Georgina Gómez Garza

Expediente 178/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
178/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
24/04/2017

Partes del expediente

  • Georgina Gómez Garza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veinticuatro de abril de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Por otra parte, ya que no es necesaria en este asunto, las constancias remitidas por el Juzgado Sexagésimo Séptimo Penal de esta ciudad, constantes de dos tomos; previa certificación que se realice, procédase a su destrucción. Ahora, con fundamento en el punto décimo primero, último párrafo y punto vigésimo primero, fracción IV, del multicitado acuerdo, se deja a disposición de la parte quejosa por el plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, las documentales que adjuntó a su demanda, en el entendido que el horario establecido para la entrega es de diez a trece horas, con el apercibimiento que de no recogerlos en la temporalidad indicada, se procederá a depurarlos junto con este expediente.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 178/2017, promovido por José Manuel Espinosa Martínez, quien se ostenta como defensor particular de Georgina Gómez Garza, contra los actos reclamados del Fiscal Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros, de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad y otras autoridades; y R E S U L T A N D O : I. Por escrito presentado el uno de marzo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. El dos del mismo mes y año, por una parte se desechó y por otro lado se admitió a trámite la demanda bajo el orden 178/2017; se solicitó a las responsables su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis de todos los elementos de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se precisa que los actos reclamados son: a) La negativa de dar acceso a la averiguación previa FDF/T/T2/701/15-10; y b) La omisión de desahogar la prueba testimonial a cargo de Leticia Borges Flores, dentro de la indagatoria citada. Que se atribuyen a las siguientes autoridades: 1. Fiscal Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros; 2. Director de Consignaciones; 3. Subdirector de Control de Consignaciones Sin Detenido; y 4. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad D-2 de la Agencia Investigadora "D" de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros. Todas las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad. TERCERO. La autoridad señalada con el número 3, no existe con tal denominación, según se advierte de la razón actuarial de seis del mes y año en curso, por tanto, no pueden existir los actos de ella reclamados. Por otro lado, no son ciertos los actos atribuidos al Fiscal Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros y Director de Consignaciones, ambos de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir su informe de ley, sin que la amparista haya aportado prueba alguna que desvirtuara esas negativas. En tal virtud, debido a la inexistencia de la citada autoridad y de los actos reclamados de las restantes, se sobresee en el juicio de amparo, con fundamento en el dispositivo 63, fracción IV, de la ley de la materia. CUARTO. El agente del Ministerio Público Titular de la Unidad D-2 de la Agencia Investigadora "D" de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, fue omiso en rendir su informe de ley. No se soslaya, que por oficio recibido en este juzgado el ocho del mes y año en curso la citada autoridad responsable informó la imposibilidad que tiene para ello. Por tanto, opera la presunción de certeza del acto reclamado. No obstante, es innecesario el estudio y transcripción de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, en virtud que se actualiza una causal de improcedencia, la cual es de orden preferente a aquél y se invoca de oficio conforme al numeral 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, este juzgado advierte que se actualiza la causal de improcedencia que refiere el dispositivo 61, fracción XVI, de la ley reglamentaria, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVI. Contra actos consumados de modo irreparable.". En el precepto transcrito se establece la improcedencia del juicio de amparo con motivo de que los actos que se reclaman han surtido en forma total todos sus efectos; y ello hace que ya no puedan ser reparables mediante la vía constitucional. En efecto, los actos consumados de un modo irreparable son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, pues aun concediendo la protección de la justicia federal solicitada, no podrían retrotraerse en sus efectos. Ahora, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo irreparable, es necesario atender a los efectos y consecuencias de su ejecución, de modo que resulta imprescindible precisar que la parte quejosa reclama la negativa de dar acceso a la averiguación previa FDF/T/T2/701/15-10 y la omisión de desahogar la prueba testimonial a cargo de Leticia Borges Flores, dentro de la citada indagatoria; sin embargo, dicha averiguación fue determinada el trece de enero del año en curso y enviada al Juez Sexagésimo Séptimo Penal de esta ciudad, quien la registró con el número de causa 208/2016 y el veinte de febrero del año en curso, giró orden de aprehensión contra la quejosa. De lo expuesto, se advierte que dichas actuaciones que trascendieron en la esfera jurídica de la justiciable, constituyen actos consumados de manera irreparable para los efectos de este juicio de amparo, puesto que se realizaron todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, sin que en su caso pueda restituirse a la quejosa en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales que consideró violados, ya que se existe una orden de aprehensión en su contra. De ahí la imposibilidad tanto jurídica como material para restituir al inconforme al estado en que se encontraba antes de la violación alegada. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio aislado emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en la página 325, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, diciembre de 1994, que en su rubro dice: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO". En tales condiciones, no resta más que decir que al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio en términos del numeral 63, fracción V del ordenamiento legal invocado. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 61, fracción XVI, 62, 63, fracciones IV y V, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Georgina Gómez Garza a través de su defensor particular contra los actos reclamados consistentes en la negativa de dar acceso a la averiguación previa FDF/T/T2/701/15-10; y la omisión de desahogar la prueba testimonial a cargo de Leticia Borges Flores, dentro de la indagatoria citada, atribuidos al Fiscal Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros; Director de Consignaciones; Subdirector de Control de Consignaciones Sin Detenido; y agente del Ministerio Público Titular de la Unidad D-2 de la Agencia Investigadora "D" de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros, todas las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el ocurso y anexo de cuenta signado por la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por realizadas las manifestaciones que expone en vía de alegatos, sin perjuicio de relacionarlos el día que tenga verificativo la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Ciudad de México, a dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, provenientes del Juzgado Sexagésimo Séptimo Penal de esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido en autos. Con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba, la documental que acompaña al comunicado de cuenta, que se desahoga en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. Ahora bien, se advierte que la autoridad oficiante reitera que la causa se encuentra bajo sigilo, por lo que no se pondrá a la vista de las partes y sólo será estudiada por este órgano de control constitucional al momento de resolver en definitiva; en consecuencia, resguárdese en la secretaría de este juzgado. Finalmente, dado el excesivo volumen de tales constancias, fórmese por separado un anexo, respetando sus rúbricas, sellos y folios.

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