Georgina Gioconda Contreras Andrade
Expediente 631/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 631/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Georgina Gioconda Contreras Andrade
Actuaciones
- Principal
Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto de dieciocho de julio último (fojas 24 a 28), ha causado estado...en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Téngase por recibido el oficio 20788/2017 signado por el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, por autorización del titular, con residencia en Xalapa, mediante el cual remite sin diligenciar el exhorto 563/2017-I de dieciocho de julio pasado. En consecuencia, dese de baja en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Acúsese recibo. Ahora, tomando en cuenta que de la razón actuarial de dos de los actuales, se observa la imposibilidad que tuvo el Actuario Judicial adscrito a aquel órgano jurisdiccional, de notificar a la quejosa **********, el acuerdo de dieciocho del mes retropróximo, por los motivos ahí expuestos; en tales condiciones, es procedente hacerle la notificación de ese auto y de las subsecuentes, aun las de carácter personal, por lista de acuerdos, hasta en tanto subsane tal omisión. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 26, fracción III, en relación con el 27, fracción III de la Ley de Amparo. Acuerdo de 18 de julio del año en curso. "...con fundamento en lo que disponen los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. Regístrese la demanda de amparo con el número 631/2017-I, en el libro de gobierno respectivo y realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con el numeral 113 del cuerpo de leyes invocado, el Juzgado de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. En este orden, cabe señalar que el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de la materia, establece que el juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." En relación con esto, se atiende al diverso 107, fracción V de la ley de la materia, que prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Conforme a los aludidos numerales, el amparo es improcedente cuando los actos dictados dentro del juicio natural no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Tienen esa afectación los actos si sus consecuencias son susceptibles de trasgredir inmediatamente alguno de los derechos sustantivos que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por medio de las garantías individuales, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera, porque esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufra obtenga un fallo favorable a sus pretensiones en el juicio; en tanto que los actos de ejecución reparables no tocan por sí tales valores, sino sólo la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyen para que la sentencia sea adversa a los intereses del agraviado. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de quince de junio de dos mil diecisiete, emitida dentro de los autos del toca 1094/2017 del índice de la Sexta Sala en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con domicilio oficial en Xalapa; asimismo, de lo señalado por la impetrante y del contenido de la citada resolución, misma que fue remitida en copia certificada dentro del toca relativo, se advierte fue revocada la sentencia de seis de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, en el juicio ordinario civil 162/2012, reponiendo el procedimiento para los efectos que a continuación se transcriben: ".se proceda a emplazar a la nombrada **********, con las copias de la demanda, y al observarse de las constancias que se analizan que no se ha proporcionado domicilio de ésta, requiérase a la actora para que proporcione el mismo, y concluido el procedimiento por todas sus etapas procesales, dicte el Juez una nueva resolución conforme a derecho corresponda." En ese tenor, el acuerdo reclamado no deja sin defensa a la promovente, por no ser de aquellos cuya ejecución deba estimarse de imposible reparación al no afectar de manera directa derechos sustantivos, dado que el perjuicio que pudiera ocasionar será reparado en caso de que se obtenga sentencia favorable en el juicio o, de ser ésta contraria a sus intereses, se estará en aptitud de impugnar esas violaciones en el recurso interpuesto en contra de dicha decisión. De ahí que la violación al procedimiento que aduce la promovente es reclamable en el juicio de amparo directo que se accione en contra de la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, por así disponerlo los ordinales 171 y 172, fracción XII de la Ley de Amparo. De los preceptos traídos a cuenta se deduce que el juicio de amparo directo, competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, es procedente en contra de las sentencias definitivas que dicten los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellas o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, en cualquiera de los casos análogos a los ahí señalados cuya afectación sea meramente adjetiva. En esa guisa, el acto reclamado no es reclamable en amparo indirecto, pues no constituye la afectación directa e inmediata a derechos sustantivos que objetivamente analizada amerite sujetarla a control constitucional inmediato sin esperar a que se dicte la sentencia contra de la cual procede el amparo directo, en virtud que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos, lo que únicamente produce efectos dentro del procedimiento, los cuales pueden ser reparados, sin afectación para las partes, como consecuencia del cumplimiento que, en su caso, la autoridad responsable tenga que dar a la sentencia de amparo directo. En tales condiciones, debido a que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, en relación con el diverso 107, fracción V del ordenamiento legal invocado, procede desechar la demanda de mérito por notoria y manifiesta improcedencia, de conformidad con lo establecido en el arábigo 113 de la Ley reglamentaria...".
- Principal
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