Georgina Murua Salazar
Expediente 230/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 230/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Georgina Murua Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta remitido por la Actuaria Judicial adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, al cual anexa copia certificada de la resolución dictada el treinta y uno de mayo del año en curso, dentro del recurso de queja administrativa 67/2018, relativo al juicio de amparo indirecto 230/2018-6A, promovido por GEORGINA MURUA SALAZAR, por conducto de su autorizada, en contra del auto de trece de abril de dos mil dieciocho. Por lo que hace a la materia del recurso de queja administrativa, se resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por GEROGINA MURUA SALAZAR, por conducto de su autorizada, contra el auto dictado por el Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, el trece de abril de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo indirecto 230/2018-6A." Acúsese a la Superioridad el recibo de estilo. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo que tuvo por no presentada la demanda de amparo en el que si existen documentos originales exhibido por la parte quejosa. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. REQUERIMIENTO PARA RECIBIR DOCUMENTOS OFRECIDOS POR LA PARTE QUEJOSA. Finalmente, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo no mayor a noventa días, recoja el documento que fue exhibido en el presente juicio de amparo y en caso de no hacerlo en ese plazo, en su oportunidad será destruido dicho documento, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta enviado por la Actuaria Judicial adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual hace del conocimiento de este juzgado que se admitió el recurso de queja interpuesto por GEORGINA MURUA SALAZAR, por conducto de su autorizada Lucía Guadalupe Saijas Morales, en contra del proveído de trece de abril de dos mil dieciocho, emitido en el presente juicio de amparo, formándose el expediente correspondiente bajo el número de recurso de queja 67/2018; de lo anterior, se toma nota en el presente asunto para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la Secretaria, Celia Eulalia Guillen Guerrero, quien autoriza y da fe.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta presentado por Lucía Guadalupe Saijas Morales, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de trece de abril de dos mil dieciocho, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y 100, de la Ley de Amparo; se tiene por interpuesto el RECURSO DE QUEJA contra el auto de trece de abril de dos mil dieciocho; por tanto, remítase el escrito original de agravios, copia certificada del auto recurrido y demás constancias que se estimen pertinentes, así como el informe sobre la materia de la queja en el sentido de que es cierto el acto recurrido, al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno de esta ciudad, de conformidad con el artículo 37 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la Secretaria, Celia Eulalia Guillen Guerrero, quien autoriza y da fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO A LA QUEJOSA GEROGINA MURUA SALAZAR, EL AUTO DE TRECE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, EL CUAL DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TRECE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista el escrito de cuenta presentado por la quejosa GEORGINA MURUA SALAZAR, mediante el cual da cumplimiento a la prevención ordenada en auto de tres de abril del año en curso, el suscrito juzgador advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE MÉRITO. Ello es así, ya que del análisis integral que se hace de la demanda de amparo de amparo, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: "ARTICULO 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". "ARTICULO 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) - - - XXII (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". De la interpretación sintáctica, armonizada y sistemática de los numerales transcritos, cabe señalar que para los efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, se considera conveniente transcribir el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sobre la materia de estudio de los Tribunales de la Federación dice: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal; y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Del anterior precepto, así como de los diversos 1º, fracción I. y 5o., fracción II de la Ley de Amparo, transcritos con anterioridad, es dable inferir que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esas consideraciones, a través del juicio de amparo, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, o de un particular que actúa con el carácter de autoridad (con imperio), a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación de legalidad que se hayan aducido en su contra. Conviene tener presente que sobre la figura de "autoridad para efectos del juicio de amparo" el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que para los efectos del amparo, ese concepto será referido a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen. En ese orden, afirmó que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo", sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. Cuestión que se contempla en la actualidad en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo. Asimismo, es importante señalar que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones, se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Asimismo, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste, en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. De lo anterior, se llega a la conclusión de que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución. Sustenta a lo anterior el criterio visible en la página ciento dieciocho, Novena Época, Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a febrero de mil novecientos noventa y siete, que dispone: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Luego, en la jurisprudencia por reiteración de tesis 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once, se determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El criterio en comento, se encuentra publicado en la página mil ochenta y nueve, tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, y es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Además dichos criterios son orientadores para determinar en términos del arábigo 5, fracción II, párrafo segundo de la ley de la materia, cuales actos de particulares pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Ahora bien, a fin de advertir si en el caso, es dable atribuir el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en los términos que se analizan, a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, conviene tener en cuenta lo siguiente: En la demanda de amparo, la quejosa señala como acto reclamado la orden de reducción del servicio de agua potable, así como el retiro de la llave de paso correspondiente a la cuenta número 01-021-0565-0 a nombre de la quejosa, con domicilio en avenida Juan Escutia número 1365 de la Colonia Roma, de esta ciudad. De lo anterior se infiere que el Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, no actúa en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en todo momento dentro de una relación de coordinación voluntaria entre el prestador del servicio y la quejosa, pues la suspensión del servicio no es un acto de autoridad que deba estar fundado y motivado, sino que resulta del ejercicio de una facultad que se ejerce el incumplimiento de un contrato, como en el caso acontece; por tanto, la acción constitucional resulta improcedente. Lo anterior es así, ya que el prestado del servicio tiene la facultad de ordenar la reducción del servicio de agua potable al usuario por el incumplimiento de un contrato celebrado entre ambas partes, previo apercibimientos en los casos de falta de pago, como es el caso que nos ocupa ya que del anexo que se acompaña al escrito de demanda consistente en la notificación de reductor de fecha veintidós de marzo del año en curso, existe en adeudo de $12,033.32 (doce mil treinta y tres pesos 32/100), lo que no implica que se prive a la quejosa de la vida, de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, pues lo que acontece es una consecuencia lógica y jurídica del incumplimiento de un contrato de suministro de agua, de ahí que el prestado de servicio no tenga que acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento del contrato, pues basta que la quejosa realice el pago correspondiente, para que nuevamente pueda gozar del servicio de agua potable. En consecuencia, se DESECHA DE PLANO la demanda de cuenta, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en vigor, al advertirse de manera manifiesta e indudable la aludida causal de improcedencia del juicio constitucional. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia P./J. 92/2001, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001, número de página 693, con número registro 189353, cuyo rubro es el siguiente: "AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR. Al constituir el suministro de agua potable la prestación de un servicio público por el Estado como medio para la realización de un fin, que es el interés general y que se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de adhesión, en el que se estipulan las obligaciones y contraprestaciones entre las partes, donde el prestador de servicios y el beneficiario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, bajo condiciones que fija el proveedor, la relación jurídica existente entre el prestador y el usuario del servicio no corresponde a la que supone la garantía consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, a la existente entre una autoridad y un gobernado, sino a la de coordinación voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio de suministro de agua y el particular, y aun cuando la prestación del mencionado servicio público está sujeta a una contraprestación, consistente en el pago de una cantidad de dinero proporcional al servicio recibido, cuando aquél no se cubre, dará lugar a que el prestador del mismo ejerza la facultad legal de suspenderlo, acto que, al ser consecuencia del incumplimiento, no exige que deba cumplirse con la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la propia Constitución Federal, pues la suspensión del servicio no es un acto de autoridad que deba estar fundado y motivado, sino que resulta del ejercicio de una facultad que se ejerce cuando se surte el incumplimiento del contrato. En estas condiciones, resulta inconcuso que el ejercicio de la facultad del prestador de servicios para suspender el suministro de agua potable a los usuarios, previo apercibimiento en los casos de falta de pago, o cuando se comprueben derivaciones no autorizadas o un uso distinto al convenido, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, no implica que se prive al usuario de la vida, de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, pues lo que acontece es una consecuencia lógica y jurídica del incumplimiento de un contrato de suministro de agua; de ahí que el prestador del servicio no tenga que acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento del contrato, ya que, por regla general, en este tipo de relaciones jurídicas de adhesión se establece que si no se cubre el pago por el servicio, éste se suspenderá, previa oportunidad de cumplimiento de pago por el usuario, cuando se le aperciba de que se encuentra en los casos de suspensión. Además, si bien la falta de pago o la desviación, o uso indebido del agua, traen como consecuencia la suspensión del servicio, ello no se puede equiparar a la hipótesis de hacerse justicia por propia mano o de ejercer violencia para reclamar un derecho, prohibida en el numeral 17 de la Carta Magna, toda vez que dicha suspensión deriva del incumplimiento del contrato de suministro y adhesión y encuentra su fundamento en la ley relativa a la que esté sujeto." Apoya lo anterior, por su contenido la tesis de Jurisprudencia I. 13º. A J/6 del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Robustece lo anterior, por su contenido la tesis aislada XV.2o.23 A del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, visible en la página 1341, Tomo XVI, Octubre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Administrativa, Novena Época, que a la letra dice: "COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTO POR EL QUE UNILATERALMENTE RESCINDA CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, POR NO SER DE AUTORIDAD. Cuando se reclama la rescisión de un contrato celebrado con la Comisión Estatal de Servicios Públicos del Estado de Baja California, con el carácter de particular, es improcedente el amparo que contra dicho acto se promueva al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, ya que la declaración de la rescisión del contrato de obra pública que se impugna no es un acto de autoridad, toda vez que en este caso la citada comisión no actuó como autoridad soberana dotada de imperio, sino como ente de derecho privado, es decir, como un particular que contrata en el mismo nivel que otro; en consecuencia, procede sobreseer en el juicio de garantías con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la invocada ley." En las relatadas condiciones, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que, procede desechar de plano la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo. Téngase por autorizados únicamente para efecto de recibir notificaciones a las personas que señala en su demanda, y domicilio de la parte quejosa el indicado en su libelo constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.Así lo proveyó y firma, Jesús Javier Segovia Sánchez, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia académica concedida al Titular de este órgano jurisdiccional, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicada mediante oficio CCJ/ST/1646/2018, de diez de abril del presente año, emitida por el Secretario Técnico de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Poder Judicial de la Federación, asistido de la Secretaria, Celia Eulalia Guillen Guerrero, quien autoriza y da fe.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · 9,683 expedientes
- Georgina Delgado Terán y Otros.2049/2022
- Georgina Delgado Teran1426/2021
- Georgina Delgado Terán675/2021
- Georgina Delgado Terán1776/2022
- Georgina Mendoza Franco1201/1991
- Georgina Murua Salazar1031/2022
- Georgina Quintana Soto640/2019
- Georgina Quintana Soto662/2019
- Georgina Reyes Herrera591/2013
- GEOVANA APARECIDA BALLS BATISTA y Otros.1356/2023
- Geovana Michelle Loya Velazquez430/2019
- Gerald Ramón Mejía Barrera1179/2022