Georgina García Hernández

Expediente 79/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
79/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
11/03/2021

Partes del expediente

  • Georgina García Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    VII... Vista la certificación de cuenta, ... el auto que desechó su demanda de amparo; en consecuencia, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedites (SISE), y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... se hace constar que el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurrido el término de tres años, procederá este juzgado federal conforme a los lineamientos que establece el acuerdo invocado, dentro del plazo establecido en el penúltimo párrafo numeral de referencia.

  2. Principal

    VII... Naucalpan de Juárez, Estado de México; veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Salvador ... apoderado legal de Georgina García Hernández, personalidad que acredita y se le reconoce en términos de la carta poder que anexa para tal efecto, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 79/2021-VII. En ese orden de ideas, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora, en el presente asunto la quejosa señala como acto reclamado la omisión de resolver de plano el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto en fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte en el expediente laboral J.5/686/2015, ya que dentro de la audiencia celebrada el día veintitrés de febrero del dos mil veintiuno, la secretaria de acuerdos no resolvió dicho incidente. En ese orden, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, esté último a contrario sensu, por las consideraciones siguientes: El artículo 107 Constitucional, fracción III, inciso b), y el ya señalado 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución. En ese tenor, si bien la peticionaria de amparo aduce como derecho violado, el protegido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo que éste regula el derecho de acceso a la justicia; no obstante éste debe encontrarse armonizado con las disposiciones del ordenamiento secundario aplicable al caso, el cual establece el plazo máximo para proveer lo relativo a la omisión reclamada. Luego, los artículos 685, 686, 736 y 838 de la Ley Federal del Trabajo aplicable al caso, substancialmente establecen diversas bases en relación al trámite de los asuntos respectivos. Así, el primer numeral señala los principios que caracterizan el proceso del derecho del trabajo (público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte), por lo cual las juntas tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso; y prevén la suplencia de la queja cuando la demanda planteada sea incompleta o irregular. El segundo precepto, indica que los procesos que se regulan deben realizarse en los términos que señale la misma norma, debiendo corregir cualquier irregularidad u omisión en el trámite. El tercer numeral, señala que cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles; y, el último precepto establece que la Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de la misma norma. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de Tesis 294/2018, determinó que el Juicio Constitucional procede en contra de las dilaciones de la Juntas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier diligencia, si transcurren más de 45 días naturales desde la fecha en que concluyó el plazo en que legalmente debieron hacerlo. En el particular, la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el día veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia incidental en el expediente J.5/686/2015 de la junta responsable. Entonces, si el artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo dispone que en tratándose de nulidad se señalará día y hora para la audiencia incidental, en la que se resolverá, los 45 días naturales que estableció la Suprema Corte, deben computarse a partir del propio veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Luego, si la demanda que se provee, fue recibida en línea el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, es incuestionable que al día de hoy, no han transcurrido más de cuarenta y cinco días desde que los plazos concedidos a la autoridad para la emisión de la determinación fenecieron. De ahí que, este atraso de un día, de ninguna forma se puede considerar como de imposible reparación, ya que la dilación es corta dentro de los parámetros naturales de todo procedimiento por lo que de ninguna forma infringe un derecho sustantivo. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia advertida se desecha la demanda de amparo, en términos de lo que dispone el artículo 113, 61 fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. En términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 77, 78, 79, 80, 81 y 82 del acuerdo general conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, ésta y únicamente las notificaciones de carácter personal, se le practicarán vía electrónica en el correo con usuario "salvadorjimenezrivera", como expresamente lo solicita la quejosa, en el entendido de que la promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza a Salvador Jiménez Rivera, con el usuario, "salvadorjimenezrivera", para consultar vía internet las actuaciones del presente juicio de amparo, así como para promover y presentar todo tipo de escritos y recursos. Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Humberto Gallardo Moreno, al tratarse de un asunto de naturaleza laboral y ser la quejosa la trabajadora. Por lo que hace a las personas restantes que señala en su escrito, se autorizan en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, con relación al numeral 24 del propio ordenamiento legal, es decir, para oír y recibir notificaciones aun las de carácter personal, e imponerse de los autos por haberlo solicitado de dicha manera. Derivado de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia generada por el virus SARS CoV2 (COVID-19), declarada así por el Consejo de Salubridad General mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de marzo de dos mil veinte, se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia en autos de su identificación; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Finalmente, en términos de los artículos 1, 2, 3 y 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que los tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia aparecerá sólo con sus nombres sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertarán sus nombres sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa.

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