Georgina Martínez González

Expediente 1923/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1923/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
09/09/2019

Partes del expediente

  • Georgina Martínez González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de septiembre de dos mil diecinueve. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. Queda firme En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, en acatamiento a lo ordenado en los puntos cuarto, décimo cuarto, vigésimo al vigésimo tercero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el manual -dos mil diez-, para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de conformidad con el acuerdo antes mencionado se aprobó, manual que en su apartado IV, punto 4., refiere, que en los expedientes en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido, deberán ser destruidos, por lo que, al actualizarse dicho supuesto en este asunto, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, mediante el cual, remite el testimonio de la ejecutoria de nueve de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el aludido Tribunal Colegiado en el recurso de queja ****, en cuyo punto resolutivo se determinó: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja interpuesto por el Tesorero Municipal del ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, contra el auto de veintiuno de octubre de dos mil quince, emitido por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo indirecto *** Por tanto, acúsese recibo a las autoridades responsables y al Tribunal de alzada, lo anterior, se toma del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, toda vez que de la ejecutoria remitida por el Tribunal de Alzada, se advierte lo siguiente: "Por lo que, en el caso, procede declarar fundado el medio de defensa analizado, de ahí que se impone revocar el auto recurrido y, en consecuencia, el Juez de Distrito deberá emitir uno nuevo en el que señale que es improcedente la demanda de amparo y la deseche". En cumplimiento a lo anterior, se deja sin efectos el auto de veintiuno de octubre de dos mil quince, dictado por este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en relación a los actos reclamados, se desprende que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.." Lo anterior, es así ya que la parte quejosa confiesa de manera expresa y bajo protesta de decir verdad haber celebrado un contrato de compraventa el veintiocho de mayo de dos mil diez, ante la fe del Notario Público Número Dos de Cuernavaca, Morelos, lo cual se hizo constar en la escritura pública ***, así como el pago que realizó de impuestos y derechos, sin que el fedatario le diera a conocer el fundamento legal, así como tampoco le fue notificado de los pagos realizados. Además, cabe precisar que la quejosa acompañó a su escrito de demanda copia simple de la reproducción certificada del citado instrumento notarial, de la cual se desprende que por lo menos a partir del veintiocho de mayo de dos mil diez (fecha de celebración de los actos contenidos en ese documento), la quejosa se enteró fehacientemente del agravio sufrido en su esfera jurídica, esto es, a partir de esa fecha tuvo conocimiento que el acto de autoridad le causaba perjuicio, pues conoció que con motivo de la compraventa erogó diversas cantidades por concepto de derechos e impuestos; asimismo, de su escrito de demanda, la directa quejosa manifiesta que en la celebración del contrato de compraventa y en el mismo momento quedó formalizado el acto jurídico de la escritura pública ***, realizó el pago de las cantidades de impuestos y derechos. Inclusive, de la documental aludida se desprende que la parte aquí quejosa estuvo de acuerdo en pagar todos los gastos, impuestos, derechos y honorarios que se causaron con motivo de la operación de compraventa, hasta su inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. Lo anterior revela que la parte quejosa al celebrar el referido acto jurídico ante el fedatario público -veintiocho de mayo de dos mil diez- tuvo conocimiento de la retención de las cantidades correspondientes por concepto de los tributos que controvierte y, por tanto, de la afectación patrimonial que se le generó; de ahí que a partir del día siguiente empezaron a transcurrir los quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para presentar su demanda, y aun así lo hizo mucho tiempo después- hasta el veinte de octubre de dos mil quince-, esto es, de forma extemporánea. En este caso, la promovente de la acción pretende impugnar la constitucionalidad de las normas generales que regulan las contribuciones, con motivo del pago que realizó por conducto de un notario público que actúa como auxiliar de la administración pública; de modo que debe tomarse en cuenta que tuvo noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decidió entregar a éste los recursos económicos para cubrir los montos correspondientes. Cabe precisar que no incide en lo anterior si en los documentos entregados a la quejosa no se citaron las normas generales que rigen tales contribuciones, pues al margen de esas situaciones decidió erogar los recursos correspondientes, y la participación del fedatario que recibió el pago, en auxilio de la administración, no se dio en una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que este último no impuso su voluntad a la referida contribuyente; por tanto, tales aspectos no tienen alcance de invalidar el conocimiento cierto que tuvo de la afectación patrimonial que se le causó y que constituye el punto de partida para determinar la oportunidad de la acción constitucional. Entonces, debe considerarse que la quejosa tuvo noticia de la afectación patrimonial que se le generó, desde el momento en el que celebró el contrato de compraventa en presencia del notario público de esta entidad federativa, así como del pago que realizó de los impuestos y derechos, pues de su confesión expresa, que incluso manifestó bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, se obtiene que realizó el pago de los recursos económicos para cubrir los montos correspondientes a los tributos que controvierte. La detallada confesión expresa por parte de la quejosa, en términos de lo establecido en los preceptos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con su artículo 2°, constituye prueba plena de que conoció de la mencionada afectación patrimonial desde la fecha indicada (veintiocho de mayo de dos mil diez). En ese contexto, si la quejosa tuvo conocimiento de la afectación patrimonial que se le generó con motivo de las normas que contravierte, desde el veintiocho de mayo de dos mil diez, el plazo de quince días que prevé la legislación de materia para promover la acción constitucional transcurrió del treinta y uno de mayo - un día hábil siguiente aquel en que manifestó tener conocimiento de la afectación en su patrimonio -al dieciocho de junio de dos mil diez, descontando de dicho cómputo los días uno de mayo, cinco, seis, doce y trece de junio todos de dos mil diez, por ser inhábiles, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del ordenamiento legal en cita; de manera que si se presentó su demanda hasta el veinte de octubre de dos mil quince, es notoria su extemporaneidad. Lo antes citado actualiza el supuesto de inviabilidad de la acción que prevé el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, referente al consentimiento tácito de los actos reclamados; la cual es de manifiesta e indudable constatación en atención a que deriva de la confesión expresa de la propia promovente y del documento que acompaño a su demanda constitucional, en cuanto a la fecha en que tuvo conocimiento de la afectación en su patrimonio, generada con motivo de las normas que tilda de inconstitucionales. Sirve de apoyo a lo expuesto, por el criterio jurídico que informa, la jurisprudencia 2ª./J. 50/2002 de la Segunda Sala del alto tribunal del país, que a rubro dice: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR." En consecuencia, al quedar demostrado que la demanda en cuestión se hizo valer fuera del plazo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61 de la misma ley, procede DESECHAR POR NOTORIA E INDUDABLEMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: "Cuernavaca, Morelos, a veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, mediante el cual, remite el testimonio de la ejecutoria de nueve de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el aludido Tribunal Colegiado en el recurso de queja ****, en cuyo punto resolutivo se determinó: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja interpuesto por el Tesorero Municipal del ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, contra el auto de veintiuno de octubre de dos mil quince, emitido por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo indirecto *** Por tanto, acúsese recibo a las autoridades responsables y al Tribunal de alzada, lo anterior, se toma del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, toda vez que de la ejecutoria remitida por el Tribunal de Alzada, se advierte lo siguiente: "Por lo que, en el caso, procede declarar fundado el medio de defensa analizado, de ahí que se impone revocar el auto recurrido y, en consecuencia, el Juez de Distrito deberá emitir uno nuevo en el que señale que es improcedente la demanda de amparo y la deseche". En cumplimiento a lo anterior, se deja sin efectos el auto de veintiuno de octubre de dos mil quince, dictado por este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en relación a los actos reclamados, se desprende que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.." Lo anterior, es así ya que la parte quejosa confiesa de manera expresa y bajo protesta de decir verdad haber celebrado un contrato de compraventa el veintiocho de mayo de dos mil diez, ante la fe del Notario Público Número Dos de Cuernavaca, Morelos, lo cual se hizo constar en la escritura pública ***, así como el pago que realizó de impuestos y derechos, sin que el fedatario le diera a conocer el fundamento legal, así como tampoco le fue notificado de los pagos realizados. Además, cabe precisar que la quejosa acompañó a su escrito de demanda copia simple de la reproducción certificada del citado instrumento notarial, de la cual se desprende que por lo menos a partir del veintiocho de mayo de dos mil diez (fecha de celebración de los actos contenidos en ese documento), la quejosa se enteró fehacientemente del agravio sufrido en su esfera jurídica, esto es, a partir de esa fecha tuvo conocimiento que el acto de autoridad le causaba perjuicio, pues conoció que con motivo de la compraventa erogó diversas cantidades por concepto de derechos e impuestos; asimismo, de su escrito de demanda, la directa quejosa manifiesta que en la celebración del contrato de compraventa y en el mismo momento quedó formalizado el acto jurídico de la escritura pública ***, realizó el pago de las cantidades de impuestos y derechos. Inclusive, de la documental aludida se desprende que la parte aquí quejosa estuvo de acuerdo en pagar todos los gastos, impuestos, derechos y honorarios que se causaron con motivo de la operación de compraventa, hasta su inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. Lo anterior revela que la parte quejosa al celebrar el referido acto jurídico ante el fedatario público -veintiocho de mayo de dos mil diez- tuvo conocimiento de la retención de las cantidades correspondientes por concepto de los tributos que controvierte y, por tanto, de la afectación patrimonial que se le generó; de ahí que a partir del día siguiente empezaron a transcurrir los quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para presentar su demanda, y aun así lo hizo mucho tiempo después- hasta el veinte de octubre de dos mil quince-, esto es, de forma extemporánea. En este caso, la promovente de la acción pretende impugnar la constitucionalidad de las normas generales que regulan las contribuciones, con motivo del pago que realizó por conducto de un notario público que actúa como auxiliar de la administración pública; de modo que debe tomarse en cuenta que tuvo noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decidió entregar a éste los recursos económicos para cubrir los montos correspondientes. Cabe precisar que no incide en lo anterior si en los documentos entregados a la quejosa no se citaron las normas generales que rigen tales contribuciones, pues al margen de esas situaciones decidió erogar los recursos correspondientes, y la participación del fedatario que recibió el pago, en auxilio de la administración, no se dio en una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que este último no impuso su voluntad a la referida contribuyente; por tanto, tales aspectos no tienen alcance de invalidar el conocimiento cierto que tuvo de la afectación patrimonial que se le causó y que constituye el punto de partida para determinar la oportunidad de la acción constitucional. Entonces, debe considerarse que la quejosa tuvo noticia de la afectación patrimonial que se le generó, desde el momento en el que celebró el contrato de compraventa en presencia del notario público de esta entidad federativa, así como del pago que realizó de los impuestos y derechos, pues de su confesión expresa, que incluso manifestó bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, se obtiene que realizó el pago de los recursos económicos para cubrir los montos correspondientes a los tributos que controvierte. La detallada confesión expresa por parte de la quejosa, en términos de lo establecido en los preceptos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con su artículo 2°, constituye prueba plena de que conoció de la mencionada afectación patrimonial desde la fecha indicada (veintiocho de mayo de dos mil diez). En ese contexto, si la quejosa tuvo conocimiento de la afectación patrimonial que se le generó con motivo de las normas que contravierte, desde el veintiocho de mayo de dos mil diez, el plazo de quince días que prevé la legislación de materia para promover la acción constitucional transcurrió del treinta y uno de mayo - un día hábil siguiente aquel en que manifestó tener conocimiento de la afectación en su patrimonio -al dieciocho de junio de dos mil diez, descontando de dicho cómputo los días uno de mayo, cinco, seis, doce y trece de junio todos de dos mil diez, por ser inhábiles, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del ordenamiento legal en cita; de manera que si se presentó su demanda hasta el veinte de octubre de dos mil quince, es notoria su extemporaneidad. Lo antes citado actualiza el supuesto de inviabilidad de la acción que prevé el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, referente al consentimiento tácito de los actos reclamados; la cual es de manifiesta e indudable constatación en atención a que deriva de la confesión expresa de la propia promovente y del documento que acompaño a su demanda constitucional, en cuanto a la fecha en que tuvo conocimiento de la afectación en su patrimonio, generada con motivo de las normas que tilda de inconstitucionales. Sirve de apoyo a lo expuesto, por el criterio jurídico que informa, la jurisprudencia 2ª./J. 50/2002 de la Segunda Sala del alto tribunal del país, que a rubro dice: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR." En consecuencia, al quedar demostrado que la demanda en cuestión se hizo valer fuera del plazo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61 de la misma ley, procede DESECHAR POR NOTORIA E INDUDABLEMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa."

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio firmado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual, remite copia certificada de las notificaciones realizadas de los acuerdos de veintisiete de febrero de dos mil quince y seis de noviembre del año en curso. Por lo anterior, requiérase nuevamente a la autoridad antes mencionada, para que, en el término de tres días, contado a partir de que reciba el oficio que contenga inserto el presente auto, remita copia certificada de la constancia de notificación realizada a las partes del acuerdo de cinco de noviembre del año en curso y no así las constancias de notificación del acuerdo de seis de noviembre del año en curso, lo anterior, a efecto de que este Juzgado de Distrito, se encuentre en aptitud de pronunciarse respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En el entendido que de no dar cumplimiento sin causa justificada en el término concedido, se le hará efectivo el apercibimiento decretado mediante proveído de siete de octubre de dos mil quince. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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