Georgina Rosario Placencio López
Expediente 1022/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 19 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1022/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 25/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Georgina Rosario Placencio López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto todos los actos reclamados, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva, el incidente de suspensión original es depurable, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con la fracción I, inciso a) del artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con la fracción II, inciso a) del artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 1022/2022-I-2, promovido por *******, y Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante incompetencia recibida del Juez del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal de Ejecución del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, el diez de noviembre de dos mil veintidós ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Fiscal de Distrito Zona Noroeste, Coordinador de Ministerios Públicos de la Zona Noroeste del Estado, Agente del Ministerio Público de Distrito Zona Noroeste, Agencia Estatal de Investigaciones Distrito Zona Noroeste y Subcoordinador Regional de la Policía Estatal Única División de Investigación Zona Noroeste, todos con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, así como Agente del Ministerio Público de Buenaventura de la Zona Noroeste, con sede en Buenaventura, Chihuahua, a quienes reclamó la orden de detención, así como su ejecución. Segundo. Tramitación de la demanda. Por auto de once de noviembre de dos mil veintidós, la demanda de amparo se registró con el número 1022/2022-I-2, se solicitó a la autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de diferida tuvo verificativo de acuerdo al acta que antecede Tercero. Derechos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuarto. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó notificar a la totalidad de las partes en este juicio, el oficio SEAD/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. De tal determinación, tuvieron conocimiento de la siguiente forma: la parte quejosa y el agente del Ministerio Público de la adscripción, el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, el Fiscal de Distrito Zona Noroeste, Coordinador de Ministerios Públicos de la Zona Noroeste del Estado, Agente del Ministerio Público de Distrito Zona Noroeste, Agencia Estatal de Investigaciones Distrito Zona Noroeste y Subcoordinador Regional de la Policía Estatal Única División de Investigación Zona Noroeste, todos con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, el primero de diciembre de dos mil veintidós, y el Agente del Ministerio Público de Buenaventura de la Zona Noroeste, con sede en Buenaventura, Chihuahua, el seis de diciembre de dos mil veintidós, sin que hayan efectuado manifestación alguna al respecto. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado tiene lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, la Secretaria Encargada del Despacho debe atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclamó de las responsables la orden de detención librada en su contra, así como su ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes, los que serán estudiados enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Son inexistentes algunos de los actos reclamados, por lo que, debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dispone: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Las autoridades responsables el Fiscal de Distrito Zona Noroeste, Coordinador de Ministerios Públicos de la Zona Noroeste, Agente del Ministerio Público Zona Noroeste, con sede en Nuevo Gasas Grandes, Chihuahua y Agente del Ministerio Público de Buenaventura, Chihuahua, en sus denominaciones correctas, negaron la existencia de la orden de detención, así como su ejecución. Por su parte, la Agencia Estatal de Investigaciones Zona Noroeste y Subcoordinador Regional de la Policía Estatal Única División de Investigación Zona Noroeste, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, fueron omisos en rendir los informes justificados que se les solicitaron, no obstante haber sido debidamente requeridos para ello, como se desprende de la constancia de notificación que obra agregada en el presente expediente. Ahora, el artículo 117, de la Ley de Amparo, establece que cuando las autoridades responsables no rindan sus informes justificados, se presumirá cierto el acto reclamado. No obstante, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, es un hecho notorio que en los autos de este juicio de amparo las autoridades ordenadoras al rendir su informe negaron los actos que se les atribuyeron. Además, que, dada la calidad de autoridades ejecutoras la Agencia Estatal de Investigaciones Zona Noroeste y Subcoordinador Regional de la Policía Estatal Única División de Investigación Zona Noroeste, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, se infiere que, si las autoridades ordenadoras negaron haber emitido la orden de detención, así como su ejecución, reclamadas por la quejosa, por ende, no es factible que las autoridades omisas ejecuten una orden inexistente, por tanto, tampoco es cierta la ejecución. En es aplicable en lo conducente, la tesis que emitió la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Séptima Época, consultable en el del Semanario Judicial de la Federación, volumen 6, séptima parte, página 19, con registro 246423, del tenor literal siguiente: AUTORIDADES EJECUTORAS. FALTA DE INFORME DE LAS, CUANDO LAS ORDENADORAS NIEGAN LOS ACTOS. Si las autoridades ejecutoras no rinden informe, pero las ordenadoras niegan los actos a ellas atribuidos, es incuestionable que la autoridad ejecutora no puede cumplimentar una orden inexistente, y no es susceptible de presumirse el acto conforme al artículo 149 de la Ley de Amparo. La demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas idóneas, de ahí que, si las autoridades negaron los actos, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba tendentes a demostrar tal certeza. En sustento a lo anterior, es aplicable en lo conducente, el criterio que emitió el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se contiene en la tesis número 553, de la Octava Época, consultable en la página 368, Tomo VI, Apéndice de 1995, con registro 394509, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En el caso, la parte accionante del amparo no exhibió prueba alguna que demuestre que las responsables, emitieron la orden de detención aquí reclamada. Debido a lo anterior, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo 1022/2022-I-2 promovido por *******, en relación con los actos reclamados a las autoridades responsables y por las razones expresadas en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese a las partes vía electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Incidental
Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de enero de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1022/2022-I-2; y, Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante incompetencia recibida del Juez del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal de Ejecución del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, el diez de noviembre de dos mil veintidós ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Fiscal de Distrito Zona Noroeste, Coordinador de Ministerios Públicos de la Zona Noroeste del Estado, Agente del Ministerio Público de Distrito Zona Noroeste, Agencia Estatal de Investigaciones Distrito Zona Noroeste y Subcoordinador Regional de la Policía Estatal Única División de Investigación Zona Noroeste, todos con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, así como Agente del Ministerio Público de Buenaventura de la Zona Noroeste, con sede en Buenaventura, Chihuahua, a quienes reclamó la orden de detención, así como su ejecución. Segundo. Tramitación del incidente. Mediante auto de once de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, se solicitó el informe previo a las autoridades responsables, se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, misma que se celebró el diecisiete de noviembre y quince de diciembre de dos mil veintidós, respectivamente, difiriéndose por la autoridad foránea misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Precisión del acto reclamado materia del presente incidente de suspensión. Del análisis del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa solicita se le conceda la suspensión respecto de la orden de detención, así como su ejecución. Entonces, para los efectos de la presente medida suspensional tales actos serán materia del presente incidente de conformidad con los artículos 128, 129 y 139, de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 111/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 98, tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir el informe previo el Coordinador de Amparos adscrito a la Fiscalía Noroeste del distrito judicial Galeana, en representación del Agente del Ministerio Público de Buenaventura, Chihuahua, negó la existencia del acto reclamado, consistente en la orden de detención, así como su ejecución. Sin que la parte quejosa hubiera aportado prueba tendente a desvirtuar tal negativa, por lo que se tiene por inexistente el acto endilgado a la citada autoridad. Cobra aplicación la jurisprudencia 286, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del Tomo VI, Materia Común, que estatuye: INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Entonces, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada respecto del acto y autoridad que en este considerando se precisan. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ******* en contra de la autoridad precisada en el considerando tercero. Notifíquese por lista electrónica a las partes y cúmplase. Lo resolvió y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Informe justificado como antecedente Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Coordinador de Amparos Adscrito a la Fiscalía Noroeste, Distrito Judicial Galeana en representación la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de Buenaventura, de la Zona Noroeste, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, únicamente para que obre como antecedente, toda vez que por auto de diecinueve de diciembre de la presente anualidad se tuvo por recibido y se dio vista a las partes, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica a las partes y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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