Georgina Olachea Zavala

Expediente 915/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
915/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
21/08/2017

Partes del expediente

  • Georgina Olachea Zavala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    EN ATENCIÓN AL ESTADO DE AUTOS, Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA GEORGINA OLACHEA ZAVALA, NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, EN EL TÉRMINO INDICADO, DE LA DETERMINACIÓN QUE SE HIZO REFERENCIA EN EL AVISO DE FECHA VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 29, DE LA LEY DE AMPARO, EL AUTO DE VEINTIUNO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, MISMO QUE EN SÍNTESIS DICE: "... Agréguese a los autos del expediente en que se actúa, el oficio signado por la autoridad responsable, mediante el cual remite fotocopia certificada del laudo y constancia de notificación practicada el dieciséis de agosto del año actual, a la parte quejosa, por conducto de su abogado autorizado, relativa al laudo dictado en los autos del expediente 829/2016, del índice de la Junta Especial Número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese orden, resulta de importancia precisar que la parte quejosa al promover el presente juicio de amparo, señaló como acto reclamado el siguiente: "IV.- OMISIÓN DE LA AUTORIDAD BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.- La falta de dictar laudo artículos 885 al 889 de la Ley federal del Trabajo. [.]" Por ello, resulta procedente decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, conforme a la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 del ordenamiento legal invocado, misma que resulta ser notoria, manifiesta e indudable, por los motivos que se vierten a continuación: En principio, resulta necesario transcribir la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" Ahora bien, del estado de autos se advierte, en específico de las constancias que adjuntó la autoridad responsable al oficio que se atiende, se aprecia que dictó laudo el quince de agosto del presente año, el cual, fue notificado a la parte quejosa el dieciséis siguiente; Así, en atención a lo antes relatado es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado en este juicio, actualizándose así, como se adelantó en párrafos precedentes, la hipótesis contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé la improcedencia del juicio cuando haya acontecido tal circunstancia. En ese tenor, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, resulta procedente declarar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, junio de 1999, tomo IX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, marzo de 2003, tomo XVII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Criterios aplicables, virtud de que no se oponen a la Ley de Amparo vigente, por lo que continúa su observancia, conforme a su artículo sexto transitorio. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del cinco de septiembre de dos mil diecisiete (foja 28)...". LO ANTERIOR, POR NO HABER ACUDIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, NO OBSTANTE HABER SIDO CITADO LEGALMENTE PARA TAL EFECTO.

  2. Principal

    Visto el oficio y anexo que remite la autoridad señalada como responsable, glósense a los presentes autos para su debida integración y los efectos legales a que haya lugar, documental que será valorada en el momento procesal oportuno en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Visto, el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra en curso el plazo de ocho días otorgado a las partes en proveído de tres de agosto de dos mil diecisiete (foja 27), en el que se les dio vista con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; por lo que, a fin de no dejar en estado de indefensión a las partes, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para su celebración las diez horas con cincuenta minutos del cinco de septiembre de dos mil diecisiete.

  4. Principal

    Visto el informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable y anexo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga.

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