Georgina García López

Expediente 779/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
779/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
21/09/2023

Partes del expediente

  • Georgina García López

Actuaciones

  1. Principal

    CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO.

  2. Principal

    ... De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal el auto dictado en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido.... dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN.

  3. Principal

    CUENTA. En la ciudad de León, Guanajuato, el cinco de julio de dos mil veintitrés, el secretario da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste.León, Guanajuato, cinco de julio de dos mil veintitrés. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: I. Análisis sobre el cumplimiento de sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con las constancias que remitió la autoridad responsable con las cuales pretende acreditar la observancia del fallo protector, sin que realizaran manifestación alguna; en consecuencia, se analiza de oficio si el fallo protector se encuentra cumplido, con base en lo siguiente: Antecedentes. En sentencia de treinta de julio de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable: "[.] SÉPTIMO. Efectos del amparo. Dada la conclusión alcanzada, en restitución del derecho que se estima violado, el amparo se concede para que la autoridad responsable, dentro del plazo de quince días contado a partir del siguiente al en que se notifique el acuerdo mediante el cual esta sentencia cause ejecutoria: Conteste por escrito la promoción presentada el cinco de octubre de dos mil veinte por *, lo que deberá hacer atendiendo a lo efectivamente planteado por el peticionario, fundando y motivando debidamente su determinación; y Acredite que la notificó de manera personal a la parte quejosa. [.]" En auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento. A fin de dar cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución de quince de junio de dos mil veintitrés, dictada dentro de la carpeta de investigación *, del índice de la responsable. Con lo anterior se dio vista a las partes. II. Se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se ha dado cabal cumplimiento al fallo protector, en tanto que se cumplió con los extremos señalados en este, pues al efecto: Mediante resolución de quince de junio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable dejó insubsistentes los acuerdos de veintitrés de noviembre y veintidós de diciembre de dos mil veinte, de veintiséis de octubre y cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, de siete de junio y trece de octubre de dos mil veintidós, todas éstas emitidos dentro de la carpeta de investigación *, acuerdos con los que la autoridad responsable pretendió acreditar el cumplimiento de la ejecutoria de mérito. A través de la resolución que ahora remite, la agente del Ministerio Público dio contestación de nueva cuenta a la promoción presentada el cinco de octubre de dos mil veinte, en la que el quejoso, en lo medular, solicitó se levantara el aseguramiento provisional del inmueble de su propiedad, ubicado en *. Se advierte que la contestación fue realizada en congruencia con lo efectivamente planteado por la quejosa, pues al efecto, la autoridad responsable analizó las pruebas que el peticionario exhibió en sede ministerial y esencialmente consideró: Que la escritura pública relacionada con el inmueble "resulta pertinente y útil, para justificar que el peticionario es propietario del bien"; Que el contrato de compraventa "justifica la temporalidad y forma en la que el promovente adquirió la propiedad del bien inmueble respecto del que solicita su devolución"; Que la cédula profesional de arquitecto y constructor del quejoso "tienen valor pleno, del que se advierte el grado de instrucción, así como la actividad que desempeña"; Que con el contrato de arrendamiento "queda expuesto de manera pertinente y útil, que el promovente realizó un acto jurídico como lo es el contrato de arrendamiento, respecto del bien inmueble del que solicita su devolución, acto jurídico mediante el cual derivó la posesión a *, persona que tenía la posesión del inmueble al momento en que se aseguró el mismo [.] los contrayentes establecieron diversas obligaciones, entre las que destacan la indemnización del arrendatario hacia el arrendador en caso de que derivado del mal uso del mismo"; y Que el certificado elaborado por la contadora * demuestra "que el quejoso justificó que rindió sus declaraciones de impuestos al SAT de los periodos comprendidos del 2017 y 2018". Después de realizar ese ejercicio de valoración, la representante social acordó que debía subsistir el aseguramiento, debido a que el inmueble constituía un INSTRUMENTO DEL DELITO, pues la delincuencia organizada lo utilizó para ocultar los vehículos que los imputados adquirieron con recursos de procedencia ilícita. Lo anterior aunado a que aún se encontraba investigando los hechos ilícitos y no se actualizaba alguno de los supuestos previstos en el numeral 245 el Código Nacional de Procedimientos Penales. De esa manera, se estima que la autoridad ministerial dio contestación directa a la petición del quejoso, determinando que era improcedente levantar el aseguramiento decretado al inmueble en cita. Conclusión a la que arribó observando las reglas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente las relativas a las causales de procedencia para la devolución de bienes inmuebles asegurados. Además, se advierte que para emitir su resolución, la responsable realizó un análisis lógico jurídico entre las pruebas ofrecidas por el quejoso, los datos de prueba recabados en la carpeta de investigación que da génesis al acto reclamado, y la normativa legal aplicable, esto es, el Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto, se colige que se satisface el mandato constitucional de fundamentación y motivación, exigible a todas las autoridades en el ámbito de su competencia. Se precisa que, la sentencia de amparo no se concedió en términos de que la autoridad responsable emitiera una resolución en el sentido de lo peticionado, sino solo para que diera contestación a la petición formulada por el quejoso en fecha cinco de octubre de dos mil veinte, de conformidad con los postulados que comprenden el derecho de petición, de tal forma que el quejoso está en aptitud de manifestar su conformidad o inconformidad con la contestación y, en su caso, impugnarla. Por último, se advierte que la referida determinación se notificó al quejoso el diecinueve de junio de la presente anualidad, por conducto de su apoderado Jorge Estrada Álvarez, a través del correo electrónico proporcionado para ese fin. Colmando de esa forma con todos los efectos precisados en la sentencia de amparo y restituyendo al quejoso en el goce de su derecho vulnerado. Acciones con las que se colman los lineamientos dictados en la sentencia de amparo; por tanto, es dable concluir que la autoridad responsable tomó en consideración los alcances ordenados en el fallo protector. Sobre esa base, se considera que se han cumplido los efectos para los cuales se concedió el amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, debe tenerse por cumplida la sentencia dictada. Notifíquese; personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma Paola Patricia Ugalde Almada, Jueza Decimoprimera de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa asistida de Pedro Armando Seijas Lugo, secretaria que da fe. Doy fe.

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