Georgina Reyes Rojas
Expediente 1179/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1179/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Georgina Reyes Rojas
Actuaciones
- Principal
MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con la boleta de turno y el oficio signado por la Secretaria de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede esta población, al que adjunta legajo de copias certificadas derivadas del juicio de amparo ********************, promovido por ********************, y del incidente de suspensión derivado del mismo, con motivo de la separación de autos decretada en el referido juicio de amparo; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presenten las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1179/2023. Con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 5°, fracción IV, 21, tercer párrafo, 33, fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 117, 125 y 128 de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento del asunto de que se trata. Acúsese recibo. En consecuencia, comuníquese a las partes la radicación del asunto en este órgano jurisdiccional, quien continuará conociendo del mismo respecto del acto reclamado al a) Juez Mixto de Primera Instancia de Sola de Vega, Oaxaca y b) Agente Estatal de Investigaciones adscrito a la Comandancia de Sola de Vega, Oaxaca, consistente en la orden de aprehensión y su ejecución, librada en la causa penal ********************, el ********************, en contra de la quejosa ********************, por el delito de RETENCIÓN EQUIPARADA AGRAVADA, en perjuicio patrimonial de ********************. Intervención Ministerial Se otorga a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional, la intervención correspondiente, para ello, entréguesele una copia simple de la demanda. Incidente de suspensión Respecto a la copia certificada del original del incidente de suspensión que remite la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, toda vez que como se advierte de la resolución interlocutoria dictada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********************, origen del presente expediente, con fecha diez de noviembre de dos mil veintitrés, se resolvió sobre la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa; únicamente dispóngasele una carátula con los datos que ahora lo deba identificar, digitalícese para que obre en el expediente electrónico, y en su oportunidad provéase respecto a su destino. Informes justificados Sin que en el caso haya lugar a requerir los informes justificados a las autoridades responsables, en virtud de que los mismos ya obran en autos, con los cuales ya se dio vista a las partes; además, tampoco ha lugar a señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional por las razones que se expondrán a continuación. Sobreseimiento Fuera de Audiencia En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sola de Vega, Oaxaca, y otra autoridad, la parte quejosa reclama: La orden de aprehensión y su ejecución, librada en la causa penal ********************, el ********************, en contra de la quejosa ********************, por el delito RETENCIÓN EQUIPARADA AGRAVADA, en perjuicio patrimonial de ********************. Contra ese reclamo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. (.)." La fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone, que el juicio de amparo resulta improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia en otro juicio de amparo que causó ejecutoria; pues la cosa juzgada en aquél es la verdad legal, de modo tal que no es factible realizar algún examen relacionado con las cuestiones debatidas en el primer juicio promovido, pues atentaría no sólo contra la técnica rectora en esta materia, sino contra el principio de seguridad jurídica inmerso en los artículos 14 y 16 de la Ley Suprema. Asimismo, debe precisarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 332/2010, en sesión de diecisiete de noviembre de dos mil diez, determinó que la cosa juzgada debe entenderse como la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias firmes, sin que pueda admitirse válidamente que éstas sean modificadas por circunstancias excepcionales, puesto que en esta institución descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica; asimismo, es una expresión de la preclusión, al apoyarse en la inimpugnabilidad de la resolución respectiva. Así, la figura jurídica de cosa juzgada encuentra sustento en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, y cuya finalidad se configura como uno de los principios esenciales de la seguridad jurídica, en virtud de que sus consecuencias constituyen un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación, publicada en la página 589, del Tomo XXVIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de septiembre de 2008, que establecen: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales." Así, para su actualización requiere que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, debiendo concurrir, la identidad: a) del quejoso, b) de las autoridades responsables y c) del acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, toda vez que de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte la existencia del juicio de amparo ********************del registro del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta población, mismo que fue promovido por ********************, cuyos antecedentes se precisan a continuación. ANTECEDENTES DEL JUICIO DE AMPARO ********************DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA. 1) Por escrito de demanda presentado el ocho de junio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, y ese mismo día turnado a este Juzgado ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la orden de aprensión librada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sola de Vega, Oaxaca, y su ejecución, misma que fue admitida mediante auto de nueve de junio de dos mil diecisiete, registrándola bajo el número ********************. 2) En auto de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, al existir siete órdenes de aprehensión, en distintas causas penales, libradas en contra de la quejosa, se decretó de oficio y de plano la separación de juicios, a fin de que cada acto reclamado guardara unidad y sólo existiera una Litis constitucional en cada procedimiento. 3) Motivo por el cual, al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, correspondió conocer el juicio de amparo relativo a la causa penal ******************** del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Sola de Vega, Oaxaca, y su ejecución, radicándolo por auto de tres de julio de dos mil diecisiete, bajo el número de expediente ********************4) Seguido el juicio en todas sus fases, el quince de noviembre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa, misma que fue confirmada por ejecutoria de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el amparo en revisión ********************, del índice del otrora Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito. Por tanto, es válido concluir que al existir identidad -a) del quejoso, b) de las autoridades responsables y c) del acto reclamado- se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que con anterioridad a la fecha de presentación del juicio de amparo en que se actúa, se tramitó ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, el diverso juicio de amparo indirecto ********************, promovido por la propia quejosa, contra la misma autoridad responsable y otras y, respecto del mismo acto reclamado (orden de aprehensión librada en su contra el ********************, en la causa penal ******************** del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sola de Vega, Oaxaca, actualizándose así los extremos de la cosa juzgada material y formal, resolución que resulta inmodificable, por ser la verdad legal. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia Tesis: 1a./J. 40/2008, registro 168602, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, Materia(s): Penal, Página: 286, de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA COSA JUZGADA, CUANDO LA ORDEN RECLAMADA YA FUE MATERIA DE UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, AUNQUE SE ALEGUE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Acorde con el artículo 73 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de oficio y de orden público. Por otra parte, para que opere la causal a que se refiere la fracción IV del citado precepto legal, el amparo debe interponerse por el propio quejoso contra las mismas autoridades y acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diferentes. En congruencia con lo expuesto, se concluye que cuando se promueve un juicio de amparo contra una orden de aprehensión que ya fue materia de un diverso juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de la materia, aunque se alegue como violación la prescripción de la acción penal. Sin que sea óbice a lo anterior, lo establecido en el artículo 183 de la Ley citada, pues conforme a su correcta interpretación, en los asuntos del orden penal la violación consistente en la extinción de la acción persecutoria es de estudio preferente a cualquier otra cuestión de fondo o violación procesal. De ahí que sea incorrecto sostener que dicho artículo permita analizar la prescripción de la acción penal previo al estudio y acreditamiento de la procedencia del juicio de amparo, pues además de que tal extremo no puede desprenderse del propio numeral, estimar lo contrario, es decir, que el estudio de la prescripción de la acción penal es previo al de las causas de improcedencia, haría procedente el amparo en tal aspecto (aunque ya sea cosa juzgada), otorgándole la naturaleza de un recurso ordinario en el proceso penal, aunque evidentemente no lo sea." Así como al diversa tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen XCIX, Primera Parte, página 41, con número de registro 257752, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso." Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia Por tanto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, Novena Época, con número de registro 184572, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Desde luego, cabe puntualizar que el sentido de esta determinación comprende el acto de ejecución atribuido a la autoridad responsable ejecutora, en virtud de que el acto que se le reclama no se combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento del cual deriva. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y por autorizadas a las personas que menciona para recibir notificaciones por así manifestarlo expresamente.******************** Correo electrónico y número telefónico Respecto al correo electrónico y número telefónico que proporciona, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, instrúyase al Actuario que podrá emplear dichos medios como comunicación procesal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.
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