Georgina Gil Martínez
Expediente 408/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 408/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 25/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Georgina Gil Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se resolvió sobreseer en el presente juicio. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, inciso c, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el incidente de suspensión, se advierte que no son de relevancia documental, es destruible el cuaderno original, en razón de que se negó la suspensión provisional y la definitiva. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo, de los expedientes antes mencionados. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Notifíquese. ...
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 408/2020; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito, en el estado, del cual por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito, Georgina Ruiz Martínez, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que en seguida se describen. Autoridad responsable: -Agente del Ministerio Publico de la Federación, Maestra MARIA EUGENIA REVELES GARCIA, Titular de la Agencia Primera Investigadora, Zacatecas, Zacatecas. Acto reclamado: El acuerdo de fecha 03 de agosto del 2020, suscrito por la C. Agente del Ministerio Público de la Federación, MAESTRA MARIA EUGENIA REVELES GARCIA, Titular de la Agencia Primera Investigadora Zacatecas, Zacatecas, el cual me fue notificado el día 5 DE AGOSTO DEL AÑO 2020, dictado en la carpeta de investigación número FED/ZAC/ZAC/0000349/2016. Actos que a su parecer resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, apartado B Fracciones I, IV, VI, 21, 22 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veinte, se registró la demanda de amparo bajo el número 408/2020, misma que se desechó de plano, ante la actualización de una causa manifiesta e indudable de improcedencia. El acuerdo de desechamiento fue recurrido en queja por la impetrante del amparo y del recurso correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado, quien por resolución de veintidós de octubre de dos mil vente, declaro fundado el recurso aludido y ordenó proveer nuevamente sobre la demanda, prescindiendo de invocar la causa de improcedencia entonces analizada. TERCERO. Por acuerdo de once de noviembre de dos mil veinte, en cumplimiento a la ejecutoria recibida, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado, se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, ordenándose dictar la resolución respectiva que ahora se hace; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto que se reclama fue dictado por una autoridad residente dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: -El acuerdo de tres de agosto de dos mil veinte, dictado en la carpeta de investigación FED/ZAC/ZAC/0000349/2016, mediante el cual, la responsable niega desahogar datos de prueba ofrecidos por la impetrante, en el caso, la copia certificada de hojas de codificación, con las cuentas por liquidar certificadas elaboradas en los meses de noviembre y diciembre del año dos mil quince, que obran en la secretaria de Finanzas del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Agente del Ministerio Publico de la Federación responsable, con sede en esta ciudad, rindió informe justificado negando la existencia del acto reclamado, negativa que se desvirtúa ante las manifestaciones de la defensa de la legalidad del acto reclamado; de ahí que se tenga acreditado el mismo. Al respecto tiene aplicación la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo anterior se corrobora con la copia de las constancias de la carpeta de investigación FED/ZAC/ZAC/0000349/2016, remitidas por la autoridad responsable con el informe justificado, mismas que cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia de amparo. CUARTO. Improcedencia del juicio. Por ser de estudio preferente, este Juzgado de Distrito examinará de oficio la procedencia del juicio constitucional, lo anterior, conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, que instituye que las causales de improcedencia previstas en el diverso precepto 61 podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se sobreseerá en el juicio. En el caso, la autoridad responsable señala que el juicio de garantías resulta improcedente, al cesar los efectos del acto reclamado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo (foja 148). El citado argumento de improcedencia resulta fundado. En efecto, el precepto y fracción citados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Al respecto se advierte que atendiendo a la naturaleza y finalidad de la causal de improcedencia transcrita, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso. Empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio. Es aplicable al caso que nos ocupa la Tesis Aislada (Común), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto consignan lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." De ahí que, si durante la tramitación de un juicio de derechos concurren los anteriores requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. En el caso, como se precisó en líneas precedentes, la parte quejosa reclama el acuerdo de tres de agosto de dos mil veinte, dictado en la carpeta de investigación FED/ZAC/ZAC/0000349/2016, mediante el cual, la responsable niega desahogar datos de prueba ofrecidos por la impetrante. De cuyo contenido de la demanda de garantías, se advierte de manera sustancial, que la quejosa reclama la negativa de la responsable es por negar solicitar la copia certificada de hojas de codificación con las cuentas por liquidar certificadas elaboradas en los meses de noviembre y diciembre del año dos mil quince, que obran en la secretaria de Finanzas del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Acto de la autoridad que refiere la quejosa, trasgrede los derechos fundamentales de defensa e igualdad entre las partes, porque limita el derecho a ofrecer y desahogar el referido dato de prueba. La anterior circunstancia queda evidenciada del contenido de la demanda en la que la quejosa señala: (.) PRIMERO.- El acuerdo de fecha 03 de agosto del 2020, suscrito por la C. Agente del Ministerio Público de la Federación, MAESTRA MARIA EUGENIA REVELES GARCIA, titular de la Agencia Primera Investigadora Zacatecas, Zacatecas, el cual me fue notificado el día 5 DE AGOSTO DEL AÑO 2020, viola mi derecho a formar mi estrategia de defensa, al no permitirme aportar los documentos adecuados para poder acreditar que en el hecho que se me imputa, no existió dolo ni intención alguna de beneficiarme, sino únicamente cumplir con el procedimiento administrativo y cumplir con las necesidades que la institución requería, en particular en ese periodo de noviembre y diciembre, meses en los que se requería llevar cabo el cierre presupuestal del ejercicio; por lo que con estos datos de prueba que solicito se demostraría que mi conducta es atípica y no ilícita, ya que como lo he mencionado, solo di seguimiento a los procedimientos del ejercicio presupuestal para la Delegación, es decir, crear un pasivo (deuda) que pudiera afectar el ejercicio presupuestal del siguiente año, al iniciar el ejercicio fiscal con una deuda y sin insumos médicos, materiales o con cortes a los servicios básicos necesarios para la operación de la institución (.). Limita mi defensa al negarme la oportunidad de presentar los documentos solicitados al delegado del ISSSTE en Zacatecas, AL NO PERMITIRME QUE PRESENTE UNA ADECUADA DEFENSA, AL NEGARME LAS COPIAS QUE SOLICITO DEL ISSSTE ZACATECAS, YA QUE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL SOLO SE QUIERE CONCRETAR A LOS DOCUMENTOS QUE MENCIONA LA SUPUESTA OFENDIDA NEGANDOME EL DERECHO DE QUE PRESENTE UN PANORAMA COMPLETO CON PRUEBAS DE DESCARGO, NO EXISTIENDO IGUALDAD ENTRE LAS PARTES. COMO SON LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, EN DONDE SE PUEDE APRECIAR QUE LAS 9 FIRMAS QUE MENCIONAN DE LAS FACTURAS EN CONFLICTO NO FUERON LAS UNICAS QUE FIRME POR AUSENCIA, SINO QUE TAMBIEN FIRMÉ OTROS PAGOS, ENTRE ELLOS, SERVICIOS, COMPRAS DE INSUMOS, ETC, EN ESE PERIODO, POR NECESIDADES DEL SERVICIO, DEMOSTRANDO CON ESTO QUE MI CONDUCTA NO FUE DOLOSA NI QUE TUVO UN INTERES PARTICULAR PARA QUE ESTOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARAN, PRUEBA DE ESTO LO ES TAMBIEN LA AUDITORIA 38/2016 QUE REALIZÓ A LA DELEGACIÓN, EN DONDE LA SUSCRITA NO TIENE SANCIÓN ALGUNA POR LAS 9 FACTURAS YA QUE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO FUE NECESARIO EN ESE MOMENTO (.). Por lo anteriormente manifestado es que se considera de suma importancia para la suscrita la solicitud de las copias de los documentos que integran las cuentas por liquidar certificadas (CLC) de los meses de noviembre y diciembre, con objeto de acreditar que no firme únicamente los documentos a que hace referencia, sino que firme más, con el único propósito de no afectar la operación de la Delegación y que la autoridad ministerial cuente con los elementos para acreditar que no tuve un interés particular o personal para la realización de mis labores, puesto que en caso contrario, la falta de seguimiento a mis actividades hubiese ocasionado un daño al erario delegacional, asi como institucional. (.). La negativa de la C. Agente del Ministerio de la Federación Público, MAESTRA MA. EUGENIA REVELES GARCIA, titular de la Agencia Primer Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Zacatecas, limita mi estrategia de defensa, ya que pretende que solo nos limitemos a hablar de las 9 facturas que se me imputan no permitiéndome exponer un panorama más amplio tomando en cuenta. LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015, COMO PRUEBA DE DESCARGO POR MI PARTE ME PERMITIRA DEMOSTRAR QUE EN ESOS MESES Y DE ACUERDO A LA SITUACIÓN DE CIERRE PRESUPUESTAL, NO SOLO DE LA DELEGACIÓN ESTATAL, SINO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, EN PARTICULAR LAS UNIDADES FINANCIERAS, SE TIENE QUE ACTUAR EN FORMA RAPIDA, ORDENADA E INSTITUCIONAL, PARA QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUMPLAN SUS OBJETIVOS DE ATENCIÓN A LA DERECHOHABIENCIA (EN ESTE CASO) O BIEN A LA CIUDADANÍA, CON OBJETO DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y QUE CADA UNO DE LOS HOSPITALES, CLINICAS O ESTANCIAS INFANTILES TUVIESEN LOS INSUMOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, AUNADO A UN ADECUADO MANEJO DE LOS RECURSOS (.). Ahora, la autoridad responsable al rendir el informe con justificación, aun cuando negó el acto atribuido, el mismo resulta cierto, ante las manifestaciones de defensa de la legalidad de dicho acto, como se indicó en líneas precedentes; sin embargo, la negativa atribuida a la autoridad responsable cesó en sus efectos. Es así, ya que la responsable a través del oficio ZAC-EILI-C6-234/2021, recibido el dos de marzo de dos mil veintiuno, remitió copia certificada del diverso oficio DEZ/U.J/603/2021, mediante el cual, el apoderado legal del Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado, informó y remitió a la autoridad responsable el informe solicitado mediante oficio ZAC- EILI-C6-119/2021, dentro de la carpeta de investigación FED/ZAC/ZAC/0000349/2016, y por el que indica se solicitó por la representación social: "remitir copia certificada consistente en 654 cuentas por liquidar de los meses de noviembre de 2015 y 1762 del mes de diciembre dando un universo de 2416 registros los cuales incluye capítulos 1000 (servicios personales), 2000 (materiales y suministros), 3000 (servicios generales), y 4500 (pensiones y jubilaciones), cada cuenta por liquidar glosa un mínimo de 7 hojas por documento, incluye CLC, hoja de codificación, factura, verificación del SAT, verificación COFIDI, soporte documental y comprobante de pago." de lo antes descrito me permito adjuntar en original el oficio número DEZ/SA/059/2021 a través del cual el Subdelegado de Administración de esta Delegación Estatal remite en cumplimiento a su solicitud la certificación de 4,723 fojas mismas que se adjuntan al presente. El citado informe fue agregado por la responsable a los autos de la carpeta de investigación FED/ZAC/ZAC/0000349/2016, en acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintiuno y de ello se ordenó correr traslado a las partes con la documentación recibida y el veinticuatro de febrero siguiente, la autoridad responsable, entregó a la aquí quejosa por conducto de sus representados Neri Cruz Mirón y Carlos Carbajal Nieto, copia digital de los registros de investigación con los que se contaba hasta ese momento la responsable en la citada carpeta de investigación. Luego, del contenido del oficio DEZ/U.J/603/2021 y constancias adjuntas a este, remitidas por el apoderado legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se advierte que la responsable hizo cesar la negativa a recabar las constancias relativas a las cuentas por liquidar certificadas (CLC) de los meses de noviembre y diciembre de dos mil quince, y de lo cual, reclamó la parte quejosa en la demanda de amparo. De ahí que al recabarse por la responsable las constancias aludidas, es inconcuso que cesó la conducta negativa atribuida en ese aspecto, en tanto que, la prueba documental ofrecida por la quejosa fue solicitada por la responsable. Luego, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. De este modo, conforme al resultado arribado, resulta innecesario realizar el análisis de diversa causal de improcedencia, que en su caso se actualizara, en virtud de que su estudio no cambiaría el sentido de lo resuelto previamente. Robustece lo anterior, la tesis con registro 216878, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Marzo de 1993, con el rubro y contenido siguientes: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASI COMO DE LOS DEMAS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Finalmente, al decretar el sobreseimiento en el juicio, existe imposibilidad de estudiar los conceptos de violación tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Tiene aplicación, la Jurisprudencia (Común), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente; SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Georgina Gil Martínez, contra el acto que reclamó de la Agente del Ministerio Publico de la Federación, Titular de la Agencia Primera Investigadora, con sede en esta ciudad. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, hasta hoy veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 408/2020; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito, en el estado, del cual por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito, Georgina Ruiz Martínez, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que en seguida se describen. Autoridad responsable: -Agente del Ministerio Publico de la Federación, Maestra MARIA EUGENIA REVELES GARCIA, Titular de la Agencia Primera Investigadora, Zacatecas, Zacatecas. Acto reclamado: El acuerdo de fecha 03 de agosto del 2020, suscrito por la C. Agente del Ministerio Público de la Federación, MAESTRA MARIA EUGENIA REVELES GARCIA, Titular de la Agencia Primera Investigadora Zacatecas, Zacatecas, el cual me fue notificado el día 5 DE AGOSTO DEL AÑO 2020, dictado en la carpeta de investigación número FED/ZAC/ZAC/0000349/2016. Actos que a su parecer resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, apartado B Fracciones I, IV, VI, 21, 22 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veinte, se registró la demanda de amparo bajo el número 408/2020, misma que se desechó de plano, ante la actualización de una causa manifiesta e indudable de improcedencia. El acuerdo de desechamiento fue recurrido en queja por la impetrante del amparo y del recurso correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado, quien por resolución de veintidós de octubre de dos mil vente, declaro fundado el recurso aludido y ordenó proveer nuevamente sobre la demanda, prescindiendo de invocar la causa de improcedencia entonces analizada. TERCERO. Por acuerdo de once de noviembre de dos mil veinte, en cumplimiento a la ejecutoria recibida, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado, se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, ordenándose dictar la resolución respectiva que ahora se hace; y, ... SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Georgina Gil Martínez, contra el acto que reclamó de la Agente del Ministerio Publico de la Federación, Titular de la Agencia Primera Investigadora, con sede en esta ciudad. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, hasta hoy veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, doce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte mediante proveído de seis de mayo del presente año, se dio vista a las partes con las constancias que remitió la autoridad señalada como responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula 1-6 del Equipo de Investigación y Litigación Zacatecas (antes Agenda Primera Investigadora) de la Delegación de la Fiscalía General de la Republica, con sede en esta ciudad. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días previsto por el numeral 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que se impongan de su contenido, se difiere la audiencia constitucional y se fijan las diez horas con diez minutos del veintiuno de junio de dos mil veintiuno, para su desahogo. Notifíquese y vía electrónica a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. ....
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