Georgina Ortiz Iglesias
Expediente 1306/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1306/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Georgina Ortiz Iglesias
- Georgina Ortiz Iglesias y Otros.
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por el que informa que aceptó la competencia declinada por este Juzgado de Distrito. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente cuaderno de antecedentes es destruible en el plazo de seis meses, ya que este órgano federal se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 19, fracción I, inciso b), de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de octubre de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por Georgina Ortiz Iglesias, por propio derecho y en representación de su mejor hijo de iniciales D.M.O., regístrese bajo el número 1306/2023-VI. ACTO RECLAMADO De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la promovente en esencia reclama: - La omisión de determinar lo conducente respecto del aseguramiento solicitado en su escrito inicial incidental. - La omisión de resolver el recurso de revocación planteado por la quejosa respecto al aseguramiento solicitado. Lo anterior dentro del incidente de actualización de la pensión alimenticia, promovido por la quejosa, dentro de los autos que integran el expediente 1205/2013, radicado ante el Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. INCOMPETENCIA En el caso este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia por cuestión de territorio para conocer de la demanda de amparo, por los motivos que a continuación se exponen: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo concerniente a la competencia por territorio, que a la letra dice: "Articulo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De una interpretación sistemática y armónica de lo enunciado en el primer párrafo, se obtiene que será competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. De igual forma, se establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora, si el acto reclamado es declarativo o negativo, se puede determinar que no requiere ejecución material y, por tanto, es competente el juez que conozca de la demanda. Sin embargo, de un escrutinio del precepto legal trascrito, se puede concluir que será competente el juez de distrito para conocer del juicio de amparo, aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad ordenadora; esto es, cuando se reclamen actos negativos o declarativos dentro de un procedimiento jurisdiccional, pues si bien es cierto no requieren estrictamente una ejecución material, también lo es que, al emitirse dentro de un procedimiento, es ahí donde se está ejecutando. De lo que se sigue que será competente para conocer de la demanda de amparo, el juez de distrito del lugar de residencia de la autoridad en que se desarrolla el procedimiento en cuestión, y que haya dictado la determinación reclamada, aun cuando estrictamente ese acto se trate de aquellos que no requieran de ejecución material, pero de existir esa posibilidad de ejecución, el competente será el órgano de amparo de la jurisdicción donde deba ejecutarse el acto reclamado, en este caso, en el lugar en donde debe emitirse la resolución respectiva, con motivo de la omisión reclamada. Máxime que se ha sustentado criterio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en amparo indirecto en este tipo de asuntos (cuando el acto es de naturaleza declarativa y se emite en un procedimientos jurisdiccional), ya que dicha circunstancia no es preponderante para cambiar el criterio sostenido; por ende, se torna evidente que la competencia, en ese supuesto, se actualizará a favor del juez de distrito que tiene jurisdicción territorial en donde se encuentre la autoridad señalada como responsable, pues aun cuando el acto reclamado no tenga ejecución material, pero la consecuencia legal y necesaria emane de un procedimiento seguido ante una autoridad, con independencia de que la misma sea jurisdiccional o administrativa, debe conocer el juez de distrito que ejerce jurisdicción en el territorio material de aquélla. De lo contrario se llegaría al absurdo de que un juez de distrito pueda conocer de un procedimiento que se sigue en una jurisdicción distinta de donde emana el acto reclamado, sólo por el hecho que el quejoso así haya presentado la demanda de amparo, bajo el argumento que en el procedimiento, el acto reclamado no requiere ejecución material, pues cabe mencionar que el acto emana de un procedimiento de índole jurisdiccional y es evidente que se está ejecutando en el lugar donde proviene el acto; es decir, la ejecución necesariamente acontecerá en el lugar en donde se desarrolle el procedimiento de que se trate, lo que da origen a lo establecido por el ordinal 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis VII.1o.C.2 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con registro digital 2005170, que señala: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMEN ACTOS NEGATIVOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE NO REQUIERAN EJECUCIÓN MATERIAL. Para armonizar objetivamente las reglas de competencia en materia de amparo indirecto, resulta insuficiente una interpretación literal del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque establece en forma genérica que tratándose de actos que no contengan ejecución material, la competencia se actualizará a favor del Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo, pero desatiende la existencia de actos que al estar dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, aunque no contengan una ejecución material tienen efectos positivos, y que sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad jurisdiccional que los emitió y lleva el juicio; además, una interpretación literal, en estos casos, no sería acorde a la regla establecida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en amparo indirecto en este tipo de asuntos. Por tanto, cuando el acto reclamado no tenga ejecución material, pero su consecuencia legal y necesaria sea que se siga llevando a cabo el procedimiento de origen ante un juzgado determinado, la competencia no debe quedar al arbitrio del quejoso, con base en la aplicación literal del tercer párrafo del citado artículo 37, sino que ésta debe determinarse a partir de una interpretación sistemática y armónica de lo enunciado en ese párrafo, con lo que establece el primer párrafo del propio artículo 37, el cual dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, y ello lleva a concluir que el Juez competente para conocer del juicio de amparo será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como ordenadora cuando se reclamen actos negativos dentro de un procedimiento jurisdiccional que no requieran ejecución material." A partir de lo relatado con anterioridad, se obtiene que si el acto reclamado tiene su origen en el incidente de actualización de la pensión alimenticia, promovido por la quejosa, dentro de los autos que integran el expediente 1205/2013, radicado ante el Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, aun ante el hecho de que no implique una ejecución materialmente hablando, sí tiene efectos positivos que repercuten precisamente en el procedimiento del que deriva. Motivo por el cual se estima que el competente para conocer la demanda de amparo, es el Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, pues es éste quien tiene jurisdicción y competencia en el lugar donde se desarrolla el procedimiento de origen; esto es, en Toluca, ya que es el lugar donde reside la autoridad responsable ante quien se sigue el procedimiento jurisdiccional primigenio. En apoyo a la presente determinación, se estima pertinente establecer que, incluso, el Máximo Tribunal del País ha establecido que la omisión de emitir una resolución en determinado proceso -en este caso civil- conlleva una ejecución material que repercute precisamente en las actuaciones de las que emana el acto reclamado y, por ende, el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo contra aquella omisión, recae sobre el que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que deba dictar la resolución respectiva. Así se desprende de la jurisprudencia 1a./J. 24/2021 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2023548, de rubro y texto: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario." Asimismo, se invoca por analogía la jurisprudencia 2a./J. 32/2023 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 28, Agosto de 2023, tomo II, página 1920, undécima época, registro digital 2026910, de rubro y contenido: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA JUNTA LABORAL DE DICTAR EL LAUDO EN EL JUICIO RESPECTIVO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RESIDE LA AUTORIDAD QUE DEBA EMITIR ESA RESOLUCIÓN. Hechos: En los asuntos de los que conocieron los órganos colegiados contendientes, se pronunciaron sobre la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de las Juntas laborales de dictar el laudo, a efecto de dilucidar si conlleva o no una ejecución material para determinar qué Juzgado de Distrito es competente por territorio (el órgano ante el que se presentó la demanda o el que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que debió emitir el laudo respectivo), para conocer de la demanda en la que se reclama ese tipo de acto, arribando a conclusiones opuestas. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión del dictado del laudo sí tiene ejecución material, por lo que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo indirecto en que se reclame ese acto será aquel que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que deba emitir el laudo respectivo. Justificación: En concordancia con la línea argumentativa sostenida por la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 327/2021, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 17/2022 (11a.), de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO.", es dable sostener que la emisión de la resolución que dirima las cuestiones debatidas en un juicio -de forma semejante al emplazamiento-, es un derecho que forma parte del elenco de las prerrogativas mínimas que debe garantizarse a toda persona, conocidas como formalidades esenciales del procedimiento y las cuales integran el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal. A partir de tal premisa y atendiendo a que la Segunda Sala ha considerado que la omisión de pronunciar el laudo constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una afectación en la esfera jurídica del particular, pues con ello se difiere la resolución del juicio, en detrimento del derecho de justicia pronta a que se refiere el artículo 17 de la mencionada Norma Fundamental, ello permite concluir que el acto consistente en la omisión de emitir el laudo trae aparejada una ejecución material, toda vez que sus efectos inciden de manera negativa en los derechos subjetivos de las personas que no cesarán hasta en tanto no se dicte la resolución respectiva que dirima el conflicto. Por tanto, se concluye que cuando en la demanda de amparo se reclame la omisión del dictado del laudo, el órgano competente será el Juzgado de Distrito cuya residencia se encuentre en el lugar de la autoridad que deba emitir el laudo respectivo que resuelva el conflicto laboral, de conformidad con la hipótesis contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo." Por lo tanto, siguiendo esa línea de argumentación, este órgano jurisdiccional concluye que, por mayoría de razón, corresponde conocer de la demanda de amparo a un juez de distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio de la autoridad responsable, cuando el acto reclamado se trate de una resolución declarativa, puesto que se considera que los efectos positivos de ese acto repercutirán en el proceso administrativo de que se trate. En esas condiciones, dado que este juzgado de distrito no podría validamente pronunciarse respecto a la legalidad o ilegalidad del acto que por esta via se combate, con sustento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remitase el presente sumario constitucional al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno; solicitándole, respetuosamente, se sirva informar si acepta o no la competencia planteada. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobiemo físico y electrónico, asi como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones vía electrónica, por así haberlo solicitado. En el entendido que la parte quejosa queda obligada a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Asimismo, se autorizan a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Se tiene únicamente como medio de comunicación el correo electrónico y número telefónico indicados, sin que estos constituyan un mecanismo de notificación por no estar previsto como tal en la Ley de Amparo. CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA En atención a su petición de consulta vía electrónica, se autoriza al usuario "********************" para lo cual, se encuentra disponible el expediente electrónico, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de la autoridad responsable el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx, para el supuesto de que desee presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remita de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este Juzgado de Distrito es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el ordinal 6° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los numerales 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por lo tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar; sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las bases siguientes: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto, dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa.
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