Georgina Manzano Espinosa

Expediente 1961/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1961/2015
Año
2015
Actuaciones
15
Última actuación
15/10/2019

Partes del expediente

  • Georgina Manzano Espinosa
  • Congreso del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos del cuaderno de amparo, de los que se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de la materia, para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en autos, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tal virtud, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en las fracciones I y II, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que en el mismo se desechó la demanda de amparo. Finalmente agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimoctavo Circuito, mediante el cual informa que ordenó archivar el toca 26/2016 de su índice, por encontrarse totalmente concluído, al respecto téngase por hecha la comunicacion que alude para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la razón con que se da cuenta; se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, remite testimonio de la ejecutoria dictada el doce de septiembre de dos mil diecinueve, en el recurso de queja Q.A. 26/2016, en cuyo punto resolutivo determinó: ".ÚNICO.- Es fundado el presente recurso de queja, interpuesto por Rigoberto Trujillo Ocampo, en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos; en contra del auto de veintiséis de octubre del dos mil quince, dictado en los autos del juicio de amparo 1961/2015-1-A." Acúsese el recibo correspondiente. Lo anterior hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales procedentes y en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por la superioridad se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO Ahora, se procede a examinar el escrito de demanda a fin de determinar la procedencia o en su caso, improcedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Ahora bien como lo menciona la superioridad en la ejecutoria dictada el doce de septiembre de dos mil diecinueve, el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiséis de agosto de dos mil once. Por tanto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del propio ordenamiento legal, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Del primero de los artículos trascritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los términos establecidos para ello. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se desprende que el término para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Apoya lo anterior en vía de orientación, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida con motivo de la contradicción de tesis 57/2008-PL, suscitada entre la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituye el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Al resolver la contradicción de tesis que originó la citada jurisprudencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Además, el Máximo Tribunal enunció que es clara la intención del legislador al establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por tanto, la esencia del artículo 18 de la ley de la materia, en relación con el diverso 17 del propio ordenamiento legal, se sustenta, entre otros supuestos, en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Acotado lo anterior, en la especie, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que por esta vía combate desde el veintiséis de agosto de dos mil once, como así lo ha puntualizado la superioridad en su ejecutoria dictada el doce de septiembre de dos mil diecinueve. En esa tesitura, la confesión expresa de la parte quejosa hace prueba plena respecto del conocimiento de la controversia génesis del acto reclamado y, por ende, desde ese momento tuvo oportunidad de promover el juicio constitucional. Apoya a lo anterior, en lo conducente el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 199 del Semanario Judicial de la Federación, tomo IV, segunda parte-1, julio a diciembre de 1989, correspondiente a la octava época que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA, SI EL QUEJOSO SE OSTENTA SABEDOR DEL ACTO RECLAMADO EN DETERMINADA FECHA. De la interpretación del artículo 21 de la Ley de Amparo, se llega al convencimiento de que como el legislador establece diversas reglas para computar el término de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de garantías para tenerla como oportunamente recibida, el juzgador que previene de la demanda no debe invariablemente empezar a contar dicho término al día siguiente de cualquiera de los tres medios que se señalan para presumir que el afectado con un acto de autoridad se ha enterado de su existencia, tales como: la notificación, el conocimiento, o la confesión, sino que es necesario que haga distinciones en cada caso concreto. De otra suerte hubiera sido suficiente con que el legislador dispusiera que el término de quince días empezaría a contarse al día siguiente de aquel en que por cualquier medio o circunstancia el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado. En tal virtud, la misma diferencia específica entre los conceptos utilizados por el legislador en la enumeración de las tres formas por medio de las cuales el quejoso se puede enterar legalmente de un acto de autoridad, debe servir al juzgador para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo. Desde luego, la notificación legal del acto reclamado, ha de prevalecer sobre el conocimiento del mismo cuando mediando aquélla el quejoso, que ha sido parte en el procedimiento del que emanó el acto reclamado, pretende hacerla a un lado por convenirle más a sus intereses expresar que ha tenido conocimiento del acto de autoridad en determinada fecha y no prueba que la notificación del mismo sea ilegal o no la controvierte en ninguna forma. Sólo a falta de notificación, el cómputo del término ha de iniciarse a partir de que el quejoso manifiesta haber tenido conocimiento del acto reclamado. Sin embargo, la tercera fórmula expresada por el legislador en el artículo 21 en comento dice: "Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos". Aunado, a que resulta lógico que la confesión expresa de la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento del acto que dice le agravia, prepondera sobre cualquier otra fórmula empleada en la Ley, ya que se traduce en una prueba plena de ese hecho, según lo dispone el artículo 199 el propio Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, el cual establece: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse, II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio". En esas condiciones, se colige que el promovente del amparo, tuvo conocimiento pleno de la existencia del acto que por esta vía constitucional reclama, desde el día veintiséis de agosto de dos mil once. Así pues, al realizar el cómputo del plazo que tuvo el quejoso para presentar su demanda de amparo, se advierte que aquél transcurrió en exceso, pues su demanda la presenta hasta el día veintiséis de octubre de dos mil quince, toda vez que transcurrió del veintinueve de agosto al diecinueve de septiembre de dos mil once, mediando como días inhábiles los días tres, cuatro, diez, once, dieciséis, diecisiete y dieciocho de septiembre del año dos mil once, por ser días inhábiles, de donde se advierte que cuando menos desde esa fecha el impetrante estuvo en aptitud de promover este juicio de amparo, y si la demanda de amparo fue presentada hasta el día veintiséis de octubre de dos mil quince, ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, es inconcuso que resulta extemporánea. Lo que hace que se ponga de manifiesto que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado fue consentido en razón de que no promovió el juicio de amparo dentro del plazo previsto por la ley de la materia, tal y como lo establece el numeral antes referido y el diverso 17 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, resulta NOTORIAMENTE EXTEMPORÁNEA LA DEMANDA DE AMPARO. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en los diversos numerales 17 y 113 de la citada legislación, procede DESECHAR la demanda de amparo intentada por Georgina Manzano Espinosa, por motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Es aplicable también al caso, por analogía, la jurisprudencia por contradicción de tesis 30/994, publicada en la página 40, del Anexo al Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su Presidente, al terminar el año de mil novecientos noventa y seis, que aparece bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe la literalidad del proveído de uno de marzo de dos mil dieciséis, dictado en el toca número 26/2016 antes (4/2016), en el que informa que por Acuerdo General 1/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sus artículos 1°, 3° y 5°, el amparo en revisión se encuentra dentro de la hipótesis del artículo 3°, por lo que estima conservarlo, registrándolo bajo el número 26/2016, por cambio de denominación y competencia de ese órgano colegiado; atento a lo anterior, se toma del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    De conformidad con lo establecido en el artículo 27 fracción III y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el acuerdo que se cita: Cuernavaca, Morelos, dos de marzo de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que no es posible llevar a cabo el desahogo de la audiencia constitucional, en razón de que mediante oficio 101, recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el seis de enero de dos mil dieciséis, el Segundo Tribunal Colegiado residente en esta ciudad, informó sobre la admisión del recurso de queja interpuesto por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, en contra del proveído de veintiséis de octubre de dos mil quince, lo cual hizo en términos de los numerales 97, fracción I inciso e), 99 y 100 todos de la Ley de Amparo, sin que en el caso se haya suspendido el procedimiento; por tal motivo, de conformidad con los dispositivos mencionados, en relación con el 102 del citado ordenamiento legal, se suspende el procedimiento en este asunto; consecuentemente, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy, reservándose proveer sobre el nuevo día y hora para que tenga verificativo su celebración, hasta en tanto se reanude su curso procesal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Guillermo Amaro Correa, quien actúa con el Secretario Roberto Bravo Vargas, que autoriza. Doy fe.

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