Georgina Esther Ramírez Rosiles

Expediente 1727/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1727/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
26/05/2017

Partes del expediente

  • Georgina Esther Ramírez Rosiles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión número 9/2017, así como el original del juicio de amparo en que se actúa; acúsese recibo de estilo correspondiente, y por cuanto de la ejecutoria de que se trata, se advierte que el Tribunal revisor en los puntos resolutivos de la ejecutoria de mérito estableció: "PRIMERO. Se confirma el acuerdo recurrido. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************." Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los fines legales a que hubiere lugar, agréguese el cuaderno de antecedentes relativo, extrayéndose del mismo las copias certificadas del presente juicio a fin de no aumentar el volumen del mismo, asimismo procédase hacer las anotaciones en el libro de registro y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos....II

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos, para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito en el Estado de Querétaro, por el que se le tiene acusando de recibo el oficio 7280 del índice de este juzgado, mediante el cual le fue remitido el original y copia del escrito de expresión de agravios relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa y el juicio de amparo indirecto 1727/2016-II. Asimismo informa que el Tribunal de su adscripción admitió el referido recurso, registrándolo bajo el número 9/2017...II

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito de agravios de cuenta signado por la quejosa, por el que interpone recurso de revisión en contra del auto dictado el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en el presente juicio, en el que se decretó el sobreseimiento en el juicio; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 80, 81 fracción I, inciso d), 84, 86, 88 y 89, todos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, se tiene por interpuesto el recurso de revisión de mérito; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo; comuníquese a las partes este proveído para los efectos legales consiguientes, acompañándoles copia del escrito de agravios, y en su oportunidad, remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación del recurso interpuesto...II

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que al rendir su informe justificado el Fiscal ST1QRO4, remitió copia certificada del acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, en el que determinó solicitar al Fiscal General del Estado la autorización de archivo y no ejercicio de la acción procesal penal de la indagatoria VII/34/2015. Asimismo del estado que guardan los presentes autos se advierte que la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo, contra actos del Fiscal ST1QRO4 consistentes en: a) El acuerdo de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, dictado dentro de la averiguación previa 34/2015-IX, el cual dejó a salvo los derechos de la aquí quejosa a efecto que iniciara el procedimiento que estimara conveniente, respecto de las peticiones realizadas en los puntos 3, 4 y 5 del escrito de veintinueve de septiembre, declarándose incompetente para conocer de los mismas. b) El acuerdo de fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, dictado dentro de la averiguación previa 34/2015-IX, en el que determinó improcedente turnar la indagatoria a la autoridad competente y adecuarla al Nuevo Sistema de Justicia Penal. Por tanto, el suscrito considera que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, lo anterior con base en las siguientes consideraciones: Mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, en la averiguación previa VII/34/2015 la aquí quejosa solicitó, entre otras cosas, la ampliación de la querella realizada el seis de febrero de dos mil dieciséis, para efecto de denunciar los diversos delitos de fraude, falsificación y uso indebido de documentos y falsedad ante autoridades; mismo que fue atendido por la Fiscal ST1QRO4 en el acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, en la que dejo a salvo los derechos de la quejosa para que iniciara el procedimiento que estimara conveniente, declarándose incompetente para conocer de los puntos 3, 4 y 5 del citado escrito, por haber entrado en vigor el veintiocho de mayo de dos mil dieciséis el sistema penal acusatorio, escrito atendido en el acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, en el cual se estableció que no era viable la petición de la aquí quejosa ya que la indagatoria multicitada indagatoria se inició el cuatro de febrero de dos mil quince, fecha previa a la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, motivo por el que no se pudo resolver de conformidad con lo solicitado. Por lo que mediante escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, la quejosa solicitó a la Fiscal ST1QRO4, adecuar la indagatoria al Nuevo Sistema de Justicia Penal y turnarla a la autoridad competente, el cual fue acordado el diecinueve del citado mes y año, en el sentido de que no era posible proveer de conformidad su solicitud debido a que la indagatoria dio inicio el cuatro de febrero del dos mil quince, esto es, antes de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que se determinó que no podía continuar el procedimiento a través del sistema penal acusatorio. Ahora bien, de las copias certificadas del acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis dictado la Averiguación Previa VII/34/2015, remitidas por el Fiscal responsable como apoyo a su informe justificado, con pleno valor probatorio, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto por su artículo 2o., se desprende que el fiscal responsable determinó, solicitar del Fiscal General del Estado, la autorización del archivo y no ejercicio de la acción procesal penal de la indagatoria VII/34/2015 seguida en contra de Danila Hudorovich Maerlini, como probable responsable del delito de Fraude Procesal en agravio de ****. De lo anterior, se evidencia que han cesado en sus efectos los actos reclamados, toda vez que los acuerdos impugnados, fueron sustituidos procesalmente con el acuerdo de solicitud de archivo y no ejercicio de acción procesal penal de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, pues al haber emitido el referido acuerdo ha sobrevenido un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad de los reclamados. Es decir, los acuerdos de los que se duele la quejosa fueron sustituidos procesalmente por el acuerdo de solicitud de archivo y no ejercicio de acción procesal penal de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis; en ese tenor se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." De igual manera, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues al haber emitido la responsable la resolución por medio de la cual se determinó solicitar al Fiscal General del Estado de Querétaro, la autorización de archivo y no ejercicio de la acción penal, es evidente que cambió la situación jurídica, y por tanto, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas por no poder decidirse sobre la legalidad de los acuerdos señalados como actos reclamados, sin afectar la nueva situación jurídica originada con la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis. Igualmente se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues es evidente que en la especie los actos reclamados aún subsisten, empero no pueden surtir efecto material alguno por haber dejado de existir la materia de los mismos porque de las constancia que remitió la autoridad responsable como apoyo su informe, se advierte que si bien no se ha decidido sobre la legalidad de los acuerdos que se señalan como actos reclamados al considerar el Ministerio Público responsable que no ha lugar a ejercer acción penal, luego, ha dejado de existir la indagatoria de la que emanan dichos actos reclamados. Consecuentemente, de lo hasta aquí expuesto se desprende que si bien los actos que por esta vía constitucional se reclaman, siguen subsistiendo, también es cierto que con motivo de la determinación de consulta del no ejercicio de la acción penal, se origina una dispensa de cumplir con el objetivo de satisfacer el derecho que se estima violado y, por ende, se actualiza la improcedencia del amparo, al existir imposibilidad jurídica y material para resolver el fondo del asunto, precisamente al subsistir el acto reclamado y existir impedimento para que surta efecto material alguno, al haber desaparecido el objeto de la indagatoria de la que emanan dichos actos reclamados. Sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previa posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionado estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causa de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impedirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". A pesar de lo anterior, no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa pues una vez que se le notifique la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, por medio de la cual el Ministerio Público solicitó al Fiscal General del Estado de Querétaro, que autorizará el archivo y no ejercicio de la acción penal en la ingatoria VII/34/2015, en contra de dicha determinación puede interponer el recurso de inconformidad previsto en el artículo 253 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Querétaro, y ahí mismo señalar como violación destacada los acuerdos aquí reclamados a fin de que el Fiscal General se ocupe de sus argumentos, y en caso de que no obtenga resolución favorable ya sea porque el Fiscal General no confirme el archivo y no ejercicio de la acción penal pero sí confirme los acuerdos aquí impugnados, entonces podrá promover juicio de amparo indirecto en su contra o, en caso de que el Fiscal General confirme el archivo y no ejercicio de la acción penal y confirme o no los acuerdos combatidos, podrá promover recurso de revisión previsto en el artículo 338-A del citado ordenamiento legal, en el cual también podrá hacer valer como violaciones destacadas los acuerdos reclamados, y si esta última resolución le es adversa aún cuenta con la posibilidad de plantear nuevamente juicio de amparo indirecto en contra de esa determinación. En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS...II

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