Georgina Guadalupe Alvarado Gómez

Expediente 1594/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1594/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Georgina Guadalupe Alvarado Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que está transcurriendo el término de ocho días que señala el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo; al tercero interesado BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, toda vez que fue emplazado al presente juicio de amparo el nueve de noviembre de dos mil veintitrés; ello, para que se imponga de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a efecto de que esté en aptitud de desvirtuar el contenido de las mismas y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo; en consecuencia, y para no violar las normas que rigen el procedimiento la audiencia constitucional prevista para esta fecha se difiere, para las ONCE HORAS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 84/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216, Tomo XXII, correspondiente al mes de Diciembre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del siguiente texto: "TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA QUE COMPAREZCA A HACER VALER SUS DERECHOS DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL QUE SURTE EFECTOS EL EMPLAZAMIENTO EFECTUADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. De la interpretación armónica de los artículos 24, 34 y 167 de la Ley de Amparo, se concluye que los plazos comenzarán a contarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva y tratándose del tercero perjudicado, dicha notificación surtirá efectos a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación. Entonces, si el mencionado artículo 167 establece que la autoridad responsable entregará una copia a las partes emplazándolas para que dentro de un término máximo de diez días comparezcan ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, dicho plazo debe comenzar a computarse para el tercero perjudicado el día siguiente hábil al en que surta efectos el emplazamiento, pues éste corresponde precisamente a la notificación a que se refiere el citado artículo 24, ya que, además, ese es el momento en que dicha parte tiene conocimiento del contenido de la demanda de amparo y es cuando está en posibilidad de establecer su defensa, sin que sea necesario esperar hasta que el Tribunal Colegiado le notifique el acuerdo de admisión de la demanda de garantías, pues de hacerse así se prorrogaría indefinidamente el plazo establecido por el referido artículo 167 y éste se haría nugatorio. Por otro lado, la circunstancia de que se desconozca cuál es el órgano colegiado al que correspondería conocer de la aludida demanda, tratándose de las plazas en donde existen dos o más tribunales que pudieran hacerlo, no exime al tercero perjudicado de respetar el mencionado plazo, pues en estos casos podrá presentarse ante la oficina de correspondencia común." En relación con la diversa tesis V.4o.1 K, visible en la página 1119, Tomo XXI, Marzo de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL ADVIERTE QUE NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE LA FECHA EN QUE ÉSTE SE VERIFICÓ Y AQUELLA EN QUE SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ADVIERTA QUE NO HABRÁ DE SOBRESEERSE O NEGARSE EL AMPARO SOLICITADO. A efecto de que el tercero perjudicado esté en aptitud de comparecer al juicio de garantías en defensa de sus derechos procesales, es menester que entre la fecha del emplazamiento y aquella en que se celebre la audiencia constitucional, medie por lo menos el plazo de ocho días, similar a aquel que exige el artículo 149, primer párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, como anticipación para que, con relación a la audiencia de ley, sean dados a conocer a las partes los informes justificados que rindan las autoridades responsables. Tal postura obedece, en principio, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento de amparo cuya observancia es obligatoria para los tribunales de control constitucional; y, en segundo término, a la oportunidad de defensa que debe darse al tercero al acudir al juicio de garantías. Así, si en el amparo indirecto se emplazó al tercero perjudicado sin la mencionada anticipación de al menos ocho días, a la fecha en que se desahogó la audiencia constitucional, es inconcuso que no se le concedió la oportunidad de acudir en defensa de sus derechos; por ende, el Tribunal Colegiado que conozca de la revisión debe mandar reponer el procedimiento a fin de que el Juez de Distrito le otorgue, al menos, el plazo enunciado para comparecer al juicio de amparo; siempre y cuando no advierta que habrá de sobreseerse o negarse el amparo solicitado." Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. En cumplimiento a lo ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con una copia de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, con fundamento en los artículos 125, 128 y 138 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós; fórmese y tramítese en un solo tanto el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número ********************/2023, promovido por ********************, contra actos de la ********************, en su carácter de Secretaria de Educación en el Estado de Michoacán", con sede en esta ciudad y otras autoridades, consistentes en: "4. Acto reclamado. - Se atribuye como acto reclamado lo siguiente: A la autoridad ordenadora: La orden de retener y suspender la entrega del producto de mí trabajo -derecho fundamental- como docente, fundado supuestamente en faltas administrativas previstas por la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo. A las autoridades ejecutoras: El de ejecutar la orden de retener y suspender la entrega del producto de mi trabajo -derecho fundamental- como docente, fundado supuestamente en faltas administrativas previstas por la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo." Ahora bien, la medida cautelar de que se trata, se solicita para los siguientes efectos: ". solicito la suspensión del acto reclamado, para efectos de que la autoridad responsable omita violentar el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, para que deje de privar a la suscrita del producto de mi trabajo, hasta en tanto sea resuelto en definitiva el presente juicio de amparo.". Por lo que se provee al respecto, con apoyo en la Jurisprudencia número P./J. 4/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 14, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo". Ahora bien, en el caso en concreto, el quejoso solicitó expresamente en su escrito de demanda la suspensión del acto reclamado, por lo que se encuentra satisfecho el primer requisito a que alude el numeral 128 en cita. Por lo que ve a la fracción II del artículo 128 en comento, también se actualiza, en razón a que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, en cuyo caso la sociedad está interesada en que éstas se cumplan. No obstante lo anterior, SE NIEGA a la parte quejosa, la suspensión provisional respecto del acto reclamado que hace consistir en la orden de retener y suspender la entrega del producto de su trabajo como docente, toda vez que en el tercer punto del apartado de antecedentes, la quejosa señala que se le instruyó un procedimiento administrativo, ordenando la suspensión de sus derechos y, de sus emolumentos; por lo que le reviste el carácter de consumado, siendo improcedente contra ello la medida cautelar solicitada, pues de considerar lo contrario sería darle efectos restitutorios, lo cual es propio de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo a que este incidente corresponde. Resulta aplicable por identidad de razones, el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia número II.3o J/37, integrada por el Tercer Tribunal Colegiado de Segundo Circuito, publicada en la página 51, tomo VI, enero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "ACTOS CONSUMADOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." En los mismos términos es aplicable la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 201, del tomo XI-Febrero, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS CONSUMADOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE ANTE. Aun cuando se estimen ciertos los actos atribuidos por el quejoso a las autoridades, si éstos ya se llevaron a cabo, la suspensión definitiva es improcedente." Mediante oficio correspondiente, al que deberá agregarse copia de la demanda de demanda y anexo, pídase a las autoridades responsables, su informe previo que deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, en el cual se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen; asimismo, podrán expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, y deberá proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al suscrito juzgador establecer el monto de las garantías correspondientes, conforme lo establece el artículo 140 de la nueva Ley de Amparo; apercibida que de no hacerlo así dentro del lapso concedido, con fundamento en el artículo 142, se presumirá cierto el acto reclamado y además, en su caso, se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos del numeral 260 fracción I, de la citada ley. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. Infórmese a las autoridades responsables que no deberán acusar recibo de los oficios que reciban provenientes de este juzgado, sino sólo aquellos en los que expresamente se les requiera para que lo hagan. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentre y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negare a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades que se señalas como responsables y a las autoridades que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a las autoridades responsables que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que las autoridades responsables acusen recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia incidental. Asimismo, dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe previo vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese.

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