Georgina Rodríguez Mendoza

Expediente 1410/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1410/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
13/09/2023

Partes del expediente

  • Georgina Rodríguez Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a trece de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, por el cual solicita se aclare si es parte del presente juicio de garantías. Respecto a su contenido se informa que la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación no es parte en el presente juicio. Asimismo visto el estado que guardan los autos se advierte que los oficios 38662/2023, y 40755/2023 se enviaron a una autoridad diversa, por lo tanto, reexpídase los citados oficios a la autoridad correspondiente la cual es la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión representado por el Subdirector de Amparos.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Francisco Javier Espinoza Escamilla, en su carácter de autorizado del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, realizando manifestaciones respecto de la omisión del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, de proseguir con la ejecución del laudo de doce de enero del dos mil veintidós,en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias que acrediten el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a los lineamientos establecidos en el mismo. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de ser omisa, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente en la Ciudad de México, en términos de los artículos 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo; y de incurrir nuevamente en el incumplimiento del fallo protector, se ordenará la apertura del incidente de inejecución de sentencia y se enviará al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en turno para su substanciación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de la Materia. Notifíquese

  3. Principal

    VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL EN LA QUE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA Y/O AUTORIZADOS NO ACUDIÓ DENTRO DE LOS DOS DIAS SIGUIENTE AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE DEL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE AGOSTO ACTUAL, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE PROCEDE A NOTIFICAR MEDIANTE LISTA DE ACUERDOS DE ESTE JUZGADO: ""Pachuca de Soto, Hidalgo, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida ***, por propio derecho, contra actos que reclama de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores para el Estado de Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1410/2023-3-A, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, son: El rechazo al registro para ser reconocida como deuda del señor ******************** hecha por la encargada de la subdelegación de prestaciones del ISSSTE e Hidalgo (negativa a otorgar pensión) y que fue notificada el veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XIVI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" A su vez, los numerales 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, previenen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la literalidad de los preceptos transcritos se aprecia, entre otras cosas, que el juicio de amparo resulta improcedente respecto de actos consentidos tácitamente, es decir, aquéllos contra los que no se promueva dicho juicio de garantías dentro de los términos que se prevén por la ley; y que el término en general para la promoción del proceso constitucional es de quince días, los cuales transcurrirán jurídicamente a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, término genérico respecto del cual opera entre otras excepciones, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. De ahí que, se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o, El quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; o, 3. El quejoso se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En el caso particular, del contenido de la demanda se advierte que tuvo conocimiento que el veintiocho de junio de dos mil veintitrés quedando debidamente enterada. De lo anterior, se advierte que desde el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, la promovente del amparo tuvo conocimiento del acto reclamado; por lo que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo en el juicio constitucional que nos ocupa (diecisiete de agosto de dos mil veintitrés), el término para promover el juicio de amparo, de quince días (que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo), había fenecido; pues no se encuentra en alguno de los casos de excepción antes indicado, ya que no se impugna un auto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por ello, tomando en consideración, como se dijo, que el presente caso no se encuentra en alguna de las excepciones indicadas, debe atenderse al término genérico para la promoción del juicio de amparo que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, el cual regula el plazo para la promoción del juicio de derechos contra el acto aquí reclamado por la parte quejosa, y establece claramente que éste empieza a correr, entre otros supuestos, desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, o bien, cuando haya tenido conocimiento del acto reclamado o se ostente sabedor de aquél. En este orden de ideas, si la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, a partir del día siguiente comenzó a computarse el plazo de quince días que se tiene para la promoción del juicio de derechos, es decir, a partir del veintinueve de ese mismo mes y año, plazo que comenzó a computarse del veintinueve de junio al diecinueve de julio de dos mil veintitrés, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo, descontando sábados y domingos por ser inhábiles, por ser inhábiles. En consecuencia, se estima que la presentación de la demanda de amparo respecto del acto reclamado, resulta ser extemporánea, lo que trae como consecuencia que éste se encuentre en el supuesto de un acto consentido tácitamente, pues por tal, se entiende aquel contra el que no se promueva el juicio de derechos dentro del término de quince días que señala el citado artículo 17 de la Ley de Amparo. Por contenido substancial, se invoca, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro indica: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ." Por todo lo expuesto, este órgano de control constitucional arriba a la conclusión de que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Por tanto, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente señalada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, la presente de demanda promovida por ***, contra la autoridad que señaló como responsable. No pasa inadvertido para este juzgado, que la causa de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de derechos; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Además, cabe resaltar que la parte quejosa, con independía de lo establecido en párrafos, refiere como autoridad responsable a la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores para el Estado de Hidalgo, y el acto que le reclama es El rechazo al registro para ser reconocida como deuda del señor ******************** hecha por la encargada de la subdelegación de prestaciones del ISSSTE e Hidalgo (negativa a otorgar pensión) y que fue notificada el veintiocho de junio de dos mil veintitrés. De lo anterior, se puede deducir que no puede estimarse como un acto de autoridad susceptible de someterse a control constitucional, en tanto que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores para el Estado de Hidalgo actúa en su carácter de ente asegurador. Ahora, los artículos 1 y 5 de la Ley de Amparo refieren lo siguiente: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos; mientras que en el artículo 5, fracción II, se establece la definición de autoridad responsable. Bajo ese orden, es dable concluir que en caso de que el acto u omisión reclamados no se relacione con una vulneración a derechos humanos por parte de una autoridad que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, entonces el juicio de amparo será improcedente, ya que el problema jurídico quedará al margen de su objeto, esto es, someter a control constitucional actos de autoridad. En el caso, los actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores para el Estado de Hidalgo -cuando actúa como ente asegurador del trabajador o sus beneficiarios, como en el caso- no son susceptibles de someterse a control de la constitucionalidad, pues se trata de una institución que no ejerce funciones de autoridad para efectos del juicio de amparo. En el artículo 5, fracción II, se establece que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos de forma unilateral y obligatoria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como se desprende de las normas anteriores, para que una controversia sobre la posible violación a derechos humanos pueda analizarse a través del juicio de amparo es indispensable que provenga de una autoridad o de un particular que ejerza actos equivalentes, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Lo anterior, implica que los actos susceptibles de control de la constitucionalidad a través del juicio de amparo -por violación a derechos humanos-, son aquellos que impliquen el ejercicio de un poder político institucionalizado del Estado, es decir, que deriven de la aplicación de normas jurídicas y que se impongan por fuerza legal, bajo amenaza de coacción, ya sea por un ente estatal o por un particular (por delegación estatal según las normas jurídicas), pero siempre que dicha manifestación de poder, derive del ejercicio de facultades propias del Estado establecidas por normas generales. Asimismo, no basta que las conductas desplegadas por el particular encuentren sustento en una norma general (pues una es una función básica del Derecho regular la conducta de las personas), sino que es indispensable que en esos casos, dichas disposiciones impliquen una delegación de las funciones inherentes del Estado. Las normas constitucionales que reconocen derechos humanos permean sobre todo el orden jurídico y, por su eficacia normativa, trascienden a las relaciones entre particulares. Se suele decir que las relaciones entre el Estado y los particulares son de supra a subordinación, ya que ahí la autoridad estatal ejerce el poder público y el particular actúa en su carácter de destinario de ese poder, esto es, como gobernado. Estas relaciones se caracterizan por la unilateralidad, pues el Estado no requiere el consenso de los particulares para emitir sus actos (con independencia del carácter público o privado de quien las ejerce). Por su parte, las relaciones entre particulares se dice que son de coordinación, pues se rigen por el derecho privado y se entablan por la bilateralidad. Dentro de este tipo de relaciones hay algunas que son asimétricas en las cuales una de las partes se encuentra en una situación privilegiada en la que tiene más poder que la otra; sin embargo, esa situación no implica que sus actos se conviertan en actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, es muy común que las relaciones asimétricas entre particulares se confundan con las relaciones de supra a subordinación en las que el particular actúa en calidad de autoridad. Lo anterior, pues en ambos casos: (i) intervienen particulares; (ii) uno de ellos ejerce cierto "poder" sobre el otro; y, (iii) pueden darse violaciones a derechos humanos. Esto es, tratándose de violaciones de derechos humanos entre particulares, es común entenderlas como producto de una relación de supra a subordinación, en la que uno de los particulares actuó con poder y transgredió el derecho del otro, equiparando de esta forma, la relación entre particulares a una relación entre autoridades y particulares. No obstante, esa afirmación es incorrecta, pues no debe confundirse la naturaleza de dichas relaciones, en virtud de que las violaciones a derechos humanos no se dan únicamente en actos entre el Estado y los particulares; sin embargo, debe ponerse especial atención en que el hecho de que un particular viole el derecho fundamental de otro, no provoca de manera automática que lo haga en ejercicio de un poder estatal ni le confiere el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Incluso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que únicamente determinados derechos fundamentales son susceptibles de regir el actuar de los particulares, de modo que, la eficacia horizontal de los derechos fundamentales es matizada y tiene un alcance graduado que dependerá del derecho de que se trate. Así, en cada uno de los ámbitos de eficacia se prevén garantías distintas para reparar las violaciones a derechos humanos; sin embargo, la ingeniería constitucional atiende justamente al tipo de relación de que se trata para diseñar las garantías y sus respectivos procedimientos. Tratándose de las relaciones exclusivamente entre particulares, existen mecanismos específicos de defensa, como lo son los juicios ordinarios, ya que estos medios también fueron diseñados atendiendo a la naturaleza de las relaciones de coordinación (incluidas las asimétricas) y son mecanismos en los que se procura la igualdad procesal de las partes. Por lo tanto, este Juzgado de Distrito estima que el acto que se atribuye al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores para el Estado de Hidalgo no es impugnable a través del juicio de amparo, sino que existen vías ordinarias para que se controviertan los actos en los que actúa como ente asegurador del trabajador o sus beneficiarios -como en el caso-. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de demanda y así como autorizado en términos del 12 de la Ley de Amparo, a ***, toda vez que su cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 1°, fracción I, último párrafo, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. SE HABILITAN DIAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. Notifíquese personalmente""

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