Georgina Jocelyn Palma Alvarez

Expediente 993/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
993/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Georgina Jocelyn Palma Alvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito signado por la directa quejosa Georgina Jocelyn Palma Álvarez, con el que interpone RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada el diez de octubre de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito en Materia Administrativa, en turno, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 993/2023-VII-A, promovido por ********************, contra los actos que reclama del Gobernador del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, el veintidós de junio de dos mil veintitrés, y remitido en misma fecha a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció la referida parte quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos atribuidos a: Congreso del Estado de Yucatán Gobernador del Estado de Yucatán. c) Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Progreso, Yucatán. d) Ayuntamiento de Progreso, Yucatán. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número 993/2023-VII-A y se previno a la quejosa a fin de que precisara si también señalaba como acto reclamado la boleta de infracción que se le impuso, cuyo cobro reclamaba en su demanda de amparo; siendo que por auto de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por cumplida la prevención y se admitió a trámite la misma; se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se pidió su informe justificado a las autoridades responsables; y, finalmente, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados, los hizo consistir la parte quejosa en: a) Del Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Yucatán. La discusión y aprobación del decreto número 380, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el veintidós de febrero de dos mil once, que contiene la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, en vigor, específicamente los artículos 4,13 fracción VI, 75, 79, 82, así como los artículos 328 primer párrafo, 332, 411 fracción V, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 463 y 464 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, promulgado mediante decreto 421 publicado el veintiuno de junio de dos mil once. b) Del Ayuntamiento de Progreso y Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso. La boleta de infracción con número de folio ******************** y el recibo de pago de la multa impuesta en la misma, con número de folio ******************** de fecha cinco de junio de dos mil veintitrés. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables: Congreso del Estado de Yucatán, en relación a la discusión y aprobación de los artículos 328 primer párrafo, 332, 411 fracción V, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 463 y 464 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, promulgado mediante decreto 421 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el veintiuno de junio de dos mil once. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán (8649), consistente en la boleta de infracción y el recibo de pago de la multa impuesta en la misma, con número de folio ******************** de fecha cinco de junio de dos mil veintitrés. Toda vez que así lo manifestaron al rendir sus correspondientes informes justificados, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba en contrario. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, por falta de materia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables: Gobernador del Estado de Yucatán (11715) respecto de la discusión y aprobación del decreto número 380, que contiene la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, en vigor, específicamente los artículos 4,13 fracción VI, 75, 79, 82, así como los artículos 328 primer párrafo, 332, 411 fracción V, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 463 y 464 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán Congreso del Estado de Yucatán (11778) únicamente en relación a la discusión y aprobación del decreto número 380, que contiene la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, en vigor, específicamente los artículos 4,13 fracción VI, 75, 79, 82. Director de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Progreso, Yucatán, (12049), en relación con la boleta de infracción y el recibo de pago de la multa impuesta en la misma, con número de folio ******************** de fecha cinco de junio de dos mil veintitrés. Toda vez que así lo manifestaron las dos primeras al rendir su informe justificado, siendo que la última si bien al rendir su informe justificado, negó la existencia del mismo, dicha negativa se desvirtúa con la boleta de infracción de cuatro de junio del año en curso, y su correspondiente recibo de pago, exhibidas por la referida autoridad en alcance de su informe de ley, los que acreditan la veracidad del acto reclamado. En tal virtud deberán tenerse por existentes al tenor de lo señalado en la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además de que el acto reclamado se hace consistir en leyes, en tal virtud, su notoria existencia no está sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Resulta aplicable en lo conducente, el criterio que sostenido en la jurisprudencia 2ª/J.65/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de dos mil, página 260, que establece: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." También resulta aplicable la tesis visible en la página 205, del tomo XV-I, febrero de 1995, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal, la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la materia en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, el Gobernador del Estado de Yucatán, por conducto del Consejero Jurídico, señala que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, pues refiere que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el presente juicio constitucional. Resulta infundada la causal de improcedencia en comento, pues de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se desprende que la boleta de infracción ******************** de cuatro de junio de dos mil veintitrés fue expedida efectivamente a nombre de la hoy impetrante del amparo ********************; de ahí que, contrario a lo que señala la citada autoridad responsable, deviene inconcuso que dicho acto reclamado afecta los intereses de la quejosa, al haberse impuesto la multa a ésta de manera directa. Por otro lado, el Secretario General del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, aduce que se actualiza la diversa causal de improcedencia contenida en artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa únicamente realizó afirmaciones generales e imprecisas como conceptos de violación. Debe desestimarse lo expuesto, pues dicho argumento se encuentra vinculado con el fondo del asunto planteado en esta vía, de ahí que no pueda analizarse como causal de improcedencia. Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia que se reproduce: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". SEXTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción, además de que ello no le causa perjuicio a la peticionaria de amparo, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Análisis de la litis constitucional en relación a los preceptos legales tildados de inconstitucional. En primer término se analizará el acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad de los artículos 4, 13 fracción VI, 75, 79, 82, de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, así como los artículos 328 primer párrafo, 332, 411 fracción V, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 463 y 464 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán. Al respecto, de la lectura integral a la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa omitió exponer motivos de inconformidad tendientes a cuestionar la constitucionalidad de los referidos numerales, esto es, no adujo los razonamientos por los que considera que dichas normas pugnan con sus derechos fundamentales, de ahí que deba negarse el amparo por lo que respecta a las mismas. Para emprender el examen de la constitucionalidad de la norma jurídica impugnada es necesario que se expongan argumentos jurídicos que se sustenten en la precisión de los derechos fundamentales violados, y sobre todo en la demostración de que la norma reclamada es la que viola el orden constitucional. Sin embargo, si la parte quejosa se concretó a afirmar de manera dogmática que impugnaba las normas antes precisadas, sin exponer los motivos por los que así lo hacía, es inconcuso que debe negarse el amparo por lo que ve a tales actos. Si bien por cuestión de técnica, en el juicio de amparo debe sobreseerse en el juicio en los casos en que no se hayan esgrimido motivos de inconformidad en contra del acto reclamado, y respecto del que no proceda suplir la deficiencia de la queja, en tratándose del amparo contra leyes con motivo del primer acto de aplicación, debido a que no puede desvincularse el análisis de la norma tildada de inconstitucional del acto de aplicación en términos de la jurisprudencia de rubro "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN", lo procedente es negar el amparo solicitado en contra de las normas reclamadas, al no poderse dividir la continencia de la causa. OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación en relación al acto de aplicación (boleta de infracción). Resultan inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la parte impetrante del amparo. En el caso, toda vez que no se consideraron inconstitucionales los artículos reclamados por la parte quejosa, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por vicios propios respecto al acto de aplicación. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Al respecto, resultan inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, puesto que omite atacar frontalmente la actuación del agente policiaco al imponer como sanción una multa de $ 9,291.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS, MONEDA NACIONAL). Esto es, omite señalar en forma concreta los defectos legales cometidos por dicha autoridad responsable al imponerle la sanción pecuniaria. Sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional, que la promovente del amparo refiera en su escrito inicial de demanda que no se le hizo entrega de la boleta de infracción reclamada y que no está fundada y motivada sin explicar la razón de ello. Puesto que mediante proveído de siete de septiembre del presente año, se le dio vista con las copias certificadas que la autoridad responsable Director de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Progreso, Yucatán, remitió con su oficio DSPT/DJ/ 338/2023 en apoyo y alcance a su informe justificado; entre ellas, la boleta de infracción en comento. De ahí que si con los argumentos aducidos, la parte quejosa no atacó la actuación de dicha responsable, este Juzgado Federal se ve imposibilitado para abordar el estudio de la misma, al no operar en la especie la suplencia de la queja deficiente por no estar la parte quejosa en alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, pues se trata de un asunto en materia administrativa que no está fundado en normas generales que hayan sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito, ni se advierte que haya habido en contra de la parte impetrante del amparo una violación evidente de la ley que la hubiere dejado sin defensa, ni que por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentre en clara desventaja social para su defensa en el juicio; siendo por ello que deben permanecer intocadas, con independencia de su legalidad o ilegalidad. Es aplicable al presente caso, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página sesenta y uno, Tomo XVI, diciembre de dos mil dos, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. Así como la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página ciento dieciséis, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable". En consecuencia, al resultar inoperantes los conceptos de violación esgrimidos, se niega a la quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicita, respecto de la boleta de infracción y el recibo de pago de la multa impuesta en la misma, con número de folio ******************** de fecha cinco de junio de dos mil veintitrés. NOVENO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. DÉCIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. UNDÉCIMO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por ********************, en relación a los actos reclamados al Congreso del Estado y Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, consistentes del Congreso la discusión y aprobación de los artículos 328 primer párrafo, 332, 411 fracción V, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 463 y 464 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, promulgado mediante decreto 421, y del Ayuntamiento la boleta de infracción ******************** y el recibo de pago de la multa impuesta en la misma, con número de folio ******************** de fecha cinco de junio de dos mil veintitrés, por las razones señaladas en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, en relación a los actos reclamados al Congreso del Estado y Gobernador Constitucional del Estado, consistentes del Gobernador la discusión y aprobación del decreto número 380, que contiene la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, en vigor, específicamente los artículos 4,13 fracción VI, 75, 79, 82, así como los artículos 328 primer párrafo, 332, 411 fracción V, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 463 y 464 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, promulgado mediante decreto 421; del Congreso la discusión y aprobación del referido decreto número 380, que contiene la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, en vigor, específicamente los artículos 4,13 fracción VI, 75, 79, 82, en términos del considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, en relación al acto reclamado al Director de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Progreso, Yucatán, consistente en la boleta de infracción ******************** y el recibo de pago de la multa impuesta en la misma, con número de folio ******************** de fecha cinco de junio de dos mil veintitrés, por las razones señaladas en el considerando octavo de este fallo. CUARTO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando noveno de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. QUINTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando décimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SEXTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio remitido por el Director de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Progreso, Yucatán, mediante el cual en atención al requerimiento realizado mediante auto de uno de agosto del año en curso, remite en copia certificada los documentos relativos a la infracción levantada por la citada autoridad; con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nueva hora y fecha para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta remitido por la autoridad responsable Director de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Progreso, Yucatán, mediante el cual, esencialmente, solicita una ampliación al término concedido por este órgano jurisdiccional a fin de que remita las constancias solicitadas mediante proveído de uno de agosto pasado, por los motivos ahí expuestos. Al respecto, SE ACUERDA: no habiendo impedimento legal para acceder a lo solicitado, se le concede a la responsable un término de cinco días hábiles siguientes al en que quede legalmente notificada del contenido de este acuerdo, para que den cabal cumplimiento al requerimiento efectuado en autos; quedando, por tanto, subsistente el apercibimiento ahí ordenado. Notifíquese y cúmplase.

Quedan 14 actuaciones en este expediente

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