo que de suyo implica gozar de cabal salud para enfrentar los riesgos de tan reconocida función, pero ello no significa que el diagnóstico positivo de una enfermedad conduzca invariablemente al retiro del soldado, en tanto que la misma puede no llegar a inutilizarlo para el servicio cuando apenas comienza el padecimiento, o cuando éste ha sido clínicamente controlado de manera oportuna, incluso a través del propio personal facultativo y de los fármacos que obligatoriamente debe proporcionar el instituto armado a sus fuerzas, pues es igualmente razonable que en estos casos exista un significativo apoyo sanitario para que las mujeres y hombres que lo integran puedan mantenerse en activo, y sólo excepcionalmente abandonen las filas cuando ni aun siendo reubicados -de acuerdo a su grado y especialidad- puedan continuar prestando sus servicios. No está por demás señalar que esta apreciación no priva al Ejército mexicano de la indispensable facultad de colocar a los elementos inutilizados -conforme la jerga castrense- en una situación de retiro ante la irremediable calidad que llegaran a tener de incapacitados para el servicio, pero siempre a condición de que para llegar a esta decisión se demuestre, mediante una resolución fundada en las disposiciones legales aplicables, y motivada conforme los dictámenes clínicos necesarios, que el militar presenta un diagnóstico de salud que lo inhabilita física o mentalmente para llevar a cabo cualquier actividad en la unidad o dependencia del Ejército en la que se encuentre encuadrado, conforme al grado y especialidad que le corresponda, sin dejar de tomar en cuenta que habrá algunos casos en los que mediante pruebas suficientes se demuestre que las altas probabilidades de contagio frenan cualquier intento de regresarlos a su ocupación habitual. Actualmente esto no ocurre así en el caso que se analiza, ya que basta con que un militar sea diagnosticado con '... seropositividad a los anticuerpos contra los virus de la inmunodeficiencia humana, confirmada con pruebas suplementarias más infecciones por gérmenes oportunistas y/o neoplasias malignas.', para que sin mayores exámenes adicionales acerca del estado de sus aptitudes físicas o mentales se le coloque en situación de retiro, como si al contraerse ese padecimiento se produjera la innegable necesidad de expulsarlo por su absoluta inutilidad, sin considerar el grado de avance que reporte la dolencia, ni un dictamen médico acerca de la forma en que se hubiera menoscabado la salud del paciente, y menos aún la obligación de pormenorizar, de acuerdo con la descripción de las funciones del soldado, si existe algún peligro importante de transmitir otras enfermedades asociadas o derivadas de la citada en primer término. Pero también resulta indispensable que para poder declarar la señalada inutilidad, se haya dado la oportunidad al afectado de someterse, sin éxito, a los tratamientos necesarios para recuperar sus aptitudes, o de su reubicación cuando exista la alternativa para ello, de acuerdo al grado y a la especialidad obtenida durante su carrera. No debe soslayarse tampoco que la declaración de inutilidad sólo por causa de seropositividad constituye una forma de propiciar el inicio del aislamiento social de este tipo de pacientes y, por consecuencia, reduce sensiblemente la función estatal de contribuir a la formación de una cultura de no discriminación por razones de salud, cuando es un hecho notorio que la enfermedad que aquejaba al promovente del juicio se ha considerado como una epidemia mundial, cuyos portadores no deben ser tratados con prejuicios, ni con designio anticipado, sino con absoluto respeto a su dignidad humana, principio y fin de todo orden jurídico. Por tanto, debe declararse la inconstitucionalidad del artículo 226, segunda categoría, fracción 45, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de julio del dos mil tres, por ser contrario a las garantías de igualdad y de no discriminación por razón de salud, concesión del amparo que habrá de hacerse extensiva al procedimiento que culminó con la resolución contenida en el oficio número SGB-II-6410 de dieciséis de marzo de dos mil cuatro, mediante la cual se declaró la procedencia definitiva de retiro por inutilidad en actos fuera del servicio del quejoso, emitida por el director general de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como respecto de las consecuencias legales derivadas de dicho acto." Del análisis de las consideraciones preinsertas, se advierte lo siguiente: A) El tema toral de los amparos en revisión citados fue determinar si es válida la facultad concedida en el artículo 226, segunda categoría, fracción 45, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de julio de dos mil tres, para considerar inutilizado y retirar a un militar por el simple hecho de tener seropositividad a los anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana-VIH. En otras palabras, el tema de mérito consistió en determinar la constitucionalidad de la causa legal de retiro por inutilidad basada en la seropositividad a los anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana VIH, prevista en el precepto citado. B) Que el trato diferente para alcanzar la finalidad contemplada en el precepto indicado, consistente en garantizar la eficacia de las Fuerzas Armadas, así como la protección de la integridad de sus miembros y terceras personas es inadecuado, porque la ciencia médica, reflejada en distintas normas nacionales y directrices internacionales, han demostrado la inexactitud de la decisión, cuando se pretende en automático y desde la ley, establecer que los militares son inútiles y están incapacitados, per se, para formar parte del Ejército, por el simple hecho de tener seropositividad a los anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana -VIH- confirmada con pruebas complementarias. C) El desarrollo del proceso infeccioso del VIH y, en último término del SIDA, no necesariamente genera que las personas afectadas por él sean per se ineficaces para desempeñar las funciones requeridas dentro del Ejército, en las etapas de ese proceso. D) Que la relación VIH igual a retiro automático por inutilidad es una medida desproporcional y, por ende, contraria a los principios de igualdad y no discriminación por razón de salud constitucionalmente reconocidos, pues el argumento de protección de la salud de los demás miembros del Ejército y sociedad, en este caso, es insuficiente para justificar, cuando menos, la supresión de los derechos prestacionales de seguridad social que en activo corresponde al militar afectado. E) La diferenciación legislativa cuestionada adolece de razonabilidad jurídica, dada la inexistencia de bases para justificar la equiparación hecha por el legislador del concepto de inutilidad con el de enfermedad, en el caso específico con la seropositividad a los anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana, pues este padecimiento no necesariamente implica incapacidad o peligro de contagio del individuo respectivo en el ejercicio de las distintas funciones de las Fuerzas Armadas. F) Es inconstitucional el artículo 226, segunda categoría, fracción 45, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, porque en sus disposiciones se distorsiona el concepto de inutilidad y su equiparación con la existencia de enfermedad o padecimiento, porque la causa constitucional admitida como justificante de baja sólo puede ser la incapacidad del militar respectivo de continuar ejerciendo funciones dentro de las Fuerzas Armadas y no el mero padecimiento de una enfermedad, ni la seropositividad a los anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana. Finalmente, se concedió el amparo solicitado porque se consideró que el precepto citado es violatorio de las garantías de igualdad y de no discriminación por razón de salud, concesión que se hizo extensiva al acto de aplicación del mismo, consistente en la resolución en la cual se declaró la procedencia definitiva de retiro por inutilidad en actos fuera del servicio del quejoso y a las consecuencias legales de ese acto. En los amparos en revisión citados con antelación (salvo el AR. 2146/2005), la protección de la Justicia Federal se otorgó para que las autoridades responsables realicen los actos siguientes: "VIII. Efectos de la sentencia de inconstitucionalidad. En mérito de las consideraciones que anteceden, el amparo se concede para el efecto de que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, las autoridades responsables: a) Dejen insubsistente el procedimiento de retiro instaurado al quejoso y, en consecuencia. b) Se le reincorpore con todas las consecuencias legales en el activo de la Secretaría de la Defensa Nacional. c) Se le cubran los haberes caídos, con descuento, en su caso, de la cantidad que haya recibido por concepto de 'compensación de servicios' y. d) Se le siga proporcionando asistencia médica; sin perjuicio de que la autoridad correspondiente instrumente un nuevo procedimiento de baja, en el que mediante peritación médica se determine si el quejoso está o no inutilizado materialmente en los términos de ley para continuar al servicio activo. Esto es así, porque el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad de parte de la fracción 117 de las Tablas anexas a la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, vigentes hasta el siete de agosto de dos mil tres, es retrotraer las cosas al momento en que se encontraban antes de la violación acaecida, de conformidad con el artículo 80 de la Ley de Amparo, por lo que debe estimarse que el quejoso estaba en activo hasta antes del inicio del trámite de su retiro por causa de inutilidad." Recapitulando, de las consideraciones en comento, se advierte que el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal consiste en que: la sola existencia de un padecimiento o enfermedad (entre otros detección de VIH) no es idónea para justificar el retiro o la baja del activo de las Fuerzas Armadas y la situación de retiro del militar enfermo y que la seropositividad al virus del VIH, por sí misma, no implica una incapacidad para el servicio de las armas. Cabe advertir que la modificación de la jurisprudencia 2a./J. 157/2006, transcrita al inicio de este considerando, se solicita para establecer un criterio contrario al contenido en la misma, esto es, para sustentar un nuevo criterio que permita conceder la suspensión contra los efectos de la orden de baja del activo del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos y alta en situación de retiro por inutilidad. En principio, es necesario precisar que la modificación de jurisprudencia no sólo procede respecto de cambios de los elementos accidentales, sino también del criterio jurídico sustentado en la misma, pues el Pleno de este Alto Tribunal ha establecido que la palabra modificación, a la cual se refieren los artículos 194 y 197 de la Ley de Amparo, no está constreñida a su significado literal, sino que permite el cambio total de lo anteriormente sostenido, esto es, sustituir un criterio por otro, luego, acorde con la intención del legislador, la locución modificar la jurisprudencia, significa cambiar de criterio, interrumpir la obligatoriedad de una tesis y emitir una nueva que la sustituya. Además de que las jurisprudencias sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por las Salas que la integran, no tienen, necesariamente, que permanecer inalterables. Las anteriores consideraciones tienen apoyo en las tesis cuyos textos y datos de localización son: "JURISPRUDENCIA. ALCANCES DE LA FACULTAD DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA MODIFICARLA. Los artículos 194 y 197 de la Ley de Amparo, facultan al Tribunal Pleno y a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para modificar su jurisprudencia, para lo cual, como requisitos formales, se requiere solicitud de parte legítima, que previamente se haya resuelto el caso concreto y que se expresen las argumentaciones jurídicas en que se apoya la pretensión de modificación. Ahora bien, la palabra 'modificación' contenida en el indicado artículo 194, no está constreñida a su significado literal, conforme al cual sólo podrían cambiarse los elementos accidentales de la jurisprudencia sin alterar su esencia, sino que permite el cambio total de lo anteriormente sostenido, esto es, se trata no sólo de interrumpir un criterio jurídico, sino sustituirlo por otro que puede ser, inclusive, en sentido contrario, de manera que acorde con la intención del legislador, 'modificar la jurisprudencia' significa cambiar de criterio, interrumpir la obligatoriedad de una tesis y emitir una nueva que la sustituya. Asimismo, es importante señalar que la jurisprudencia tiene, como primer efecto, la interpretación de las leyes que regulan el marco de actuación de las autoridades y las relaciones entre particulares, así como entre éstos y los órganos del Estado y, como segunda consecuencia, de igual trascendencia, dar certeza jurídica a través del establecimiento de un criterio obligatorio que vincule de manera general, de lo que se sigue que frente a lo estático de las disposiciones normativas y ante la necesidad de actualizar su interpretación la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplísimas para transformar el criterio jurisprudencial respecto del cual se solicita su modificación." (No. Registro: 181,535. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, mayo de 2004, tesis P. XIII/2004, página 142). "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. NO TIENE NECESARIAMENTE QUE PERMANECER INALTERABLE. De lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la reforma de veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete a la Ley de Amparo, que entró en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito pueden interrumpir y modificar la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta esta última fecha, en las materias cuyo conocimiento les corresponda. Por otra parte, de lo previsto por el artículo 197, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se deriva que por lo que hace a la jurisprudencia establecida por este Alto Tribunal funcionando en Pleno o en Salas, con posterioridad a la fecha últimamente citada, podrá reexaminarse cuando se formule la solicitud de modificación correspondiente por los órganos judiciales o funcionarios a que alude. De ahí que, deba sostenerse que mediante la facultad que en favor de los Tribunales Colegiados establece el citado artículo transitorio y del procedimiento referido en el mencionado artículo 197, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se conserva el dinamismo en todas las tesis de jurisprudencia de esta Suprema Corte, por lo que las mismas no tienen, necesariamente, que permanecer inalterables." (No. Registro: 205,714. Tesis aislada. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, enero de 1992, tesis P. XXVIII/92, página 34, genealogía Gaceta Número 49, enero de 1992, página 92). Ahora, es conveniente resaltar que la suspensión de los actos reclamados en materia de amparo participa de la naturaleza de la medida cautelar. Por tanto, le son aplicables las reglas de ésta, en lo que no se oponga a su naturaleza. Entre los presupuestos esenciales de las medidas cautelares se encuentran el de verosimilitud del derecho, si la finalidad del proceso cautelar es asegurar la eficacia práctica de la sentencia o resolución definitiva, la finalidad de la pretensión objeto de la medida cautelar no puede depender de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un conocimiento periférico o superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Por tanto, es suficiente la comprobación de la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por el actor, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en el proceso principal se declarará la certeza del derecho. En esta tesitura, la verosimilitud del derecho no importa la definitiva viabilidad de la pretensión de quien solicita la medida, sino que basta la existencia del derecho invocado. Así, de acuerdo a lo anterior, la apariencia de la existencia del derecho es un presupuesto que condiciona la admisibilidad de la medida y apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarta una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o muy cuestionable. Lo anterior obedece a que las medidas cautelares, más que hacer justicia, están destinadas a dar tiempo a ésta para cumplir eficazmente su objetivo. Otro requisito específico de la medida cautelar es el peligro en la demora, esto es, que en razón del transcurso del tiempo los efectos de la decisión final resultan prácticamente inoperantes. El requisito de mérito se basa en el temor fundado en la configuración de un daño a un derecho cuya protección se persigue y que, de no hacerlo en forma inmediata, se corre el riesgo de que en el supuesto de recaer sentencia definitiva favorable, ésta permanezca incumplida. La suspensión del acto reclamado es una medida cautelar y para concederla el artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Carta Magna, exige como requisito analizar la naturaleza de la violación alegada. De acuerdo a lo dispuesto en el precepto invocado debe sopesarse la naturaleza de la violación con el perjuicio al agraviado y a los terceros, si los hay, y con el interés social; por ello, las decisiones que se tomen dependerán, en nuestro amparo, del examen comparativo de dichos elementos, en el entendido de que el análisis de la naturaleza de la violación alegada implica el de sus características, su importancia, su gravedad y, sobre todo su trascendencia social. En vinculación con lo anterior, es útil señalar que el objeto de la suspensión del acto reclamado es mantener viva la materia del amparo, impidiendo que el acto reclamado al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el quejoso la protección de la Justicia Federal y evitar al mismo los perjuicios que la ejecución del indicado acto pudiera ocasionarle. La suspensión de los actos reclamados procede de oficio o a petición de parte. La primera responde a un criterio que vincula la procedencia de la suspensión con la manifiesta inconstitucionalidad del acto o con su irreparabilidad y la urgencia de decretar la medida. La suspensión a petición de parte requiere la solicitud del quejoso (cuyo análisis implica el de la apariencia del buen derecho) y acreditar la difícil reparación de los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto (peligro en la demora). En el caso de cumplirse dichos requisitos y no seguirse perjuicio al interés social, ni contravenirse el orden público, la medida debe concederse en los términos permitidos por la Ley de Amparo. Si la suspensión a petición de parte tiene como objetivo evitar perjuicios al quejoso con la ejecución del acto reclamado en tanto se resuelve el juicio de garantías en lo principal, la ley de la materia condiciona la concesión del beneficio a la voluntad del interesado. Luego, la petición de parte es un requisito de procedencia de la medida cautelar, y su estudio implica generalmente el de la apariencia del buen derecho, el cual puede traducirse en el examen del interés o titularidad del quejoso para solicitar la suspensión del acto reclamado. Las anteriores consideraciones tienen apoyo en la jurisprudencia, cuyo texto y datos de localización son: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión." (No. Registro: 200,136. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, abril de 1996, tesis P./J. 15/96, página 16). En la contradicción de tesis 147/2006-SS, el punto de contradicción consistió en: "Determinar, si es procedente conceder la suspensión definitiva en relación con los efectos y consecuencias de la orden de baja del servicio activo de las Fuerzas Armadas mexicanas y alta en situación de retiro por inutilidad en relación con: La prestación de sus servicios al Ejército mexicano y como consecuencia de ello: Que perciba el haber correspondiente y demás beneficios económicos. O, por el contrario, si de concederse esta medida cautelar se estarían dando efectos restitutorios a la suspensión que sólo en el fondo del amparo se pueden otorgar al gobernado." El punto de contradicción indicado está relacionado con lo dispuesto en el artículo 24, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, conforme al cual son causas de retiro, quedar inutilizado en actos fuera del servicio. Para una mejor comprensión de esta resolución es necesario precisar que de la prohibición instituida en el artículo 17, primer párrafo, constitucional, deriva el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende, como una de sus manifestaciones, el derecho a un proceso adecuado para la protección de los derechos fundamentales, lo que conlleva deberes a cargo del legislador, de las autoridades y de los Jueces y tribunales, de: 1) de promoción; 2) de previsión de mecanismos adecuados para su defensa; y, 3) de no interferencia, de tales derechos. El derecho a la vida, a la libertad, los derechos de la personalidad, el derecho a la integridad física de las personas, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho de alimentos, por ejemplo, serían letra muerta sin la existencia de un proceso adecuado y capaz de garantizar que no sean transgredidos, lo que debe necesariamente incluir, en cuanto a debido proceso, un sistema de medidas cautelares apto para la protección efectiva y completa de los intereses jurídicos en juego, tomando en cuenta que la tardanza del procedimiento jurisdiccional para obtener su salvaguarda no es un factor que justifique su lesión irreversible. Lo anterior, porque la eficacia de cualquier sistema jurisdiccional, especialmente la de los sistemas de protección de derechos humanos, depende, en gran medida, de medidas cautelares idóneas a fin de mantener viva la materia del proceso, la posibilidad de dictar ese tipo de medidas encuentra un lugar en el artículo 17 constitucional. Así, del derecho a la tutela judicial efectiva, dimana el derecho a medidas cautelares aptas a fin de que la administración de justicia a través del proceso no resulte inútil para la protección de los derechos fundamentales de los gobernados. La suspensión vinculada con la orden de baja del servicio activo de las Fuerzas Armadas mexicanas y alta en situación de retiro por inutilidad, entre otras causas, por seropositividad a los anticuerpos contra los virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), es de las que para su procedencia requieren de la petición de parte, y para ello deben cumplirse los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, y son los siguientes: I. Solicitud del quejoso de la suspensión, la cual consiste en la voluntad de obtener la paralización de los efectos y consecuencias de la orden de mérito, a fin de obtener la reincorporación al servicio activo dentro de las Fuerzas Armadas y el goce de los derechos y prerrogativas que ello conlleva. En el caso específico debe ponerse especial énfasis en para qué efectos se solicita la suspensión de la orden cuestionada, esto es, se debe atender a si el quejoso solicita su reincorporación al servicio activo del cual fue retirado o solamente de la interrupción de las prestaciones derivadas de su calidad de miembro de las Fuerzas Armadas, como pueden ser la compensación económica, servicios médicos, medicamentos necesarios para el tratamiento de los afectados del padecimiento, qué sirvió de base para decretar la orden de retiro (puede ser el VIH), etcétera. II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Respecto a este requisito este Alto Tribunal ha determinado que el requisito previsto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión, consistente en: "Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.", es un concepto graduable, en función de la exigencia constitucional derivada del derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende, como una de sus manifestaciones, el derecho a un proceso adecuado para la protección de los derechos fundamentales defendidos a través del juicio de amparo. En el caso específico que nos ocupa cobran vital importancia las consideraciones sustentadas por esta Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 115/2003-SS, que en la parte interesante son del tenor siguiente: "Es decir, aun cuando se reclame un acto cuyo fundamento es una ley de orden público, para decidir sobre la suspensión el juzgador debe examinar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, debido a que no basta la sola circunstancia de que se pida la paralización de los efectos del acto fundamentado en un ordenamiento de orden público para negar la suspensión bajo el argumento del carácter de éste y de que responde al interés general, ya que todas las leyes (en sentido amplio) participan en mayor o menor medida de esas características, sino que resulta imprescindible, incluso para la conservación de la materia del juicio, analizar los diversos grados de afectación al interés social y al orden público, la distinta naturaleza del objeto específico de los ordenamientos y la causación al quejoso de daños y perjuicios de difícil reparación." En esta línea de pensamiento este Alto Tribunal ha establecido que corresponde, en primer término, a los Jueces de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito realizar la ponderación de los intereses en conflicto en los casos relativos a medidas cautelares de su conocimiento, debido a que tienen acceso directo e inmediato al material probatorio del asunto concreto, lo que es acorde, además, a la requerida independencia judicial, reconocida en el artículo 17 del Texto Supremo. III. Que los daños y perjuicios que se puedan causar al quejoso con la ejecución de los actos reclamados (orden de retiro) sean de difícil reparación. La resolución de retiro fundada exclusivamente en la existencia de una enfermedad o padecimiento (detección de VIH, por ejemplo) es una medida que causa daños y perjuicios de difícil e imposible reparación, porque tiende a poner en tela de juicio, durante la tramitación del juicio de amparo, las garantías de igualdad, de no discriminación y el derecho a la salud del afectado, así como a privarlo de momento a momento en sus haberes y de su trabajo legítimo dentro de las Fuerzas Armadas. El tema central de la presente modificación de tesis consiste en determinar si, tomando en cuenta el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en el sentido de que es inconstitucional el artículo 226, segunda categoría, fracción 45, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas en vigor, por violar las garantías de igualdad y de no discriminación por razón de salud, y que como vía de consecuencia también lo es la resolución (que con base en él se dicte), por medio de la cual se declare la procedencia definitiva de retiro (baja) del servicio de las Fuerzas Armadas mexicanas y alta en situación de retiro por inutilidad, entre otras causas por seropositividad a los anticuerpos contra los virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), procede otorgar la suspensión respecto de los efectos de la resolución de mérito, a fin de que el quejoso siga prestando sus servicios al Ejército mexicano y como consecuencia de ello perciba el haber correspondiente y demás beneficios económicos, atendiendo además a la regla jurisprudencial derivada de la declaración de inconstitucionalidad indicada, consistente en que la única causa constitucional admitida como justificante de baja sólo puede ser la incapacidad del militar respectivo de continuar ejerciendo funciones dentro de las Fuerzas Armadas y no el mero padecimiento de una enfermedad, ni la seropositividad a los anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana. Esta Segunda Sala atendiendo a los principios de la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, considera que es procedente modificar la jurisprudencia 2a./J. 157/2006, transcrita con antelación en la cual se había establecido criterio en el sentido de que es improcedente conceder la suspensión en el juicio de garantías promovido contra los efectos de la resolución de mérito. Lo anterior, porque de alguna manera han cambiado las circunstancias imperantes en el momento en el cual se emitió la misma (veintidós de noviembre de dos mil seis), pues actualmente el precepto citado en el párrafo inmediato anterior en el cual se basó dicha resolución ha sido declarado inconstitucional por el Pleno de este Alto Tribunal. En efecto, como ya se precisó con antelación el Pleno de este Alto Tribunal, en sesiones celebradas el veintisiete de febrero y seis de marzo, ambos meses de dos mil siete, al resolver los AR. 2146/2005, AR. 810/2006, AR. 936/2006, AR. 1285/2006 y AR. 1659/2006, declaró la inconstitucionalidad del artículo 226, segunda categoría, fracción 45, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales en vigor en los cuales se fundó la resolución, a través de la cual se ordenó la baja de los quejosos del servicio activo de las Fuerzas Armadas mexicanas y alta en situación de retiro por inutilidad, ejemplificativamente por seropositividad a los anticuerpos contra los virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). En cuanto al tema específico de la modificación debe tenerse en cuenta que en los actos de tracto sucesivo existe una pluralidad de acciones dirigidas a un solo fin, pues es necesaria la realización de acciones periódicas por parte de la autoridad a fin de que en el transcurso del tiempo el acto siga produciendo efectos. Por el contrario, hay actos en los cuales no existe una pluralidad de acciones con unidad de intención, sino que se efectúan en un solo acto, como acontece con la resolución precisada en el párrafo anterior, cuyos efectos se prolongan en el tiempo, sin necesidad de que la actuación de la autoridad se repita una y otra vez. Es por ello que se considera que resulta inexacto que en contra de los efectos y consecuencias de la orden de baja del servicio definitivo de las Fuerzas Armadas mexicanas y alta en situación de retiro por inutilidad (originada, entre otras causas, por VIH), no se pueda otorgar la suspensión definitiva para que el quejoso se reincorpore a prestar sus servicios al Ejército mexicano, y como consecuencia de ello perciba el haber correspondiente y demás beneficios, porque ello significaría dar efectos restitutorios a esa medida cautelar, porque se restituiría al interesado en el goce de la garantía violada, lo cual sólo es propio de la ejecutoria de amparo en la que se conceda el amparo solicitado. Lo anterior, porque si la medida cautelar se puede basar en los principios de verosimilitud o apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, nada impide que ante un acto de autoridad (como el que nos ocupa) que se prolonga en el tiempo, pueda el Juez de Distrito analizar esos elementos, y si la medida cautelar, como mera suspensión es ineficaz, debe dictar medidas que implican no una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado, para resolverlo posteriormente en forma definitiva y, permitir, mientras tanto, el desarrollo de ciertas conductas por parte del quejoso, que si se le impidieran ocasionarían perjuicio a él, y, algunas veces a terceros, como en el caso podrían ser los familiares del mismo, porque de manera inconstitucional se les privaría de los derechos derivados del parentesco que los vincula con quien fue dado de baja del servicio activo y alta en situación de retiro. Ahora bien, si con posterioridad a la emisión de la jurisprudencia 2a./J. 157/2006, el Pleno de este Alto Tribunal estableció criterio jurisprudencial en el sentido de que el solo padecimiento o enfermedad no justifica la baja del activo y alta en situación de retiro, es obvio que jurídicamente es injustificado e inconstitucional pronunciar una resolución de retiro apoyada únicamente en la existencia de una enfermedad o padecimiento (originada por ejemplo en la detección de VIH); luego, por mayoría de razón tampoco se justifica la prolongación y no paralización de los efectos de la resolución respectiva durante el tiempo que tarde en emitirse la resolución principal en el juicio de garantías. En otras palabras, a partir del criterio jurisprudencial del Pleno de este Alto Tribunal en comento, ya no es dable considerar válido que durante la tramitación y solución del juicio de amparo correspondiente se prive al militar quejoso de la posibilidad de prestar sus servicios en el Ejército mexicano, así como de recibir sus haberes y beneficios económicos, porque con base en el criterio indicado la resolución cuestionada debe presumirse inconstitucional. Además, es de tomarse en cuenta que en el caso específico de un miembro del Ejército mexicano que padezca el virus de inmunodeficiencia adquirida no evidencia, salvo en casos graves, que se encuentre imposibilitado físicamente para desempeñar las funciones propias de su puesto o que las desarrolle indebidamente. Por tanto, no obstante la enfermedad que padece el quejoso, con dicha salvedad, bien puede cumplir con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, disciplina y organización que rigen a los servidores de la administración pública. Por otro lado, el hecho de que el quejoso estuviera en la hipótesis de que aun con la declaratoria de procedencia de retiro continuara en el desempeño de sus labores, no constituye un peligro real e inminente en perjuicio de los demás servidores o de la sociedad, pues tal enfermedad no se contagia por la sola convivencia con un enfermo infectado por el virus descrito, de tal suerte que los trabajadores que deban permanecer en el mismo local en que se encuentre el quejoso no corren peligro de contagiarse. Con base en todo lo anterior, con el fin de dar pleno respeto y efectividad a la jurisprudencia establecida por el Pleno de este Alto Tribunal al resolver los AR. 2146/2005, 810/2006, 936/2006, 1285/2006 y 1659/2006, es procedente modificar la jurisprudencia 2a./J. 157/2006, pues sólo así se evitará que el quejoso soporte los efectos negativos de una resolución de retiro que presuncionalmente es inconstitucional y, además, se coadyuva a dar plena eficacia a la sentencia en la cual se conceda el amparo solicitado, porque de lo contrario podrían ocurrir daños y perjuicios de carácter irreparable, que la protección constitucional no lograría reparar. En los casos que sea necesario el Juez de Distrito, con vista a las circunstancias relativas y a las constancias de autos podrá exigir al quejoso la fianza correspondiente para los efectos legales a que haya lugar. No está por demás precisar que si el Juez de Distrito con apoyo en los principios de verosimilitud del derecho y el peligro en la demora otorga la medida condicional ordenando que el quejoso vuelva a prestar sus servicios al Ejército mexicano y como consecuencia de ello, reciba el haber correspondiente y demás beneficios económicos, esa determinación no tendrá efectos restitutorios, propiamente dichos, porque el tiempo en el cual el quejoso haya permanecido separado de su empleo nadie puede restituirlo, e incluso tampoco se le entregaron las prestaciones que dejó de percibir en ese lapso, así el efecto de la suspensión será interrumpir los efectos y consecuencias de la orden combatida en tanto se resuelve el fondo del juicio de amparo, y en el supuesto de que se niegue la protección de la Justicia Federal, porque la apariencia del buen derecho, sea equivocada, la autoridad responsable podrá separar definitivamente al quejoso del servicio activo del Ejército mexicano." De la anterior solicitud de modificación derivó la jurisprudencia número 2a./J.197/2007, la cual aparece publicada en la página 241, del Tomo XXVI, octubre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, la cual contiene el rubro y texto siguiente: EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. ES PROCEDENTE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS EFECTOS DE LA ORDEN DE BAJA DEL ACTIVO Y ALTA EN SITUACIÓN DE RETIRO "POR INUTILIDAD". Con fundamento en el artículo 197, último párrafo, de la Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifica la jurisprudencia 2a./J. 157/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 199, con el rubro: "EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS EFECTOS DE LA ORDEN DE BAJA DEL ACTIVO Y ALTA EN SITUACIÓN DE RETIRO POR INUTILIDAD DE SUS MIEMBROS.", en virtud de que el Pleno de este Alto Tribunal al declarar la inconstitucionalidad del artículo 226, Segunda Categoría, fracción 45, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas en vigor, por ser contrario a las garantías de igualdad y de no discriminación, fijó el criterio consistente en que la única causa que justifica la baja del activo de las Fuerzas Armadas y el alta en situación de retiro por motivos de salud, es la inutilidad, entendida como la no aptitud física o mental para el servicio de las armas, y no la sola existencia de un padecimiento o enfermedad, como pueden ser, entre otros, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). En consecuencia, cuando se solicite la suspensión de la resolución en la cual se ordene la baja y alta precitadas, deberá hacerse una apreciación provisional de inconstitucionalidad de ella, que el Pleno del Máximo Tribunal consideró permitida para constatar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, siempre y cuando se cumplan los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo, según se advierte de la jurisprudencia P./J. 15/96, publicada en el indicado medio de difusión, Tomo III, abril de 1996, página 16, con el rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.". Por tanto, con base en la declaración del Tribunal Pleno, debe considerarse presuncionalmente inconstitucional la resolución en la cual se ordena la baja del servicio activo de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas y su alta en situación de retiro por motivos de salud; por lo que es procedente otorgar la suspensión de los efectos y consecuencias de esa resolución, a fin de que el quejoso continúe prestando sus servicios como miembro activo del Ejército Mexicano, perciba sus haberes y todas las prestaciones generadas que por estar en activo le correspondan legalmente; sea en la misma área en la cual ha realizado sus labores o en una distinta acorde a sus capacidades, derivadas de su estado de salud. Del contenido de la ejecutoria y de la jurisprudencia que derivó de la misma, es posible establecer que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que a través de las múltiples enfermedades e incapacidades establecidas en las distintas categorías de enfermedades e incapacidades establecidas en el artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, el legislador ha regulado el tema relativo a las causales de retiro por inutilidad de los miembros del Ejército por razones de salud, de tal manera que, a través de dicha reglamentación ha intentado establecer -desde sede legislativa un balance entre los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, como por ejemplo ha estimado válida la posibilidad de considerar inutilizado y retirar a un militar por el simple hecho de tener ceropositividad a los anticuerpos contra el Virus de la Inmunodeficiencia Humana -VIH-, según se desprende de la lectura de la segunda categoría, fracción 45, del citado artículo. Sin embargo, el órgano de control constitucional determinó que el trato diferente para alcanzar la finalidad contemplada en el precepto indicado, consistente en garantizar la eficacia de las Fuerzas Armadas, así como la protección de la integridad de sus miembros y terceras personas es inadecuado y, por ende, violatorio de los principios de igualdad y no discriminación con relación a la salud de miembros de las fuerzas del Ejército Mexicano, porque la ciencia médica, reflejada en distintas normas nacionales y directrices internacionales, han demostrado la inexactitud de la decisión, cuando se pretende en automático y desde la ley, establecer que los militares son inútiles y están incapacitados, per se, para formar parte del Ejército, por el simple hecho, por ejemplo, de tener ceropositividad a los anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana -VIH- confirmada con pruebas complementarias. Por tal motivo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ante las anteriores circunstancias, en tratándose de la suspensión vinculada con la orden de baja del servicio activo de las Fuerzas Armadas mexicanas y alta en situación de retiro por inutilidad, entre otras causas, por ceropositividad a los anticuerpos contra los virus de la inmunodeficiencia humana (VIH); es de las que para su procedencia requieren la satisfacción de los requisitos contemplados en el artículo 124 de la Ley de Amparo, los cuales se encuentran plenamente satisfechos, en relación con los principios de la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, ante la declaratoria de inconstitucionalidad de la porción normativa invocada y, por ello, se consideró inexacto que en contra de los efectos y consecuencias de la orden de baja del servicio definitivo de las Fuerzas Armadas Mexicanas y alta en situación de retiro por inutilidad, no se pueda otorgar la suspensión definitiva para que el quejoso se reincorpore a prestar sus servicios al Ejército mexicano, y como consecuencia de ello perciba el haber correspondiente y demás beneficios, porque ello significaría dar efectos restitutorios a esa medida cautelar, porque se restituiría al interesado en el goce de la garantía violada, lo cual sólo es propio de la ejecutoria de amparo en la que se conceda el amparo solicitado. Lo anterior, estima la Segunda Sala, porque si la medida cautelar se puede basar en los principios de verosimilitud o apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, nada impide que ante un acto de autoridad que se prolonga en el tiempo, pueda el Juez de Distrito analizar esos elementos, y si la medida cautelar, como mera suspensión es ineficaz, debe dictar medidas que implican no una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado, para resolverlo posteriormente en forma definitiva y, permitir, mientras tanto, el desarrollo de ciertas conductas por parte del quejoso, que al impedírsele ocasionarían perjuicio a él, y, algunas veces a terceros, como en el caso podrían ser los familiares del mismo, porque de manera inconstitucional se les privaría de los derechos derivados del parentesco que los vincula con quien fue dado de baja del servicio activo y alta en situación de retiro. Por tanto, concluye la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si con posterioridad a la emisión de la jurisprudencia 2a./J. 157/2006, se estableció el criterio jurisprudencial en el sentido de que el solo padecimiento o enfermedad no justifica la baja del activo y alta en situación de retiro, es obvio que jurídicamente es injustificado e inconstitucional pronunciar una resolución de retiro apoyada únicamente en la existencia de una enfermedad o padecimiento; luego, por mayoría de razón tampoco se justifica la prolongación y no paralización de los efectos de la resolución respectiva durante el tiempo que tarde en emitirse la resolución principal en el juicio de garantías; de manera que a partir del citado criterio jurisprudencial, ya no es dable considerar válido que durante la tramitación y solución del juicio de amparo correspondiente se prive al militar quejoso de la posibilidad de prestar sus servicios en el Ejército mexicano, así como de recibir sus haberes y beneficios económicos. Derivado de lo anterior, es posible establecer que en el presente caso se encuentran plenamente satisfechos los requisitos contemplados en el artículo 128 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva solicitada por la quejosa ********************, toda vez que la solicitó expresamente la citada amparista en su escrito inicial de demanda de amparo y con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Es así, porque al realizar la ponderación a que se refiere la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es posible determinar que en apariencia del buen derecho existe la ejecutoria emitida al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 3/2007-SS, así como la jurisprudencia 2a./J. 197/2007 que deriva de la misma, de las cuales se desprende la presunción de inconstitucionalidad de las diversas enfermedades y discapacidades que se establecen en las distintas categorías contempladas en el artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, entre las cuales se encuentra la contemplada en el inciso 6, de la Segunda Categoría, consistente en la pérdida anatómica o funcional, total e irreparable de uno de los ojos, sin trastornos en el otro, pues no existen elementos que permitan establecer que esa pérdida de la visión en uno de los ojos le impidiera realizar las tareas propias de la función que el corresponde al área de la Armada de México a la cual se encontraba adscrita la quejosa. Por tal motivo, en apariencia del buen derecho es posible establecer que superficialmente que el acto reclamado resulta violatorio de los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación por razón de la salud en perjuicio del quejoso, ya que la orden de baja en activo y alta en situación de retiro, se encuentra apoyada en un motivo de inutilidad que legalmente prejuzga sobre la incapacidad de una persona para prestar el servicio público de las armas, no obstante que la legislación no puede tener el alcance de realizar esa distinción sin algún sustento de carácter médico; es decir, no se puede legalmente discriminar a las personas por sus padecimientos de salud, en relación con su aptitud para desempeñar debidamente el cargo dentro de la Armada de México. Por tal motivo, al encontrarse plenamente satisfechos los requisitos legalmente establecidos para otorgar la medida cautelar solicitada por la quejosa, lo que procede es CONCEDERLE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada, para el efecto de que continúe prestando sus servicios como miembro activo de la Armada de México, perciba sus haberes y todas las prestaciones generadas que por estar en activo le correspondan legalmente; sea en la misma área en la cual ha realizado sus labores o en una distinta acorde a sus capacidades, derivadas de su estado de salud. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo se;RESUELVE ÚNICO. Se CONCEDE a ********************, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a las autoridades citadas en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos y efectos que se exponen en el considerando quinto. Notifíquese en términos de ley.
Quedan 16 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes
- Georgina Hernández Triana Lez421/2021
- Georgina Hernández Triana Lez577/2021
- Georgina Martínez Lozano1086/2021
- Georgina Osorio Hernández565/2016
- Georgina Palacios Canul996/2015
- Georgina Pinto Domínguez362/2019
- Georgina Santos Piñeiro1148/2022
- Georgina Santos Piñeiro332/2021
- Georgina Santos Piñero419/2017
- Geovanni Leopoldo Martínez González530/2017
- Gerardo Alberto Domínguez Flores410/2017
- Gerardo Alcántara Sánchez902/2015